Página 219 - Informe Anual 2011. Defensor del Menor de Andalucía

5. Cuestiones relevantes
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momentos de especial vulnerabilidad como los que estamos atravesando por la
crisis económica, y ello porque inevitablemente el éxito de cualquier actuación que
se proponga o desarrolle con el menor pasa por una necesaria coordinación entre la
Administración local, la educativa y el Sistema de protección de menores.
Otra medida que parece conveniente es el impulso de la figura del acogimiento
familiar frente al acogimiento residencial. La normativa vigente (Ley de Protección
Jurídica del Menor, Ley de los Derechos y Atención al Menor y el Decreto 355/2003,
sobre acogimiento residencial) contemplan la preferencia de la permanencia del
menor en el seno de la familia frente a su ingreso en un centro residencial. Esta
misma línea se recoge en el anteproyecto de Ley de actualización de la legislación
de protección a la infancia, actualmente en trámite, especialmente para los menores
de 6 años, incluso este documento señala expresamente que los menores de 3
años, en ningún caso, ingresarán en un centro.
Además de estos mandatos que tienen su fundamento en el superior interés
del menor, la adopción de la medida de acogimiento familiar frente al residencial
supone un importante ahorro para las arcas públicas. Basta en este punto recordar
que durante el ejercicio 2009 alrededor de 6000 menores disfrutaron de medidas
de protección, de los que alrededor de 3.600 estuvieron acogidos por familias (el
80% -2.944- de los cuales con su familia extensa), y más de 2.700 estuvieron
ingresados en centros residenciales. El volumen de gasto relativo al mantenimiento
y funcionamiento de dichos centros residenciales ascendió a 72 millones de euros.
También, para la subvención de las entidades colaboradoras de integración familiar,
la Junta de Andalucía destinó alrededor de 3,5 millones de euros.
El contenido de la presente Memoria va dirigido a la ciudadanía en general, y al
Parlamento de Andalucía en particular, por ello aprovechamos la oportunidad que nos
brinda este documento para recordar a las fuerzas políticas la existencia del “Pacto
Andaluz por la Infancia”, suscrito por todas ellas, donde se comprometieron formalmente
a priorizar la infancia en estos tiempos de crisis allí donde ostenten responsabilidades
tanto de gobierno como de oposición, tanto a nivel local como en el ámbito autonómico.
Con este Acuerdo, que se llevó a efecto bajo el patrocinio de UNICEF y nuestra
Defensoría, se pretendía situar a la infancia entre las prioridades de la agenda
política, económica y social de Andalucía, con especial incidencia en tiempos de
crisis como los que actualmente atravesamos, pues niños y niñas son más sensibles
que las personas adultas a las condiciones bajo las que viven como son la pobreza
o la infravivienda. Del mismo modo que son también más sensibles a las acciones y
omisiones de los gobiernos que cualquier otro grupo.