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Esta Defensoría lleva trabajando durante sus 40 años de constitución por la defensa de los derechos de la población andaluza, dando cuenta, en los distintos informes anuales presentados al Parlamento Andaluz, de los problemas que nos transmite la ciudadanía con respecto a las administraciones autonómicas y locales de nuestra comunidad, con especial significado, los referidos a las personas más vulnerables y, en especial, a quienes se encuentran en situaciones de severa exclusión por interseccionar distintos factores que requieren una especial atención.

Así, el informe FOESA 2022 sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía, refleja cómo se han reducido las tasas de integración social con un crecimiento de las situaciones de exclusión severa, manifestándose con más virulencia en quienes tienen problemas en tres o más dimensiones de la vida cotidiana; crece el porcentaje de personas afectadas por problemas en el ámbito del empleo, la vivienda, la salud, etc. siendo la pobreza, los gastos excesivos de vivienda y las barreras económicas a los cuidados de salud los problemas más frecuentes.

Contribuir al conocimiento de estas desigualdades es una constante en la que la Defensoría andaluza viene trabajando año tras año, analizando sus causas, recomendando y/o sugiriendo a los organismos públicos mejoras en sus procedimientos que propicien la correcta protección de los derechos de quienes se encuentran en esta situación.

Unas desigualdades que son bien conocidas por los Servicios Sociales Comunitarios de cada municipio que como recurso orientado a garantizar el derecho de todas las personas a la protección social tiene como finalidad la prevención, atención o cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar. Unos servicios, que tal y como se expone en el preámbulo de la Ley andaluza 9/2016 de 27 de diciembre están “configurados como un elemento esencial del estado de bienestar, están dirigidos a alcanzar el pleno desarrollo de los derechos de las personas en la sociedad y a promocionar la cohesión social y la solidaridad”.

Una Ley que se configura sobre la base de los avances ya conseguidos en el ámbito de los servicios sociales en Andalucía, con el objetivo de consolidarlos, fortalecerlos y mejorar su capacidad de adaptación garantizando, de esta forma, una protección integral a la ciudadanía, “situando a las personas como centro de todas las políticas sociales”. Se configura en la norma de referencia, el derecho a las prestaciones esenciales del sistema como un derecho subjetivo de ciudadanía exigible ante las Administraciones Públicas que ostentan las competencias en la gestión y provisión de las mismas con el fin de proporcionar una cobertura adecuada e integral de las necesidades personales y sociales básicas.

Unas prestaciones que “se regularán mediante el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, que aprobará el Consejo de Gobierno, que definirá cada uno de los servicios y prestaciones ofrecidas, su ámbito y alcance, las condiciones requeridas para acceder a los mismos y su disponibilidad dentro del sistema, de tal forma que todas las personas puedan conocer de manera transparente en qué medida se adaptan a sus circunstancias personales”

Somos conocedores en esta Defensoría de la importancia que tienen los Servicios Sociales Comunitarios para quienes tienen dificultades para garantizar su necesidades básicas. Hablamos de personas que carecen de ingresos suficientes para sufragar los gastos mínimos que permiten tener una vida digna, de quienes son objeto de desahucio de su vivienda habitual o de quienes carecen de él, personas que en ocasiones pertenecen a minorías étnicas o son migrantes que necesitan el apoyo de éstos recursos para alcanzar su ciudadanía.

También nos han transmitido los problemas a los que se enfrentan los distintos profesionales que conforman estos equipos, que tienen que enfrentarse cada día a la sobrecarga de trabajo como consecuencia de la deficitaria conformación de los mismos y la aprobación del Catálogo de Prestaciones, después de haber transcurrido más de 5 años desde la publicación de la Ley. Una situación que nos han hecho llegar estos profesionales a través de las distintas reuniones mantenidas en las visitas que se programan en más de las 55 comarcas que hemos visitado en este último mandato, además de en las quejas recibidas sobre el mismo problema.

Organismos supranacionales, nacionales, autonómicos y locales han aprobado una serie de medidas que tienen como objetivo principal, prevenir y erradicar la exclusión social y la vulnerabilidad que sufren las personas más vulnerables.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta Social Europea, tienen por objeto garantizar una serie de derechos básicos y fundamentales con los que debe contar cada ser humano para poder desarrollarse en libertad, igualdad de condiciones, seguridad y demás derechos necesarios para garantizar el desarrollo de una vida digna y autónoma, siendo éste el objetivo fundamental de los SSSSCC.

La Constitución Española, recoge los derechos fundamentales que corresponden a cada persona que conforma la sociedad, siendo necesario, en muchas ocasiones, la intervención de los SS.SS.CC para garantizar la salvaguarda de los mismos.

En lo que respecta a nuestra Comunidad Autónoma, como desarrollo del Estatuto de Autonomía de Andalucía la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, pueda promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en el artículo 25, pudiendo ejercer en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las materias que en el apartado 2 del mismo artículo se establecen.

La Ley 9/2016 de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía que establece que las actuaciones de los poderes públicos en materia de servicios sociales, tienen, entre otros, el objetivo esencial de garantizar la cobertura de la necesidad básica de integración social y prevenir y atender adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad de las personas, de las unidades familiares y de los grupos en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, así como promover su inclusión social.

Igualmente, en su artículo 2 hace referencia al Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, que tienen como objetivo atender “las carencias de las personas en el acceso a unos recursos que garanticen unas condiciones de vida dignas; contar con un adecuado entorno de convivencia personal, familiar y social; poder integrarse plenamente en la sociedad; alcanzar la plena autonomía personal, tanto en lo relativo a las carencias materiales como a las funcionales, y disponer de cauces para la participación social “.

