Página 411 - Informe Anual 2011. Defensor del Menor de Andalucía

6. Las quejas
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Aseguraba que tenía constancia de que le habían adjudicado viviendas protegidas
a quienes estaban en mejor situación que ellos, y que en SUVIPUERTO le decían
únicamente que, en la actualidad, no había viviendas vacantes que poder adjudicarle,
y temía que fueran desahuciados sin tener a dónde acudir con sus tres hijos menores.
A la vista de las condiciones de precariedad que nos trasladaba la interesada y la
necesidad que tenía de acceder a una vivienda pública, consideramos conveniente
admitir a trámite su escrito de queja, sobre todo teniendo en cuenta que había
tres menores de edad afectados. No obstante, tampoco en este caso obtuvo una
respuesta favorable.
La reclamante de la queja 11/3616 nos exponía que estaba a la espera de ser
desahuciada de la vivienda que constituía el domicilio familiar, por impago de alquiler,
a lo que sumaba otras deudas por suministros, situación a la que había llegado al no
poder hacer frente a estos pagos dado sus escasos recursos económicos, sólo 450
euros mensuales. A su cargo, nos decía, tenía dos hijos de 1 año y medio y de 9 meses.
Según se deducía de su escrito, había sido atendida por los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) en diversas ocasiones. Actualmente su problema
fundamental, además de encontrarse desempleada, era la necesidad de vivienda,
respecto de lo que alegaba que conocía de la existencia de viviendas sociales de la
Junta de Andalucía que estaban en vías de quedar vacantes para su adjudicación.
La interesada de la queja 11/4002, madre soltera y con tres hijos de 14 y 8
años y el último de 16 meses, nos relataba la difícil situación sociofamiliar en la que
se encontraba. Nos manifestaba que vivía con su madre en una vivienda de alquiler,
que abonaban gracias a la pensión de su madre, pero en el mes de Septiembre su
madre iba a tener que hacer frente al pago de las deudas contraídas por su padre
cuando estaban casados, lo que mermaría su pensión. Por ello, su madre, al no
poder hacer frente a estos pagos, había decidido alquilar una habitación.
Ella, que no percibía ingresos de los padres de sus hijos, estaba trabajando, gracias
a una empresa de inserción laboral, pero el contrato finalizaba en el mes de Agosto
de 2011. Además, la vivienda, siempre según la interesada, no reunía las mínimas
condiciones de habitabilidad, el contrato finalizaba en Mayo de 2012 y no sabía cómo
iba a hacer frente al pago del mismo a partir de que su madre se marchara.
Tenía solicitada una vivienda de renta baja y venía acudiendo a los Servicios
Sociales Comunitarios, de los que había percibido diversas ayudas, la última de 150
euros, para que se sacara el título de graduada en secundaria.