Página 348 - Informe Anual 2011. Defensor del Menor de Andalucía

Defensor del Menor de Andalucía. Informe Anual 2011
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cambios necesarios con el fin de actuar siempre dentro del marco de la normativa
vigente.
Por último, y en cuanto a otras medidas previstas para el curso 2011-2012, se
nos participaba que se instaría a las editoriales a la elaboración de libros de texto
autosuficientes que no requiriesen de materiales de apoyo, así como que se seguiría
insistiendo en las Instrucciones del Programa de Gratuidad de los Libros de Texto para
el curso 2011-2012, que los centros seleccionasen libros que fuesen verdaderamente
autosuficientes, y que éstos no necesitasen ningún material complementario para
desarrollar los contenidos.
De todo lo cual los centros deberían dirigir comunicaciones expresas a las familias,
aclarando el carácter voluntario de la adquisición de estos cuadernillos, pero que éstos
no eran necesarios para el desarrollo curricular del alumnado, amén de que, en ningún
caso, se podía obligar a las familias a comprar cuadernillo alguno en los cursos 1° y 2°
de Educación Primaria, dado el carácter fungible de estos libros de texto, porque en
otro caso, podrían ser advertidos por la Administración educativa por incumplimiento
de la normativa de gratuidad de libros de texto, debiendo efectuar el abono de los
importes por la adquisición de aquellos cuadernillos exigidos a las familias.
En consecuencia, y dado que a la vista de toda la información recibida, se deducía
que el problema planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas
nuestras actuaciones en el presente expediente de queja.
Hay otra cuestión que, en esta misma línea es preciso comentar, y es la tratada en
la Actuación de Oficio referenciada con el número de queja 11/5675, problemática
a la que tuvimos acceso través de los medios de comunicación escritos, en los que
se informaba de la disconformidad de los padres y madres del alumnado de un
centro público de un municipio de la provincia de Huelva, al haber pedido dicho
centro a las familias una aportación económica de 5 euros y un material de aseo.
Según se señalaba en el reportaje, esta situación había provocado un gran malestar
en las familias, por cuanto entendían que un centro público no podía exigir el pago al
alumnado de ninguna cantidad económica. En respuesta a la controversia suscitada,
se indicaba que el Delegado Provincial de Educación de Huelva había manifestado que
la decisión se acordó en una reunión de los delegados de padres y madres de cada
aula, aunque afirmaba que el centro no tenía problemas económicos, ya que a fecha
8 de Noviembre contaba en su cuenta con recursos económicos, más un remanente
del curso anterior.
Al parecer, desde la Dirección del centro escolar se estaban dando explicaciones
sobre estas peticiones al alumnado, justificando que se habían equivocado, aunque,