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El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, comparece ante la Comisiñón Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones para dar cuenta del Informe Anual 2015 de la Institución, entregado al Presidente del Parlamento de Andalucía el pasado 31 de marzo.
La situación actual de las personas que piden refugio a la Unión Europea desde países como Siria, Libia, Eritrea, Afganistán o Pakistán, entre otros, será objeto de análisis el próximo viernes 6 de mayo de 2016, a las 19 horas, en el salón de actos del CEIP “Guzmán El Bueno” de Tarifa.
Propuesta 6.
Que en la regulación del servicio de abastecimiento de agua se incluyan unos estándares mínimos de calidad en la atención al cliente y en la prestación del servicio, de cuyo incumplimiento se deriven sanciones para la entidad y/o compensaciones para las personas usuarias afectadas.
Asimismo, consideramos necesario que se promueva entre las entidades suministradoras la implantación de Cartas de servicios, como documento en el que se recogen los derechos que asisten a la clientela en relación con la prestación del servicio así como los compromisos de calidad de la propia entidad ante determinadas cuestiones relacionadas con el ejercicio de su actividad.
También creemos que debe garantizarse que las oficinas y servicios de atención al cliente cumplen los principios de accesibilidad y diseño para todos impuestos desde la normativa de protección a las personas con discapacidad.
RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)
Confiamos que la medida de apoyo de un nuevo Tramitador ayude a mejorar las gestión diaria del Registro Civil de cuyo resultado realizaremos los seguimientos necesarios.
24-04-2016 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO
En diversas ocasiones, con motivo de la tramitación de varias quejas, hemos tenido la oportunidad de atender el funcionamiento de determinadas oficinas de los Registros Civiles en Andalucía.
Podemos recordar la queja 14/2467, queja 14/2631 o queja 14/474 referidas al funcionamiento de estas dependencias y provocadas por retrasos, falta de atención o deficiencias en la respuesta demandada de servicios por los ciudadanos.
A la vista de los resultados de estos expedientes, podríamos discernir dos situaciones. Una referida a motivos individualizados de protesta por el servicio ofrecido al ciudadano que aducía una causa específica y puntual referida al caso, que, con la medida correctiva oportuna, quedaba resuelto.
Pero, en otras ocasiones, el motivo que generaba la queja se hacía depender de una circunstancia más estructural o funcional en el régimen de funcionamiento del Registro afectado. Eran causas que describían una importante carga de trabajo en estas singulares dependencias que, entre sus cometidos, intervienen en la acreditación y tramitación del régimen de extranjería que afecta a ciudadanos nacionales de otros países.
En esta ocasión hemos tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, de problemas de atención al público y usuarios en el Registro Civil de Ayamonte (Huelva). En esa reseña se hace mención a una situación de acumulación de asuntos que no permite atender a las personas que acuden a estas dependencias junto a retrasos y colas de espera para la asistencia. Se alude a una situación de manifiesta insuficiencia de personal en estas dependencias ya que cuentan con una única funcionaria que ha estado apoyada con refuerzos discontinuos que apenas mitigan el retraso acumulado de trabajo.
En suma, el relato del funcionamiento de este delicado y esencial servicio aconseja una iniciativa que describa la situación del Registro Civil de Ayamonte, y para sus municipios de cobertura, y que clarifique las causas y posibles medidas que, en su caso, se hubieran adoptado.
Por tanto, estas situaciones han sido determinantes para motivar la incoación de esta queja de oficio y procurar ante la Consejería de Justicia e Interior conocer su criterio global en orden a la situación que describimos y las posibles medidas que, en su caso, estimen oportuno adoptar para abordar la situación, respeto al Registro ayamontino.
Es por ello que, se viene a proponer conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora sobre la posibilidad de iniciar actuación de oficio, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la garantía de calidad de los servicios de la Administración de Justicia, en el marco de las competencias atribuidas al correspondiente Departamento de esa Consejería de Justicia e Interior, procede solicitar informe sobre la realidad del problema expuesto y sus posibles soluciones, al objeto de poder también dar cuenta a la ciudadanía y a los operadores jurídicos que a nosotros se han dirigido.
08-08-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO
Confiamos que la medida de apoyo de un nuevo Tramitador ayude a mejorar las gestión diaria del Registro Civil de cuyo resultado realizaremos los seguimientos necesarios.
