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La compareciente explicaba que aunque era una persona muy dependiente, hasta el momento no tenía ninguna ayuda a la dependencia. Y pedía ayuda, ya que con sus recursos únicamente podía hacerse cargo de su fisioterapia y de asumir el servicio de teleasistencia. Tenía reconocido un Grado II de dependencia severa por Resolución de 23 de mayo de 2017.

Solicitado informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén y a la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Linares, desde ésta última se nos indicó que la interesada fue valorada con grado I de Dependencia Moderada con fecha 3 de Diciembre de 2015. Con fecha 24 de Noviembre de 2016, se solicitó a la Delegación Provincial de Jaén, la revisión de grado, resolviéndose con fecha 23 de Mayo de 2017 el grado II de Dependencia Severa.

Hasta el día 29 de Diciembre de 2017, no se pudo remitir a la Delegación Provincial de Jaén la propuesta PIA, ya que era necesario un Certificado de Convivencia, documento necesario para poder optar al recurso de Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar.

Desde el 9 de Agosto de 2017 que se solicitó dicho certificado, la Policía Local de Linares, que era la responsable de emitir dicho certificado, no lo emitió hasta el día 14 de Diciembre de 2017. A pesar de haberlo emitido, al indicar en el mismo que no había nadie en el domicilio, se remitió a la Delegación un escrito con fecha 27 de diciembre de 2017, redactado por su esposo y cuidador, en el que se exponían estas circunstancias.

Por su parte, la Delegación Territorial nos informó que con fecha 3 de diciembre de 2015, se dictó Resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por la que se reconoció a la interesada el Grado l de Dependencia Moderada.

Con fecha 29 de noviembre de 2016. la interesada presentó solicitud de revisión fundada en alguna de las causas establecidas en el artículo 16 del Decreto 168/2007. de 12 de junio.

Con fecha 23 de mayo de 2017, se dictó resolución por la que se reconocía a la interesada un Grado II, de Dependencia Severa, correspondiéndole una puntuación final del BVD de 67 puntos. conforme al procedimiento establecido en el Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

La resolución de revisión de grado fue comunicada a los Servicios Sociales Comunitarios con fecha 14 de junio de 2017.

Como consecuencia, se iniciaron los trámites para la elaboración del correspondiente Programa Individual de Atención (PIA) con el objeto de determinar conforme a lo establecido en el articulo 2 del Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, el reconocimiento de alguno de los servicios o prestaciones establecidos en el mismo y que resultasen más adecuados a la situación del solicitante.

Con fecha 8 de enero de 2018, tuvo entrada en el registro de ese órgano territorial propuesta de Programa Individual de Atención formulada por los Servicios Sociales Comunitarios de Linares, en la que se proponía como recurso más idóneo la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar, ya que la persona en situación de dependencia vivía en su domicilio atendida por una unidad de convivencia, siendo cuidada por su esposo.

- De conformidad con lo establecido en el articulo 12 del RD 1051/2013, de 27 de diciembre, y en el articulo 14 de la Orden de 3 de agosto de 2007, era requisito para tener derecho a esta prestación que se diesen las adecuadas condiciones de convivencia. en el sentido de que la persona cuidadora debía convivir en el mismo domicilio de la persona dependiente.

Constaba en el expediente certificado expedido por la Policía Local del Ayuntamiento de Linares con fecha 14 de diciembre de 2017, en el que no se acreditaba el cumplimiento de dicho requisito, al no haber nadie en el domicilio durante la visita de inspección realizada.

En consecuencia, con fecha 12 de enero de 2018, se requirió al Patronato de Bienestar Social de Linares, para que adjuntase certificado o informe que acreditase la convivencia entre la persona interesada y la persona propuesta como cuidador principal, momento a partir del cual podría dictarse Resolución por la que se aprobara el Programa Individual de Intervención en favor de la interesada.

En el procedimiento de referencia, si bien se había sobrepasado el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada de la solicitud sin que se hubiera dictado resolución de reconocimiento de la prestación, no procedía dictar Resolución de aprobación de Programa Individual de Atención en favor de la interesada, hasta que la documentación remitida no acreditase el cumplimiento de los requisitos necesarios para su obtención.

