Participamos en esta Jornada formativa sobre los abusos que cometen las grandes empresas que operan en consumo contra las personas consumidoras y las posibles las vías de resolución extrajudicial de conflictos
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El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu entrega este viernes, 18 de noviembre, en Sevilla, los galardones concedidos en la IX edición del Premio del Menor, el concurso convocado por la Institución para que los niños y niñas conozcan sus derechos, los defiendan y los difundan.
Este año el acto de entrega de galardones se celebra en el salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla, a las 13.30 horas. El Defensor del Menor de Andalucía estará acompañado por las entidades colaboradoras de Unicef y Save the Children, así como por la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales, el Secretario General de Educación y el Alcalde de Sevilla
El premio en su modalidad de dibujo, dirigido a los cursos de educación primaria, ha sido otorgado por el jurado a la alumna Carla González Rodríguez, del colegio Esquí- Escuela, de Granada, que representa el derecho a la protección.
El premio en la modalidad de vídeo, dirigido a cursos de educación secundaria, ha sido concedido al alumnado de segundo de ESO del Instituto “Meditarráneo” de La Línea de la Concepción, representando el derecho a la igualdad.
Asimismo, el jurado ha aprobado en esta edición una Mención Especial en la modalidad de video al curso de 4º de la ESO, del Instituto “Cánovas del Castillo”, de Málaga, por su representación del “Derecho a la Educación y Juego”.
Jesús Maeztu atenderá a profesionales de medios de comunicación a las 13 horas, antes del inicio del acto.
Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 16/1999 dirigida a Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes
Esta Institución lleva mostrando su preocupación en los últimos informes al Parlamento de Andalucía por las consecuencias ambientales que está planteando un modelo de desarrollo económico que sabemos, desde hace ya bastante años, que no es sostenible, habida cuenta de que no se termina de percibir un cambio en el modelo de producción y de consumo que permita garantizar, a medio y largo plazo, esa sostenibilidad tan deseada, como presente en la agenda de todos los gobiernos en sus distintas escalas territoriales.
En este contexto llevamos, de manera singular en los dos últimos años, insistiendo en nuestras actuaciones de oficio, quejas a instancia de parte, Informes Especiales y, como decimos, en los Informes Anuales, en reclamar tanto actuaciones transversales como iniciativas sectoriales que permitan comenzar a vislumbrar que hemos empezado a caminar de manera efectiva en la dirección correcta.
En ese sentido podemos traer a colación el Informe Especial, que ultimamos en 2014, sobre “Seguridad, Accesibilidad y Calidad Ambiental en los Espacios Urbanos Peatonales de las Ciudades Andaluzas” (publicado en BOPA núm. 576, de 9 de septiembre de 2014) en el que, entre otras cosas, hemos puesto de manifiesto lo lejos que estamos de contar con modelos de movilidad sostenible en nuestras ciudades.
También, en esta línea de preocupación por la adopción de medidas que permitan garantizar el derecho constitucional y estatutario a un medio ambiente adecuado, recientemente hemos ultimado la queja de oficio sobre el grado de ejecución de las infraestructuras destinadas a garantizar la calidad de las masas de agua en nuestra Comunidad Autónoma como requisito previo al denominado “Vertido Cero” y como objetivo prioritario de la denominada Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo).
El actual modelo productivo genera bienes de consumo para satisfacer una demanda en continuo crecimiento, que cada vez requiere más envases, con frecuencia innecesariamente sofisticados. Ante esta realidad, los poderes públicos, amplios sectores de la sociedad civil, asociaciones ecologistas, etc., están demandando un cambio alternativo en aquel modelo y en los hábitos de consumo, lo que unido a un tratamiento adecuado de los residuos urbanos, facilitaría, si se asumen los compromisos necesarios, la sostenibilidad de nuestro desarrollo económico. En fin, frente a un modelo económico lineal, consistente en “extraer, fabricar, usar y tirar”, con el impulso de la Unión Europea se pretende facilitar la transición hacia una economía circular y regenerativa.
Con este objetivo, tanto la Unión Europea, a través de distintas Directivas, como el Estado español y la Comunidad Autónoma de Andalucía, vienen dictando normas y aprobando planes. Así, en Andalucía, a través del Decreto 397/2010, de 2 de noviembre (BOJA núm. 231, de 25 de noviembre de 2010), se aprobaba el Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019 (en adelante PDTR), y mediante el Decreto 73/2012, de 20 de marzo (BOJA núm. 81, de 26 de abril de 2012), el Reglamento de Residuos de Andalucía.
