El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución a la Universidad de Sevilla para que se proceda a notificar en debida forma a la interesada en el presente expediente de queja la Resolución dictada por dicha Universidad de Sevilla con fecha 16 de diciembre de 2015.
ANTECEDENTES
I. Con fecha 25.11.2015 se recibe en esta Institución escrito de queja de la Sra. (...) por el que muestra su disconformidad con el trato recibido por la Universidad de Sevilla, más concretamente por su Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria (en adelante SACU).
Según expone, en fecha 10 de abril de 2015 solicitó plaza de guardería para su hijo en un centro propio de la Universidad de Sevilla. En dicha fecha estaba matriculada en los Estudios conducentes a la licenciatura en Ciencias del Trabajo, cursando en el momento de la solicitud los últimos créditos para la finalización de la titulación, cumpliendo así con el requisito estipulado en la base 4.1.a) de la convocatoria.
La interesada centra su denuncia en el hecho de habérsele comunicado el 27.10.2015, mediante e-mail, que “(...) obra en nuestro poder documentación que parece señalar que ya está en condición de la obtención de título universitario. Situación en la que podría derivarse la no existencia de vínculo con la Universidad de Sevilla.”
En dicha comunicación se le emplazaba para que en plazo de 10 días hábiles presentara la documentación que estimase oportuna.
La interesada manifiesta haber hecho caso omiso de esta comunicación por encontrarse durante el curso 2015/2016 matriculada de la asignatura economía social de la Licenciatura de Ciencias del Trabajo y constar dicha documentación en poder de la Universidad de Sevilla, careciendo además la comunicación recibida de la necesaria formalidad administrativa.
Posteriormente, con fecha, 25 de noviembre, la interesada recibió una llamada de alguien que se identificó como responsable del SACU, la cual le indicó, de palabra, que desde ese día dejaba de tener el derecho a la plaza que tenía asignada para su hijo puesto que había dejado de cumplir los requisitos formales para la misma y que iba a proceder a comunicarlo al centro para que desde allí se procediera a darle de baja como miembro de la Universidad y se procediera a facturarle la misma como si de una guardería privada se tratase, perdiendo la bonificación del 50% del precio de la misma.
La interesada, en su escrito de queja, manifestaba que la actuación de la universidad era contraria a derecho y no cumplía con las formalidades mínimamente exigibles para la revocación de un derecho, por lo que solicitaba la intervención de esta Institución ya que la inexistencia de una resolución administrativa le colocaba en una posición de indefensión al no poder interponer el recurso pertinente.
II. Admitida a trámite la queja se solicitó informe a la Universidad de Sevilla, habiéndose recibido el mismo con fecha 04.03.2016,
En dicho informe la Universidad expone que la normativa reguladora de la Convocatoria para la asignación de plazas en los centros infantiles propios y concertados de la Universidad de Sevilla especifica, para el colectivo de estudiantes, que en el momento de la solicitud habían de ser estudiantes matriculados y cursando, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, una titulación oficial impartida en la Universidad de Sevilla”. Añadiendo que “habían de estar matriculados de, al menos, 20 créditos; o bien estar matriculados de un número inferior si son los últimos créditos que le restaban para finalizar su titulación.”
Continúa el informe señalando que la persona solicitante, durante la matriculación del menor beneficiario, “no podía perder el vínculo”.
Respecto de los hechos manifiesta la Universidad de Sevilla que la persona promotora de la queja solicitó plaza para la guardería en el curso académico 2014/2015, resultándole adjudicada la misma al cumplir los requisitos estipulados en la convocatoria por el cupo de estudiantes.
Posteriormente, en el curso 2015/2016 se comprobó que la interesada “había completado todos los créditos para superar la titulación universitaria de Licenciatura de Ciencias del Trabajo”. Por tanto consideraron que podía haber perdido la vinculación que se exigía con la Comunidad Universitaria para mantener la misma tarifa en el pago de la plaza asignada.
En base a esta presunción la Universidad manifiesta haber realizado diversos contactos con la interesada, vía e-mail y teléfono, al objeto de comunicarle la situación creada y ofrecerle la posibilidad de alegar lo que tuviese por conveniente antes de hacer efectivo el cambio de tarifa.
Continúa diciendo el informe que la interesada remitió escrito a la Gerencia de la Universidad mostrando su disconformidad con las vías y formas utilizadas para realizar estos contactos, que calificaba de huida del derecho administrativo, y señalando que seguía matriculada por interés personal en la asignatura economía social, por lo que entendía innecesario contestar a los requerimientos recibidos.
