5. Cuestiones relevantes
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En cualquier caso, la Educación vial debe ser entendida cono un proceso de
formación continuo que abarca todas las edades, y desde una doble dimensión: por
un lado como educación general social y humana y, por otro, como enseñanza de
determinados comportamientos y normas.
Pues bien, en nuestra Defensoría tenemos el pleno convencimiento de que la
responsabilidad de esta acción, la Educación vial, no puede recaer exclusivamente
en los poderes públicos, con especial relevancia en la Administración educativa,
sino que debe ser una tarea compartida también con las familias. Ciertamente, los
padres tienen un papel relevante en la formación en seguridad vial de los hijos,
enseñándoles, básicamente con su ejemplo, a comportarse con seguridad en todo
momento, cuando circulan como peatones, cuando viajan en los vehículos, cuando
circulan en bicicleta o ciclomotor, o incluso cuando usan el transporte público.
Ello por lo que respecta al papel de los padres, pero ¿cuál debe ser el ámbito de
actuación de los centros escolares?. Es evidente que deben enseñar al alumnado a
velar por la propia seguridad y comportamiento de manera responsable, teniendo en
consideración a los demás usuarios. Y en este ámbito han sido muchas las voces que
desde hace tiempo vienen reclamando una mayor implicación del Sistema educativo
en la Seguridad Vial, proponiendo la conveniencia de que en cada etapa escolar se
pudiera establecer un curso sobre esta materia de forma reglada bien en la asignatura
de Educación para la Ciudadanía, o bien en el Área del Conocimiento del Medio, de
forma independiente, fijando unos contenidos propios para cada Etapa Educativa
y, que además, en la medida de lo posible, recogiera como contenidos mínimos
necesarios para la obtención de la parte teórica de la licencia o permiso de conducir.
En nuestra Comunidad Autónoma se han realizado algunas interesantes
iniciativas en Educación vial como la implantación del Programa MIRA, el cual surge
como consecuencia del Convenio Marco de colaboración entre la Consejería de
Educación y el Ministerio del Interior, de fecha 17 de Diciembre de 1992, que tiene
por objetivo ofrecer un material de apoyo para el desarrollo de la Educación vial
en los centros educativos de la Comunidad Autónoma Andaluza, en las etapas de
Educación Infantil y Primaria.
Además de esta actividad, el 3 de Septiembre de 2010 se firmó un Protocolo
Marco de Colaboración entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y
el Ministerio Fiscal en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la coordinación
de actuaciones ante determinados supuestos en el ámbito escolar que, entre otras
finalidades, persigue el establecimiento de actuaciones para la prevención en el
ámbito escolar de comportamientos incívicos o delictivos en materia de seguridad
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