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RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Hemos recibido informe de fecha 11 de mayo de 2016, nº de Registro de Salida 445/00005743, fechado el 13 de mayo de 2016, con referencia Viceconsejería/CoorVice, relativo al expediente arriba indicado, promovido de oficio por esta Institución, en relación con la aparición de documentos judiciales depositados en contenedores de basura, con ocasión de la mudanza de los Juzgados de San Fernando y sus dependencias a una nueva sede.

En relación con su contenido debemos hacer algunas consideraciones. En primer lugar, el texto ofrece una completa descripción de los protocolos de custodia, archivo y expurgo de los expedientes judiciales; a continuación se explican las instrucciones que se habían acordado practicar para el proceso de la mudanza y traslado de los elementos físicos a la nueva sede judicial; y, por último, se alude al incidente en sí mismo.

Agradeciendo la información sobre los procesos documentales, respecto del segundo aspecto, parece que aluden por error al “viernes 1 de marzo de 2016” como fecha de la mudanza, cuando se debe tratar del 1 de abril como fecha prevista para ese traslado, en cuya víspera “jueves 31 de marzo” se produce el incidente de la aparición en la vía pública de documentación judicial.

12-04-2016 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una larga trayectoria de atención ante la situación general del funcionamiento de los órganos judiciales al igual que sobre sus instalaciones, sedes y medios materiales.

Al hilo de esta situación, hemos tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, de los trabajos de traslado de los juzgados de San Fernando (Cádiz) y sus dependencias a la nueva sede situada en la Calle Real 229, de la localidad isleña. Un paso importante y decisivo para la mejora de las instalaciones, largamente demandadas .

Según estas noticias, que no han sido desmentidas, han aparecido numerosos documentos judiciales depositados en contenedores de basura en la vía pública. Dicha documentación formaría parte de numerosos asuntos y procedimientos que contienen, por su propia naturaleza, identidades y referencias de alta afección para la protección de los datos de carácter personal. No sólo aparecerían estas referencias de personas afectadas, sino que se incluirían imágenes, informes y todo tipo de reseñas de alto nivel de reserva. Esta documentación habría estado abandonada en los contenedores y, posteriormente, manipulada y esparcida por la vía pública quedando a la vista y acceso de cualquier viandante.

Si bien las manifestaciones consultadas aducen que se trata de un incidente del que los propios vecinos alertaron a la policía local —que intervino para su improvisada recogida y devolución a los juzgados— ciertamente nos encontramos ante una situación merecedora de una atención singular por la entidad de los valores que se han visto, cuando menos, amenazados.

Para conocer con todo el detalle la situación descrita, se procede a incoar queja de oficio, al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Consejería de Justicia e Interior. En concreto quisiéramos conocer:

1.- Una concreción de los hechos en relación con el abandono de documentación judicial.

2.- Medidas que previamente se hubieran acordado sobre su custodia, traslado, o, en su caso, expurgo dentro de los planes de mudanza al nuevo edificio judicial.

3.- Medidas adoptadas ante la pérdida de documentación y ante los incidentes producidos.

12-07-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

Hemos recibido informe de fecha 11 de mayo de 2016, nº de Registro de Salida 445/00005743, fechado el 13 de mayo de 2016, con referencia Viceconsejería/CoorVice, relativo al expediente arriba indicado, promovido de oficio por esta Institución, en relación con la aparición de documentos judiciales depositados en contenedores de basura, con ocasión de la mudanza de los Juzgados de San Fernando y sus dependencias a una nueva sede.

En relación con su contenido debemos hacer algunas consideraciones. En primer lugar, el texto ofrece una completa descripción de los protocolos de custodia, archivo y expurgo de los expedientes judiciales; a continuación se explican las instrucciones que se habían acordado practicar para el proceso de la mudanza y traslado de los elementos físicos a la nueva sede judicial; y, por último, se alude al incidente en sí mismo.

Agradeciendo la información sobre los procesos documentales, respecto del segundo aspecto, parece que aluden por error al “viernes 1 de marzo de 2016” como fecha de la mudanza, cuando se debe tratar del 1 de abril como fecha prevista para ese traslado, en cuya víspera “jueves 31 de marzo” se produce el incidente de la aparición en la vía pública de documentación judicial.

