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El 10 de abril de 2024 se publica la Orden de 3 de abril de 2024, mediante la cual se efectúa convocatoria del Bono Carestía y se aprueban las bases reguladoras para su concesión. Una convocatoria que, tal y como se recoge en la misma, tiene como finalidad entre otras cuestiones, generar un impacto positivo directo sobre el poder adquisitivo de las familias y salvaguardar su dinámica económica, priorizando a los hogares de mayor vulnerabilidad.

Es por ello, que el Bono Carestía tiene como destinatarias aquellas unidades familiares con menores a cargo, empadronadas en un domicilio sito en Andalucía, con unos ingresos inferiores a tres veces el IPREM anual vigente. Se contempla una ayuda de 200 euros en un único pago, otorgada a quienes acrediten una renta inferior a 3,5 veces IMPREM e hijos/as a cargo, siendo obligatorio la solicitud telemática y priorizando las solicitudes por orden de entrada.

Se han recibido quejas de asociaciones y voces acreditadas, que discrepan de la cuantía objeto de subvención en relación a los fines perseguidos, del procedimiento elegido para la convocatoria, así como de la obligatoriedad de medios digitales en su acceso, al entender que pudiera estar afectando directamente a derechos fundamentales inherentes a las personas más vulnerables.

Traemos a colación el posicionamiento de la Comisión de Servicios Sociales, del Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz, que ante la publicación de la mencionada Orden de 3 de abril de 2024 recordaba a la Consejería competente en materia de Servicios Sociales que “con el bono de carestía, cuyo significado de carestía es “falta o escasez de algo, y por antonomasia, de los víveres”, no se dan garantías para abordar de manera integral las necesidades básicas de las personas y familias en situación de especial vulnerabilidad y riesgo de exclusión”. Y que “tampoco esta medida responde a otros objetivos de la política de servicios sociales, recogida en la misma ley, tales como “promover y garantizar el derecho universal de la ciudadanía al acceso a los servicios sociales en condiciones de igualdad”. (...). Tampoco responde a otra actuación recogida en la ley en su art.5.k) “Asignar equitativamente el uso de los recursos sociales disponibles”. Ante esto, nos cabe preguntarnos cómo se asigna equitativamente esta ayuda con un procedimiento en régimen de concurrencia no competitiva”.

Y como corporación de derecho público ponía de manifiesto no estar de acuerdo con políticas asistencialistas y de beneficencia, siendo “necesario y exigible el compromiso, protección, confirmación y, en definitiva, dar garantías desde la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, con políticas y programas más amplios que aborden las causas estructurales de la pobreza y promuevan el acceso equitativo a oportunidades y recursos para todas las personas y familias, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad”.

En idéntico sentido, se recibía en la sede de esta Institución queja de la Asociación Granada Acoge exponiendo la necesidad de no considerar a los derechos sociales como un privilegio, sino como lo son; principios, tan elementales, en los que se asienta el principio de igualdad y no discriminación consagrado constitucionalmente en el artículo 14 como piedra angular dentro del ámbito de los derechos y las libertades públicas.

De manera específica, la citada Asociación realizaba ante esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ciertas consideraciones, que apreciaba como oportunas, sobre lo que supuso la tramitación del Bono Carestía a su entidad, relatando tal cantidad de obstáculos administrativos y cibernéticos para tramitar, en tiempo y forma, esta “ayuda asistencial” (así se define en el articulado de la Orden que la regula) a personas en situación de fragilidad económica, digital y en muchos casos instalados en la precariedad vital que no podían ser pasados por alto.

A mayor ilustración, consideraban; y así nos lo hacían saber, que “la asignación de una cuantía de 200 euros de único pago, no suponen dignificación posible ante una situación de necesidad”. Respecto al sistema de concurrencia no competitiva adoptado han manifestado que, “excluye de manera injusta a quienes más lo necesitan. La priorización basada en el orden de llegada ha generado colas interminables en la plataforma digital de la Junta de Andalucía desde los primeros minutos de apertura del plazo de solicitud. Esta situación conlleva una flagrante falta de igualdad de oportunidades, dejando fuera a aquellas personas que no pueden acceder rápidamente debido a limitaciones tecnológicas o de otro tipo. Incluso, todas aquellas personas que han accedido a primera hora del plazo establecido se han encontrado con una página bloqueada y con una cola interminable”.

Una realidad que estrepitosamente choca, una vez más, con la denominada brecha digital y que pone de manifiesto Granada Acoge ante este Defensor; cuando traslada que “El mecanismo de solicitud a través de tramitación electrónica añade otra capa de discriminación, ignorando la brecha digital que afecta a muchas personas en Andalucía y limitando aún más su acceso a la ayuda. La dependencia del certificado digital como único medio de autenticación excluye a personas que, si bien cumplen con los requisitos para recibir la ayuda, carecen de acceso a esta herramienta”

En idénticos términos se pronunciaba la promotora de la queja 24/3907; trabajadora de entidades del Tercer Sector andaluz en concreto; Federación Liberación de Polígono Norte; al exponer que la tramitación a través de medios electrónicos producía que muchas personas, que cumplen requisitos, no puedan solicitarlo al carecer de los medios y/o conocimientos necesarios para su tramitación, vulnerando el principio de igualdad.

Analizados los relatos citados, tras tener en cuenta las cuestiones antes planteadas; y una vez analizado el contenido de la citada Orden de 3 de abril de 2024, esta Defensoría hubo constatado que, como había ocurrido en convocatorias de características similares, en las que el acceso telemático era requisito indispensable, asomaban nuevamente recurrentes situaciones de colapso en la página web a disposición de la ciudadanía para solicitar el Bono Carestía, con un gran impacto irreversible para solicitantes, asociaciones, y personas voluntarias, que observaban impotentes las dificultades extras a las que tenía que hacer frente, una vez mas, las personas vulnerables andaluzas.

Y si bien las calificamos como “dificultades extras”, es porque conviene recordar que la población destinataria de esta ayuda es por sí misma “frágil”, obligada a superar no sólo los problemas virtuales de acceso sino que estaba rasurada con unos requisitos que son considerados por los propios agentes sociales, no cumplidores de la finalidad establecida en la norma. Por lo tanto, otorgar una única aportación económica de 200 euros, para salvaguardar la dinámica económica de las personas más vulnerables, cómo poco se puede considerar “insuficiente”, además de obviar la denominada “brecha digital” de quienes precisamente más la necesitarían, y dejando atrás a quienes por tener menos destrezas y equipamientos no pueden ser los primeros en enviar sus solicitudes.

Es necesario también hacer mención que recientemente, el relato de la ciudadanía pivota sobre los errores en el abono de la prestación que la Administración andaluza está realizando. Al parecer según explican los afectados, se está produciendo órdenes de pago a números de cuenta erróneos, al realizarse abonos en antiguas domiciliaciones bancarias de los beneficiarios/as, y que aturdidos desconocen qué procedimiento articular para recibir el dinero de esta subvención en la dirección bancaria que ya habían facilitado en la convocatoria.

