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El promotor de la queja nos relataba que está a la espera de los resultados de una resonancia en el marco de su proceso asistencial para una cirugía en la rodilla que lleva esperando, según indica, desde 2016.
Asimismo nos indica que no le han dado respuesta a sus reclamaciones.
Interesados ante la Adminstración nos dan traslado de la respuesta que le ha sido ofrecida y nos comunican que ha sido citado el pasado 15 de febrero de 2021.
El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se ha reunido hoy con la directora general de Políticas Migratorias de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, María del Mar Ahumada. El Defensor del Pueblo andaluz ha conocido el proyecto de Estrategia en materia de políticas migratorias del Gobierno autonómico.
En octubre de 2020, la Institución del Defensor del Pueblo andaluz entregó en el Parlamento de Andalucía el informe extraordinario Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia, en el que analiza el impacto de la COVID en el primer semestre de la crisis sanitaria, desde la perspectiva del Defensor como garante de los derechos de la ciudadanía.
Este informe recoge una decena de medidas para aprovechar los retos y las oportunidades que ofrece el proceso de reactivación y recuperación tras la COVID-19, actuaciones encaminadas a avanzar en la igualdad real “y que la población más vulnerable no vuelva a quedarse atrás” como consecuencia de una crisis.
Entre los 13 retos que la Institución del Defensor propone poner en práctica para salir de esta crisis sanitaria, que ha derivado en una crisis económica y social, están: el fortalecimiento del Sistema Público de Salud; la creación de un sistema integral de atención a las personas mayores; el reforzamiento de los servicios sociales como pilar fundamental del estado del bienestar; la adaptación de ejercicio del derecho a la educación a las necesidades de la sociedad digital y la creación de empleo de calidad. También la lucha contra la pobreza infantil y las situaciones de riesgo para la infancia y la adolescencia; el avance en las políticas de igualdad de género o la garantía del derecho a la vivienda, así como las medidas de sostenibilidad contra el cambio climático; el reconocimiento del acceso a los servicios de interés general y la oportunidad de la mediación como forma de resolución de conflictos.
El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha trasladado hoy a la compañía Endesa su preocupación por el grave problema social que genera en los derechos de los consumidores los continuos cortes de luz que se están produciendo en distintos barrios de Andalucía. Esta Institución ha gestionado quejas por este problema en las provincias de Granada, Jaén, Sevilla y Cádiz, recientemente.
El Defensor del Pueblo andaluz ha firmado hoy con el director general de Endesa en Andalucía y Extremadura, Rafael Sánchez Durán, un protocolo general de actuación ante el interés mutuo “en la búsqueda de soluciones que permitan mejorar la protección de las personas consumidoras y usuarias que acceden a sus servicios en el ámbito de Andalucía”. El protocolo firmado hoy con Endesa renueva un convenio de colaboración cuya adaptación ha sido necesaria debido a cambios normativos, y tiene como objeto definir el marco de colaboración y cooperación entre las partes firmantes que permita al Defensor del Pueblo Andaluz atender y gestionar cuantas quejas, reclamaciones, sugerencias, propuestas o solicitudes de información le sean dirigidas por la ciudadanía en relación con la prestación de servicios por parte de Endesa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En relación a estas actuaciones y durante la reunión mantenida tras la firma de este protocolo, el Defensor del Pueblo andaluz ha expuesto a Endesa el trabajo desarrollado por la Institución desde 2015 sobre los cortes de luz en distintos puntos de Andalucía, así como se ha interesado por los planes de Endesa para garantizar este derecho de los consumidores y usuarios, siendo conocedores de que la compañía es parte afectada por esta problemática.
Jesús Maeztu ha demandado de las distintas partes afectadas una actuación global y coordinada y, tras la comunicación a Endesa como principal suministradora, ha avanzado que se va a dirigir a la Delegación del Gobierno del Estado en Andalucía; las Consejerías competentes en materia de energía y vivienda; a la Fiscalía; a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y a los Ayuntamientos afectados. Para el Defensor del Pueblo andaluz, “se trata de un derecho básico, como es el derecho a disponer en sus hogares de un suministro eléctrico en condiciones mínimas de seguridad y calidad”.
La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, en el desempeño de su función como garante de los derechos reconocidos a la ciudadanía en la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, considera especialmente necesario salvaguardar los derechos de las personas consumidoras y usuarias en relación con el acceso a los servicios de interés general.
El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se ha reunido hoy con el recién elegido director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Jesús Jiménez López, en la que hemos reafirmado la colaboración con este organismo público ante la importancia de la transparencia en el ejercicio de las políticas públicas.
La interesada nos exponía que había solicitado el traslado de centro residencial en el mes de agosto de 2019 con fundamento en una mayor proximidad geográfica del centro al lugar de residencia del entorno familiar, sin que hasta la fecha de presentación de su queja hubiese recibido noticias al respecto. La dependiente de 83 años de edad y delicado estado de salud, manifestaba que su único hijo padecía problemas de salud mental y necesitaba estar más cerca de él.
Admitida a trámite la queja y solicitado el preceptivo informe, la Administración nos participó que el motivo por el cual no se había dictado la oportuna Resolución sobre el traslado de centro residencial de la dependiente se fundamentaba en la inexistencia de plazas disponibles y que cuando hubiese disponibilidad, se efectuaría el traslado atendiendo al artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Trasladado el contenido del informe a la interesada, mediante un nuevo escrito nos trasladaba su disconformidad, puesto que desde el centro residencial le informaron en el mes de julio sobre la existencia de plaza residencial, así como la aprobación del traslado, según nos indicaba, únicamente, quedaba por recibir en el citada residencia la Resolución de la correspondiente Delegación Territorial.
A la vista de tal información, solicitamos un nuevo informe a la mentada administración, solicitando detalles sobre la evolución de las plazas en el centro residencial solicitado por la interesada. Finalmente, la Administración nos comunica la resolución satisfactoria del asunto resolviéndose el traslado solicitado.
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