En escrito posterior, la Delegación Territorial completó el informe anterior y nos indicó que con fecha 6 de febrero de 2018, se remitió al departamento de Prestaciones Económicas de Dependencia expediente correspondiente a la interesada, en cuanto se consideraba procedía como modalidad de intervención más adecuada la prestación económica para cuidados en el entorno familiar prevista en el articulo 14 de la Orden de 3 de agosto de 2007,

Indicaron que una vez examinado el mismo se había comprobado que contenía todos los documentos necesarios para la resolución del PIA y se acreditaban los siguientes requisitos:

- Las condiciones de convivencia y de habitabilidad eran adecuadas para prestar los servicios.

- La atención y cuidados que recibía la interesada, derivados de la dependencia, se estaban prestando en su domicilio habitual.

- La atención y cuidados que recibía la interesada, se adecuaban a sus necesidades en función de su Grado y Nivel de dependencia.

- La persona cuidadora era mayor de 18 años, residía legalmente en España y era cónyuge o pariente por consanguinidad, afinidad o adopción hasta tercer grado de parentesco.

- No estaba vinculada a un servicio profesional. Era idóneo y ofrecía una continuidad de, al menos, tres meses, para prestar el cuidado,

- Que en base a lo anterior, el expediente se encontraba pendiente de Resolución del PlA en la modalidad de prestación económica para cuidados en el entorno familiar al haber quedado acreditado el cumplimiento de los requisitos necesarios para su otorgamiento.

En vista de lo anterior, entendiendo que el asunto por el que el interesado había acudido a la Institución se encontraba solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El compareciente exponía que en julio del año 2014 se dictó resolución por la que fue reconocida su situación de dependencia moderada.

La efectividad de dicho grado tuvo lugar, por aplicación de las previsiones de la Ley, en julio de 2015. Sin embargo, la Administración no ha dado curso aún a la elaboración del PIA, ni ha acordado recurso alguno del Sistema a su favor, siendo esta omisión contra la que se alzaba el afectado.

Solicitamos informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba y se nos comunicó que el expediente se encontraba pendiente de elaboración de la propuesta de PIA, sin que apareciera aún asignado a ninguna persona trabajadora social.

En vista de esta información, nos dirigimos a la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, desde nos indicaron que la Delegación de igualdad de la Comunidad Autónoma había tenido parado este proceso un largo periodo y que, posteriormente, eran tantos los grados I que esperaban su efectividad desde la implantación del Sistema de Dependencia (2007-08) que hasta hacía poco no había sido posible hacer el PIA del interesado.

Así pues, con fecha 5 de diciembre de 2017 cursó visita la trabajadora social para hacer el PIA, se validó con fecha 13 de diciembre de 2017 y actualmente se encontraba a la espera de que la Delegación de Igualdad de la Junta de Andalucía emitiera resolución definitiva del recurso a aplicar, que en este caso era prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

De lo anterior dimos trámite de alegaciones al interesado, el cual nos confirmó que ya ha sido visitado por la trabajadora social, asignado recurso económico, y en breve comenzaría a percibir la prestación.

En consecuencia, habiéndose resuelto favorablemente la pretensión del reclamante, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El interesado tenía reconocida su situación de dependencia severa y asignado como recurso del Sistema el de Servicio de Ayuda a Domicilio.

El motivo por el que acudía a esta Institución se concretaba en su disconformidad con la distribución semanal de las horas que correspondían a la intensidad de su grado, en la medida en que el Servicio era únicamente prestado de lunes a viernes, es decir, en días laborables, quedando desprovisto de ayuda los fines de semana. Señalaba el afectado que esta carencia de ayuda en sábados y domingos era incomprensible, puesto que sus necesidades seguían siendo las mismas cualquier día.

Estas consideraciones habían sido efectuadas de forma reiterada, sin que se le ofreciera una solución, según nos decía.

Solicitado informe al Ayuntamiento de Peal de Becerro se nos respondió que era precisa mayor intensidad horaria para posibilitar la prestación adecuada de la ayuda a domicilio y que, en consecuencia, la propuesta de PIA en este sentido había sido trasladada a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén, estando pendiente de pronunciamiento.