En base a lo expuesto se propone una actuación de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida a los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla, con una población superior a 20.000 habitantes, así como a la Diputación Provincial, en relación a los municipios más pequeños, acerca de la conformación de los servicios sociales en cada una de las ciudades, ratios asignadas, así como protocolos de actuación, sistemas de atención articulados, y mecanismos de coordinación con el resto de recursos públicos relacionados con la población destinataria.

Una actuación en consonancia con la Agenda 2030, que recoge dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible los relacionados con la eliminación de la pobreza, reduciendo todo tipo de desigualdad, y favoreciendo el acceso a los distintos derechos potenciando y promoviendo la inclusión social, económica y política de todas las personas.

Hemos tenido conocimiento de los incendios que se han producido en los asentamientos chabolistas de Lucena del Puerto en el último mes, con el resultado de un fallecimiento en el sofocado el 24 de este mes de enero.

Unos sucesos que han puesto de manifiesto el riesgo al que se enfrentan cientos de personas que, dadas las características de las chabolas que habitan, son susceptibles de situaciones como las sucedidas, que lamentamos profundamente.

Distintas asociaciones del tercer sector, representantes de partidos políticos y medios de comunicación, han dado la voz de alarma ante los continuos incendios que se vienen produciendo año tras año. Esta Defensoría se hace eco de ello, especialmente cuando se produce una muerte, como es lo sucedido en este último.

Al parecer, el incendio del 24 de enero en el poblado Santa Catalina junto al embalse, fue consecuencia de la mala combustión de una hoguera que la persona fallecida habría fabricado para poder calentarse dentro de la propia chabola, encontrando los dispositivos trasladados, como el 112, o los bomberos, el cadáver de su morador. Una persona que informan es de Ghana y que, desconocemos a la fecha de esta petición de informe, si residía de manera permanente en este asentamientos o se había trasladado para trabajar como temporero. Tampoco tenemos noticias del alcance producido a otras chabolas del poblado.

Por su parte en el incendio acontecido el pasado 28 de diciembre, hace menos de un mes, sin lamentar fallecimientos, ardieron más de 120 chabolas en el asentamiento denominado El Sevillano o El bosque 2. Todo ello según ha trascendido a través de los medios de comunicación. Una magnitud a la que al parecer han contribuido las bombonas de butano que se encontraban en las chabolas para cocinar o incluso para calentarse.

En este caso, se evidenciaba que el incendio hubiera dejado sin techo a cientos de personas, no habiendo ofrecido ninguna solución habitacional por parte de las Administraciones, abandonándolas a su suerte y con la sola ayuda de entidades que aportan servicios básicos de primera necesidad.

Una situación que se agrava cuando afecta a mujeres solas, que según se traslada desde los medios de comunicación, vinieron con el contingente traído de origen para las campañas y que como consecuencia del engaño de las mafias no han retornado, quedando en situación de irregularidad y por lo tanto en un grave desamparo.

Denuncia “Adelante Andalucía” que la administración no tiene articulada ninguna respuesta para dar solución a estas situaciones, remitiendo al Plan de Erradicación del Chabolismo, que tras años de trabajo no consigue tener sus frutos, especialmente en ese término municipal.

Hemos de tener en cuenta que hablamos de personas que llegan para trabajar en el campo y que prácticamente todas ellas tiene tajo en las distintas campañas agrícolas, no encontrando otras soluciones habitacionales que no sean las chabolas disponibles en los distintos poblados.

Como conoce, esta Institución viene trabajando durante años con su Ayuntamiento, y resto de administraciones con competencia en la erradicación de estos asentamientos, para profundizar sobre las actuaciones que se vienen llevando a cabo para facilitar a quienes residen de forma continuada en estos poblados el acceso a unos recursos residenciales acordes a sus necesidades socioeconómicas.

Un Plan de Trabajo, que en coordinación con el Defensor del Pueblo de España, viene recabando información sobre los avances y dificultades que impiden implementar las medidas más adecuadas para esta finalidad.

En concreto, en el contexto de la queja de oficio 24/4639, se solicitaba a su Ayuntamiento esta información. Ante el retraso para facilitarla, el pasado mes de diciembre se desplazó un equipo técnico a su municipio para mantener una reunión con usted, en la que se le trasladaba la importancia en el informe solicitado, dado que era necesario poner de manifiesto los desafíos a que se enfrenta esa corporación y la capacidad de gestión que tiene para llegar a buen fin.

Tras la visita antes mencionada, recientemente se ha recibido informe donde nos trasladan datos referidos al censo que se está realizando, con número de personas residentes en los 19 asentamientos, y características generales de las mismas, desconociendo la fecha de referencia de esa información y si el mismo está completo.

También incluyen los escasos y discontinuos recursos humanos de los que disponen y los equipamientos que se han ejecutado, así como los que han solicitado, al amparo de las líneas de financiación de la Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía.

Se ha informado de las dificultades que tienen para acometer estas actuaciones, y que las mismas las han puesto en conocimiento del resto de administraciones con competencia en esta realidad, deduciendo que se refiere a la Diputación Provincial y Junta de Andalucía.

En concreto y en relación a los sucesos antes mencionados, en su informe nos trasladan las características de los asentamientos donde se han producido estos incendios, Santa Isabel, El Bosque y entendemos que también El Sevillano.