A la vista de todo ello, esta Institución ha iniciado una actuación de oficio, tanto ante la Administración de la Junta de Andalucía como ante los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, a fin de conocer el grado de cumplimiento de determinados objetivos y medidas previstas en estas normas y, de acuerdo con la información y con las conclusiones que obtengamos, valorar la situación y proponer la adopción de medidas para que nuestra Comunidad Autónoma asuma sus responsabilidades en el tratamiento adecuado de los residuos urbanos.
La información que vamos a interesar no incluye toda la tipología de residuos a que se refiere el PDTR sino que hemos seleccionado algunos residuos urbanos y, al mismo tiempo, las cuestiones relativas a estos residuos que, en principio, nos interesa conocer se refieren a algunos de los objetivos y medidas previstas para alcanzarlos tanto de carácter preventivo, como de gestión.
Con carácter previo contactamos con dos de las asociaciones ecologistas más representativas con objeto de que nos trasladaran sus consideraciones al documento-protocolo que íbamos a dirigir a aquellas administraciones, pues consideramos que el movimiento ecologista es un activo que debe estar muy presente a la hora de poner en marcha actuaciones, iniciativas y propuestas destinadas a la protección del derecho a un medio ambiente adecuado.
Queja número 16/1777
El Defensor del Pueblo Andaluz conoce las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Málaga para la limpieza del cauce urbano del río Guadalmedina a su paso por la ciudad, así como para la vigilancia policial en orden a disuadir de comportamientos incívicos que redunden en acumulación de residuos en este espacio.
El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio para conocer las medidas que se hubieran adoptado ante la situación, según los medios de comunicación, de suciedad y acumulación de basuras en la que se encontraba un tramo del cauce urbano del río Guadalmedina a su paso por Málaga, afectando negativamente a la imagen turística de la ciudad.
Después de dirigirnos al Ayuntamiento de Málaga, hemos conocido que la Policía Local ha puesto en marcha planes específicos de vigilancia en diversas zonas y que, en concreto, ya se cuenta con un seguimiento periódico en la zona en cuestión tanto por la Policía de Barrio del Distrito Centro, como por el Grupo de Protección de la Naturaleza, a fin de evitar que los vertidos y depósitos de basura se sigan repitiendo y denunciar a los autores de las conductas incívicas, realizando la vigilancia a diferentes franjas horarias y utilizando para ello, incluso, unidades de paisano cuando el servicio lo permita.
Con ello, consideramos que uno de los problemas, la necesidad de vigilar la zona y disuadir a los usuarios de comportamientos incívicos que aumentan la suciedad y acumulación de basuras, estaba en vías de solución, pero seguíamos sin conocer otras cuestiones como quién asume la limpieza de este espacio en los residuos que se acumulan en el mismo.
En su nueva respuesta, el Ayuntamiento de Málaga, a través de un informe emitido por LIMASA, empresa municipal encargada de la limpieza, recogida y tratamiento de residuos de Málaga, nos informaba que habían procedido a la limpieza de la zona hormigonada del cauce, incluyendo los espacios destinados para ser utilizados como fuentes, escaleras, puentes, etc.; también habían procedido a la retirada de muebles y enseres. Nos daban cuenta de la programación de limpieza para el año 2016, en la que se incluía la limpieza del cauce, el baldeo de escaleras y la retirada de muebles, así como las bases previstas para definir estos trabajos de limpieza y la posible intervención de limpieza en caso de que se pusiera en marcha el proyecto de vía ciclista.
Con estas actuaciones entendimos que el problema estaba en vías de solución y procedimos al cierre de esta actuación de oficio, aunque comunicamos al Ayuntamiento que considerábamos necesaria una adecuada coordinación entre las distintas áreas municipales, junto con la policía local de la ciudad, para garantizar que tales medidas eran suficientes no solo para mantener una frecuencia de labores de limpieza del cauce, sino también para disuadir, en la medida de lo posible, de conductas ciudadanas contrarias a las normas de civismo, convivencia y limpieza de la ciudad.
