6. Las quejas
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sociales, como la destinada a promover vivienda protegida, no permite albergar
esperanza alguna, en un horizonte cercano sobre la efectividad de la tutela que
deberían desplegar los poderes públicos, al menos, para proteger dentro de los
colectivos desfavorecidos, a los más vulnerables, las personas menores.
Precisamente por ello, continuaremos admitiendo a trámite toda queja en la que
no se garantice adecuadamente el derecho de las personas menores a disfrutar
de una vivienda digna y adecuada. Al mismo tiempo, denunciaremos la escasa
respuesta pública ante situaciones como las que más adelante incluimos y haremos
propuestas para una mejor protección de este derecho de los menores.
Las quejas presentadas, como se va a tener ocasión de apreciar, suponen todo un
muestrario de las difíciles, y dramáticas, situaciones en las que se ven envueltos los
menores y que, como hemos dicho, tanto condicionan su vida. Así, hemos recibido
quejas en las que se nos plantea desde la simple demanda de una vivienda digna
por no poder disfrutar de un inmueble de titularidad propia, pasando por aquellas
en las que la ciudadanía nos manifiesta que no puede hacer frente al alquiler por
no haber recibido la denominada ayuda a inquilinos que posibilita el que unidades
familiares de escasos recur-sos, muchas de ellas con menores, realicen el sueño de
una vida familiar independiente.
En otros casos, las consecuencias de los impagos de las cuotas de los créditos
hipotecarios o de las mensualidades del alquiler, presentan tintes dramáticos. Los
menores grabarán una imagen en su memoria que tendrán presente durante toda su
existencia cuando ven, y sienten, cómo tienen que abandonar su hogar, contemplan
el sufrimiento de sus padres y, con frecuencia, el regreso forzado a la vivienda de
los abuelos de donde salieron hace unos años para terminar con una situación de
hacinamiento y de difícil o imposible convivencia.
Por otro lado, es preciso recordar que detrás de toda queja relacionada con este
derecho en la que está presente un menor, siempre hay alguna, o varias, de estas
situaciones: infravivienda, humedades, riesgo de seguridad por la condiciones del
inmueble, hacinamiento, ocupación ilegal, juicio de desahucio, problema de convivencia
con mayores (discusiones, alcohol, drogas), discapacidad, vivienda inadaptada, etc.
Además, no es infrecuente que se una a esta situación el que los entornos sociales
no son siempre, ni mucho menos, los más adecuados para garantizar una inclusión
social del menor. Con ello, a la dificultad de crecer, estudiar, relacionarse y, en definitiva,
vivir en un espacio inadecuado se une una relación con el entorno difícil y, en ocasiones,
de serio riesgo del menor, que puede conducir a la estigmatización social.
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