La desigualdad a la que nos hemos referido con anterioridad, impacta de forma directa en la esfera de derechos de las personas más vulnerables, considerándose como otra forma más de discriminación; en la que se potencia la “capacitación” de los/as solicitantes con más destrezas digitales, adquiridas y suficientes, para que en un golpe de click, el más ágil, puedan acceder a un cheque de 200 euros antes que el resto de personas. Dificil encaje tiene esta elección en la tramitación para la necesaria inclusión social de todas las personas vecinas de Andalucía, con un impacto severo cuando se carece de hogar, de arraigo y de “capacitación digital”.

Es necesario poner de manifiesto que este Defensor ya ha recogido en su Informe Anual 2023 de dación de cuentas al Parlamento Andaluz, que cada vez es mayor el número de personas que por razones económicas, se encuentran en riesgo de exclusión, cuando no ya en exclusión, y por lo tanto ven vulnerados sus derechos, por padecer situaciones de pobreza que les impide su propio sostenimiento. También se evidencia en el citado Informe Anual, que cada vez es más frecuente el paso de la vulnerabilidad a la exclusión, interseccionando en ello diferentes factores como son el nivel educativo, el cultural, la empleabilidad o la salud, limitando a las personas afectadas su bienestar y calidad de vida.

Consideramos indispensable atajar la vulnerabilidad a través de políticas públicas que superen el asistencialismo, poniendo el acento en la formación, la educación y el fomento de los valores democráticos. Es necesario superar el estado actual en el que nos encontramos, donde se ha cronificado la pobreza y la desesperanza. Se trata de poner los medios necesarios para que quienes se han quedado atrás alcancen la justicia social. Es para ello, el análisis de los efectos producidos por la distintas políticas públicas es más que conveniente.

Así las cosas, observando con preocupación que progresivamente se va ampliando el número de sujetos a los que desde la Administración se les obliga a relacionarse de manera electrónica para realizar trámites cotidianos, sustentado en los principios de celeridad y eficacia, en base a lo expuesto, se apertura una actuación de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, para sentar una posición dada la necesidad de poner a la persona en el centro de la actuación de la Administración; especialmente cuando se trata de la protección de quienes están en situación de vulnerabilidad en Andalucía.

Esta Defensoría lleva trabajando durante sus 40 años de constitución por la defensa de los derechos de la población andaluza, dando cuenta, en los distintos informes anuales presentados al Parlamento Andaluz, de los problemas que nos transmite la ciudadanía con respecto a las administraciones autonómicas y locales de nuestra comunidad, con especial significado, los referidos a las personas más vulnerables y, en especial, a quienes se encuentran en situaciones de severa exclusión por interseccionar distintos factores que requieren una especial atención.

Así, el informe FOESA 2022 sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía, refleja cómo se han reducido las tasas de integración social con un crecimiento de las situaciones de exclusión severa, manifestándose con más virulencia en quienes tienen problemas en tres o más dimensiones de la vida cotidiana; crece el porcentaje de personas afectadas por problemas en el ámbito del empleo, la vivienda, la salud, etc. siendo la pobreza, los gastos excesivos de vivienda y las barreras económicas a los cuidados de salud los problemas más frecuentes.

Contribuir al conocimiento de estas desigualdades es una constante en la que la Defensoría andaluza viene trabajando año tras año, analizando sus causas, recomendando y/o sugiriendo a los organismos públicos mejoras en sus procedimientos que propicien la correcta protección de los derechos de quienes se encuentran en esta situación.

Unas desigualdades que son bien conocidas por los Servicios Sociales Comunitarios de cada municipio que como recurso orientado a garantizar el derecho de todas las personas a la protección social tiene como finalidad la prevención, atención o cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar. Unos servicios, que tal y como se expone en el preámbulo de la Ley andaluza 9/2016 de 27 de diciembre están “configurados como un elemento esencial del estado de bienestar, están dirigidos a alcanzar el pleno desarrollo de los derechos de las personas en la sociedad y a promocionar la cohesión social y la solidaridad”.

Una Ley que se configura sobre la base de los avances ya conseguidos en el ámbito de los servicios sociales en Andalucía, con el objetivo de consolidarlos, fortalecerlos y mejorar su capacidad de adaptación garantizando, de esta forma, una protección integral a la ciudadanía, “situando a las personas como centro de todas las políticas sociales”. Se configura en la norma de referencia, el derecho a las prestaciones esenciales del sistema como un derecho subjetivo de ciudadanía exigible ante las Administraciones Públicas que ostentan las competencias en la gestión y provisión de las mismas con el fin de proporcionar una cobertura adecuada e integral de las necesidades personales y sociales básicas.

Unas prestaciones que “se regularán mediante el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, que aprobará el Consejo de Gobierno, que definirá cada uno de los servicios y prestaciones ofrecidas, su ámbito y alcance, las condiciones requeridas para acceder a los mismos y su disponibilidad dentro del sistema, de tal forma que todas las personas puedan conocer de manera transparente en qué medida se adaptan a sus circunstancias personales”

Somos conocedores en esta Defensoría de la importancia que tienen los Servicios Sociales Comunitarios para quienes tienen dificultades para garantizar su necesidades básicas. Hablamos de personas que carecen de ingresos suficientes para sufragar los gastos mínimos que permiten tener una vida digna, de quienes son objeto de desahucio de su vivienda habitual o de quienes carecen de él, personas que en ocasiones pertenecen a minorías étnicas o son migrantes que necesitan el apoyo de éstos recursos para alcanzar su ciudadanía.

También nos han transmitido los problemas a los que se enfrentan los distintos profesionales que conforman estos equipos, que tienen que enfrentarse cada día a la sobrecarga de trabajo como consecuencia de la deficitaria conformación de los mismos y la aprobación del Catálogo de Prestaciones, después de haber transcurrido más de 5 años desde la publicación de la Ley. Una situación que nos han hecho llegar estos profesionales a través de las distintas reuniones mantenidas en las visitas que se programan en más de las 55 comarcas que hemos visitado en este último mandato, además de en las quejas recibidas sobre el mismo problema.

Organismos supranacionales, nacionales, autonómicos y locales han aprobado una serie de medidas que tienen como objetivo principal, prevenir y erradicar la exclusión social y la vulnerabilidad que sufren las personas más vulnerables.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta Social Europea, tienen por objeto garantizar una serie de derechos básicos y fundamentales con los que debe contar cada ser humano para poder desarrollarse en libertad, igualdad de condiciones, seguridad y demás derechos necesarios para garantizar el desarrollo de una vida digna y autónoma, siendo éste el objetivo fundamental de los SSSSCC.

La Constitución Española, recoge los derechos fundamentales que corresponden a cada persona que conforma la sociedad, siendo necesario, en muchas ocasiones, la intervención de los SS.SS.CC para garantizar la salvaguarda de los mismos.

En lo que respecta a nuestra Comunidad Autónoma, como desarrollo del Estatuto de Autonomía de Andalucía la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, pueda promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en el artículo 25, pudiendo ejercer en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las materias que en el apartado 2 del mismo artículo se establecen.