En consecuencia, nos dirigimos al citado organismo, desde el que nos informaron que con fecha 28 de diciembre de 2016 se aprobó el PIA del interesado reconociéndole el derecho de acceso al servicio de ayuda a domicilio de la Diputación Provincial de Jaén, con una intensidad de 30 horas semanales repartidas en 17 para atención a necesidades domésticas y 13 de atención personal para las actividades de la vida diaria determinando que el acceso a dicho servicio de la Corporación Local citada debería hacerse efectivo en un plazo máximo de un mes.

Reconocido el servicio de ayuda a domicilio como la modalidad de intervención más adecuada a su situación y establecida su intensidad, diferenciando las horas correspondientes a atención doméstica y personal, correspondía la distribución semanal de las horas reconocidas a los Servicios Sociales Comunitarios de Peal de Becerro mediante la elaboración del Informe Propuesta del Servicio de Ayuda a Domicilio consensuándolo con el dependiente y su posterior envío a la Diputación Provincial de Jaén para la gestión del Servicio a través de la empresa prestataria.

Con fecha 2 de febrero de 2018 tuvo entrada la modificación de la propuesta del PIA aumentando el servicio de ayuda a domicilio que tenía reconocido a una intensidad de 44 horas mensuales repartidas en 20 horas de atención personal y 24 de atención doméstica y se le prescribió el servicio de teleasistencia.

Una vez examinada la documentación y comprobado que cumplía los requisitos de idoneidad, se estaba tramitando la resolución, para reconocerle la nueva intensidad de horas prescritas, siguiendo el riguroso orden de incoación, tras lo cual correspondería a los Servicios Sociales Comunitarios de Peal de Becerro realizar la correspondiente distribución semanal de las horas reconocidas del servicio de ayuda a domicilio con la elaboración del pertinente Informe Propuesta del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Considerando que la pretensión del interesado había sido resuelta favorablemente, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La interesada manifestaba que desde hacía cinco años llevaban padeciendo un problema de accesibilidad a su vivienda, al tener una hija con discapacidad. Se trataba de una familia de 5 miembros, con una hija de 11 años con una discapacidad física del 95%. Expresaba que se le estaban poniendo barreras arquitectónicas al acceso de un discapacitado a su vivienda por la propia vecindad.

Vivían en un dúplex, para acceder a la vivienda debían subir 35 escalones y después asumir un pasillo de unos 20 m. hasta llegar a la puerta de su hogar. El problema no eran los 35 escalones, que asumían, ya que el edificio no poseía ascensor, sino las plantas y macetas de los vecinos a lo largo de dicho pasillo, lo que hace imposible pasar con el carrito de su hija. Ello que provocaba tener que llevarla en brazos y aun con el riesgo de que pudiera caer al patio o quedar enganchada con las macetas y producirse una herida.

Habían intentado dialogar con los vecinos para intentar que ubicasen las plantas y macetas en la terraza de 50 m. que posee la planta del edificio la cual estaba vacía, para facilitarles el paso, pero se negaban a ello. Aún más, debían sumar el malestar con dichos vecinos de los cuales habían recibido amenazas y hasta denuncias falsas para provocar su desistimiento en sus reclamaciones.

Solicitamos informe a Soderinsa Veintiuno Desarrollo y Vivienda, desde donde nos indicaron que a las dos personas adjudicatarias de las viviendas que invadían con sus macetas el espacio común referido, les había sido efectuado requerimiento para su retirada, con lo que el problema quedaba resuelto.

De dicha respuesta dimos traslado a los promotores de la queja, que remitieron un nuevo escrito en el que, a su pesar, reiteran la persistencia de los obstáculos, al menos en una de las viviendas. Por esta razón y con la intención de poder adoptar una solución definitiva, dirigimos a dicho organismo nueva petición para que nos concretara qué medidas iban a adoptarse para la remoción de las barreras indicadas.