Así, en el Asentamiento de Santa Isabel residen de manera permanente 13 personas, casi todas ellas de larga duración. Desconocemos la permanencia de la persona fallecida y si en su caso, si la misma estaba empadronada en su municipio.

Por su parte, consta en el mismo informe, que en el poblado El Bosque, lugar donde al parecer se produjo el incendio que ha calcinó unas 120 chabolas en el mes de diciembre, residían a la fecha del censo 101 personas, de las cuales 17 eran mujeres, con un número considerable de personas que se desplazan a este asentamientos para las temporadas.

Por lo que respecta al asentamiento denominado El Sevillano nos trasladan que hay unas 120 chabolas, también dedicadas en gran parte a alojamiento de temporeros agrícolas. Llama la atención el gran número de mujeres que dicen residir en las chabolas de estos dos asentamientos, al parecer vinculados entre sí, que entendemos también trabajan de temporeras.

Centrándonos en estos últimos acontecimientos, y teniendo en cuenta la importancia de la implementación de medidas que den respuesta a situaciones de emergencia, como son los incendios, ya en años anteriores se tramitaron quejas relacionadas con este tipo de actuaciones, donde intervienen varias administraciones y se pone de relevancia el papel de los alcaldes, máxima autoridad de protección civil.

También hemos de poner de manifiesto, por ser relevante para esta petición de informe, que según nos trasladaba, el municipio dispone de una solución residencial ejecutada y equipada, que es la Residencia de Temporeros, ubicada en carretera Lucena-Bonares, con 36 plazas disponibles, que fue financiada a través de la línea 2 de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinada a infraestructuras y equipamientos para el año 2021.

Y que la misma no está en funcionamiento dado que no encuentran ninguna entidad del tercer sector que se quiera hacerse cargo de su gestión. Desconocemos igualmente si han considerado una gestión directa desde el propio Ayuntamientos, con apoyos económicos de otras administraciones o han elevado esta cuestión, tanto a las administraciones con capacidad de apoyo financiero y de gestión, como es la Diputación Provincial o la propia Dirección General de Políticas Migratorias de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

Igualmente nos han trasladado, que en la actualidad se encuentran redactando el Plan Local de Erradicación de Asentamientos, que permitirá seguir financiando las actuaciones que contribuyan a la eliminación de estos asentamientos mediante opciones adecuadas a las necesidades de las personas residentes, no habiendo informado a esta Defensoría, si lo están redactando con recursos propios o con apoyo de Diputación Provincial u otra administración.

Y por último reseñar también del contenido de su informe que, si bien no disponen de una Plan Municipal de Vivienda y Suelo, no hay en el municipio viviendas disponibles para que las personas trabajadoras del campo, tanto estables como temporeras puedan alquilar a quienes se trabajan en las explotaciones agrícolas cercanas a Lucena del Puerto.

Una vez puesto de manifiesto lo anterior y desconociendo el número de personas desalojadas como consecuencia de estos incendios, así como las respuestas inmediatas dadas desde su Ayuntamientos, así como del resto de administraciones, consideramos relevante que nos traslade una serie de datos que nos permita valorar la idoneidad de la respuesta aportada a quienes se han visto afectados por estos incendios.

Una información que estimamos conoce al ser el alcalde del municipio de referencia, y que analizaremos teniendo en cuenta las circunstancias que nos ha trasladado que dificultan especialmente el abordaje de la eliminación de los asentamientos en su término municipal.

Una realidad, que no impide que como Alcalde y máxima autoridad en situaciones de emergencia, coordine aquellas intervenciones necesarias para que tras sofocar los incendios de referencia se ponga a las personas afectadas en el centro de atención de las actuaciones, analizando su situación y proponiendo e implementando medidas adecuadas a mejorar su situación, determinando el alcance de las mismas.

Hemos de tener en cuenta que la coordinación entre las administraciones es uno de los principios inspiradores de una buena administración, además de ser uno de los Objetivos de la Agenda 2030, en concreto del ODS 17 que pretende fortalecer alianzas que intercambien y movilicen conocimientos y capacidad financiera para conseguir otros objetivos relacionados como acabar con la pobreza y la desigualdad (ODS 1), caminando hacia un crecimiento económico, sostenido, inclusivo y sostenible, a través de un trabajo decente a través de políticas públicas justas y responsables.

Por ello, en virtud del artículo 10 de Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, con la finalidad de documentar y conocer las actuaciones que se han coordinado e implementado desde el Ayuntamiento de Lucena del Puerto en relación a lo acontecido, tanto el pasado 28 de diciembre como el 24 de enero, se procede a abrir queja de oficio.

Así, ante la grave situación de las personas que residen en los asentamientos y especialmente las dificultades encontradas para dar una respuesta ante sucesos como los incendios que periódicamente arrasan chabolas, e incluso vidas, como ésta última, y, a fin de darle el trámite ordinario, de acuerdo con lo establecido en el art. 18.1 de nuestra Ley reguladora, se solicita información al Ayuntamiento de Lucena del Puerto, en relación a las actuaciones que las distintas administraciones han implementado en relación al incendio ocurrido el 28 de diciembre de 2024, así como a el triste l fallecimiento del 24 de enero.

Una información que será analizada en esta Defensoría y compartida con el Defensor del Pueblo de España, en aras a la coordinación establecida entra ambas Defensorías.