La Ley 9/2016 de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía que establece que las actuaciones de los poderes públicos en materia de servicios sociales, tienen, entre otros, el objetivo esencial de garantizar la cobertura de la necesidad básica de integración social y prevenir y atender adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad de las personas, de las unidades familiares y de los grupos en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, así como promover su inclusión social.

Igualmente, en su artículo 2 hace referencia al Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, que tienen como objetivo atender “las carencias de las personas en el acceso a unos recursos que garanticen unas condiciones de vida dignas; contar con un adecuado entorno de convivencia personal, familiar y social; poder integrarse plenamente en la sociedad; alcanzar la plena autonomía personal, tanto en lo relativo a las carencias materiales como a las funcionales, y disponer de cauces para la participación social “.

En base a lo expuesto se propone una actuación de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida a los Ayuntamientos de la provincia de Jaén, con una población superior a 20.000 habitantes, así como a la Diputación Provincial en relación a los municipios más pequeños, acerca de la conformación de los servicios sociales en cada una de las ciudades, ratios asignadas, así como protocolos de actuación, sistemas de atención articulados, y mecanismos de coordinación con el resto de recursos públicos relacionados con la población destinataria.

Una actuación en consonancia con la Agenda 2030, que recoge dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible los relacionados con la eliminación de la pobreza, reduciendo todo tipo de desigualdad, y favoreciendo el acceso a los distintos derechos potenciando y promoviendo la inclusión social, económica y política de todas las personas.

Esta Defensoría lleva trabajando durante sus 40 años de constitución por la defensa de los derechos de la población andaluza, dando cuenta, en los distintos informes anuales presentados al Parlamento Andaluz, de los problemas que nos transmite la ciudadanía con respecto a las administraciones autonómicas y locales de nuestra comunidad, con especial significado, los referidos a las personas más vulnerables y, en especial, a quienes se encuentran en situaciones de severa exclusión por interseccionar distintos factores que requieren una especial atención.

Así, el informe FOESA 2022 sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía, refleja cómo se han reducido las tasas de integración social con un crecimiento de las situaciones de exclusión severa, manifestándose con más virulencia en quienes tienen problemas en tres o más dimensiones de la vida cotidiana; crece el porcentaje de personas afectadas por problemas en el ámbito del empleo, la vivienda, la salud, etc. siendo la pobreza, los gastos excesivos de vivienda y las barreras económicas a los cuidados de salud los problemas más frecuentes.

Contribuir al conocimiento de estas desigualdades es una constante en la que la Defensoría andaluza viene trabajando año tras año, analizando sus causas, recomendando y/o sugiriendo a los organismos públicos mejoras en sus procedimientos que propicien la correcta protección de los derechos de quienes se encuentran en esta situación.

Unas desigualdades que son bien conocidas por los Servicios Sociales Comunitarios de cada municipio que como recurso orientado a garantizar el derecho de todas las personas a la protección social tiene como finalidad la prevención, atención o cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar. Unos servicios, que tal y como se expone en el preámbulo de la Ley andaluza 9/2016 de 27 de diciembre están “configurados como un elemento esencial del estado de bienestar, están dirigidos a alcanzar el pleno desarrollo de los derechos de las personas en la sociedad y a promocionar la cohesión social y la solidaridad”.

Una Ley que se configura sobre la base de los avances ya conseguidos en el ámbito de los servicios sociales en Andalucía, con el objetivo de consolidarlos, fortalecerlos y mejorar su capacidad de adaptación garantizando, de esta forma, una protección integral a la ciudadanía, “situando a las personas como centro de todas las políticas sociales”. Se configura en la norma de referencia, el derecho a las prestaciones esenciales del sistema como un derecho subjetivo de ciudadanía exigible ante las Administraciones Públicas que ostentan las competencias en la gestión y provisión de las mismas con el fin de proporcionar una cobertura adecuada e integral de las necesidades personales y sociales básicas.

Unas prestaciones que “se regularán mediante el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, que aprobará el Consejo de Gobierno, que definirá cada uno de los servicios y prestaciones ofrecidas, su ámbito y alcance, las condiciones requeridas para acceder a los mismos y su disponibilidad dentro del sistema, de tal forma que todas las personas puedan conocer de manera transparente en qué medida se adaptan a sus circunstancias personales”

Somos conocedores en esta Defensoría de la importancia que tienen los Servicios Sociales Comunitarios para quienes tienen dificultades para garantizar su necesidades básicas. Hablamos de personas que carecen de ingresos suficientes para sufragar los gastos mínimos que permiten tener una vida digna, de quienes son objeto de desahucio de su vivienda habitual o de quienes carecen de él, personas que en ocasiones pertenecen a minorías étnicas o son migrantes que necesitan el apoyo de éstos recursos para alcanzar su ciudadanía.

También nos han transmitido los problemas a los que se enfrentan los distintos profesionales que conforman estos equipos, que tienen que enfrentarse cada día a la sobrecarga de trabajo como consecuencia de la deficitaria conformación de los mismos y la aprobación del Catálogo de Prestaciones, después de haber transcurrido más de 5 años desde la publicación de la Ley. Una situación que nos han hecho llegar estos profesionales a través de las distintas reuniones mantenidas en las visitas que se programan en más de las 55 comarcas que hemos visitado en este último mandato, además de en las quejas recibidas sobre el mismo problema.

Organismos supranacionales, nacionales, autonómicos y locales han aprobado una serie de medidas que tienen como objetivo principal, prevenir y erradicar la exclusión social y la vulnerabilidad que sufren las personas más vulnerables.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta Social Europea, tienen por objeto garantizar una serie de derechos básicos y fundamentales con los que debe contar cada ser humano para poder desarrollarse en libertad, igualdad de condiciones, seguridad y demás derechos necesarios para garantizar el desarrollo de una vida digna y autónoma, siendo éste el objetivo fundamental de los SSSSCC.

La Constitución Española, recoge los derechos fundamentales que corresponden a cada persona que conforma la sociedad, siendo necesario, en muchas ocasiones, la intervención de los SS.SS.CC para garantizar la salvaguarda de los mismos.

En lo que respecta a nuestra Comunidad Autónoma, como desarrollo del Estatuto de Autonomía de Andalucía la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, pueda promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en el artículo 25, pudiendo ejercer en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las materias que en el apartado 2 del mismo artículo se establecen.

La Ley 9/2016 de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía que establece que las actuaciones de los poderes públicos en materia de servicios sociales, tienen, entre otros, el objetivo esencial de garantizar la cobertura de la necesidad básica de integración social y prevenir y atender adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad de las personas, de las unidades familiares y de los grupos en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, así como promover su inclusión social.

Igualmente, en su artículo 2 hace referencia al Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, que tienen como objetivo atender “las carencias de las personas en el acceso a unos recursos que garanticen unas condiciones de vida dignas; contar con un adecuado entorno de convivencia personal, familiar y social; poder integrarse plenamente en la sociedad; alcanzar la plena autonomía personal, tanto en lo relativo a las carencias materiales como a las funcionales, y disponer de cauces para la participación social “.