En su respuesta nos informaron que la Entidad municipal Soderinsa Veintiuno Desarrollo y Vivienda SAU, propietaria del bloque de viviendas protegidas, nuevamente dio órdenes expresas a las dos personas adjudicatarias que estaban ocupando las zonas comunes del edificio para la retirada inmediata de las macetas que impedían el libre tránsito por el mismo. Habían retirado las macetas situadas en el suelo del pasillo, pero no las que colgaban sobra la reja de la fachada. No obstante, medido el pasillo, existía un espacio de 1,10 metros que entendían era suficiente para el paso de una silla de ruedas.

Creían que entre ambas personas adjudicatarias había un problema de comunicación, no habiendo una convivencia pacífica entre las mismas, que agravaba más el hecho denunciado.

Considerando aceptada la pretensión de la interesada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La compareciente exponía que su madre tenía reconocida su situación de dependencia y percibía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, siendo ella la cuidadora.

La dependiente, asimismo, tenía reconocido a su favor el importe correspondiente a la retroactividad de la referida PECEF desde mayo de 2012, cuyo abono se aplazó por la Administración, en cinco fraccionamientos.

No obstante, la dependiente falleció el 8 de enero de 2013, cuando aún no le había sido satisfecho ninguno de los plazos de la deuda, que ascendía a 3.335,84 euros.

Los herederos de la dependiente habían formalizado la petición de pago, acreditando su condición y restantes requisitos, no habiendo obtenido satisfacción. Instaban los interesados, por ello, el cumplimiento de la obligación administrativa sin más demora.

Solicitamos informe a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, respondiéndonos que con fecha 9 de mayo de 2012, se dictó resolución de PIA reconociendo la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, estableciendo dicha resolución que “el cálculo definitivo de la cuantía de los atrasos así como la cuantía correspondiente a abonar en cada plazo se establecerá una vez se cumpla la condición especifica que la norma establece para la persona cuidadora respecto a su situación en Seguridad Social y se procesa a la entrada en nómina”. EI cumplimiento de esa condición específica, es decir, la suscripción y presentación de un convenio especial con la Seguridad Social por parte de la persona cuidadora, era requisito imprescindible para la efectividad de dicha prestación, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 18 de la Orden de 3 de agosto de 2007, por la que se establecían la intensidad de protección de los servicios, el régimen de compatibilidad de las Prestaciones y la Gestión de las Prestaciones Económicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía.

A la espera del cumplimiento de dicho requisito, se produjo la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (en adelante RDL 20/2012). La disposición adicional séptima de dicha norma disponía que las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar reconocidas a las personas en situación de dependencia mediante resolución de PIA que, a fecha de la entrada en vigor de dicho Real Decreto-Ley no hubieran comenzado a percibirse, quedarían sujetas a un plazo suspensivo máximo de dos años a contar, desde la fecha de la resolución de reconocimiento de la prestación, o en su caso, desde el transcurso de 6 meses de la presentación de la solicitud sin haberse dictado y notificado resolución expresa de reconocimiento de la prestación.

La persona dependiente presentó la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia el 17 de enero de 2011 y su PlA se aprobó el 9 de mayo de 2012, sin llegar a hacerse efectivo por la falta del requisito de la suscripción del convenio especial por parte de la persona cuidadora, con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 20/2012, el 16 de julio de 2012. En aplicación de la disposición adicional séptima citada, la prestación económica reconocida quedó sujeta al plazo suspensivo máximo de dos años a contar desde el transcurso de 6 meses contados a partir de la presentación de su solicitud, esto es, desde el 18 de julio de 2011. Dicho plazo suspensivo máximo finalizó el 18 de julio de 2013. En el transcurso de dicho plazo suspensivo máximo, falleció la dependiente.

La comunidad hereditaria de la persona causante inició el procedimiento de prestación económica devengada y no percibida ante el servicio territorial de la Agencia en la provincia de Sevilla. Dicho servicio se encontraba gestionando este supuesto y resolvería a la mayor brevedad posible.