En relación con el incidente en sí, nos indican que “el jueves día 31 de marzo a las 23:00 horas se divulgó la noticia a los medios de que había aparecido documentación, al parecer judicial, en las puertas de la redacción de “San Fernando Información”. Advertida la Policía Local, una patrulla rescató la documentación, que a la mañana siguiente fue entregada a la Jueza Decana de San Fernando”.

Ciertamente, las noticias confirmaron, en lo sustancial, un incidente que deja severas dudas sobre el rigor de custodia de estos documentos en el curso del cambio de la mudanza a la nueva sede judicial isleña. Las imágenes publicadas en los medios (La Voz, de 2 de Abril de 2016) ofrecen una preocupante presencia de un aparente volumen documental junto a contenedores de basura que denota una situación grave respecto de la custodia que merecen esos antecedentes escritos.

Por ello, en atención a la afirmación de que “La Delegación del Gobierno ha exigido rigor para conocer las posibles responsabilidades existentes” y en su caso que “presentaría la denuncia correspondiente tras el análisis de los hechos”, compartimos dicha iniciativa ya que parece una medida imprescindible a la vista de la confirmación del incidente y de la necesaria respuesta para el completo esclarecimiento del mismo.

Por último rogamos que nos mantengan informados de los pasos que se den para poder dilucidar los hechos y promover las responsabilidades derivadas de los mismos, añadiendo la confianza en que este incidente no genere efectos perjudiciales en los asuntos recogidos en la documentación afectada.

Agradecemos la colaboración prestada y comunicamos que con esta fecha se procede a dar por concluidas nuestras actuaciones.

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Con motivo de la tramitación de la presente queja de oficio, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz dictó a la Consejería de Justicia e Interior y al Ayuntamiento de Estepona RESOLUCIÓN

En su respuesta, la Administración Autonómica ha comunicado su posición al respecto.

A la vista de sendas posiciones de las Administraciones afectadas, esta Institución debe entender que se ha logrado un impulso en las relaciones entre ambas instancias a fin de avanzar en las gestiones que permitan definir el entorno urbanístico adecuado para disponer estos recursos judiciales así como en la elaboración del proyecto que resuelva las graves carencias de infraestructuras y sedes judiciales en Estepona.

Por ello, hemos de valorar como aceptada la Resolución y procedemos a concluir el presente expediente de queja, sin perjuicio de realizar las acciones de seguimiento que la situación aconseje para lograr, finalmente, ofrecer a Estepona el servicio judicial que necesita.

12-04-2016 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una larga trayectoria de atención ante la situación general del funcionamiento de los órganos judiciales al igual que sobre sus instalaciones, sedes y medios materiales.

Al hilo de esta situación, hemos tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, de las necesidades de un edificio para albergar la sede judicial de Estepona (Málaga). que, supuestamente, se ha visto retrasada por diversas dificultades.

La descripción de las instalaciones, a falta de una concreción formal, ofrece una situación muy deficitaria en la actualidad y, por tanto merecedora de una atención singular debido a las carencias seculares de estas dependencias en el término de Estepona; a ello se añade la circunstancia de que para este ejercicio se pondría en marcha un nuevo órgano, largamente demandado, que hace más acuciante las necesidades ya acreditadas de una sede digna y suficiente.

Los mismos órganos de gobierno del Tribunal Superior de Justicia habrían manifestado su criterio favorable a la ejecución de las medidas tendentes a disponer de una nueva sede judicial. Y además se alude a la puesta a disposición por parte del Ayuntamiento de la ciudad de terrenos que permitirían la construcción de una nueva sede acorde con las necesidades que estos órganos exigen para su demarcación.

Para conocer con todo el detalle la situación descrita, se propone incoar queja de oficio, al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Consejería de Justicia e Interior ante le Ayuntamiento de Estepona. En concreto quisiéramos conocer:

-la ubicación descriptiva de la sede judicial de Estepona (Málaga).

-situación de los proyectos o trámites de una futura sede para los órganos judiciales de Estepona, o, en su caso, de reforma de la ubicación actual.