En base a lo expuesto se propone una actuación de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida a los Ayuntamientos de la provincia de Granada, con una población superior a 20.000 habitantes, así como a la Diputación Provincial en relación a los municipios más pequeños, acerca de la conformación de los servicios sociales en cada una de las ciudades, ratios asignadas, así como protocolos de actuación, sistemas de atención articulados, y mecanismos de coordinación con el resto de recursos públicos relacionados con la población destinataria.

Una actuación en consonancia con la Agenda 2030, que recoge dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible los relacionados con la eliminación de la pobreza, reduciendo todo tipo de desigualdad, y favoreciendo el acceso a los distintos derechos potenciando y promoviendo la inclusión social, económica y política de todas las personas.

Esta Defensoría lleva trabajando durante sus 40 años de constitución por la defensa de los derechos de la población andaluza, dando cuenta, en los distintos informes anuales presentados al Parlamento Andaluz, de los problemas que nos transmite la ciudadanía con respecto a las administraciones autonómicas y locales de nuestra comunidad, con especial significado, los referidos a las personas más vulnerables y, en especial, a quienes se encuentran en situaciones de severa exclusión por interseccionar distintos factores que requieren una especial atención.

Así, el informe FOESA 2022 sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía, refleja cómo se han reducido las tasas de integración social con un crecimiento de las situaciones de exclusión severa, manifestándose con más virulencia en quienes tienen problemas en tres o más dimensiones de la vida cotidiana; crece el porcentaje de personas afectadas por problemas en el ámbito del empleo, la vivienda, la salud, etc. siendo la pobreza, los gastos excesivos de vivienda y las barreras económicas a los cuidados de salud los problemas más frecuentes.

Contribuir al conocimiento de estas desigualdades es una constante en la que la Defensoría andaluza viene trabajando año tras año, analizando sus causas, recomendando y/o sugiriendo a los organismos públicos mejoras en sus procedimientos que propicien la correcta protección de los derechos de quienes se encuentran en esta situación.

Unas desigualdades que son bien conocidas por los Servicios Sociales Comunitarios de cada municipio que como recurso orientado a garantizar el derecho de todas las personas a la protección social tiene como finalidad la prevención, atención o cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar. Unos servicios, que tal y como se expone en el preámbulo de la Ley andaluza 9/2016 de 27 de diciembre están “configurados como un elemento esencial del estado de bienestar, están dirigidos a alcanzar el pleno desarrollo de los derechos de las personas en la sociedad y a promocionar la cohesión social y la solidaridad”.

Una Ley que se configura sobre la base de los avances ya conseguidos en el ámbito de los servicios sociales en Andalucía, con el objetivo de consolidarlos, fortalecerlos y mejorar su capacidad de adaptación garantizando, de esta forma, una protección integral a la ciudadanía, “situando a las personas como centro de todas las políticas sociales”. Se configura en la norma de referencia, el derecho a las prestaciones esenciales del sistema como un derecho subjetivo de ciudadanía exigible ante las Administraciones Públicas que ostentan las competencias en la gestión y provisión de las mismas con el fin de proporcionar una cobertura adecuada e integral de las necesidades personales y sociales básicas.

Unas prestaciones que “se regularán mediante el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, que aprobará el Consejo de Gobierno, que definirá cada uno de los servicios y prestaciones ofrecidas, su ámbito y alcance, las condiciones requeridas para acceder a los mismos y su disponibilidad dentro del sistema, de tal forma que todas las personas puedan conocer de manera transparente en qué medida se adaptan a sus circunstancias personales”

Somos conocedores en esta Defensoría de la importancia que tienen los Servicios Sociales Comunitarios para quienes tienen dificultades para garantizar su necesidades básicas. Hablamos de personas que carecen de ingresos suficientes para sufragar los gastos mínimos que permiten tener una vida digna, de quienes son objeto de desahucio de su vivienda habitual o de quienes carecen de él, personas que en ocasiones pertenecen a minorías étnicas o son migrantes que necesitan el apoyo de éstos recursos para alcanzar su ciudadanía.

También nos han transmitido los problemas a los que se enfrentan los distintos profesionales que conforman estos equipos, que tienen que enfrentarse cada día a la sobrecarga de trabajo como consecuencia de la deficitaria conformación de los mismos y la aprobación del Catálogo de Prestaciones, después de haber transcurrido más de 5 años desde la publicación de la Ley. Una situación que nos han hecho llegar estos profesionales a través de las distintas reuniones mantenidas en las visitas que se programan en más de las 55 comarcas que hemos visitado en este último mandato, además de en las quejas recibidas sobre el mismo problema.

Organismos supranacionales, nacionales, autonómicos y locales han aprobado una serie de medidas que tienen como objetivo principal, prevenir y erradicar la exclusión social y la vulnerabilidad que sufren las personas más vulnerables.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta Social Europea, tienen por objeto garantizar una serie de derechos básicos y fundamentales con los que debe contar cada ser humano para poder desarrollarse en libertad, igualdad de condiciones, seguridad y demás derechos necesarios para garantizar el desarrollo de una vida digna y autónoma, siendo éste el objetivo fundamental de los SSSSCC.

La Constitución Española, recoge los derechos fundamentales que corresponden a cada persona que conforma la sociedad, siendo necesario, en muchas ocasiones, la intervención de los SS.SS.CC para garantizar la salvaguarda de los mismos.

En lo que respecta a nuestra Comunidad Autónoma, como desarrollo del Estatuto de Autonomía de Andalucía la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, pueda promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en el artículo 25, pudiendo ejercer en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las materias que en el apartado 2 del mismo artículo se establecen.

La Ley 9/2016 de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía que establece que las actuaciones de los poderes públicos en materia de servicios sociales, tienen, entre otros, el objetivo esencial de garantizar la cobertura de la necesidad básica de integración social y prevenir y atender adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad de las personas, de las unidades familiares y de los grupos en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, así como promover su inclusión social.

Igualmente, en su artículo 2 hace referencia al Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, que tienen como objetivo atender “las carencias de las personas en el acceso a unos recursos que garanticen unas condiciones de vida dignas; contar con un adecuado entorno de convivencia personal, familiar y social; poder integrarse plenamente en la sociedad; alcanzar la plena autonomía personal, tanto en lo relativo a las carencias materiales como a las funcionales, y disponer de cauces para la participación social “.

En base a lo expuesto se propone una actuación de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida a los Ayuntamientos de la provincia de Málaga, con una población superior a 20.000 habitantes, así como a la Diputación Provincial en relación a los municipios más pequeños, acerca de la conformación de los servicios sociales en cada una de las ciudades, ratios asignadas, así como protocolos de actuación, sistemas de atención articulados, y mecanismos de coordinación con el resto de recursos públicos relacionados con la población destinataria.