De la información anterior dimos traslado a la reclamante para que formulase las alegaciones que estimase conveniente, la cual nos indicó que su asunto se había resuelto favorablemente, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La compareciente explicaba que efectuó solicitud de permuta de vivienda pública por causa de violencia de género y que por razones que desconocía su petición no fue atendida. Incluso afirmaba que le indicaron que tenía asignada una vivienda, que, sin embargo, no le había sido puesta a disposición.

Solicitamos informe a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, pero antes de recibir éste, la propia interesada nos envió copia del escrito que dicha Gerencia le había remitido en febrero de 2018, por el cual se autorizaba el cambio de vivienda propuesto por la Sección de Gestión Social del Servicio de Renovación Urbana y Conservación de la Edificación, firmándose el nuevo contrato y dándose cuenta de ello al Consejo de Gobierno para su ratificación.

En vista de ello, considerando solucionado el asunto planteado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La Administración competente en materia de energía atiende la petición formulada por una asociación de consumidores relacionada con el precio de la bombona de butano.

Una asociación de consumidores exponía que en diciembre de 2016 había presentado escrito, en nombre de su asociado, dirigido a la Delegación Territorial de Economía Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz. Formulaba consulta sobre el precio de la bombona de butano cobrado por Cepsa y, en caso de valorarse un incumplimiento de ésta, solicitud de iniciación del oportuno expediente sancionador. Manifestaba la asociación que, hasta el día de presentación de la queja, no habían recibido una respuesta a su petición.

Interesados ante la Administración afectada recibimos informe indicando que han remitido a la asociación promotora de la queja escrito informativo sobre la consulta realizada. En tal escrito, la Delegación Territorial indica que no es competente en el asunto planteado, entendiendo que le corresponde a la Dirección General de Política Energética y Minas. No obstante, continúa indicando, tras reunión mantenida en noviembre de 2017 y para facilitar a la asociación promotora de la queja respuesta de Cepsa, la Delegación envió escrito de requerimiento el 28 de noviembre de 2017, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta por parte de la empresa.

Dado que la queja se admitió a trámite a los efectos de romper el silencio mantenido al escrito formulado, y considerando que dicha cuestión ha quedado solventada, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente.

Grande era la indignación y desesperación que embargaba a quienes habían tomado parte en la convocatoria de ayudas al alquiler para el año 2016, que consideraban que se estaba produciendo un excesivo retraso en la conclusión definitiva de la misma. Dado que se trataba de ayudas destinadas a permitir que determinadas personas pudieran satisfacer su derecho de acceso a una vivienda o bien, su derecho a no perderla, tal retraso desvirtuaba la intencionalidad y finalidad última que perseguía el legislador al contemplar las mismas.

Por ello, en virtud del artículo 29 de nuestra ley reguladora se formuló Resolución a la Secretaría General de Vivienda en el sentido de que se procediera a la inmediata resolución definitiva de los expedientes de ayuda al alquiler de la Convocatoria 2016 que aún se encontraban en trámite debiéndose proceder a su tramitación hasta llegar al pago y abono efectivo de las mismas, a la mayor brevedad posible y sin dilaciones indebidas. Así como que, sin más dilación, se dieran las instrucciones oportunas para que se arbitrasen las medidas necesarias encaminadas a la dotación de efectivos de personal adecuados al volumen de trabajo de tramitación de las ayudas al alquiler 2016 y el previsible aumento del mismo respecto de la convocatoria de 2017, especialmente, en aquellas Delegaciones Territoriales en las que aún no se había completado la remisión de la documentación a la Intervención Provincial para su fiscalización, arbitrando para ello, si fuera menester, un plan de choque hasta tanto se ultimase la tramitación que culminase con el pago efectivo de las ayudas que nos ocupaban a todas las personas que resultasen beneficiarias definitivas, toda vez que su fin último no era otro que garantizar el derecho a la vivienda a quienes con sus propios medios no lo podían satisfacer o mantener.

En su respuesta, la Secretaría General aludida informó lo siguiente:

Recomendación 1.- Proceder a la inmediata resolución definitiva de los expedientes.

A la fecha del informe ya se había emitido resolución definitiva y se estaban abonando las ayudas en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Huelva.