El informe recibido desde la Consejería de Justicia e Interior nos indica que:
En cualquier caso, desde la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, consciente de la especial situación de sobrecarga de trabajo y elevados índices de pendencia que atraviesan determinados órganos judiciales ha procurado impulsar un nuevo esfuerzo presupuestario que pueda contribuir a la agilización de las actuaciones y procedimientos. Para ello, se ha propuesto por parte de la Consejería de Justicia e Interior, y ha sido autorizada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública una modificación presupuestaria con el objetivo de poner en marcha un nuevo plan extraordinario de refuerzos mediante dotación de personal interino que eleva de manera significativa el número de efectivos disponibles de 137 a un total de 181.
Esta medida, que se implantaría inicialmente, por tres meses prorrogables, a partir del mes de junio de 2016, supondría un incremento de medios personales temporales que coadyuven a reducir sustancialmente las cargas de trabajo, siendo criterios prioritarios para la aplicación de tal aquellos órganos que presenten una mayor carga de trabajo según los datos objetivos que suministra el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o, en su caso, el Consejo General del Poder Judicial; en situaciones similares deberá atenderse a aquellos órganos con mayores niveles de pendencia; asimismo se atenderá a aquellos órganos a los que hayan correspondido causas de especial relevancia y complejidad (macrocausas) que estén provocando un aumento significativo de retraso judicial en los demás asuntos.
De esta manera, se ha procedido a asignar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Ayamonte, desde el inicio del mes de junio hasta finales del próximo mes de septiembre, el refuerzo de un funcionario interino perteneciente al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. En este sentido cabe señalar que, no obstante, las plantillas de los órganos judiciales con tareas de Registro civil suelen ser casi siempre mayores que las de otros de su mismo Partido judicial y que debe ser competencia del titular de cada Juzgado asignar los efectivos reales que se encargan de su funcionamiento.
Ver asunto solucionado o en vías de solución.
RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)
Analizamos la respuesta de Cultura ante los expolios arqueológicos en Huelva producidos en abril. Pretendemos concluir el estudio del expolio previo sucedido en Enero.
25-04-2016 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO
Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una amplia y dilatada labor de atención al eficaz sistema normativo de promoción y protección del patrimonio histórico artístico.
Así, en los sucesivos Informes Anuales al Parlamento, al igual que con motivo de la elaboración de los Informes Especiales, la Institución ha querido contribuir al mejor desempeño de las actuaciones de los poderes públicos para la protección y puesta en valor de nuestra riqueza monumental. Todo ello en consonancia con las funciones de protección y tutela de los derechos establecidos en los artículos 44 de la Constitución y 33 y 37.1º.18 del Estatuto de Autonomía en el ámbito de la cultura.
En el amplio escenario de intervenciones de este tipo que se producen a lo largo del territorio andaluz, ocupa un lugar preeminente las acciones que posibilitan el efectivo disfrute de nuestro patrimonio cultural gracias a promover su conocimiento e investigación a través de las intervenciones arqueológicas «con el objetivo de que la investigación revierta en un aumento y cualificación del conocimiento histórico de nuestro pasado y presente», en los términos que afirma el Decreto 168/2003, de 17 de Junio (BOJA 134, de 15 de Julio), por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.
En el conjunto de actividades de protección de la riqueza arqueológica andaluza, las autoridades culturales ha venido desarrollando una importante labor de localización, descripción e investigación de las zonas que han acreditado este interés en el conjunto de elementos que componen el rico y variado Patrimonio Histórico Andaluz.
Así, en el caso de la ciudad de Huelva, la Orden de 14 de mayo de 2001 determinó la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz la Zona Arqueológica de Huelva (BOJA 75, de 3 de Julio de 2001). La cita Orden es un compendio expositivo del valor e interés del pasado de la ciudad de Huelva y de sus restos arqueológicos, acreditados mediante intervenciones, a las que se suma todo un corolario de nuevos yacimientos que, sin duda alguna, reflejan los vestigios del pasado milenario de la ciudad.
Se señalan hasta nueve zonas repartidas por toda la ciudad, debidamente delimitadas que adquieren la categoría de “yacimientos arqueológicos” lo que implica «proteger y conservar el patrimonio arqueológico existente en la ciudad» y «concretar el régimen de investigación de estos bienes conforme a un adecuado marco para la difusión de los valores culturales que han motivado la inscripción».
De ahí que, coherentemente con los bienes protegibles, se describan toda una serie de medidas especificadas como “Instrucciones Particulares” para la protección de estos espacios y la previsión de su estudio, investigación y puesta en valor por la comunidad científica.
A partir de las noticias de una grave expolio sobre la zona señalada como B-3 Santa Marta-La Orden debimos intervenir, a través de la queja 16/784.