06-06-2017 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

Con motivo de la tramitación de la presente queja de oficio, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz dictó a la Consejería de Justicia e Interior y al Ayuntamiento de Estepona, las siguientes RESOLUCIONES

RECOMENDACIÓN, a la vista del marco normativo aludido, para que se proceda a la puesta a disposición del solar o inmueble con las características urbanísticas adecuadas para destinar en el mismo la futura ubicación del edificio como sede judicial de Estepona con las condiciones de adaptación y accesibilidad establecidas por la normativa aplicable a su uso definido garantizando las condiciones de igualdad y equidad que merecen todas las personas usuarias y profesionales de los servicios prestados por los órganos judiciales y de atención al público ubicados en tales dependencias.

SUGERENCIA, a fin de que se acuerden entre las Administraciones implicadas las medidas de coordinación y mutua colaboración para acometer todas las actuaciones necesarias para disponer en la localidad de Estepona de la sede judicial adecuada a las funciones de los órganos judiciales de la demarcación.

SUGERENCIA, a fin de que, atendiendo a las disponibilidades presupuestarias, se evalúe la oportunidad de abordar los proyectos de construcción de la futura sede judicial de Estepona conforme a las prioridades diseñadas en la programación elaborada por la Consejería de Justicia e Interior.

En su respuesta, la Administración Autonómica ha comunicado su posición al respecto, indicando que:

“La Consejería tiene prevista la ejecución de un edificio de nueva planta para ubicar todos sus órganos judiciales y fiscales con espacio para crecimientos futuros, con una superficie aproximada de 5.550 m2 y una inversión total estimada de 9,30 millones de euros. Pero esta actuación no se ha podido iniciar por no disponer de suelo, aunque aún disponiendo de él tampoco sería asumible presupuestariamente a corto o medio plazo.

En varias ocasiones se ha reiterado la solicitud de suelo al Ayuntamiento, pero a día de hoy no se ha obtenido respuesta, aunque en su escrito reciente del Ayuntamiento, entre otras cuestiones comunica que en el Pleno de 18 de abril de 2008, el Ayuntamiento de Estepona acordó “ofrecimiento de una parcela de equipamiento público para la construcción de una futura sede judicial en el SUP-RP4 Las Mesas”. De dicho Acuerdo no tiene conocimiento esta consejería, por lo que no se ha podido tramitar la aceptación desconociendo asimismo si el Ayuntamiento, por su parte, ha tramitado la cesión.

Por otra parte, el usufructo del edificio de Avda. Juan Carlos I, finaliza en 2018 y el Ayuntamiento ha solicitado el edificio, para lo que se ha comprometido a facilitar una nueva ubicación para los Juzgados mixtos, nº 1 y 2 y el Registro Civil.

Se están manteniendo negociaciones en este momento con el Ayuntamiento en ese asunto, por lo que a la sede de Avda. Juan Carlos I se refiere, lo que supone que existe una mutua colaboración.

Se ha evaluado profundamente la oportunidad de abordar el proyecto de construcción de la futura sede judicial de Estepona, pero, va a ser imposible acometerlo a corto o medio plazo, hasta que no se cuente con suelo disponible y hasta que no mejore la situación presupuestaria que permita acometer obras de nueva planta con cargo al capítulo de inversiones”.

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Estepona ha contestado a la Resolución en los siguientes términos:

“Por ello, manteniendo la voluntad ya manifestada, y con expresa aceptación de la Recomendación formulada por esa Institución, desde esta Alcaldía se han dado instrucciones a los Servicios Técnicos Municipales para localizar y determinar una parcela municipal de equipamiento público que, con las características urbanísticas adecuadas y cumpliendo las necesidades previstas, resulte apropiada a los efectos de facilitar la materialización de la actuación en el menor tiempo posible.

En respuesta a lo interesado, el Jefe de los Servicios Técnicos Municipales de urbanismo ha dado traslado del Informe del Arquitecto Municipal sobre el asunto de referencia, donde se propone el ofrecimiento de la parcela denominada EQ en el Sector SUP- R7.2 “La Lobilla”. Como indica el técnico municipal, el grado de desarrollo del sector y las condiciones de la parcela propuesta permiten la inmediata concesión de licencia de obras. Acompañamos copia del citado informe junto con información del Inventario Municipal y plano de situación y planta general.