Sobre la premisa de que una persona en prisión es ante todo un paciente, esta Defensoría del Pueblo Andaluz presentó en 2015 ante el Parlamento Andaluz el informe especial titulado “Las Unidades de Custodia Hospitalaria”, un informe que fue presentado en el Parlamento de Andalucía en sesión de 2 de junio de 2016 y que, tal y como se trasladaba, formaba parte de una reflexión más sobre los problemas que tiene la población reclusa a la hora de demandar su derecho constitucional a la protección de la salud, y que a la fecha de esta actuación de oficio sigue sin resolverse.

Traemos a colación lo dicho en aquella sesión del Parlamento que ilustra la importancia de la asistencia sanitaria para la población privada de libertad: “Hablamos de personas que están privadas de su libertad por decisión de las autoridades judiciales y que quedan sometidas a estas medidas en los términos que la ley determina. Una ley que impone su reclusión, pero que también señala las condiciones y garantías que van a regir su estancia en prisión,(…)”.

“Una ley que no restringe ni limita a la persona presa su derecho a procurar un estado de salud y a recibir la asistencia necesaria cuando enferme, en los términos equiparables a la población en general”.

Ya se exponía en aquellas sesión los efectos que tenía sobre las personas recluidas en prisión el modelo de asistencia sanitaria, que al prestarse por dos administraciones, central y autonómica, se podía catalogar de “complicado y mejorable”. No habiéndose transferido desde entonces la sanidad penitenciaria a la Comunidad Autónoma, la atención primaria se sigue prestando en los establecimientos penitenciarios y la atención especializada se realiza a cargo del Sistema Nacional de Salud.

Por tanto, la atención de estas personas en los centros hospitalarios requiere de una especial cobertura, dado que al mismo tiempo que se le dispensa la mejor atención médica posible es necesario dotar de medidas de seguridad estas estancias, tal y como se puso de manifiesto en el Informe Especial antes mencionado.

Las resoluciones, recomendaciones y cuanto se exponía en el mismo se habían elaborado con el fin último de aportar mejoras a la atención de estas personas a través de mecanismos de coordinación entre las administraciones intervinientes. Dado el ámbito competencial de esta Defensoría, se concluyó con un total de 6 recomendaciones y 2 sugerencias entre las que se encontraban: la necesidad de inventariar las UCH; promover mecanismos periódicos de coordinación con los Centros Penitenciarios para atender las necesidades específicas que se detecten entre los respectivos servicios asistenciales; favorecer la disponibilidad de la plataforma DIRAYA por los servicios penitenciarios; potenciar la presencia de especialistas en los Centros Penitenciarios como modelo preferente de asistencia, según la normativa en vigor y para todas aquellas disciplinas que permitan una mayor facilitad.

Entre las sugerencias se requería a la Consejería que, en coordinación con los servicios penitenciarios sanitarios, “se identifiquen susceptibles de pontenciar las prestaciones de asistencia primaria en el seno de los propios Centros Penitenciarios, mediante la formación del personal o la actualización del aparataje disponible, a fin de avanzar en el máximo aprovechamiento de la organización ambulatoria de los Centros y minorar la demanda asistencial hacia el hospital”.

Desde que se presentara nuestro informe, desde esta Defensoría del Pueblo Andaluz hemos continuado prestando atención a las personas privadas de libertad a través de las quejas enviadas desde las prisiones. Nos han transmitido la pérdida de consultas médicas e intervenciones quirúrgicas ocasionadas por falta de coordinación entre el centro penitenciario y el hospital de referencia como es el caso de la queja 22/6374 o bien por las dificultades existentes para organizar los traslados desde la Policía Nacional, que a modo de ejemplo se ilustraba en la queja 23/6701.

Una cuestión que se complica aún más cuando el hospital de referencia se encuentra fuera del término municipal del establecimiento penitenciario, dado que intervienen también la Guardia Civil desde el centro hasta el hospital donde la persona trasladada es entregada a la Policía Nacional, encargada de la custodia en el centro hospitalario, hasta su regreso a la prisión en el que igualmente se vuelve a requerir la conducción por parte de la Guardia Civil.

La especial coordinación necesaria en estos casos fue puesta en conocimiento en la reunión mantenida en diciembre de 2023 con representantes de la Asociación Unificada de Guardia Civiles, asociación profesional que nos trasladó un documento en el que se formulaban una serie de propuestas encaminadas a garantizar los derechos de las personas internas en los centros penitenciarios y mejorar los servicios de protección y seguridad de la Guardia Civil.

En dicho encuentro nos facilitaron un completo dossier en el que reflejaban las consultas o asistencias médicas canceladas entre 2016 y 2021 por carecer de agentes que se encargaran de la custodias de las personas internas, un total de 14.682. Situación que, a juicio de los redactores del informe, pudiera haberse evitado con la modificación y actualización del protocolo para la conducción y custodia de internos en centros penitenciarios por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Respecto a las carencias detectadas informaron de la falta de espacios habilitados en los que los internos e internas puedan esperar a ser atendidos ya que, exponen en su informe, que la mayoría de centros hospitalarios de Andalucía carecen de dependencias adecuadas para la custodia de las personas privadas de libertad mientras que esperan para ser atendidas, situación que puede prolongarse durante horas al no existir protocolos que articulen la asistencia a estos pacientes. Unas esperas en espacios comunes custodiados por agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que vulnera la privacidad de la población reclusa y conculca, lo dispuesto en el art. 18 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

No podemos sin embargo abordar esta problemática sin hacer referencia a la reciente actuación de oficio 24/296 en la que se ponía de manifiesto la necesidad de materializar la transferencia de la sanidad penitenciaria, así como que se implementen en las prisiones andaluzas y demás establecimientos penitenciarios de nuestra comunidad autónoma el DIRAYA para facilitar una única historia clínica a quienes se encuentren cumpliendo condenas en el territorio andaluz y se reinserten en nuestros pueblos y ciudades, tras el cumplimiento de las penas impuestas.