Una actuación en consonancia con la Agenda 2030, que recoge dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible los relacionados con la eliminación de la pobreza, reduciendo todo tipo de desigualdad, y favoreciendo el acceso a los distintos derechos potenciando y promoviendo la inclusión social, económica y política de todas las personas.

Esta Defensoría lleva trabajando durante sus 40 años de constitución por la defensa de los derechos de la población andaluza, dando cuenta, en los distintos informes anuales presentados al Parlamento Andaluz, de los problemas que nos transmite la ciudadanía con respecto a las administraciones autonómicas y locales de nuestra comunidad, con especial significado, los referidos a las personas más vulnerables y, en especial, a quienes se encuentran en situaciones de severa exclusión por interseccionar distintos factores que requieren una especial atención.

Así, el informe FOESA 2022 sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía, refleja cómo se han reducido las tasas de integración social con un crecimiento de las situaciones de exclusión severa, manifestándose con más virulencia en quienes tienen problemas en tres o más dimensiones de la vida cotidiana; crece el porcentaje de personas afectadas por problemas en el ámbito del empleo, la vivienda, la salud, etc. siendo la pobreza, los gastos excesivos de vivienda y las barreras económicas a los cuidados de salud los problemas más frecuentes.

Contribuir al conocimiento de estas desigualdades es una constante en la que la Defensoría andaluza viene trabajando año tras año, analizando sus causas, recomendando y/o sugiriendo a los organismos públicos mejoras en sus procedimientos que propicien la correcta protección de los derechos de quienes se encuentran en esta situación.

Unas desigualdades que son bien conocidas por los Servicios Sociales Comunitarios de cada municipio que como recurso orientado a garantizar el derecho de todas las personas a la protección social tiene como finalidad la prevención, atención o cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar. Unos servicios, que tal y como se expone en el preámbulo de la Ley andaluza 9/2016 de 27 de diciembre están “configurados como un elemento esencial del estado de bienestar, están dirigidos a alcanzar el pleno desarrollo de los derechos de las personas en la sociedad y a promocionar la cohesión social y la solidaridad”.

Una Ley que se configura sobre la base de los avances ya conseguidos en el ámbito de los servicios sociales en Andalucía, con el objetivo de consolidarlos, fortalecerlos y mejorar su capacidad de adaptación garantizando, de esta forma, una protección integral a la ciudadanía, “situando a las personas como centro de todas las políticas sociales”. Se configura en la norma de referencia, el derecho a las prestaciones esenciales del sistema como un derecho subjetivo de ciudadanía exigible ante las Administraciones Públicas que ostentan las competencias en la gestión y provisión de las mismas con el fin de proporcionar una cobertura adecuada e integral de las necesidades personales y sociales básicas.

Unas prestaciones que “se regularán mediante el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, que aprobará el Consejo de Gobierno, que definirá cada uno de los servicios y prestaciones ofrecidas, su ámbito y alcance, las condiciones requeridas para acceder a los mismos y su disponibilidad dentro del sistema, de tal forma que todas las personas puedan conocer de manera transparente en qué medida se adaptan a sus circunstancias personales”

Somos conocedores en esta Defensoría de la importancia que tienen los Servicios Sociales Comunitarios para quienes tienen dificultades para garantizar su necesidades básicas. Hablamos de personas que carecen de ingresos suficientes para sufragar los gastos mínimos que permiten tener una vida digna, de quienes son objeto de desahucio de su vivienda habitual o de quienes carecen de él, personas que en ocasiones pertenecen a minorías étnicas o son migrantes que necesitan el apoyo de éstos recursos para alcanzar su ciudadanía.

También nos han transmitido los problemas a los que se enfrentan los distintos profesionales que conforman estos equipos, que tienen que enfrentarse cada día a la sobrecarga de trabajo como consecuencia de la deficitaria conformación de los mismos y la aprobación del Catálogo de Prestaciones, después de haber transcurrido más de 5 años desde la publicación de la Ley. Una situación que nos han hecho llegar estos profesionales a través de las distintas reuniones mantenidas en las visitas que se programan en más de las 55 comarcas que hemos visitado en este último mandato, además de en las quejas recibidas sobre el mismo problema.

Organismos supranacionales, nacionales, autonómicos y locales han aprobado una serie de medidas que tienen como objetivo principal, prevenir y erradicar la exclusión social y la vulnerabilidad que sufren las personas más vulnerables.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta Social Europea, tienen por objeto garantizar una serie de derechos básicos y fundamentales con los que debe contar cada ser humano para poder desarrollarse en libertad, igualdad de condiciones, seguridad y demás derechos necesarios para garantizar el desarrollo de una vida digna y autónoma, siendo éste el objetivo fundamental de los SSSSCC.

La Constitución Española, recoge los derechos fundamentales que corresponden a cada persona que conforma la sociedad, siendo necesario, en muchas ocasiones, la intervención de los SS.SS.CC para garantizar la salvaguarda de los mismos.

En lo que respecta a nuestra Comunidad Autónoma, como desarrollo del Estatuto de Autonomía de Andalucía la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, pueda promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en el artículo 25, pudiendo ejercer en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las materias que en el apartado 2 del mismo artículo se establecen.

La Ley 9/2016 de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía que establece que las actuaciones de los poderes públicos en materia de servicios sociales, tienen, entre otros, el objetivo esencial de garantizar la cobertura de la necesidad básica de integración social y prevenir y atender adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad de las personas, de las unidades familiares y de los grupos en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, así como promover su inclusión social.

Igualmente, en su artículo 2 hace referencia al Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, que tienen como objetivo atender “las carencias de las personas en el acceso a unos recursos que garanticen unas condiciones de vida dignas; contar con un adecuado entorno de convivencia personal, familiar y social; poder integrarse plenamente en la sociedad; alcanzar la plena autonomía personal, tanto en lo relativo a las carencias materiales como a las funcionales, y disponer de cauces para la participación social “.

En base a lo expuesto se propone una actuación de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida a los Ayuntamientos de la provincia de Huelva con una población superior a 20.000 habitantes, así como a la Diputación Provincial en relación a los municipios más pequeños, acerca de la conformación de los servicios sociales en cada una de las ciudades, ratios asignadas, así como protocolos de actuación, sistemas de atención articulados, y mecanismos de coordinación con el resto de recursos públicos relacionados con la población destinataria.

Una actuación en consonancia con la Agenda 2030, que recoge dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible los relacionados con la eliminación de la pobreza, reduciendo todo tipo de desigualdad, y favoreciendo el acceso a los distintos derechos potenciando y promoviendo la inclusión social, económica y política de todas las personas.

En el último informe anual elevado al Parlamento Andaluz se ha puesto de manifiesto que el sinhogarismo es un problema sin resolver y un reto para la sociedad andaluz, pese a ser este fenómeno la máxima expresión de la vulnerabilidad social. Así lo evidencia la Encuesta sobre las Personas Sin Hogar, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la que se aportan datos sobre el número de personas usuarias de centros asistenciales de alojamiento y/o restauración en el año 2022.

