Página 243 - Informe Anual 2011. Defensor del Menor de Andalucía

5. Cuestiones relevantes
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de comedor, debiendo entenderlas fundamentalmente como ayudas sociales que
garantizan, en muchos casos, que los menores reciban al menos una vez al día una
alimentación equilibrada.
Pero hemos de tener en cuenta, por otra parte, que la decisión de padres y madres
de escolarizar a sus hijos en centros de estas características no necesariamente está
relacionada con convicciones religiosas o con los idearios del centro, a veces las
razones hay que encontrarlas, en más ocasiones de las imaginables, en un hecho
mucho más práctico, cual es la proximidad del centro al domicilio familiar.
Sea como fuere, lo que resulta incuestionable es que la persistente crisis económica
no entiende de clases, y está ocasionando estragos en familias normalizadas y que
en épocas anteriores gozaban de ciertas comodidades y que en estos momentos
ni siquiera pueden cubrir sus gastos para llegar a final de mes. En esta Defensoría
somos testigos certeros de esta lamentable realidad, unos hechos que nos avalan
algunas organizaciones humanitarias cuando nos corroboran el sustancial incremento
de su actividad para ayudar a los más desfavorecidos y nos constatan un aumento de
personas que ya no pueden hacer frente a la hipoteca o que simplemente, no les llega
para comer.
En estos momentos, acudir a buscar ayuda empieza ya a ser cosa de las familias
de clase media a las que las crisis hace varios años ya que está haciendo mella. Una
situación que se traduce en problemas para hacer frente a gastos que hasta hace
un tiempo podían hacerlo sin problema. Entre esos gastos inalcanzables qué duda
cabe, que se encuentran los derivados del pago del comedor escolar.
Pero centrémonos en la regulación normativa de esta cuestión. El Decreto
192/1997, de 29 de Julio, así como sus normas de desarrollo, excluyen de la
posibilidad de percibir ayudas económicas para este servicio a los alumnos que no
pertenezcan a colegios públicos. En su momento, y así lo pusimos de manifiesto a
la Administración educativa, consideramos que sería un grave error denegar ayudas
de comedor a alumnos que cursan sus estudios en centros concertados ubicados
en barriadas marginales o más empobrecidas, siempre que se acredite que dicho
centro realiza una importante labor compensadora de las desigualdades educativas
de la zona, como podría ser dentro del ámbito de la lucha contra el absentismo
escolar. De ahí que proclamáramos que la decisión de excluir o incluir de las ayudas
para el servicio de comedor al alumnado de los centros concertados debía realizarse
caso por caso y atendiendo a las circunstancias que atañen a cada centro.
Tras aquella intervención, dicha Administración suscribió un acuerdo con las
organizaciones e instituciones titulares de los centros privados sostenidos con fondos