Por lo que respecta a la atención sanitaria especializada de las personas privadas de libertad, también hemos conocido en las reuniones mantenidas con responsables de los establecimientos penitenciarios, diferencias en función de la provincia en la que se esté cumpliendo condena. Así, además de las derivaciones a los hospitales de referencia, existen centros penitenciarios en Andalucía que tienen acuerdos no formales y espacios de colaboración con los profesionales del SAS que permiten agilizar las citas de derivación, en otros en los que incluso son los facultativos los que se desplazan a los centros penitenciarios para atender a esta población.

Mientras que la transferencia de la sanidad penitenciaria no se haga realidad, tal y como antes se ha expuesto, nos encontramos en ese doble escenario de atención sanitaria que requiere de la concurrencia de las Fuerzas de Seguridad (Policía Nacional y Guardia Civil) para garantizar los traslados a los hospitales de referencia, además de la vigilancia en los propios establecimientos. Siendo por ello necesaria una mayor coordinación para que no se pierdan citas y no haya dilaciones en las mismas, dado que perjudican siempre a las personas enfermas.

Tras lo expuesto, dada la relevancia que tiene la adecuación de las instalaciones hospitalarias para facilitar la atención a las personas privadas de libertad, así como los protocolos de coordinación entre la administración penitenciaria y la sanitaria de la comunidad, al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, aperturamos queja de oficio dirigida al Sistema Andaluz de Salud (SAS), y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) para que nos informen sobre la gestión de las Unidades de Custodia Hospitalaria y las actuaciones de coordinación entre ambas administraciones en relación a la gestión de las citas hospitalarias.

Unas actuaciones que se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 favoreciendo la reducción de las desigualdades (ODS 10) a través de alianzas entre los agentes intervinientes, públicos o privados (ODS 17), aportando coherencia a las políticas orientadas al fin último de nuestro sistema penal, la inserción social de quienes se encuentran privadas de libertad.

Las personas privadas de libertad arrastran durante su estancia en prisión, distintos factores que condicionan la preparación para su reinserción en la sociedad, una vez cumplidas sus condenas. Especial mención merece en este contexto las situaciones de discapacidad ya sea sensorial, física, psíquica o intelectual en los contextos penitenciarios y es que, según los datos facilitados por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y recogidos por el Observatorio Estatal de la Discapacidad, en 2018 se encontraban cumpliendo pena privativa de libertad 4.997 personas con discapacidad.

La atención a la discapacidad por parte de la Administración se regula en la propia Constitución cuando en su art. 49 se establece que “los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”.

Nuestro sistema penal y penitenciario gira en torno a la reeducación y la reinserción social (art. 25 CE) siendo que para dar cumplimiento a este mandato constitucional, la Ley Orgánica 1/1979 de 26 de septiembre, General Penitenciaria en su artículo primero establece que “las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados. Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda para internos y liberados”.

Respecto al tratamiento necesario para la consecución de esta reinserción éste cuerpo legislativo en sus artículos cincuenta y nueve y siguientes establece que el tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados. El artículo sesenta recoge que los servicios encargados del tratamiento se esforzarán por conocer y tratar todas las peculiaridades de personalidad y ambiente del penado que puedan ser un obstáculo para las finalidades indicadas en el artículo anterior, estableciéndose en el 62 una serie de principios inspiradores a tener en cuenta.

En el diseño de los programas de intervención con personas privadas de libertad que pudieran presentar algún tipo de discapacidad la Secretaría General de Instituciones Penitenciarios recoge en los Documentos Penitenciarios 5 tres grandes fases: Detección, Evaluación e Intervención.

Así, en aquellos casos en los que la persona que accede a un establecimiento penitenciario no tenga reconocimiento previo de discapacidad, este programa de intervención se iniciaría con la Detección. Ésta puede tener lugar en el momento del ingreso o durante el cumplimiento de la condena. En esta etapa de detección cada profesional de los Equipos Técnicos tiene una función, así si ésta tiene lugar en el momento del ingreso el médico en el examen que realiza reseñará las situaciones de discapacidad física en aquellos casos en los que ésta sea evidente o pondrá en conocimiento del Subdirector de Tratamiento de aquellos ingresos en los que detecten que pudiera estar entrando en prisión una persona con discapacidad intelectual o enfermedad mental grave. En esta fase el trabajador social recogerá también en la hoja de ingreso si se percibe prestación económica por discapacidad, así como todas aquellas cuestiones que pudieran ser de relevancia para la atención y diseño del programa de intervención de la persona que ingresa en prisión.

Sin embargo las situaciones de discapacidad pueden no haberse detectado en el momento de ingreso y que en el desarrollo del programa de intervención se evidencie que el interno o interna precisa de intervención para el abordaje de su discapacidad. En este diseño de medidas intervienen igualmente todas las profesionales, pudiendo éstas ser jurídicas, terapéuticas o de carácter asistencial.

Respecto a estas últimas, la Instrucción 2/2018 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aprobaba el Manual de Procedimiento de Trabajo Social en Instituciones Penitenciarias en el que se establece la gestión de documentación del trabajador social. Destacamos aquella relacionada con la discapacidad:

“Recabar información sobre la situación de Discapacidad y Dependencia de cada uno de los internos/as, realizando los trámites necesarios de solicitud de dichos grados en el caso de que no se faciliten por parte del propio interno/a o la familia del mismo.