Observamos como aún siendo los hombres los que representan el mayor número de personas en esta situación, en los últimos años crece el número de mujeres. Además, si tenemos en cuenta que según esta encuesta, el 40,5% llevan más de tres años sin alojamiento, se pone de manifiesto la cronificación de esta realidad.

En la I Estrategia de Atención a personas sin hogar en Andalucía se recoge que, según el Instituto Nacional de Estadística, al menos 5.539 personas se encontraban en nuestra Comunidad Autónoma en situación de sinhogarismo en 2022, si bien, esta encuesta solo tenía en cuenta a las personas que se encontraban en centros de atención al sinhogarismo, dejando fuera del cómputo a aquellas que pernoctaban en la calle.

Son varios los motivos que la ocasionan, el desahucio de la vivienda o la incapacidad para pagar el alquiler, la pérdida de trabajo, separaciones de parejas, violencia de las mujeres y/o los hijos, salida de la prisión sin recurso residencial, el abandono de los centros de menores o la situación que viven muchas personas migrantes que ven frustrada su expectativa de mejora en nuestro país.

Por lo tanto, podemos decir que el sinhogarismo es una problemática multicausal que se ha visto incrementada por las crisis económicas y sociales que han afectado a España y a Europa desde 2008. Una realidad que hemos conocido a través de quejas presentadas por personas afectadas así como por entidades del tercer sector y por la ciudadanía.

En relación a la ciudad de Sevilla, en los últimos meses esta Defensoría ha recibido quejas interpuestas, principalmente, por personas que residen en el Barrio de la Macarena así como por quienes se encuentran en situación de sinhogarismo en el citado municipio.

En las quejas provenientes de los vecinos de la Macarena, nos trasladan que en su distrito se encuentran los siguientes centros de acogida, tanto de pernocta como diurnos: el Centro de Acogida Municipal (CAM) con 185 plazas siendo 165 de pernocta; el Centro de Noche de Alta Tolerancia de 40 plazas; el Centro de Noche de Baja Exigencia con 2 plazas; el Centro de Orientación e Intervención Social (COIS) indicando que, en el mismo se atiende a todo tipo de personas, llegando a formarse colas diarias de entre 60 y 80 ciudadanos/as, quedándose aquellos/as que no pueden ser atendidos/as en las inmediaciones del distrito; Centro de Noche de Puertas Abiertas (CNPA) con 40 plazas, 20 de acogida y 20 externas; Centro Miguel de Maraña con 41 plazas; y, por último la Asistencia de Orden de Malta.

Igualmente refieren que el CAM y el CNPA, en las campañas de invierno y verano aumentan su volumen, ofreciéndose 40 plazas más. Además, destacan que también se encuentran distribuidos por la zona Comedores Sociales y Centros de Atención Religiosa.

Todo ello da lugar a que, más de 400 personas que se encuentran en situación de calle deambulen por el barrio, provocando que muchas de ellas no encuentran plaza para poder pernoctar o pasar el día en los Centros y se vean obligadas a hacer un mal uso de los espacios públicos.

Lo expuesto pone de manifiesto la insuficiencia de plazas que existe en relación al volumen de personas sin hogar que residen en la capital, destacando, además, que el 80% de los recursos destinados a las mismas se encuentran en el citado distrito, lo que, de un lado, dificulta la integración de estas personas en la sociedad, fomentando la creación de ghettos y, de otro, requiere una mayor intervención de los distintos servicios municipales para garantizar la coexistencia de quienes los utilizan como recurso habitual con quienes residen en el barrio. De lo contrario se provoca el encasillamiento de estas personas bajo un prisma negativo y, por ende, a la aporofobia, racismo y discursos de odio.

Del mismo modo, nos indican en las quejas recibidas que le han trasladado estas cuestiones en innumerables ocasiones al Ayuntamiento, con el objetivo de que se implementen acciones encaminadas a evitar los efectos negativo antes expuestos, sin que, según comentan, se haya realizado nada al respecto.

De otro lado, esta Institución también ha recibido quejas por parte de personas que se encuentran en situación de calle en relación al estado de algunos recursos que el Ayuntamiento ha puesto a su disposición, concretamente el CAM. Así, indican que dentro del mismo se producen robos de las pertenencias de compañeros sin que se tomen medidas al respecto.

También manifiestan que, en ocasiones, personal del centro procede a la retirada definitiva de bienes de algunos de ellos indicando que los mismos habían sido cogidos de contenedores de basura, habiendo manifestado los titulares de los mismos que dicha información era errónea.

Igualmente, nos comentan que las condiciones de salubridad e higiene no son las más óptimas, recalcando que, en ocasiones, hay plagas de insectos y de chinches, versión que, por su parte, también se ha visto corroborada por sus familiares, que nos han indicado que, en ocasiones, sus allegados se han contagiado de sarna.

Por su parte, familiares de personas que acuden a algunos de estos recursos, específicamente el CAM, nos trasladan la inadecuación que existe en cuanto al horario del uso del mismo, dado que, de 16:00 a 20:00 horas de la tarde, los que hacen uso de éste son expulsados del mismo, incluso en pleno verano, sin estar sometidos a control alguno, siendo, algunos de ellos, drogodependientes.

Del mismo modo, esta Defensoría, a través de medios de comunicación, ha tenido conocimiento de determinadas decisiones que ha adoptado el Ayuntamiento de Sevilla en relación a la mejora del sinhogarismo. Concretamente se ha puesto de manifiesto que en 2023 las personas sin hogar del municipio tenían un seguimiento diario por parte de la unidad de calle, que estaba conformada por un equipo de 10 personas dentro de la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión (UMIES), en las que, seis de ellas hacían rutas diarias por toda Sevilla y las otras cuatro se encargaban de la mediación con los vecinos.

Si bien, se indicaba que, para el año 2024, el gobierno local ampliaría la atención de calle con otros tres o cuatro equipos nuevos, admitiría a usuarios con mascota en el albergue y dotaría de tutelaje a las personas que se encontraban en pisos de acogida.

Del mismo modo, se transmitía que, para el año 2025, se abrirían dos nuevos centros de 20 plazas cada uno para atender a las personas sin hogar, indicando que una plantilla de 25 profesionales en cada centro daría atención personalizada a cada usuario, que tendría habitación individual con cocina.

De otro lado, atendiendo a los hechos expuesto y a que, como se ha puesto de manifiesto, las personas sin hogar son la expresión más extrema de la vulnerabilidad social, conviene destacar la protección que la legislación ha creado sobre las mismas.

A nivel internacional destacar el pronunciamiento de la Organización Internacional de los Trabajadores (Convenio n.º 177 de 1962), que fue ratificado por España en 1973 y que establece que la vivienda debe ser uno de los factores a tener en cuenta al fijar el nivel mínimo de vida.

A nivel europeo, debe mencionarse la Declaración de Lisboa sobre la Plataforma Europea para combatir el sinhogarismo, que fue firmada por España, cuyo objetivo a conseguir en 2030 es que nadie duerma a la intemperie ni en alojamientos transitorios más tiempo del necesario, que nadie salga de un centro sin una oferta de alojamiento adecuada, que se eviten los desahucios siempre que sea posible y que nadie sea desahuciado sin recibir asistencia para encontrar una solución de alojamiento adecuada, así como que nadie sea discriminado por encontrarse en situación de sinhogarismo.