Avanzando en el cumplimiento del coincidente objetivo de la actuación municipal y su Recomendación, visto el informe técnico antes referido, esta Alcaldía tiene el propósito de someter a la consideración del Pleno Municipal el formal ofrecimiento de dicha parcela a la Junta de Andalucía para la construcción de la nueva sede judicial, previas las actuaciones administrativas y preparatorios legalmente establecidas.

Una vez se someta el asunto al Pleno de la Corporación, se dará el oportuno traslado al órgano competente de la Junta de Andalucía, actuación que igualmente pondremos en conocimiento de la Institución a la que nos dirigimos a los efectos oportunos.

Sobre las sugerencias formuladas, en el ámbito de las competencias que corresponden a esta Administración Local, hemos de manifestar nuestra plena disposición de colaboración interadministrativa, realizando cuantas actuaciones sean necesarias y así se soliciten por la Administración Autonómica competente para el desarrollo y materialización de la nueva sede judicial.

En materia de coordinación y colaboración, durante el último año ha sido reiterado el contacto con la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía con relación al asunto que nos ocupa, siendo la última comunicación remitida desde el Ayuntamiento de fecha 03/04/2017 (RGSal. Nº 7076) y registrada de entrada en la Junta de Andalucía el siguiente día 04/04/2017, con el núm. 3422. Como documento adjunto, acompañamos copia de la citada comunicación”.

A la vista de sendas posiciones de las Administraciones afectadas, esta Institución debe entender que se ha logrado un impulso en las relaciones entre ambas instancias a fin de avanzar en las gestiones que permitan definir el entorno urbanístico adecuado para disponer estos recursos judiciales así como en la elaboración del proyecto que resuelva las graves carencias de infraestructuras y sedes judiciales en Estepona.

Por ello, hemos de valorar como aceptada la Resolución y procedemos a concluir el presente expediente de queja, sin perjuicio de realizar las acciones de seguimiento que la situación aconseje para lograr, finalmente, ofrecer a Estepona el servicio judicial que necesita.

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Según se desprende de la información ofrecida, las circunstancias transitorias de ausencia de personal para los servicios sanitarios, han quedado superadas actualizando la cobertura efectiva de las plazas.

04-04-2016 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

A través de diversos medios de comunicación hemos tenido conocimiento de los problemas con la dotación de personal sanitario en el Centro Penitenciario de Albolote (Granada).

Las circunstancias del caso aluden a que “existen graves carencias de personal en el Centro” que pudieran afectar la las dotaciones de especialidad sanitaria lo que terminaría provocando la derivación de internos a los servicios del Hospital “Virgen de las Nieves” de referencia en Granada.

Esta situación ha sido planteada por diversas organizaciones sindicales y, según la información, había sido dirigida a las autoridades competentes del propio Centro y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sin conocer su resultado final.

Del mismo modo, las posible carencias asistenciales podrían revertir en la derivación de cargas de trabajo en los servicios hospitalarios de referencia que, probablemente, podrían ser evitadas de contar con la dotación sanitaria presencial en el Centro.

En todo caso, es evidente que son consideraciones anticipadas que podrán ser atemperadas con la información que nos pueda facilitar esa Secretaría General gracias a su colaboración.

Dado que el artículo 3.4 de la Ley 1/1979, de 26 de Septiembre, Ley Orgánica General Penitenciaria, y el artículo 4.2.a) del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, consagran los derechos constitucionales de los internos a la salud, la vida y a la integridad física, debiendo la Administración Penitenciaria velar por los mismos, consideramos muy oportuno interesarnos acerca de las circunstancias concretas que rodean esta situación que, sin duda, podría afectar a la atención médico asistencial de la población reclusa.

12-07-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

Recibimos informe de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de fecha 6 de junio de 2016, nº de Registro de Salida 2212, relativo al expediente arriba indicado, promovido de oficio por esta Institución, en relación a la dotación de personal sanitario del centro penitenciario de Albolote (Granada).

Según se desprende de la información ofrecida, las circunstancias transitorias de ausencia de personal para los servicios sanitarios, han quedado superadas actualizando la cobertura efectiva de las plazas.

Recientes acontecimientos de violencia hacia profesionales de la enfermería y demandas sindicales nos ratifican en la importancia de contar con las dotaciones de personal adecuadas.

Confiamos que la cobertura de este personal quede debidamente garantizada y sus servicios atendidos, en atención los singulares desempeños que tiene asignados para la población reclusa.