Página 218 - Informe Anual 2011. Defensor del Menor de Andalucía

Defensor del Menor de Andalucía. Informe Anual 2011
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han visto obligados a abandonar el Sistema de Protección tras alcanzar la mayoría
de edad.
Y es que junto a los problemas anteriores que padecen los jóvenes en general, los
extutelados se enfrentan, además, a otra dificultad añadida: la ausencia de apoyo
familiar que les obliga a madurar y asumir responsabilidades antes que quienes
disponen de una vida normalizada. Esta circunstancia puede llegar a provocar, sin
duda, que algunos de estos jóvenes entren en la marginación y en la exclusión
social, y por ello son merecedores de una especial atención y dedicación tanto por
parte de los poderes públicos como, en general, por toda la sociedad.
Ésta es la descripción de la situación desde la óptica de la experiencia de las
quejas y reclamaciones que nos presentan la ciudadanía. Pero una Institución que
tiene encomendada la misión de velar por los derechos de la infancia y adolescencia
no puede quedar impasible ante esta realidad y debe dar la voz de alarma cuando
considera que los derechos de las personas menores de edad se puedan encontrar
comprometidos por la actual coyuntura económica.
En épocas anteriores a la crisis se produjo una importante mejora en los recursos
públicos destinados a la protección de menores, si bien estos esfuerzos realizados
todavía estaban lejos de alcanzar un estado óptimo en la protección a la infancia.
Los avances de entonces no pueden ni deben verse afectados con los recortes en
políticas dirigidas a este sector de la población.
En todo caso, una Institución garantista como el Defensor del Menor debe recordar
a los poderes públicos que están obligados, aún en tiempo de crisis, a prestar una
protección especial a la infancia. De ahí que, a pesar de las limitaciones, recortes
y contención del gasto público, debemos demandar a dichos poderes públicos que
promuevan e incrementen cuantas medidas y actuaciones sean necesarias para
combatir el impacto de la crisis y sus efectos en las personas menores.
Es más, algunas de estas acciones no llevan aparejada inversión económica alguna
sino un aumento de la eficacia y eficiencia en la actuación de las Administraciones.
Ciertamente tenemos el pleno convencimiento de que es posible conseguir este
reto sin necesidad de afrontar un incremento en los gastos públicos que sabemos
inasumible en estos momentos.
Tal sucede con el incremento de las medidas de coordinación entre las
Administraciones ante situaciones de riesgo. Uno de los hechos más recurrentes
que se nos suscita en el devenir cotidiano del funcionamiento de esta Institución
es la ausencia de medidas eficaces y eficientes de coordinación entre las distintas
Administraciones públicas. Una conexión que se perfila más necesaria si cabe en