Defensor del Menor de Andalucía. Informe Anual 2011
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a las familias en esta tesitura un entorno de confianza en el que apoyarse para
sustentar su decisión. En un entorno de crisis económica como el actual donde prima
la incertidumbre muchas familias podrían dar el paso adelante y comprometerse al
cuidado de su familiar si pudieran confiar en disponer de suficientes ayudas con que
afrontar el esfuerzo que ello implica.
Y no solo nos referimos a ayudas económicas, si se trata de un chico o chica con
algunas necesidades especiales, no puede quedar en manos de la familia la búsqueda
de soluciones para la persona menor. Ha de ser la propia Administración que asume
su tutela y lo confía en acogimiento a una familia quien tenga preparado, de forma
coordinada con la Administración o Administraciones afectadas, el cauce para la
solución de estas cuestiones, ofreciendo a dicha familia certidumbre y confianza
en que dispondrán de los apoyos educativos, sanitarios, sociales o de la índole que
fueran precisos con relación a las especiales necesidades de su familiar.
Aún así, no es descartable que por muchos esfuerzos que se realicen no exista
familia extensa en condiciones de acoger a los menores o con el grado de compromiso
necesario para ello, por lo que habría que indagar la posibilidad de confiar a los
menores su acogimiento en familias alternativas, en acogimiento simple -para estancia
previsiblemente corta- o permanente, para estancias previsiblemente prolongada.
3º)
La existencia de un trabajo previo de captación de familias que pudieran
ofrecerse a esta modalidad de acogimiento resulta esencial para dicha finalidad. Ya
en el Informe Especial que hace una década (2001) presentamos ante el Parlamento
de Andalucía sobre la medida de acogimiento familiar señalamos la necesidad de
que la Administración realizara un trabajo de captación de familias acogedoras,
plenamente conscientes del significado y alcance del compromiso que adquirirían,
por ser una tarea preeminente respecto de actuaciones posteriores, ya que de su
correcta ejecución dependerá la propia existencia del listado de aspirantes, así como
la elusión de fricciones y problemas derivados de una incorrecta información sobre
esta medida de protección al menor.
Las actuaciones de la Administración en este sentido son muy variadas y van
desde campañas publicitarias en medios de comunicación a la celebración de
actos públicos entre colectivos o sectores de población que a priori se consideren
potenciales interesados, entre ellos las asociaciones cuya actividad se relacione con
la infancia o los menores de edad y las AMPAS de los centros educativos. También
resulta relevante la elaboración y edición de material informativo específico,
destinado a su divulgación entre las personas interesadas.
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