Página 220 - Informe Anual 2011. Defensor del Menor de Andalucía

Defensor del Menor de Andalucía. Informe Anual 2011
218
Dicho Pacto lleva aparejada una serie de acuerdos entre los que se encuentran
reducir o mitigar los riesgos sociales y económicos que afectan directamente a la
vida de niños y niñas; invertir en políticas de prevención reductoras de riesgos;
intervenir tan pronto como sea posible cuando los menores están en riesgo, a fin de
evitar pérdidas o daños irreversibles; mitigar los efectos de crisis, exclusión y pobreza
sobre los niños y las niñas, reconociendo que las familias necesitan apoyo para que
se garantice la igualdad de oportunidades; provisiones especiales para llegar a la
infancia especialmente vulnerable y excluida, incluidos los niños y niñas sin cuidado
parental, los que están marginados dentro de sus familias o comunidades debido a
su género, discapacidad, etnia, u otros factores.
Así las cosas, no podemos por menos que recordar que este Pacto sigue vigente
y, por consiguiente, debe ser un referente en las políticas públicas destinadas a la
infancia y adolescencia.
Con independencia de lo anterior y para concluir, además de las propuestas
señaladas, debemos sumarnos también a las Recomendaciones formuladas por
el Comité de los Derechos del Niño en las Observaciones Finales elaboradas tras
la presentación del Estado español de su Informe III Y IV de aplicación de la
Convención de los Derechos del Niño en España.
Uno de los aspectos que preocupa al Comité es la falta de partidas específicas
asignadas a los niños en los planes y presupuestos elaborados por el Estado para
hacer frente a la crisis que afecta profundamente en la actualidad a España, donde
la tasa de desempleo es del 20 por 100 aproximadamente y el 25 por 100 de niños
y niñas viven en la pobreza o en peligro de sumirse en ella. Además, el Comité sigue
preocupado por la falta de información acerca de las asignaciones presupuestarias
destinadas a la infancia por las Comunidades Autónomas.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité insta al Estado español a que lleve a
efecto las siguientes medidas:
a) Aplicar un enfoque basado en los derechos del niño cuando prepare el
presupuesto del Estado y de las Comunidades Autónomas, aplicando un sistema
de seguimiento a la asignación y el uso de los recursos destinados a los niños
en todo el presupuesto, de manera que se ponga de relieve la inversión en la
infancia. También recomienda la elaboración de presupuestos relativos a niños y
niñas en los que se determine el importe y la proporción del gasto destinado a
éstos a nivel nacional, autónomo y local, a fin de evaluar las repercusiones y los
efectos de dicho gasto en la infancia.