Respecto a la discapacidad; “recabar del interno/a autorización de solicitud para obtener de la administración pertinente el dictamen del Grado de Discapacidad. Si no presta su consentimiento, solicitar la firman de la negativa de su gestión.

Realizar los trámites oportunos en el caso de no poseer dicho dictamen, procediendo conforme a la normativa de Protección de Datos”.

Hemos de tener en cuenta la importancia del reconocimiento de discapacidad, dado que éste puede dar acceso a una Pensión No Contributiva (PNC) , siempre que se alcance el grado previsto en la normativa. En tanto que la tramitación tanto de las valoraciones de grado como de la solicitud de la PNC son competencia de la Administración Autonómica deben establecerse cauces de colaboración entre los establecimientos penitenciarios y las Delegaciones Territoriales de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad competentes en esta materia.

Esta colaboración ha sido objeto de desarrollo en el Manual de Procedimiento y en los Documentos Penitenciarios en los que se recoge como Recomendación final que “Instituciones Penitenciarias deberá promover una estrecha colaboración entre la Administración Central y las Administraciones Autonómicas competentes y las asociaciones especializadas implicadas para garantizar una adecuada atención a las personas con discapacidad y la continuidad de la misma tras la puesta en libertad”.

En cuanto al reconocimiento de discapacidad, esta Defensoría ha tenido constancia de las dilaciones existentes en los Centros de Valoración y Orientación (CVO) de las distintas provincias, afectando también estos retrasos a quienes se encuentran en las prisiones andaluzas y han solicitado el reconocimiento de la discapacidad o la revisión del grado y agravándose ésta situación cuando las personas internas son trasladadas a otro centro penitenciario situado en una provincia distinta al Centro de Valoraciones que resuelve su expedientes e incluso a una comunidad distintas de la andaluza.

Son situaciones que ponen de manifiesto la importancia de la coordinación con la Administración Autonómica, pieza clave para evitar que la tramitación de estos expedientes no se dilate por cuestiones ajenas a las personas afectadas, como son los mencionados traslados acordados por Instituciones Penitenciarias.

Es por ello que la figura del/la trabajador/a social es primordial, dado que al coexistir dos historias clínicas, la del SAS y la de Instituciones Penitenciarias, se tendrá que remover los obstáculos y solicitar la autorización de la personas interna, para aportar a los centros de valoración la documentación médica que acredite la situación de discapacidad o el agravamiento, informes que se encuentran alojados en ambos sistemas de salud y a los que la persona interna no tiene acceso.

Dado que estas situaciones fueron analizadas en las reuniones que hemos mantenido en diversos centros penitenciarios en las que se constató la importancia de la atención a las personas con discapacidad en prisión se considera necesario aperturar actuación de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, solicitando la colaboración de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad para que nos informe acerca de los protocolos y espacios de coordinación entre ambas administraciones que faciliten la tramitación de los expedientes de reconocimiento o revisión de la discapacidad.

Unas actuaciones que se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 favoreciendo la reducción de las desigualdades (ODS 10) a través de alianzas entre los agentes intervinientes, públicos o privados (ODS 17), aportando coherencia a las políticas orientadas al fin último de nuestro sistema penal, la inserción social de quienes se encuentran privadas de libertad.

Según las estadísticas publicadas por el Consejo General Judicial, en diciembre de 2023 se encontraban privadas de libertad en nuestra región 12.551 personas, siendo por tanto la Comunidad Autónoma que tiene la mayor población reclusa en nuestro país. Cuenta Andalucía con catorce centros penitenciarios, siete centros de inserción social (CIS) y un Hospital Psiquiátrico.

Un importante porcentaje de esta población pertenece a colectivos vulnerables, con un escaso nivel formativo, de contextos económicamente excluidos, sin soluciones habitacionales dignas y con un precario estado de salud, factores que inciden en la especial atención que se presta a estas personas desde esta Defensoría del Pueblo Andaluz.

Una realidad avalada por el estudio elaborado por la Red de Atención a las Adicciones (UNAD), Situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas. Una visión con perspectiva de género en el que se recoge que “En las prisiones españolas, tanto si hablamos de hombres como de mujeres, están sobrerrepresentadas la pobreza, las carencias educativas, los contextos sociofamiliares de desventaja, la violencia sufrida a lo largo de su vida, especialmente en las mujeres, los problemas de salud mental y las drogodependencias”.

Los problemas de adicción están presentes en el ámbito penitenciario, tanto por la incidencia que el consumo de sustancias tóxicas tiene en la situación de los internos e internas en prisión como porque los tipos delictivos por los que cumplen condenas están relacionados con sus adicciones. Según el informe arriba mencionado, “Los delitos por los que están cumpliendo pena de prisión las personas privadas de libertad con problemas de adicciones a las drogas y/o al juego patológico son, principalmente, delitos contra el patrimonio (siendo en un 47% el primer delito por el que están cumpliendo condena), tanto hombres como mujeres. El segundo delito por el que cumplen la condena, así como el tercero, también es mayoritariamente el delito contra el patrimonio.

La siguiente tipología delictiva por la que están en prisión las personas con problemas de adicciones es el delito contra la salud pública, tanto para quienes mencionan tener un solo delito como para quienes mencionan tener un segundo delito y un tercero”.

