Defensor del Menor de Andalucía. Informe Anual 2011
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Esta Institución es consciente de la dificultad que entraña reconducir una
situación que el Ayuntamiento de Sevilla ha dejado deteriorar durante muchos años,
perdiéndose así los benéficos efectos que la publicación de la Ley 7/2006 tuvo
entre la sociedad y que se tradujeron, tras su entrada en vigor, en una reducción
sustancial de los botellones ilegales que proliferaban sin control por toda la ciudad,
sin que la intervención municipal realizada originara en aquel momento incidentes
dignos de mención.
Por tanto, pese a las dificultades que la tarea entraña, estamos convencidos de
que es posible revertir la situación creada en estos años de pasividad y devolver a la
ciudad a una situación de normalidad en la que el ocio juvenil se desarrolle dentro
del cumplimiento de la legislación vigente y sea compatible con los derechos al
descanso y a la intimidad de los restantes ciudadanos.
En este sentido, somos perfectos conocedores de que el nuevo gobierno
municipal proclamó, al comienzo de su mandato, que su intención era dar un giro en
la política seguida hasta el momento en esta cuestión y que tenía la firme intención
de trabajar con decisión en la línea indicada.
Esta Defensoría no tiene razones para dudar de la firmeza de unos propósitos
municipales, cuyos objetivos compartimos plenamente y con cuyas intenciones nos
identificamos. De hecho, las informaciones que se han venido publicando en los últimos
tiempos en los medios de comunicación parecen indicar que se están tomando medidas
para aplicar con mayor rigor las prescripciones legales vigentes en esta materia.
No obstante, el deterioro de la situación y la grave incidencia de este problema
en lo que al derecho a la salud de los menores sevillanos se refiere, hacen que esta
Institución considere que la solución no pueda posponerse por más tiempo.
Por tal motivo, nos hemos visto obligados a trasladar al Consistorio nuestra
petición acerca de la necesidad de adoptar medidas contundentes para evitar que
sigan produciéndose concentraciones ilícitas como las descritas. En particular, se le
ha requerido la adopción de medidas específicas y urgentes para impedir y erradicar
aquellas concentraciones en que resulte notoria y pública la especial presencia de
menores consumiendo bebidas alcohólicas.
Consideramos que, aunque es preciso adoptar medidas inmediatas y eficaces para
garantizar con carácter general el cumplimiento de la Ley 7/2006 y el respeto a los
derechos fundamentales de la ciudadanía, entre estas medidas deben tener carácter
prioritario las dirigidas a poner fin a aquellas concentraciones ilegales en las que noche
tras noche de los fines de semana es posible contemplar cómo numerosos menores
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