Igualmente, destacar la Resolución del Parlamento Europeo de 24 de noviembre de 2020, que solicita a los Estados Miembros, en relación al sinhogarismo, que adopten el principio de “Hosing First” (la vivienda, primero) y trabajar en la prevención y la intervención temprana, asignando un papel más proactivo a los servicios de seguridad social regionales y locales para ayudar a dichas personas a reintegrarse en la sociedad.

También la Resolución del Parlamento Europeo de 21 de enero de 2021 sobre el acceso a la vivienda digna y asequible para todos, que destaca la lucha contra el problema de las personas en situación de sinhogarismo y la exclusión que sufren en materia de vivienda.

Por su parte, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce en su artículo 34 el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda y la Carta Social Europea (revisada), recientemente ratificada por España, recoge el compromiso “de prevenir y paliar la carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación”.

A nivel nacional, la Constitución Española recoge una serie de Derechos Fundamentales que, en el caso del sinhogarismo son totalmente vulnerados: dignidad de la persona (artículo 10), derecho a la vida y a la integridad física y moral (artículo 15), derecho a la seguridad (artículo 17), derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18), participación en los asuntos públicos (artículo 23) y deber y el derecho al trabajo (artículo 35). Además, el artículo 47 recogido dentro de los principios rectores de la política social y económica, recoge el derecho de “todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, debiendo promover los poderes públicos las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacerlo efectivo”.

En Andalucía, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, recoge en su artículo 37.1.7 que uno de los principios rectores de las políticas públicas es “la atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social”.

En cuanto a las competencias, el Estatuto recoge que, será la Comunidad Autónoma de Andalucía la que tiene competencia exclusiva en materia de vivienda (artículo 56), en materia de servicios sociales (artículo 61), competencias ejecutivas en materia de empleo y relaciones laborales (artículo 63) y, por último, la competencia compartida en materia de sanidad interior (artículo 55).

Por último, debe mencionarse la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, donde los artículo 9, 10 y 11 recogen los derechos que la ciudadanía, las personas usuarias de servicios sociales y, concretamente, las usuarias de centros residenciales y centros de día tienen en relación a los Servicios Sociales, pudiendo destacar: el acceso universal a los servicios sociales en condiciones de igualdad, equidad, dignidad y privacidad; promoción de la autonomía personal; recibir una atención directa adecuada a sus necesidades; recibir prestaciones y servicios de calidad; al ejercicio de la libertad individual para el ingreso, la permanencia y la salida del establecimiento; a recibir información de una manera comprensible e individualizada sobre el reglamento interno del centro, a conocer los derechos y deberes que les incumben, etc.

Igualmente, el artículo 28 recoge las funciones de los Servicios Sociales Comunitarios, pudiendo destacar: la identificación e intervención en situación de exclusión social y desprotección de personas en situación de vulnerabilidad social (28.4ª), la coordinación con los servicios sanitarios de atención primaria y especializada para el diseño de paquetes de servicios integrados (28.12ª), la coordinación con los servicios de empleo para lograr la inserción social y laboral contribuyendo a la búsqueda de oportunidades de inserción (28.14ª) y, la coordinación con los servicios públicos de vivienda mediante el establecimiento de actuaciones conjuntas para el acceso a la vivienda y, especialmente, frente a la pérdida de la misma (28.15ª).

Entre las iniciativas que se han aprobado para revertir esta realidad reseñamos la Estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo en España 2023-2030. Una estrategia en la que se refuerza la colaboración necesaria entre todos los actores claves para conseguir abordar las situaciones de exclusión residencial y erradicar el sinhogarismo de calle en España en el año 2030 como la principal meta que se persigue.

Entre las propuestas de intervención de la Estrategia se encuentran el Acuerdo Marco para dar solución al sinhogarismo en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Un Acuerdo que facilitará la coordinación y la coherencia de las políticas de sinhogarismo a nivel nacional y autonómico y la elaboración de planes municipales de prevención y abordaje del sinhogarismo. Se pretende abandonar el enfoque asistencialista, incidir en la vivienda como elemento vertebrador y transformador, apostando por medidas preventivas a través de ejes, objetivos y medidas.

Por lo que respecta a la Junta de Andalucía, se aprueba la I Estrategia de Atención a Personas sin Hogar en Andalucía 2023-2026 con la finalidad de “reducir el número de personas en situación de sinhogarismo en Andalucía a través de un nuevo sistema de atención y prevención. Para el logro de esta finalidad se han establecido siete objetivos estratégicos y se proponen 20 programas en los que se agrupan 100 medidas de actuación que surgen para hacer frente a los principales retos sociales en la atención a las personas sin hogar”

Mediante Orden de 7 de julio de 2023 se publicó la convocatoria de ayudas destinadas a Entidades Locales andaluzas para la adquisición de inmuebles, construcción, reforma o equipamiento de nuevos recursos públicos de carácter comunitario para la atención residencial a personas sin hogar con la finalidad de fomentar la autonomía y la desinstitucionalización, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) –financiado por la Unión Europea-Next GenerationEU.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla hace alusión en su página web a la Red Municipal de Ayuda a Personas Sin Hogar en la que se pone de manifiesto que se hace uso del Hosuing First, a través de una red de 20 viviendas tuteladas y gestionadas por el Ayuntamiento de Sevilla.

Igualmente, se indica que existen otros programas gestionados por entidades sociales como Asaenes-Faisem que gestiona un centro de día para personas sin hogar con trastorno mental grave; Solidarios para el Desarrollo que gestiona un centro de día, especialmente durante la campaña de calor; Antaris o Atenea Fundación que gestionan centros de día para personas sin hogar con adicciones y dispositivos de campaña de frío; o Cáritas Diocesanas que gestiona un centro residencial.

Del mismo modo, trasladan que, en la actualidad, existen 391 plazas para personas sin hogar que aumentan a 450 en las campañas de frío y calor, indicando que dichas plazas se corresponden con el número de personas sin hogar detectadas en el conteo que el Ayuntamiento de Sevilla realizó en coordinación con entidades sociales en el año 2016.

De otro lado, comunican que, a mitades de noviembre, el Ayuntamiento celebra cada año la Semana de las Personas Sin Hogar, cuyo objetivo es visibilizar a este colectivo y sensibilizar a la población sobre su situación.

Por último, destacar la existencia de una Mesa Estratégica de Personas en Situación de Exclusión y Sin Hogar, siendo ésta un organismo de participación integrada por 25 entidades y colectivos cuyo objetivo es asesorar y ayudar al Ayuntamiento en materia de sinhogarismo y facilitar la coordinación de todos los recursos públicos y privados para estas personas.

