Página 214 - Informe Anual 2011. Defensor del Menor de Andalucía

Defensor del Menor de Andalucía. Informe Anual 2011
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un incremento de los supuestos de negligencia en el cuidado de los menores por
parte de los padres como consecuencia del aumento de las tensiones por los efectos
persistentes de la crisis económica, o como consecuencia del consumo de drogas o
alcohol en familias afectadas por un desempleo de larga duración.
En este mismo ámbito -los efectos de la crisis en las relaciones familiares- traemos
a colación, siempre con las debidas cautelas pues carecemos de datos verificables,
las noticias de las que se están haciendo eco diversos medios de comunicación
sobre el incremento del número de suicidios en personas a las que la crisis les ha
privado de empleo y de recursos para poder mantener a sus familias. Qué duda
cabe que estos lamentables hechos inciden en la vida y desarrollo de los menores
que conviven con los afectados.
En otro orden de cosas, nos preocupa sobremanera que los problemas financieros
de las Administraciones, especialmente las Corporaciones Locales, pongan en peligro la
continuidad de las acciones de prevención cuyas competencias les han sido legalmente
atribuidas. Las limitaciones presupuestarias han incidido de manera especial en las
Corporaciones locales, cuyas arcas se encuentran bastante diezmadas por la actual
situación económica. Como bien es sabido, sus ingresos se han visto reducidos
drásticamente, lo que a la postre se ha traducido en una merma de servicios, entre los
cuales se encuentran los prestados en materia de prevención, cuando precisamente
en situaciones como las que vivimos en los últimos años por los efectos ya citados de
la crisis, es cuando más se impone potenciar la atención en el ámbito preventivo. Unas
acciones que deben ir encaminadas a detectar situaciones de riesgo e intervenir en el
propio medio familiar y social en que se desenvuelven a fin de evitar situaciones de
maltrato y de desprotección.
Los costes familiares y sociales que conlleva una ausencia o deficiente intervención
en el ámbito preventivo con menores en riesgo son realmente elevados. Y ello porque
estas situaciones pueden llegar a provocar, aunque sea ocasionalmente, que niños
de familias en precariedad económica sean derivados a los servicios de protección
por presunto desamparo, resultando que esta precariedad podría ser atendida por
los servicios sociales de atención primaria en un contexto de gasto público superior.
Además de los anteriores costes, no invertir adecuadamente enmedidas preventivas
tiene el reverso del importante incremento de los recursos públicos que se han de
destinar en el que caso de que la Administración, por no atajar esa situación de riesgo,
se vea abocada a declarar el desamparo del menor y asumir su guarda y custodia.
Por todo lo señalado, recibimos con especial inquietud la noticia de la que se
hicieron eco algunos medios de comunicación social sobre la posibilidad de que los