Queja número 15/4966
Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Nerja se compromete a estudiar con los vecinos colindantes a los terrenos donde se instala la feria, la adopción de medidas para reducir la contaminación acústica que genera su celebración.
Este queja venía motivada por el elevado nivel de ruido generado por la celebración de un festival de rock en el recinto ferial del municipio malagueño de Nerja, al parecer autorizado por el Ayuntamiento, durante cinco noches consecutivas. En el escrito de queja, la interesada indicaba que el ruido era insoportable, pero ese año, 2015, la carpa se situaba dentro del recinto, pegada a las viviendas: “El nivel de ruido y vibraciones se ha elevado a niveles inadmisibles, cinco noches de festival de rock a escasos 2 metros de viviendas. Los jóvenes que no entraban, hacían el botellón en los aledaños, en nuestras puertas, sin vigilancia, ni seguridad ninguna. Los cristales de las ventanas iban a estallar. El nivel de decibelios que aguantamos fue inhumano para los vecinos (…) Aún están las calles y plaza de alrededor llenas de vidrios. No es legal y no hay derecho”.
Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento de Nerja, éste nos comunicó que no había autorizado la realización de ningún tipo de festival rock en dicha carpa y que las únicas actuaciones autorizadas fueron las relacionadas con el ambiente ferial. De esta información dimos traslado a la interesada a fin de que nos remitiera sus consideraciones al respecto.
Una vez que recibimos las mismas, en las que la interesada replanteaba el objeto de la queja no tanto en el ruido generado por esas actuaciones musicales sino por la ubicación del recinto ferial en sí mismo y en el que cabían destacar las siguientes apreciaciones:
- Que la ubicación del recinto ferial está rodeada de viviendas y hoteles, por lo que la repercusión acústica de ese evento en los moradores de aquellos es altísima, especialmente en horario nocturno.
- Que desde la ubicación de la feria en este recinto, desde hace más de 15 años, se vienen produciendo quejas y reclamaciones de personas residentes en la zona, con motivo de los ruidos ocasionados por las instalaciones feriales y los eventos que se celebran.
- Que del informe del ingeniero técnico municipal se desprende que no se produce control alguno en cuanto al problema del ruido de la feria, o que se tomen medidas correctoras.
- Que, por tanto, la queja viene motivada no tanto por los ruidos en sí de la pasada feria 2015 sino por la inadecuada ubicación de la misma, así como por la ausencia de medidas correctoras de ruidos y molestias a vecinos, sin que parezca que se tenga en consideración este ruido y sin que se tomen medidas para paliar este problema.
En un informe complementario, el Ayuntamiento se comprometía a tomar medidas correctoras y, entre ellas, ya se había puesto en contacto con los vecinos de la zona para mantener una reunión con ellos y estudiar cambiar el formato de la feria para que el descanso vecinal y el ocio puedan coexistir en armonía.
Entendimos, por tanto, que no eran necesarias nuevas actuaciones, mucho más cuando la propia interesada nos manifestó que esperaba que las medidas puestas en marcha surtieran efecto y, en tanto, consideraba finalizada la queja. Por tanto, procedimos a su archivo.
Queja número 15/1683
Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, una asociación ecologista accede a la información y documentación medioambiental solicitada en un proyecto de duplicación de una carretera.
En su escrito de queja, una asociación ecologista de la provincia de Cádiz nos indicaba que en Enero de 2015 habían dirigido escrito a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz solicitando “ser admitidos con la condición de interesado del art. 31.b) y c) en el mencionado expediente del proyecto complementario nº 1 de la duplicación de la calzada de la A-491 del P.K. 15 al 24 Clave 02-CA-1428-0.0-C-1-ON, así como en el contrato público de obras de ejecución del citado proyecto con efectos desde esta solicitud, y obtener copia de la documentación que se solicite". De esta solicitud no obtuvieron respuesta, por lo que contactaron telefónicamente con la Delegación Territorial y tras ello, aunque consiguieron una cita personal con el técnico encargado del proyecto, no pudieron acceder al expediente pues debía ser autorizado por los servicios centrales de la Consejería.
Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos a la Consejería de Fomento y Vivienda, conocimos, en un primer momento, que ya se habían puesto en contacto con la asociación ecologista para informarle que aún no se habían ejecutado “las fases de marcado carácter medioambiental (vía verde y carril bici), se ha trasladado su petición a la Dirección General de Infraestructuras (…) la cual nos informa que deberá presentar la documentación pertinente que acredite su condición de interesado en este expediente” aunque estaba prevista una reunión con la asociación en fechas próximas a la del informe que nos fue enviado.