Estando tramitando aún este expediente, volvemos a tener conocimiento de noticias que hablan de otra excavación o movimientos de tierras en la misma zona de Santa Marta-La Orden el pasado 16 de Abril, que han afectado gravemente a dicho yacimiento. Las noticias hablan de terrenos propiedad de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento que han sufrido retiradas de tierra para allanar zonas de aparcamiento próximas a un mercadillo, y que habrían intervenido la Policía Local y el SEPRONA.
A la luz de los acontecimientos, resulta de especial interés conocer las medidas de protección establecidas y, asímismo, la capacidad de respuesta y reacción de la autoridad cultural para impedir supuestos de agresiones como las que se ha descrito de nuevo, con el precedente del lamentable caso de expolio ya producido en el mismo yacimiento de Santa Marta-La Orden de Huelva.
Aluden las noticias a que al conocer este nuevo incidente se han acordado medidas urgentes para el vallado de la zona.
Es decir, resulta de sumo interés conocer el resultado práctico de estas disposiciones declarativas de un régimen de delimitación y protección de estos yacimientos no sólo como objeto de intervenciones de investigación y estudio sino, en particular, como instrumento que ponga en marcha todas las medidas de protección y tutela que se nos antojan esenciales para hacer posible la conservación de tales restos y su posterior explotación científica.
Por ello, hemos considerado oportuno proponer incoar queja de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Huelva, a fin de conocer:
medidas de protección de los terrenos que habrían sido afectados conforme a las denuncias de nuevos movimientos de tierra el pasado 16 de Abril sobre yacimientos declarados en virtud de la Orden de 14 de mayo de 2001.
informes sobre la entidad de estas nuevas intervenciones.
12-07-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO
Analizamos la respuesta de Cultura ante los expolios arqueológicos en Huelva producidos en abril. Pretendemos concluir el estudio del expolio previo sucedido en Enero.
Recibimos informe Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Huelva, de fecha 13 de mayo de 2016, nº de Registro de Salida 201699900178304, fechado el 16 de mayo de 2016, con referencia SVBBCC, relativo al expediente arriba indicado, promovido de oficio por esta Institución.
Nuestra actuación se ha centrado en las noticias sobre un expolio descubierto el 15 de Abril de 2016, en la Zona Arqueológica Santa Marta-La Orden, sector B-3, parcelas 1.11 y 7.7.
Según dicho informe, apreciamos una reacción inmediata de los servicios técnicos de la Delegación Territorial, procediendo a las comprobaciones en el lugar de los hechos, a detallar las valoraciones provisionales de impacto en el yacimiento que se habían descrito, así como a dar traslado a las instancias de control urbanístico, policiales y de ámbito judicial. Del mismo modo, se han procurado medidas de carácter protector del yacimiento y sus perímetros así como actuaciones de aviso y vigilancia.
Así, en el mismo día de la llamada de aviso de los daños, 15 de Abril, se realiza la personación de los técnicos de Cultura en el yacimiento, y se formulan las denuncian ante SEPRONA y Fiscalía junto a las consiguientes actuaciones de control que se describen.
De su información se desprende, por tanto, una respuesta inmediata y diligente, acorde a la gravedad de los hechos, al mismo tiempo que se han incitado las actuaciones de inspección y responsabilidades establecidas en la legislación.
Sin perjuicio del análisis más detallado de todas las circunstancias del caso, apreciamos una capacidad reactiva desde los servicios de la Delegación Territorial de Cultura muy mejorados respecto de otro expolio previo denunciado en Enero de 2016, en la misma Zona Arqueológica de Santa Marta-La Orden, tramitados de oficio en la queja 16/784 y que se encuentra en trámite de resolución por esta Institución.
Comprobamos que existe una gestión sistematizada de la prestación que consiste en entrega de material para facilitar cuidados en el domicilio.
Iniciamos este expediente de queja de oficio para conocer la gestión del material de apoyo para el cuidado de pacientes a domicilio, motivados por un lado por la demora que en ocasiones se había denunciado para su puesta a disponibilidad, así como por el escaso marco normativo que regula esta prestación (Orden de 9.3.204 dentro del denominado Plan de Apoyo a las Familias).
Nos preocupaba que el acceso a este tipo de recursos (grúas para la movilización, camas articuladas, colchones antiescaras,...) pudiera producirse de manera inequitativa; así como la calidad de la prestación, en la medida en que el nivel de existencias marcara también el umbral de accesibilidad, y con ello pudieran obviarse situaciones de necesidad.
En este orden de cosas dimos curso al expediente solicitando la emisión del informe previsto en el art. 18.1 de nuestra Ley reguladora a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS.