Estas cifras evidencian la relevancia del abordaje integral de la drogadicción y sus consecuencias en prisión, ya que de otro modo no será posible la reinserción real de la población reclusa. La intervención para la deshabituación del consumo de tóxicos en prisión, así como la atención a la reparación de los daños por situaciones de adicciones, serán las que permitan a las personas afectadas incorporarse de nuevo a la sociedad con las herramientas y acompañamiento necesarios para alcanzar su plena inclusión y dar con ello cumplimiento al mandato del artículo 25.2 de la Constitución Española que prevé que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”.

En el mismo sentido se recoge en el art. 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria que establece que “Las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados. Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda para internos y liberados”.

Preocupados por esta misión encomendada, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en la Circular 3/2011 ya señalaba que la drogodependencia es uno de los factores desestabilizadores más importantes entre las personas por la gravedad de las complicaciones físicas, psíquicas y sociales asociadas como son las sobredosis, las infecciones por VIH, hepatitis (…), problemas importantes de salud mental, trastornos de la personalidad y problemas de socialización y de relación considerables, educativos, laborales, familiares de convivencia, marginalidad, prostitución, tráfico de drogas y otros delitos.

En esta misma Circular, se abordan los programas con drogodependientes, desde la perspectiva de la prevención, la asistencia y la reincorporación social, estableciéndose que para el desarrollo de los mismos se contará con la participación tanto de las distintas áreas penitenciarias, así como con las instituciones dependientes de la Administración Central, Autonómica y Local, así como de las organizaciones no gubernamentales.

Una colaboración que se puso de manifiesto en el contexto de la queja 21/953, en la que el promotor de la misma, interno en el centro penitenciario de Huelva, nos trasladaba que tras muchos años en el módulo terapéutico educativo y estar muy orgulloso de los avances que se habían realizado en las personas, se quejaba de que “todo el esfuerzo que conlleva sacar adelante este módulo no sirve de nada si no tenemos un apoyo por parte de las instituciones del exterior y más concretamente la del CPD de Huelva, que no se el motivo, pero no vienen desde hace mucho tiempo y cuando se pregunta cuándo vendrán la respuesta es la misma, no se sabe”

En este expediente de queja, la Delegación de Salud y Familia nos informaba sobre la competencia de Instituciones Penitenciarias en materia de adiciones, regulada en la Circular 17/2005 de 15 de diciembre de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que establece que la intervención sanitaria con personas drogodependientes en los centros penitenciarios “será realizada por el Equipo Sanitario del centro penitenciario, con la colaboración de la atención especializada y hospitalaria cuando los caos lo precisen. …” Y continuaba exponiendo que “La colaboración extrapenitenciaria podrá variar desde un mero apoyo a las acciones del Equipo Técnico-GAD hasta el desarrollo amplio de un programa de intervención.”

Es de interés transcribir las aportaciones que se hacían en el citado expediente de queja, desde la Delegación Provincial de Salud de la Junta de Andalucía en Huelva, dado que se describe la larga trayectoria de colaboración entre el Estado y la Comunidad Autónoma:

“Dentro de estas colaboraciones extrapenitenciarias se enmarca la actuación de Ia Junta de Andalucía en las instituciones penitenciarias. La relación existente entre la Junta de Andalucía y el Ministerio del Interior en materia de adicciones se inició en 1989 tras la suscripción de un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Interior, el Plan Nacional de Drogas y la Junta de Andalucía. Posteriormente el 14 de Julio de 2005 se suscribió un acuerdo sectorial en materia de drogodependencias entre la Consejería para la igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y el Ministerio del interior, cuyo objetivo general era la realización de una intervención de apoyo en materia de drogodependencias de forma coordinada en los centros penitenciarios andaluces, complementando el trabajo de los Grupos de Atención al Drogodependiente (GAD), a través del los Equipos de Apoyo a Instituciones Penitenciarias (EAIP).

A su vez, las Consejerías de la Junta de Andalucía competentes en materia de adicciones en las diferentes legislaturas han venido conveniando con las Diputaciones Provinciales para la creación y funcionamiento en cada provincia de los llamados Equipos de Apoyo a Instituciones Penitenciarias (EAIP). De esta manera se ha dotado de EAIP a Ia mayor parte de las prisiones ubicadas en Ia Comunidad Autonoma Andaluza.

Los EAIP realizan una importante labor en el tratamiento de las personas internas en prisión, ejerciendo de nexo entre los recursos de la Red Pública de Atención a las Adicciones (RPAA) y la institución penitenciaria. Esta función cobra especial relevancia en los momentos de derivación de los internos a Comunidades Terapéuticas de la RPAA y en la etapa de excarcelación, promoviendo Ia continuidad del tratamiento de estas personas. También proporcionan apoyo psicosocial a las personas en tratamiento con metadona, en tanto que Ia prescripción y dispensación de este fármaco, así como el seguimiento de las pautas de dosificación corresponde a los equipos sanitarios, tal como se ha señalado en este informe.

Actualmente, la valoración de un nuevo convenio entre la Junta de Andalucía y el Ministerio del Interior permitiría el análisis pormenorizado de las necesidades de apoyo en los centros penitenciarios de Andalucía y el estudio del posible redimensionamiento y redistribución de las EMP, principalmente como elemento de enlace con la Red Pública de Atención a las Adicciones y en especial en el momento de Ia salida de prisión que ha sido señalado como situación de especial riesgo para las personas con problemas de adicciones por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanias”.

Constatada la idoneidad de la firma de un nuevo Convenio que de cobertura a esta colaboración, se nos informó que esta competencia está residenciada por parte de la Junta de Andalucía en la persona titular de la Consejería de Salud y Familia, siendo la Dirección General de cuidados Sociosanitarios de la Consejería a la que le corresponde entre otras funciones, el desarrollo y coordinación de las políticas activas en materia de prevención, asistencia, tratamiento y reinserción de las personas en situación de drogodopendencia y adicciones y en particular las autorizaciones administrativas, acreditación y conciertos de los centros de atención a personas con problemas de drododependencia y adiciones.

