Alerta por correo electrónico de las novedades

Publicado en BOPA nº 26, de 13-7-2000, VI Legislatura.

La prestación de servicios en las estaciones de autobuses de Andalucía afecta al año, aproximadamente, a 40 millones de ciudadanos en su mayoría, lógicamente, residentes en Andalucía.

El art. 51 CE establece que los poderes públicos tienen el deber de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios debiendo proteger de manera eficaz su seguridad, su salud y sus legítimos intereses económicos.

Tratándose el Defensor del Pueblo Andaluz de una Institución entre cuyas competencias se encuentra la defensa de los derechos contenidos en el Titulo I de la Constitución, la protección del usuario de los servicios que se prestan en estas instalaciones constituye, sin lugar a duda, un objetivo ineludible.

Publicado en BOPA nº 52, de 5-10-2000, VI Legislatura.

En las páginas de este Informe se analiza la existencia de un grupo de personas con deficiencia mental internadas en las prisiones andaluzas, cifrado en algo más de un centenar, cuya detección y diagnóstico está aún pendiente de realizar de una manera sistematizada y global. Se expone la necesidad de ofrecer una respuesta adecuada a este colectivo mediante tratamientos específicos, cuya puesta en marcha aconseja la colaboración de asociaciones y entidades especializadas.

Publicado en BOPA nº 58, de 19-10-2000, VI Legislatura.

El Informe recoge la investigación realizada para conocer la situación de estos núcleos de población que presentan importantes carencias en sus servicios esenciales y cuya normalización exigirá un esfuerzo compartido entre las administraciones responsables y los habitantes de estas urbanizaciones contruidas al margen de la disciplina urbanística.

Publicado en BOPA nº 110 de 1-3-2001, VI Legislatura.

La Protección Civil constituye la afirmación de una amplia política de seguridad, en la que están implicadas todas las Administraciones Públicas, encaminada a consolidar el progreso de la sociedad y elevar el índice de la calidad de vida de los ciudadanos.

A este respecto las Administraciones Públicas están obligadas a coordinarse. Aunque se ha avanzado bastante en la configuración de un servicio público de Protección Civil en Andalucía, debidamente coordinado, existen bastantes deficiencias y carencias en los aspectos analizados, que esperamos que se vayan solventando con la colaboración de todos.

Los Servicios Públicos de Protección Civil tienen que ser considerados esenciales en la Comunidad Autónoma, exigiéndose una prestación integral de los mismos en el territorio andaluz para cuya garantía resulta obligado establecer las dotaciones mínimas exigibles en cada caso, pudiéndose prestar dicho servicio mancomunadamente para aquellos municipios de menor población, pero no exentos de riesgos graves.

El informe elaborado contiene las valoraciones sobre los distintos aspectos más significativos que configuran un Servicio Público de Protección Civil, recogiendo sucintamente aquellas propuestas que podrían ayudar a mejorar la eficacia de las actuaciones administrativas en esta materia.

Publicado en BOPA nº 125, de 5-4-2001, VI Legislatura.

El Defensor del Pueblo Andaluz tiene la misión de velar por los derechos fundamentales de los andaluces y las andaluzas, entre los que se encuentra el derecho de todos a acceder a la cultura -artículo 44 de la Constitución Española-, que debe tener la misma virtualidad para todos los ciudadanos con independencia del lugar en que residan.

En este sentido, las bibliotecas públicas municipales constituyen un instrumento fundamental, y en ocasiones el único válido, para hacer efectivo este derecho, sobre todo en un pequeño municipio o en una zona rural. Pero además, el desarrollo de funciones fruto de una concepción moderna de las bibliotecas públicas que propugnan asociaciones y organismos internacionales y su consideración como puerta de entrada al mundo de la información -más aún con el apoyo de las nuevas tecnologías-, las convierten en un instrumento básico para posibilitar un auténtico desarrollo cultural, social y económico de los ciudadanos y los municipios andaluces así como para contribuir a la eliminación de desigualdades.

Por estos motivos el Defensor del Pueblo Andaluz adoptó la decisión de realizar un estudio en profundidad sobre la situación de las bibliotecas públicas municipales en Andalucía, prestando particular atención a las bibliotecas ubicadas en los municipios más pequeños, con el que pretende analizar la realidad que vivien estos servicios municipales realizando aportaciones con un espíritu marcadamente constructivo.

Publicado en BOPA nº 113, de 8-3-2001, VI Legislatura

Una de las necesidades cruciales de la población inmigrante en Almería es su alojamiento. Este Informe analiza las graves carencias de la vivienda en toda la comarca del poniente y ofrece las posiciones de todos los sectores implicados ante un problema clave en una política eficaz de integración.

BOPA nº 96, de 25-3-1997, V Legislatura. Debate en Diario de Sesiones de la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda nº 115 Serie A 7-10-1997, V legislatura

El Informe pretende llamar la atención sobre el estado de unas infraestructuras que han sido causa, directa o indirecta, de graves accidentes, al mismo tiempo que suponen un obstáculo permanente en la mejora de las condiciones de circulación por carretera.

En el estudio realizado se concretan una serie de recomendaciones para abordar posibles soluciones a los problemas más acuciantes que plantean la existencia de más de 900 pasos a nivel en nuestra Comunidad Autónoma.

Este Informe ha sido objeto de un Estudio de actualización en el año 2002.

Publicado en BOPA nº 193, de 4-10-2001, VI Legislatura.

Dada la incidencia que los pasos a nivel tienen en la producción de accidentes y los prejuicios y dilaciones que, asimismo, ocasionan para el tránsito viario, esta Institución elaboró, en 1996, un Informe Especial sobre estas instalaciones en Andalucía.

Transcurridos unos años, nos ha parecido conveniente actualizar los datos que tal Informe ofrecía, pulsar de nuevo los problemas que generan y verificar el grado de aceptación que han tenido nuestras Recomendaciones por parte de las Administraciones competentes.

Al mismo tiempo, hemos querido hacer una referencia a la nueva normativa que ha entrado en vigor, en Julio de 2001. por la que se reduce el momento A x T que obliga a la supresión preceptiva de pasos a nivel de 24.000 a 1.500. Este hecho va a tener, sin duda, importantes efectos sobre la cuestión que nos ocupa.

Publicado en BOPA nº 193, de 4-10-2001, VI Legislatura.

Este trabajo viene a ofrecer una continuidad en cuanto a la investigación que se está desarrollando en torno al fenómeno de la inmigración y los procesos de integración de estas personas en el territorio andaluz. Ahora, con este nuevo estudio, pretendemos completar un análisis de los problemas de alojamiento de estos colectivos de trabajadores inmigrantes con la perspectiva y la singularidad que ofrece la situación en la provincia de Huelva.

La llegada de inmigrantes a diversos municipios onubenses para trabajar en las tareas agrícolas, de manera singular en los campos destinados al cultivo de la fresa, constituye un hecho que, año tras año, va tomando mayores dimensiones.

Partiendo de esta realidad, corresponde a los poderes públicos y, desde luego, a la sociedad de acogida garantizar, ahora que todavía estamos a tiempo, un alojamiento digno a todos los trabajadores temporeros, cualquiera que sea su nacionalidad.

Ello exige reconocer que, en la actualidad, existen ya importantes y graves carencias en materia de alojamiento y, desde esta realidad, planificar, coordinadamente, las necesidades que van a surgir en las próximas campañas y las medidas que se van a adoptar para atenderlas, en los términos de dignidad y adecuación que exige el art. 47 de nuestra Constitución.