En Córdoba la propuesta de resolución y la documentación acreditativa fue enviada a Intervención para su fiscalización el 25 de agosto, una vez fiscalizada se dictó resolución el 9 de octubre, y en a actualidad se estaban ultimando los pagos.

En el caso de Almería y Granada la propuesta de resolución y la documentación acreditativa fue enviada el 12 y 21 de septiembre respectivamente. Una vez fiscalizada, se emitió resolución definitiva el día 31 de octubre en ambos casos, habiéndose iniciado los pagos efectivos recientemente.

En la provincia de Huelva, la propuesta de resolución y documentación necesaria se presentó en la correspondiente Intervención el 28 de septiembre, una vez fiscalizada se dictó resolución el pasado 1 de diciembre. Por lo que respecta a la provincia de Cádiz, dicha resolución definitiva se había dictado el 4 de diciembre.

En el caso de Málaga la propuesta de resolución y documentación necesaria había sido presentada para su fiscalización recientemente, el 8 de noviembre. En la misma situación se encontraba la provincia de Jaén.

En la provincia de Sevilla, tras la revisión de la documentación presentada por las entidades colaboradoras, en algunos casos de manera muy incompleta, y la grabación de documentos contables, se estaba a la espera de su fiscalización.

Recomendación 2.- Arbitrar las medidas necesarias para la dotación de efectivos.

Las peticiones que se habían hecho a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública desde la Secretaria General Técnica de la Consejería de Fomento y Vivienda relacionadas con los recursos humanos necesarios para la tramitación de ayudas al alquiler en las distintas Delegaciones Territoriales habían sido las siguientes:

- Para Málaga se solicitó autorización para el nombramiento de personal interino: 1 Titulado Superior (A1.1100), 2 Administrativos y 1 Auxiliar. Esta petición había sido atendida en su totalidad.

- Para la misma provincia se solicitó el abono de servicios extraordinarios (las Delegaciones Territoriales podían compensar dichos servicios en tiempo de descanso, pero se consideraba que no era la solución más adecuada en una situación de precariedad de efectivos; la autorización para abonarlas era excepcional y correspondía a la Consejería competente en materia de función pública); se consiguió dicha autorización, pero el propio escrito de respuesta venía a denegar futuras peticiones en este sentido.

- Para el resto de provincias se solicitó autorización para el nombramiento de personal interino: 1 titulado superior (Al.1100) y 2 administrativos para cada una de las 7 provincias distintas de Málaga, de los cuales se autorizaron los 7 titulados superiores; en relación con los administrativos la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública autorizó el nombramiento de dos personas para las provincias de Almería, Granada y Jaén.

Respecto a la situación de personal indicaron que no se había conseguido el nivel de estabilidad necesario para permitir una agilidad y fluidez en la tramitación de estas subvenciones. Entre las causas que lo motivaban señalaban que el personal recientemente incorporado carecía de experiencia previa en tramitación de procedimientos administrativos; la resolución del concurso de traslado el 1 de septiembre había originado numerosos cambios en las Delegaciones Territoriales, llegando en alguna de ellas a la pérdida de efectivos, a los que se unía la tramitación simultánea de las convocatorias de 2016 y 2017, motivada por necesidad de ejecutar el presupuesto correspondiente a esta anualidad antes del 30 de octubre.

Señalaban por último, que aunque para la convocatoria 2017 se habían mantenido las bases reguladoras de la convocatoria 2016, ya que la regulación estatal que permitía la financiación de las ayudas, establecía poco margen en su regulación, era previsible que para una nueva convocatoria 2018, al amparo del nuevo plan estatal de vivienda, pudieran tramitarse las ayudas sin atender al procedimiento de concurrencia competitiva que obligaba a una gestión conjunta de las solicitudes, y en consecuencia podrían dictarse resoluciones individuales al tiempo en que fueran completándose expedientes, con lo que entendían que se agilizaría el procedimiento de concesión y abono de las ayudas, justificándose no acudir a un procedimiento en concurrencia toda vez que su último fin era garantizar el derecho a la vivienda a quienes con sus propios medios no lo podían satisfacer o mantener.

De la anterior información se desprendía la aceptación de la Resolución formulada, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.