Ya en 2022, nos informaron desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que se estaba trabajando para formalizar un Convenio con la Junta de Andalucía y que el proceso se interrumpió, estando a la espera de que se vuelva a retomar.

Estos trabajos de colaboración dieron como resultado la Resolución de 7 de septiembre de 2023 de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, por la que se publica el Convenio con el Ministerio del Interior, cuyo objeto es establecer la forma de colaboración entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), y la Consejería de Salud y Consumo, en materia de tratamiento y seguimiento de las personas con adicciones, dependientes de la Administración Penitenciaria, que se encuentren en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la formación y asesoramiento al personal de Instituciones Penitenciarias en materia de adicciones y prácticas de riesgo relacionados.

En este convenio, la SGIP se obliga a poner a disposición de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, la infraestructura y equipamientos físicos necesarios para el desarrollo de las actuaciones objeto del presente convenio, el personal necesario para la coordinación, seguimiento y correcto funcionamiento de las actuaciones previstas en el mismo; así como la de consensuar con la citada Consejería, a través de los Centros Provinciales de Drogodependencia y Adicciones, las actividades asistenciales preventivas y de inserción social que vayan a desarrollarse en el marco del presente convenio incluyendo las realizadas por las organizaciones extrapenitencirias.

Por su parte, la Consejería de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones, garantiza la coordinación de los profesionales de los Centros Provinciales de Drogodepencias y Adicciones con los profesionales encargados de la atención a las personas con adicciones dependientes en la Administración Penitenciaria para asegurar la continuidad asistencial tanto en el momento de ingreso en prisión como a la salida, bien por permisos o libertad; facilitar apoyo técnico y la formación necesaria a los profesionales de los establecimientos penitenciarios sobre los programas de intervención, además de incluir a éstos en el Sistema de Información del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones (SIPASDA) proporcionándoles la formación necesaria para su utilización.

Con posterioridad, la Resolución de 27 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Sanidad, tiene como objeto publicar el Convenio entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de drogodependencias y con cargo al fondo de bienes decomisados.

Las obligaciones de las partes, se concretan en el desarrollo de una serie de programas a implementar en la Comunidad Autónoma de conformidad con los objetivos establecidos por la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 y a Nivel Autonómico en el III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones 2016-2021, prorrogado este último por un periodo de seis años.

Como se pone de manifiesto en el contenido del los convenios suscritos, las Diputaciones Provinciales adquieren un papel de vital importancia en la atención de la drogadicción en las provincias andaluzas a través de los Centro Provinciales de Drogodependencia (CPD) especializados en la atención integral a los problemas derivados de las drogas y adicciones sin sustancia. Entre sus funciones destacamos la atención a la demanda como centro especializado, dar información a la ciudadanía acerca del problema de la drogodependencia y las adicciones, la colaboración con las instituciones socio-sanitarias para la rehabilitación y reinserción de las personas afectadas y el asesoramiento a las entidades privadas y los organismos públicos.

Por tanto, esta administración local, es una pieza clave en el abordaje de la drogadicción, tal y como se recoge en la Ley 4/1997 de 9 de julio de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas, que les permite ejercer sus competencia en esta materia, tanto propias como delegadas, de acuerdo con los criterios y directrices del Plan Andaluz sobre Drogas.

En las reuniones que se han mantenido desde esta Defensoría con los responsables de los Centros Penitenciarios, Equipos Técnicos y Entidades del Tercer Sector de varias provincias andaluzas, hemos constatado la disparidad existente entre centros penitenciarios, en cuanto a la colaboración de las tres administraciones, estatal, autonómica y local, en relación a la atención sociosanitaria en materia de drogadicción.

A modo de ejemplo pudimos constatar que la prisión de Jaén llevaba más de 10 años sin que los equipos de Diputación prestaran servicios en el centro penitenciario, en Huelva, tal y como hemos dicho anteriormente se retiraron en 2021 mientras que en el C.P. de Córdoba nos pusieron de manifiesto la estrecha colaboración existente con la Diputación Provincial, permitiendo que la población reclusa tenga acceso a estos programas contando sus profesionales con espacios de diálogo y coordinación que reflejan la firme voluntad de los responsables de estos organismos en mantener la calidad de vida de quienes están privados de libertad.

También hemos podido constatar la utilidad que aporta el Sistema de Información del Plan Andaluz sobre Drogas y Adiciones (SIPASDA), que consideran fundamental en pacientes en Programa de Metadona, dado que pueden consultar la información volcada de quienes ingresan en prisión o internos/as con trastornos adictivos excarcelados/as, siendo por lo tanto una herramienta de trabajo bastante adecuada para esta finalidad.

Tras la renovación de los compromisos recogidos en la normativa y Convenios antes mencionados, y las diferencias existentes en la atención sociosanitaria prestada a las personas en función del centro penitenciario en el que se encuentren, se apertura actuación de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, solicitando la colaboración de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, así como de la Consejería de Salud y Consumo y de las ocho Diputaciones Provinciales, para que nos informen acerca de los recursos y programas que se están implementando en los establecimientos penitenciarios de nuestra región, así como las colaboraciones articuladas a través de Centro Provinciales de Drogodependencia (CPD), dependientes de las Diputaciones Provinciales.