Ante esta situación la Universidad opta por dictar con fecha 16.12.2015 Resolución administrativa acordando la aplicación de la tarifa 3 a la interesada al encontrarse matriculada de una asignatura optativa de 4,5 créditos y haber perdido, por tanto, la vinculación exigida en las bases de la convocatoria.
Dicha resolución se intentó notificar a la interesada en su domicilio con fecha 30.12.2015 resultando infructuoso el intento al encontrarse ausente, dejándose aviso en el buzón sin que la notificación fuera retirada del servicio de correos.
Posteriormente se realizó un nuevo intento de notificación con fecha 22.01.2016, con idéntico resultado.
Concluye su informe la Universidad afirmando la corrección y ajuste a la legalidad de la actuación realizada y resaltando la inexistencia de impugnación por parte de la interesada de la Resolución dictada.
CONSIDERACIONES
1.- Sobre los requisitos exigibles para la obtención de plaza en la guardería y para la fijación de la tarifa.
Según dispone la Convocatoria para la asignación de plazas en los centros infantiles propios y concertados de la Universidad de Sevilla para el curso 2015/2016, en su base 4, será exigible a los solicitantes de plaza pertenecientes al colectivo 1 (estudiantes) el cumplimiento de los siguientes requisitos:
«a) Deberán estar matriculados en el momento en que se solicita la plaza de al menos 20 créditos, o estar matriculados en los últimos créditos para finalizar su titulación.
b) El vínculo de los solicitantes conforme a lo señalado en el punto a) de la base 4 debe seguir vigente durante el tiempo en que el menor está matriculado en el Centro Infantil asignado.»
De la documentación recabada en el presente expediente se deduce que en el momento de solicitud de la plaza la interesada cumplía con el requisito de vinculación académica con la Universidad, por lo que le fue asignada correctamente la plaza solicitada, aplicándosele la tarifa 2 en función de la acreditación realizada de los criterios económicos exigibles a tal fin.
No obstante, al iniciarse el curso 2015/2016 esta vinculación se pierde al encontrarse la interesada matriculada únicamente de una asignatura optativa, a la que corresponden únicamente 4,5 créditos, sin que la misma sea impedimento para la obtención de la titulación correspondiente.
En consecuencia, entendemos que a partir del curso 2015/2016 la interesada dejó de cumplir el requisito estipulado en la base 4.1.b) de la convocatoria.
Siendo ésto claro, el problema surge a la hora de determinar las consecuencias que de tal incumplimiento se derivan, ya que las mismas no se explicitan en la convocatoria por una mala técnica legislativa.
La Universidad parece entender que la consecuencia de tal incumplimiento es que la interesada pasará a abonar la tarifa 3 (“resto de la ciudadanía”), correspondiente a aquellas personas titulares de plaza que no sean miembros de la Comunidad Universitaria en los términos regulados en las bases 2, 3 y 4 de la convocatoria.
Sin embargo, lo cierto es que tal consecuencia no se deduce de la dicción de la norma, ya que la misma nada señala al respecto.
De hecho si se realizara una interpretación estricta de las bases de la convocatoria, cabría entender que el incumplimiento sobrevenido de los requisitos para ser beneficiario de una de las plazas reservadas a los miembros de la comunidad universitaria tendría como consecuencia lógica la pérdida de la plaza, no el cambio de tarifa, ya que nada dice la norma al respecto.
El cambio a la tarifa 3 únicamente procedería si la persona afectada por la pérdida de vinculación con la comunidad universitaria pasase a ocupar una de las plazas reservadas al resto de la ciudadanía o bien su plaza quedase automáticamente reconvertida en una plaza para personas sin vinculación con la Comunidad Universitaria, posibilidad que no se regula específicamente en la convocatoria, ya que la misma se limita a regular el acceso a las plazas reservadas a los miembros de la Comunidad Universitaria.
De hecho, en la convocatoria se regula la existencia de una lista de espera para personas que no hayan obtenido plaza en el proceso de admisión y para supuestos de renuncia sobrevenidos. Al no estar expresamente reguladas las consecuencias que se derivan de la pérdida de vinculación con la Comunidad Universitaria, podría ocurrir que la plaza en cuestión fuese reclamada para sí por alguna de las personas incluidas en esta lista de espera.
Ante el vacío legal existente en esta cuestión parece que la Universidad ha optado por el criterio interpretativo menos gravoso para la persona afectada por la pérdida sobrevenida de su vinculación con la Comunidad Universitaria, cual es la de mantener el derecho a la plaza, aunque aplicándole la tarifa 3 prevista para personas sin vinculación con la Comunidad Universitaria.
Esta Institución considera acertada esta decisión, ya que entiende que evita los graves perjuicios que pueden derivarse para el menor y su familia de la pérdida de la plaza en la guardería a mitad del curso.