Por nuestra parte nos interesamos concretamente en las siguientes cuestiones:
-Existencia de información centralizada a este respecto, bien en algún departamento de la Administración sanitaria, bien en la/s empresa/s suministradoras.
-Datos sobre las existencias de estos medios en los distritos, y los factores que marcan la dotación concreta de los mismos (población del área de cobertura, número de pacientes dependientes,...) así como si se llevan a cabo nuevas adquisiciones para reponer el material deteriorado, o para aumentar la dotación en función de las necesidades detectadas.
-Procedimiento para la selección y dispensación a los beneficiarios, y la existencia de baremos o criterios de valoración unificados en orden a la adjudicación de cada uno de los medios considerados.
-Tiempos que marcan el acceso a estas ayudas técnicas a partir de su indicación (tiempos medios de acceso), desglosados por distritos, o al menos por provincias.
Con respecto a la primera cuestión se nos dice que existe una aplicación informática centralizada en la Dirección General, con múltiples funcionalidades, que permite comprobar los recursos y su disponibilidad.
De igual forma se explica que se llevan a cabo compras centralizadas y en algunos casos contratos de arrendamiento para conformar la dotación de recursos y que los mismos se reparten en función de la edad de la población (mayor de 80 años), y el nivel de movilidad del material en cada provincia y distrito sanitario.
Se relata cómo se lleva a cabo la valoración de los pacientes por parte de profesionales de enfermería, conforme a protocolos unificados para cada tipo de recurso, y se menciona que el plazo medio de espera es de 6 días.
En definitiva, tenemos que agradecer lo extenso y completo del informe, que resulta indicativo de una gestión sistematizada de la prestación y un conjunto no desdeñable de recursos.
Además, no podemos sino saludar positivamente la participación de empresas de Faisem en el procedimiento que referimos, y la intervención en los trabajos que conlleva el mismo (funciones de custodia, limpieza e higienización, así como traslado, entrega y recogida), por parte de personas afectadas por trastorno mental grave.
Solamente se nos plantea la duda respecto de si el nivel de recursos existente, y el índice de movilidad de los mismos, permite satisfacer las necesidades de todas las personas que precisan cuidados en el domicilio, pues en definitiva la solicitud de material se realiza tras la aplicación del baremo, desconociendo por nuestra parte los puntos de corte que en caso determinan la activación de aquella.
Cabría, por tanto, pensar que la disponibilidad de medios obligara a una aplicación estricta de los baremos aludidos, de manera que solo accedieran a los recursos aquellos pacientes que resultan adjudicatarios de una puntuación muy elevada, viéndose privados, o cuando menos, postergados en este beneficio, los que acreditan puntuaciones inferiores, y es en este sentido en el que cuestionábamos a esa Administración sobre listas de espera.
En todo caso, y dado que no se registra una incidencia significativa de quejas sobre esta materia, vamos a concluir nuestras actuaciones en este expedientes, en la seguridad de que las que pudieran recepcionarse en el futuro, podrán analizarse a la luz de los datos recibidos, y quizás permitan realizar otro tipo de consideraciones a este respecto.
Nos felicitamos por el cambio de actitud de la Consejería de Salud, que entraña el anuncio de la puesta en marcha del Consultorio de Torre de Benagalbón antes del verano.
El interesado expone que el municipio de Rincón de la Victoria se compone por cuatro núcleos de población, La Cala del Moral, Benagalbón, Torre de Benagalbón, y el propio Rincón de la Victoria como núcleo central.
Refiere que las necesidades de atención sanitaria llevaron en su momento a que la Consejería de Salud y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria suscribieran un acuerdo, por el cual este último asumía la construcción de dos nuevos edificios, uno en la Cala del Moral y el otro en Torre de Benagalbón, mientras que esa Consejería se comprometía a la dotación de equipamiento y personal una vez concluidas las obras.
Por lo visto el centro de salud de La Cala del Moral ya se ha puesto en funcionamiento, pero el consultorio de Benagalbón no solo no lo ha hecho, sino que por la Delegación Territorial se ha anunciado que no se va a utilizar la instalación ya construida con fines sanitarios, por considerar que los servicios de atención primaria quedan cubiertos con los otros centros de salud del municipio (Rincón de la Victoria y La Cala del Moral).
En este punto se nos da cuenta de la creación de la Plataforma Pro-consultorio Torre de Benagalbón, integrada por la Asociación de Mujeres Amanecer de la Torre, la Asociación de Vecinos Torresol, e Izquierda Unida, con el objetivo claro de lograr la inmediata apertura del consultorio
Desde dicha Plataforma se considera que el argumento utilizado por la Administración Sanitaria para negar la apertura, que es el estancamiento del crecimiento poblacional, no es cierto, sobre todo teniendo en cuenta el incremento que en esta materia se produce durante el verano, hasta el punto de triplicar la población.
