Página 347 - Informe Anual 2011. Defensor del Menor de Andalucía

6. Las quejas
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En el informe recibido, de forma pormenorizada, se reseñaba la normativa andaluza
al respecto y las actuaciones llevadas a cabo como consecuencia de algunas quejas
recibidas en la propia Administración, afirmándose igualmente el compromiso y la
voluntad de la Consejería, reflejada, tanto en el marco legal, como en las iniciativas
adoptadas, de que la gratuidad de la enseñanza tenía que ser real y efectiva. En este
sentido, nos informaban que se había recordado a los centros escolares que, en ningún
caso, se podía solicitar cantidad económica alguna a las familias para estos gastos, ya
fuese directa o indirectamente, por lo que se recordaba igualmente a las direcciones de
los centros que debían transmitir al profesorado estas observaciones con objeto de evitar
situaciones que causasen malestar en la comunidad educativa, porque ello devaluaba los
objetivos que se pretendían conseguir con el Programa de Gratuidad de Libros de Texto.
Por otra parte, se exponía por parte de la Administración que las citadas
Instrucciones de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa
sobre el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto para el curso 2010-2011,
expresaban claramente que el Programa de Gratuidad tenía que garantizar que
cada alumno o alumna dispusiera de los libros de texto o materiales curriculares de
uso común, según lo seleccionado por el centro, en todas las materias en las que
estuviese matriculado, no repercutiendo el coste de esta selección en las familias.
Los centros escolares podrían adquirir libros de texto, materiales curriculares de
uso común, o adoptar una solución mixta en función de las necesidades de cada
materia, pero que, en ningún caso, el coste de esta decisión podía repercutir sobre
las familias. Por ello, si el centro realizaba una selección de libros y materiales que
excediese de la dotación económica fijada, abonaría la diferencia con cargo a la
partida de gastos de funcionamiento de su presupuesto ordinario.
La Administración educativa nos ilustraba en su informe sobre la pretensión
suscitada en esta queja que comentamos, indicándonos que en aquellos centros
en los que no había sido comunicada la voluntariedad de la adquisición de este
material a las familias, se había exigido su rectificación. Incluso a algunos de los
centros, se le había obligado a la devolución del pago que habían efectuado las
familias al adquirir cuadernillos o libros que no aparecían en el cheque-libro, y por
último, se les ha advertido seriamente a los centros sobre las repercusiones del
incumplimiento de la normativa reguladora de la gratuidad de libros de texto, -algo
que se había diseñado y así se había convertido en un paso de gigante dentro de las
políticas educativas de avances sociales dentro del Estado del Bienestar-.
De ahí las consecuencias que podía conllevar la persistencia en esta actuación
denunciada, solicitándose el compromiso de los centros docentes para realizar los