Por todo lo descrito con anterioridad y, teniendo en cuenta el papel fundamental de las Entidades Locales como prestadoras de los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de las personas sin hogar que residen en su municipio, así como las quejas recibidas en la que manifiestan que este colectivo se encuentra en una situación de desamparo al no ponerse a su disposición los medios y recursos suficientes para poder erradicar su situación, es interés de esta Defensoría conocer las actuaciones que se han implementado desde el Ayuntamiento de Sevilla para salvaguardar los derechos de los mismos, y favorecer la integración en la sociedad a la que pertenecen.

Por ello, en base a lo expuesto, se apertura una actuación de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante el Ayuntamiento de Sevilla a fin de conocer la verdadera situación en la que se encuentra este sector poblacional, así como las actuaciones que se han implementado por los distintos servicios públicos.

Esta Defensoría lleva trabajando durante sus 40 años de constitución por la defensa de los derechos de la población andaluza, dando cuenta, en los distintos informes anuales presentados al Parlamento Andaluz, de los problemas que nos transmite la ciudadanía con respecto a las administraciones autonómicas y locales de nuestra comunidad, con especial significado, los referidos a las personas más vulnerables y, en especial, a quienes se encuentran en situaciones de severa exclusión por interseccionar distintos factores que requieren una especial atención.

Así, el informe FOESA 2022 sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía, refleja cómo se han reducido las tasas de integración social con un crecimiento de las situaciones de exclusión severa, manifestándose con más virulencia en quienes tienen problemas en tres o más dimensiones de la vida cotidiana; crece el porcentaje de personas afectadas por problemas en el ámbito del empleo, la vivienda, la salud, etc. siendo la pobreza, los gastos excesivos de vivienda y las barreras económicas a los cuidados de salud los problemas más frecuentes.

Contribuir al conocimiento de estas desigualdades es una constante en la que la Defensoría andaluza viene trabajando año tras año, analizando sus causas, recomendando y/o sugiriendo a los organismos públicos mejoras en sus procedimientos que propicien la correcta protección de los derechos de quienes se encuentran en esta situación.

Unas desigualdades que son bien conocidas por los Servicios Sociales Comunitarios de cada municipio que como recurso orientado a garantizar el derecho de todas las personas a la protección social tiene como finalidad la prevención, atención o cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar. Unos servicios, que tal y como se expone en el preámbulo de la Ley andaluza 9/2016 de 27 de diciembre están “configurados como un elemento esencial del estado de bienestar, están dirigidos a alcanzar el pleno desarrollo de los derechos de las personas en la sociedad y a promocionar la cohesión social y la solidaridad”.

Una Ley que se configura sobre la base de los avances ya conseguidos en el ámbito de los servicios sociales en Andalucía, con el objetivo de consolidarlos, fortalecerlos y mejorar su capacidad de adaptación garantizando, de esta forma, una protección integral a la ciudadanía, “situando a las personas como centro de todas las políticas sociales”. Se configura en la norma de referencia, el derecho a las prestaciones esenciales del sistema como un derecho subjetivo de ciudadanía exigible ante las Administraciones Públicas que ostentan las competencias en la gestión y provisión de las mismas con el fin de proporcionar una cobertura adecuada e integral de las necesidades personales y sociales básicas.

Unas prestaciones que “se regularán mediante el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, que aprobará el Consejo de Gobierno, que definirá cada uno de los servicios y prestaciones ofrecidas, su ámbito y alcance, las condiciones requeridas para acceder a los mismos y su disponibilidad dentro del sistema, de tal forma que todas las personas puedan conocer de manera transparente en qué medida se adaptan a sus circunstancias personales”

Somos conocedores en esta Defensoría de la importancia que tienen los Servicios Sociales Comunitarios para quienes tienen dificultades para garantizar su necesidades básicas. Hablamos de personas que carecen de ingresos suficientes para sufragar los gastos mínimos que permiten tener una vida digna, de quienes son objeto de desahucio de su vivienda habitual o de quienes carecen de él, personas que en ocasiones pertenecen a minorías étnicas o son migrantes que necesitan el apoyo de éstos recursos para alcanzar su ciudadanía.

También nos han transmitido los problemas a los que se enfrentan los distintos profesionales que conforman estos equipos, que tienen que enfrentarse cada día a la sobrecarga de trabajo como consecuencia de la deficitaria conformación de los mismos y la aprobación del Catálogo de Prestaciones, después de haber transcurrido más de 5 años desde la publicación de la Ley. Una situación que nos han hecho llegar estos profesionales a través de las distintas reuniones mantenidas en las visitas que se programan en más de las 55 comarcas que hemos visitado en este último mandato, además de en las quejas recibidas sobre el mismo problema.

Organismos supranacionales, nacionales, autonómicos y locales han aprobado una serie de medidas que tienen como objetivo principal, prevenir y erradicar la exclusión social y la vulnerabilidad que sufren las personas más vulnerables.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta Social Europea, tienen por objeto garantizar una serie de derechos básicos y fundamentales con los que debe contar cada ser humano para poder desarrollarse en libertad, igualdad de condiciones, seguridad y demás derechos necesarios para garantizar el desarrollo de una vida digna y autónoma, siendo éste el objetivo fundamental de los SSSSCC.

La Constitución Española, recoge los derechos fundamentales que corresponden a cada persona que conforma la sociedad, siendo necesario, en muchas ocasiones, la intervención de los SS.SS.CC para garantizar la salvaguarda de los mismos.

En lo que respecta a nuestra Comunidad Autónoma, como desarrollo del Estatuto de Autonomía de Andalucía la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, pueda promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en el artículo 25, pudiendo ejercer en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las materias que en el apartado 2 del mismo artículo se establecen.

La Ley 9/2016 de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía que establece que las actuaciones de los poderes públicos en materia de servicios sociales, tienen, entre otros, el objetivo esencial de garantizar la cobertura de la necesidad básica de integración social y prevenir y atender adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad de las personas, de las unidades familiares y de los grupos en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, así como promover su inclusión social.

Igualmente, en su artículo 2 hace referencia al Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, que tienen como objetivo atender “las carencias de las personas en el acceso a unos recursos que garanticen unas condiciones de vida dignas; contar con un adecuado entorno de convivencia personal, familiar y social; poder integrarse plenamente en la sociedad; alcanzar la plena autonomía personal, tanto en lo relativo a las carencias materiales como a las funcionales, y disponer de cauces para la participación social “.

En base a lo expuesto se propone una actuación de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida a los Ayuntamientos de la provincia de Córdoba con una población superior a 20.000 habitantes, así como a la Diputación Provincial en relación a los municipios más pequeños, acerca de la conformación de los servicios sociales en cada una de las ciudades, ratios asignadas, así como protocolos de actuación, sistemas de atención articulados, y mecanismos de coordinación con el resto de recursos públicos relacionados con la población destinataria.

Una actuación en consonancia con la Agenda 2030, que recoge dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible los relacionados con la eliminación de la pobreza, reduciendo todo tipo de desigualdad, y favoreciendo el acceso a los distintos derechos potenciando y promoviendo la inclusión social, económica y política de todas las personas.