Se añade además la deuda histórica que se considera que aquella tiene con el pueblo en materia de sanidad, tras construir este último los centros, y la discriminación que entraña esta decisión respecto de otras localidades de similar número habitantes, que sí cuentan con equipamiento sanitario en su propio territorio. Además afirman que en el centro de salud del Rincón de la Victoria, se da hacinamiento y compartimiento de espacios en actuaciones realizadas sobre los pacientes, que resultan vulneradoras de su intimidad.
En definitiva señalan que ahora cuentan con un nuevo inmueble con una superficie total de 447,85 m2 repartidos en dos plantas, para albergar seis consultas, sala de estar, biblioteca, sala de espera, enfermería, aseos, y vestuarios, entre otras dependencias. Consideran que los 8.000 habitantes de la localidad tienen asignado médico y enfermero en el centro de salud de Rincón de la Victoria, por lo que bastaría el traslado al nuevo edificio, con un incremento de la plantilla mínimo, y unos costes asumibles, para que la población censada en esta parte del término municipal pudiera acceder a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones con los habitantes de otras poblaciones cercanas.
A la vista de lo que nos manifiesta la parte interesada nos dirigirnos a la Consejería de Salud, recibiendo al efecto informe, en virtud del cual se nos explican las razones por las que se ha decidido no incorporar el edificio municipal de Torre de Benagalbón a la red de centros de atención primaria, entre las que se encuentra principalmente la innecesariedad de esta medida, por considerar cubierta la demanda de la zona con los dispositivos del Rincón de la Victoria y La Cala del Moral.
En este sentido refiere que han comunicado esta decisión en diversas ocasiones al alcalde de la localidad.
Ahora bien, por nuestra parte en la solicitud de informe a ese Consejería requeríamos la aportación de una serie de datos que esa Administración no ha cumplimentado (criterios para el establecimiento de consultorios locales-poblaciones y territoriales-, y dotación de personal asignada a cada uno de los centros del municipio, con indicación del volumen de población asignado a cada profesional). Igualmente le pedíamos que nos enviara copia del acuerdo suscrito entre esa Consejería y el Ayuntamiento en el que se contemplaba la construcción del centro.
En la medida en que consideramos que el informe emitido no da respuesta a estas cuestiones, nos permitimos solicitarle la emisión de un informe complementario que contemple las mismas, y que también especifique cuándo se comunicó esta decisión por primera vez, y en qué momento se encontraban entonces las obras del edificio.
Recibimos este segundo informe por medio del cual, cambiando radicalmente la consideración expuesta en el anterior, se anuncia la puesta en marcha del consultorio Torre de Benagalbón antes del verano, poniendo de manifiesto las ventajas que supondrá para la población.
A la vista de la información recibida, y considerando que el asunto objeto de la queja se encuentra en vías de ser solucionado, damos por concluidas nuestras actuaciones, no sin antes indicar a la interesada que si, transcurrido un tiempo prudencial, observase que no se realizan las actuaciones mencionadas o el problema por el que se dirigió a esta Institución continúa, podrá dirigirse nuevamente a esta Institución para poder prestarle de nuevo nuestra colaboración.
El Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución al Ayuntamiento de Sevilla para que proceda a suministrar al interesado la información que específicamente ha sido solicitada.
Para que se proceda a implementar los sistemas que permitan integrar la gestión de solicitudes de información de la ciudadanía en el funcionamiento de la Corporación, con arreglo a las exigencias previstas en la normativa sobre transparencia, acceso a la información y buen gobierno, acogiendo por tanto los principios inspiradores de tal norma.
Para que se implementen los sistemas que permitan la divulgación y difusión institucional de toda aquella información pública que deba estar a disposición de la ciudadanía.
Y para que las solicitudes de información que sean cursadas ante el Consistorio sean analizadas, valoradas y resueltas con arreglo a los principios de transparencia y acceso a la información que se encuentran recogidos en nuestro ordenamiento, favoreciendo así la participación ciudadana en asuntos públicos, prestando incluso asistencia a los interesados para que a través de ella puedan ver satisfechos sus deseos de acceso a información pública.
I. Que el interesado mediante escrito de 17 de mayo de 2014 solicita a la Junta Municipal Distrito Macarena información en relación a la percepción de determinada subvención y en su caso su receptor.
