Página 229 - Informe Anual 2011. Defensor del Menor de Andalucía

5. Cuestiones relevantes
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puedan implicar accidentes; y además, reducir los costes socioeconómicos que
implican las víctimas de los accidentes y los costes que supone la implantación de
medidas para reducir la accidentalidad.
Por otro lado, los poderes públicos deben incidir y prestar atención en las
campañas de sensibilización dirigidas a jóvenes donde se pongan de relieve las graves
consecuencias de la conducción de ciclomotores bajo los efectos del alcohol y otras
drogas. En este ámbito, y teniendo presente las competencias legalmente atribuidas,
son los Ayuntamientos a quienes corresponde realizar un esfuerzo para crear
itinerarios peatonales y espacios de vida y juego, por implantar acondicionamientos
seguros en los accesos a los colegios e institutos, y por proporcionar transporte
público para los jóvenes hacia los lugares de ocio.
En concreto, por lo que respecta a este último asunto, desde nuestra Defensoría
venimos reclamando la existencia de campañas de sensibilización dirigidas a
jóvenes donde se pongan de relieve las graves consecuencias de la conducción
de ciclomotores bajo los efectos del alcohol y otras drogas. Así, diversos estudios
sobre el perfil psicológico de los jóvenes que más posibilidades de riesgo de
accidentes tienen señalan a personas con necesidad de autoafirmación que les hace
más competitivo y a desobedecer las normas de tráfico, jóvenes que sobrevaloran
su capacidad de conducción y, en consecuencia, no consideran necesario tomar
medidas preventivas como ponerse el casco.
Como medida preventiva para evitar los accidentes de jóvenes por el consumo
de alcohol, en nuestro Informe especial presentado en fecha reciente ante el
Parlamento de Andalucía sobre “La incidencia en el ocio juvenil en Andalucía de
la Ley 7/2006 (Ley Antibotellón)” hemos aludido a las ventajas para la seguridad
vial que conlleva que los Ayuntamientos proporcionen transporte público para los
jóvenes hacia los lugares de ocio, tal como hemos comprobado realizan varios de
los Ayuntamientos de nuestra geografía.
En otro orden de cosas, ya hemos hecho alusión al escaso protagonismo de las
personas menores en el diseño de las ciudades, y como los adultos actúan conforme
a lo que consideran que son las necesidades de aquellos. Sin embargo, no podemos
cometer en mismo error, la participación infantil y juvenil en este ámbito debe ser
una apuesta ineludible a tener presente por las Administraciones
Ciertamente, en nuestra Defensoría tenemos el pleno convencimiento de que
las personas menores de edad han de ser consideradas y, por tanto, tratadas como
ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, y no simplemente como sujetos pasivos