No obstante, entendemos necesario que esta previsión se contenga de forma expresa y de manera clara en la normativa reguladora de la convocatoria.
En este sentido, nos complace conocer que la norma de convocatoria para el curso 2016/2017 ha modificado la dicción del precepto para explicitar que la consecuencia de la pérdida de vinculación con la comunidad universitaria es el cambio a la tarifa 3.
También valoramos positivamente que se haya clarificado el concepto de solicitantes de las plazas reservadas incluyendo el término “o asimilados” junto al término “miembros de la Comunidad Universitaria”, ya que las personas incluidas en el colectivo 5 (jubilados y cónyuges de miembros fallecidos) difícilmente pueden considerarse incluidos dentro del concepto “miembros de la Comunidad Universitaria”.
Por todo lo anterior, aun partiendo de la insuficiencia de la regulación contenida en la base 4.1.b) de la convocatoria para el curso 2015/2016 al no prever de forma expresa las consecuencias derivadas de la pérdida sobrevenida de vinculación con al Comunidad Universitaria, entendemos que la interpretación adoptada por la Universidad de Sevilla -paso a la tarifa 3- resulta menos gravosa que la que derivaría de efectuar una interpretación conjunta de los diversos preceptos contenidos en la convocatoria -pérdida del derecho a plaza-. En consecuencia nos parece acertada la decisión adoptada por la Universidad de Sevilla en el presente caso.
2.- De la “huida del derecho administrativo”.
La promotora del presente expediente de queja muestra sus mayores discrepancias con la actuación de la Universidad de Sevilla por lo que califica de “huida del derecho administrativo” por parte de la misma, al no someter sus actuaciones a lo previsto en las normas procedimentales del derecho administrativo.
A este respecto debemos decir que no le falta razón a la interesada en su denuncia, por cuanto las actuaciones realizadas por la Universidad en primera instancia para comunicarle la situación y consecuencias derivadas de su pérdida de vinculación con la Comunidad Universitaria -e-mail y llamada telefónica- no parecen muy acordes a lo prevenido en la norma procedimental administrativa para el traslado a un administrado de una decisión que puede afectar negativamente a su esfera de derechos e intereses.
No obstante, la ausencia de los trámites procedimentales previstos en el derecho administrativo únicamente tiene como virtualidad la de privar de eficacia administrativa a dichas comunicaciones.
En el presente caso, la Universidad manifiesta que tales comunicaciones no tenían mas valor que el puramente informativo y afirma que fueron realizadas con un animo de colaboración con la interesada para prevenirle por las posibles consecuencias que se derivarían de la actuación administrativa prevista.
Asimismo, la interesada manifiesta haber hecho caso omiso de dichas comunicaciones.
Por todo ello, entendemos que carece de relevancia en el presente caso la falta de requisitos procedimentales en las comunicaciones giradas inicialmente a la interesada.
Cuestión distinta es la relativa a la Resolución dictada por la Universidad con fecha 16 de diciembre de 2015.
A este respecto, debemos decir que nada tenemos que objetar en cuanto al contenido de dicha resolución, sin perjuicio de reiterar lo ya expuesto sobre el escaso soporte normativo de la misma al no existir en la convocatoria precepto alguno que de forma expresa determine como consecuencia para la pérdida de vinculación con la comunidad universitaria el paso a la tarifa 3.
No obstante, no podemos mostrar igual conformidad con la notificación practicada de la mencionada Resolución, por cuanto entendemos que la misma no se adecua a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC) para la práctica de las notificaciones administrativas.
En efecto, dispone el artículo 59.2 de la LRJPAC lo siguiente:
«2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar que éste haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.
Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.» (el subrayado es nuestro).
De la documentación aportada por la Universidad se deduce que los dos intentos de notificación que resultaron fallidos por ausencia de la interesada se han practicado mediando mas de tres días de diferencia entre ambos (30.12.2015 y 22.01.2016). En consecuencia, no puede reputarse como válidamente efectuada la citada notificación.
Dado que la eficacia de la Resolución dictada depende de su correcta notificación a la persona afectada por la misma, entendemos que procede la práctica de una nueva notificación conforme a derecho, rehabilitando el derecho de la interesada a la interposición de los recursos correspondientes.
En base a todo lo expuesto y haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle Resolución concretada en la siguiente:
RESOLUCIÓN
RECOMENDACIÓN: que se proceda a notificar en debida forma a la interesada en el presente expediente de queja la Resolución dictada por la Universidad de Sevilla con fecha 16 de diciembre de 2015.
Ver asunto solucionado o en vías de solución
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada
Defensor del Pueblo Andaluz