Tras recibir requerimiento con objeto de que determinara los “hechos, razones y petición en que se concrete la solicitud”, cumplimenta el mismo mediante escrito presentado con fecha 11 de agosto de 2014, sin que al día de la fecha haya recibido respuesta.
II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó con fecha 26 de octubre de 2014 admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a la referida Junta Municipal que resolviese expresamente, sin más dilaciones, el escrito presentado por el interesado, informándonos al respecto.
Recibido informe con fecha 19 de diciembre de 2014, la Junta Municipal de Distrito Macarena nos comunica que con fecha 19 de noviembre “había dado traslado de la petición del interesado al Distrito Norte, al ser ámbito de su competencia".
Por tal motivo, con fecha 23 de enero de 2015 nos dirigimos directamente a esa Alcaldía en los siguientes términos:
“Como ya le indicamos con fecha 24 de octubre pasado, esta Defensoría cursó comunicación a la Junta de Distrito Municipal Macarena en relación con los hechos descritos.
En respuesta a tal solicitud, dicha Junta municipal ha informado recientemente que con fecha 19 de noviembre de 2014 remitió a la Junta de Distrito Norte la solicitud de información cursada por el interesado, al entender que se trataba de un asunto de su competencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, deducimos que hasta la fecha el interesado no ha obtenido respuesta efectiva a la solicitud de información planteada ante ese Ayuntamiento, más allá de la reciente comunicación de traslado del asunto a la Junta de Distrito Norte.
Por tal motivo nos dirigimos de nuevo a usted para que, tras tomar conocimiento de la situación que pudiera concurrir, interese la agilización de la respuesta que haya de ofrecerse a la persona interesada, dando cuenta de la misma a este Comisionado del Parlamento de Andalucía.”
III. A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud, de haber reiterado la misma en dos ocasiones -2 de marzo y 13 de abril de 2015- y haber contactado telefónicamente con esa Alcaldía -2 de junio de 2015-, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta.
En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes
Primera.- De la obligación de resolver por parte de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del apartado primero del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, «la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación».
De esta obligación se exceptúan tan sólo los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio y los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración. Por consiguiente, el supuesto objeto de estudio no resulta subsumible en tal excepción.
Asimismo, según lo preceptuado en el apartado séptimo del citado artículo 42, «El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo», pudiendo dar lugar el incumplimiento de dicha obligación a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.
Segunda.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa.
Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, debe tenerse presente que el Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo) garantiza en su artículo 31 el derecho a una buena administración, y así establece:
«Se garantiza el derecho a una buena administración, en los términos que establezca la ley, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, cuya actuación será proporcionada a sus fines, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable, así como a acceder a los archivos y registros de las instituciones, corporaciones, órganos y organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca.»
Los mismos principios se recogen en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, junto a otros de interés como los de responsabilidad por la gestión pública, buena administración y calidad de los servicios. El principio de buena administración también se recoge y concreta en el artículo 5 de la misma Ley.
En desarrollo de las previsiones constitucionales y estatutarias, el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), señala que:
«1. Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.
Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima.
2. Las Administraciones Públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.
...
5. En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones Públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia y participación.»
Algunos de los principios recogidos en este precepto proceden directamente de la Constitución, consagrándose el carácter instrumental de la Administración puesta al servicio de los intereses de los ciudadanos, así como su carácter vinculante para todas las Administraciones Públicas.
Entre dichos principios podemos distinguir aquellos que se refieren a criterios de organización internos de la Administración, de aquellos que se proyectan específicamente sobre los ciudadanos (transparencia, participación, buena fe, confianza legítima), y así el artículo 35 -derechos de los ciudadanos-, artículo 36, y especialmente en relación al tema que venimos tratando el artículo 37 –derecho de acceso a Archivos y Registros-.
Tercera.- De la transparencia y la participación.
Estos principios, introducidos en la tramitación parlamentaria de la Ley 4/1999, son consecuencia de las previsiones constitucionales establecidas en los artículos 23 y 105, y su desarrollo legal en las normas que regulan entre otros el acceso a los registros y documentos públicos, la legitimación para iniciar o participar en los procedimientos administrativos o el derecho de petición.
Con el artículo 105 de la CE. se culmina una largo trayecto normativo que nos lleva del principio del secreto al principio de la transparencia, así los ciudadanos tienen derecho acceder a los registros y documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, con las lógicas excepciones que la propia norma (art. 37 LRJPAC) o la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal establecen.