Dimos traslado de esta información a la asociación proponente de la queja y esta nos informó, 3 meses después, que aún no habían mantenido esa reunión, por lo que volvimos a dirigirnos a la Consejería de Fomento y Vivienda que nos informó que tras diversas vicisitudes, la reunión tuvo lugar en Mayo de 2016, en la que se dio respuesta a todas las dudas de la asociación ecologista en el referido expediente de obras y, además, se le había facilitado copia digital del proyecto.
De acuerdo con esta información, entendimos que habían sido atendidas las peticiones de la asociación ecologista, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.
Queja número 15/3544
Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda da respuesta expresa a una solicitud de información medioambiental de una asociación ecologista.
Acudió a esta Institución una asociación ecologista para denunciar la falta de respuesta a una petición de solicitud de información y datos de carácter medioambiental que habían dirigido al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en Diciembre de 2014. La información en cuestión, concretada en el mencionado escrito, eran los documentos citados en la Resolución de 12 de Marzo de 2010 de la Delegada Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz por la que se otorgaba al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda la autorización de vertido de aguas residuales urbanas al dominio público marítimo terrestre a través de emisario submarino y cuatro estaciones de desagüe.
Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, éste nos comunicó que en Junio de 2016 había dado respuesta a la solicitud de la asociación ecologista, poniendo así fin a la situación de silencio administrativo que había motivado esta queja.
El pasado 7 de Noviembre se mantuvo una reunión en la sede de esta Institución a petición del Diputado del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía José Antonio Castro Román, y a la que asistieron, además de los representantes de esta Institución, el Delegado Municipal de Participación Ciudadana y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Marbella, Miguel Díaz; la Secretaria del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Marbella; Carmen Varo; el representante de la Asociación de Músicos de Sevilla, Bruno Marvizón Carballo, y un representante de la Asociación de Músicos Profesionales de España, Bernd Voss.
Dos, básicamente, fueron las cuestiones tratadas en la misma. De un lado, la necesidad de que el Estado regule, contemplando la singularidad de la relación laboral artística, un estatuto laboral de manera que la normativa ofrezca las necesarias garantías a los profesionales que la ejercen.
Los representantes de este colectivo entregaron un escrito al titular de la Institución en el que detallaban las reivindicaciones que debería recoger el ordenamiento jurídico desde la perspectiva laboral, fiscal, etc.
Por otro lado, el objeto de la reunión se centró en solicitar de esta Institución que se interesara ante la Consejería de Justicia e Interior para que se le diera curso a la Proposición No de Ley del Parlamento de Andalucía en defensa de la cultura y la música en Andalucía.
Por parte del titular de esta Institución se manifestó que, en la forma en la que está redactada la Proposición No de Ley, en principio creemos que sería positiva siempre y cuando se llevara a cabo con la necesaria seguridad jurídica pero que, en todo caso, junto al derecho a la cultura y al ocio, se garanticen, también, los derechos de la ciudadanía que puedan resultar afectados por la contaminación acústica producida por establecimientos de hostelería.
Este es, precisamente, el núcleo del problema que hay que resolver, pues son infinidad las quejas que se reciben en esta Institución por este motivo y exista una consolidada jurisprudencia al respecto por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.
Como quiera que hemos tenido conocimiento del borrador del nuevo Nomenclátor e, incluso, hemos recibido alguna queja en relación con la nueva regulación, que introduce sobre la emisión de música en establecimientos de hostelería, manifestaremos la posición de la Institución teniendo en cuenta, desde nuestra experiencia, la necesidad de proteger los distintos derechos constitucionales en juego.
En todo caso, compartimos la preocupación del colectivo de músicos por sus derechos desde el convencimiento de que los poderes públicos no hacen lo suficiente para apoyar al colectivo de los músicos, siendo muy necesario que desde la Administración se fomenten estas actividades, las incorporen a sus agendas públicas para ofrecer ocio y cultura a la población, apoyen con subvenciones su ejercicio y faciliten recintos y lugares donde puedan ejercerlas respetando la normativa y los derechos de la ciudadanía.
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