Página 221 - Informe Anual 2011. Defensor del Menor de Andalucía

5. Cuestiones relevantes
219
b) Velar por que se protejan las partidas presupuestarias prioritarias destinadas
a la infancia frente a los cambios de niveles de recursos en las prioridades del
presupuesto general y, de manera más específica, que se protejan las partidas
presupuestarias relativas a las medidas sociales afirmativas en favor de los niños
que las necesiten, incluso en épocas de crisis.
Por lo que se refiere a las ayudas a las familias, el Comité valora positivamente
la gran variedad de servicios sociales existentes para ellas, si bien, le preocupa que
muchas sigan sin contar con asistencia adecuada para ejercer sus responsabilidades
relacionadas con la crianza, en particular familias en situaciones de crisis debido a la
pobreza, la falta de vivienda adecuada o la separación. En especial, inquieta a este
órgano la situación de las personas menores que viven en familias afectadas por la
actual crisis económica, y que necesitan medidas sociales afirmativas, en particular
familias de origen extranjero y monoparentales.
Desde esta perspectiva, el Comité recomienda a España la adopción de las
siguientes medidas:
a) Redoblar sus esfuerzos por prestar la asistencia adecuada a los padres y tutores
legales en el ejercicio de sus responsabilidades relacionadas con la crianza, en
particular a los de familias en situaciones de crisis debido a la pobreza, la falta
de vivienda adecuada o la separación.
b) Velar por que se satisfagan las necesidades de todos los niños y que adopte
todas las medidas necesarias para asegurar que ningún grupo de niños viva por
debajo del umbral de la pobreza.
c) Reforzar el sistema de prestaciones familiares y por hijo para apoyar a los padres
y los niños en general y que preste apoyo adicional a las familias monoparentales,
las que tienen muchos hijos y aquellas cuyos padres están desempleados.
En el Informe correspondiente al año 2010, cuando abordamos la pobreza
infantil en Andalucía, nos sumamos a una de las Recomendaciones del Comité de los
Derechos del Niño, que demanda la elaboración de un Plan Nacional para combatir la
pobreza infantil. Y apuntábamos la conveniencia de que este instrumento, de forma
separada o integrado en un nuevo Plan Integral de la Infancia, supusiese un marco
de referencia en el cual se identificasen las acciones prioritarias para luchar contra
la exclusión que sufren las personas menores de edad en situación de pobreza.
En dicho Plan se definirían objetivos mensurables, indicadores con que evaluar el
cumplimiento de los objetivos, así como los plazos previstos para su cumplimiento.