No obstante, el objetivo de la transparencia perseguido se encontraba solo parcialmente desarrollado, en principio al resultar insuficientes por el limitado ámbito de actuación de los artículos 35 y 37 de la LRJPAC y posteriormente por el desarrollo de las tecnologías de la información que nos permiten un acceso a la información pública disponible. De ahí la necesidad de configurar el derecho de acceso como derecho fundamental que ha venido a regular la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a la vez que suple las carencias de la normativa previa subsanando sus deficiencias y creando un marco jurídico acorde a los tiempos e intereses de los ciudadanos.
Ambos principios van de la mano, constituyendo una dualidad difícil de separar, que vienen a suponer una mejora de nuestra condición democrática y en la efectividad al derechos a una buena administración.
De esta forma dicha participación, en relación con los anteriormente mencionados principios de buena fe y confianza legítima, debería suponer la corresponsabilidad en la adopción de las decisiones adoptadas, si bien para ello es necesario que exista de forma previa unos niveles de transparencia que permitan tener la información suficiente y necesaria.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, vino a regular la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno como ejes fundamentales de toda acción política, estableciendo que «Toda las personas tiene derecho a acceder a la información pública» (art. 12), entendiéndose como tal:
«... los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.»
La norma autonómica, establecida por la Ley 1/2014, de 24 de junio, vuelve a reiterar en su exposición de motivos que «sin el conocimiento que proporciona el acceso de los ciudadanos a la información pública, difícilmente podría realizarse la formación de la opinión crítica y la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, un objetivo irrenunciable que los poderes públicos están obligados a fomentar», añadiendo que «también la evaluación de programas y políticas públicas se reconoce como un instrumento operativo para cumplir objetivos de transparencia». De esta forma, reproduce en su artículo 24 el derecho de acceso a la información pública, definiendo en su artículo 2 que entiende por información pública y el acceso a la misma.
Esta norma publicada con fecha 30 de junio de 2014 en el BOJA establece en su disposición final quinta una vacatio legis de un año, disponiendo las entidades locales andaluzas de un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, es decir hasta el 10 de diciembre del presente año, para realizar las adaptaciones pertinentes con objeto de cumplir lo estipulado en la ley.
A este respecto, el título IV se dedica al fomento de la transparencia, así el artículo 35 viene a regular la integración de la transparencia en la gestión y el artículo 39 su divulgación:
«Art. 35. 1. Las entidades a las que se refiere el artículo 3.1 de la presente ley establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de la ciudadanía en el funcionamiento de su organización interna.
2. Asimismo, establecerán medidas para facilitar la transversalidad de la transparencia en la actividad general de la organización.
Art. 39. Las administraciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley contemplarán dentro de sus actuaciones de divulgación y difusión institucional actuaciones específicamente dirigidas a facilitar el conocimiento por la ciudadanía de la información que resulta accesible y de los cauces disponibles para poder acceder a ella, especialmente en referencia a la accesibilidad que en cada caso esté disponible por medios electrónicos.»
Mientras que en los dos siguientes títulos se viene a establecer los aspectos organizativos, con la creación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos –entidad dotada de autonomía e independencia para actuar como autoridad independiente de control tanto en el ámbito de la transparencia como en el de la protección de datos- (arts. 43 y sigs.), y la regulación del régimen sancionador (arts. 50 y sigs.):
«Art. 50.1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley se sancionará conforme a lo previsto en este título, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir.»
Por lo tanto, siendo indiscutible el derechos de cualquier ciudadano –por sí o por medio de sus representantes legítimos- a tener acceso a la información pública que obre en poder de la administración, tan solo podrá limitarse dicho acceso en los casos específicamente contemplados en la norma (art. 14 LTAIP).
Estando próximo el plazo máximo del que disponen las entidades locales andaluzas para adaptarse a las obligaciones establecidas en la Ley 1/2014, que se cumple el día 10 de diciembre próximo, esperamos que se hayan establecido los oportunos instrumentos para facilitar la formación y cualificación profesional del personal (art. 38 LTA), así como contemplar dentro de sus actuaciones de divulgación y difusión institucional, actuaciones específicamente dirigidas a facilitar el conocimiento por la ciudadanía de la información que resulte accesible y de los cauces disponibles para poder acceder a ella (art. 39 LTA).
Así de esta forma, mediante la divulgación y difusión institucional se facilitaría el acceso de la ciudadanía a la información evitándose la realización de solicitudes de acceso innecesarias, y en su caso, el personal estaría formado y cualificado para atender dicha demanda.
En cualquier caso, se trata como se ha señalado de un plazo máximo, lo que no empece a que con carácter previo al mismo la actuación municipal resulte acomodada a las exigencias del texto legal, lo que supondría a nuestro juicio una buena praxis.
Por todo lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula al Ayuntamiento de Sevilla la siguiente
RECORDATORIO de los deberes legales contenidos en los preceptos anteriormente citados.
RECOMENDACIÓN 1. Que se proceda a suministrar sin más dilación al interesado la información que específicamente ha sido solicitada.
RECOMENDACIÓN 2. Que a la mayor brevedad se proceda a implementar los sistemas que permitan integrar la gestión de solicitudes de información de la ciudadanía en el funcionamiento de la Corporación, con arreglo a las exigencias previstas en la normativa sobre transparencia, acceso a la información y buen gobierno, acogiendo por tanto los principios inspiradores de tal norma.
RECOMENDACIÓN 3. Que a la mayor brevedad posible se implementen los sistemas que permitan la divulgación y difusión institucional de toda aquella información pública que deba estar a disposición de la ciudadanía.
RECOMENDACIÓN 4. Que en lo sucesivo, las solicitudes de información que sean cursadas ante el Consistorio sean analizadas, valoradas y resueltas con arreglo a los principios de transparencia y acceso a la información que se encuentran recogidos en nuestro ordenamiento, favoreciendo así la participación ciudadana en asuntos públicos, prestando incluso asistencia a los interesados para que a través de ella puedan ver satisfechos sus deseos de acceso a información pública.
Ver asunto solucionado o en vías de solución
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz
La administración informa que asume favorablemente la Resolución.
Esta Institución viene tramitando el presente expediente de queja a instancias de la madre de una niña, de 8 años de edad, disconforme con la declaración de desamparo emitida por la Administración ante la sospecha de que pudiera estar causándole maltrato al obligarla a acudir de forma reiterada a servicios médicos, como consecuencia de dolencias provocadas o inducidas por ella (síndrome de Munchausen por poderes).
El informe que nos fue remitido relataba los motivos que fundamentaron la resolución de desamparo, sustentados en indicios y medios de prueba considerados suficientes para ello.
Aunque se dictó sentencia ratificando la resolución de desamparo en el fundamento de derecho segundo el juzgado reconocía la relación afectiva existente entre madre e hija y aventuraba una futura reunificación familiar, condicionaba esa futura reunificación a un previo trabajo social y psicológico tanto con la menor como con la madre.
En esta tesitura, habiendo transcurrido más de 4 meses desde la fecha de la sentencia y no haber realizado la Junta de Andalucía ninguna actuación en el sentido señalado por el juzgado en el fundamento de derecho segundo de su resolución, es por lo que la interesada nos presentó una nueva queja.
La nueva respuesta a nuestra solicitud desde la Delegación Territorial fue que en estos cuatro meses aludidos por la progenitora se están llevando a cabo las relaciones personales de la madre con la hija, pero no se han producido cambios significativos en la progenitora sobre la situación socio-familiar, ni reconocimiento de que la situación planteada ha estado inserta en la misma, por lo que dicha reunificación familiar se valorará cuando se produzcan los indicadores favorables necesarios en la progenitora y en la relación, que de lugar a un informe favorable, que posibilite argumentar una resolución en este sentido.
La interesada alegaba que a pesar de lo señalado por el Juzgado en su resolución, y de que la reagrupación familiar sea un principio al que deba tender toda actuación del Ente Público de Protección de Menores, hasta esos momentos la Delegación Territorial no había hecho nada en tal sentido. Así señalaba que Protección de Menores no había solicitado la intervención del Equipo de Tratamiento Familiar, ni de los servicios sociales de zona, por lo que difícilmente podría tener noticias de su evolución, ni se había iniciado ningún trabajo social para allanar el camino hacia una futura reunificación familiar.
Por todo ello se formuló la siguiente RECOMENDACIÓN:
"Que en congruencia con lo establecido en las sentencias de primera instancia y de apelación, confirmatorias de la resolución de desamparo, se recabe la colaboración de los servicios sociales comunitarios y/o del equipo de tratamiento familiar para iniciar un trabajo social con la madre que permita acreditar un cambio de actitud respecto de la relación con su hija, todo ello con vistas a una previsible y deseada reunificación familiar".
La Administración informa del traslado del menor a un centro especializado, desde dónde ya se está constatando determinados avances.
La madre de un adolescente, tutelado por la Junta de Andalucía, e interno en un centro residencial básico de protección de menores, expone que el motivo principal por el que la Administración asumió la tutela de su hijo obedeció a los problemas de conducta que éste presentaba, siendo así que el abordaje de la problemática del menor se viene realizando en un centro residencial básico, con citas periódicas en la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil, siendo su evolución negativa. Por todo ello solicita su traslado a un centro especializado en el abordaje de trastornos de conducta.
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