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10/12/2024 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

El objetivo de la presente queja de oficio (ver apertura), iniciada con fecha 2 de octubre de 2023, era analizar, junto con la administración sanitaria, las causas de las disfuncionalidades existentes en la especialidad de Neurología en la provincia de Huelva, a fin de esclarecerlas y conocer sus posibles soluciones.

Con fecha 1 de diciembre de 2023 recibimos un primer informe de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud dando respuesta a las cuestiones planteadas.

Transcurrido un año desde los datos de lista de espera proporcionados y un tiempo prudencial a fin de que las medidas adoptadas y la estabilización de la plantilla pudieran tener un impacto significativo en el funcionamiento del servicio, con fecha 22 de julio de 2024 solicitamos un nuevo informe, que nos ha sido remitido con fecha 28 de agosto de 2024.

Una vez examinada la información obrante en el presente expediente, podemos llegar a las siguientes conclusiones respecto a la situación actual del Servicio de Neurología en la provincia de Huelva:

1. Actualización de las listas de espera de consultas externas de la especialidad de Neurología del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva.

A 30 de junio de 2023, los pacientes derivados desde atención primaria eran 7359 pacientes, de los cuales 6446 con demora superior a los 60 días (fuera de plazo), con una demora media de 242 días. Por tanto, el 87,5 % de los pacientes derivados de atención primaria tienen una demora media de más de ocho meses (adicionales a los sesenta días de plazo) para asistir a la primera consulta.

Un año después, a 28 de junio de 2024, los pacientes derivados desde atención primaria eran 6791 pacientes, de los cuales 5943 con demora superior a los 60 días (fuera de plazo), con una demora media de 256 días. Por tanto, se ha conseguido una reducción del 7,2 % de pacientes derivados de atención primaria, y una disminución proporcional del 7,80 % del número de pacientes fuera de plazo, a pesar de lo cual se ha ampliado la demora media en 14 días.

Como resultado, un año después, aunque se ha reducido el número de pacientes fiera de plazo como consecuencia de la disminución de derivaciones desde atención primaria, no se ha variado el dato de que el 87,5 % de los pacientes derivados de atención primaria tienen una demora media de más de ocho meses (adicionales a los sesenta días de plazo) para asistir a la primera consulta.

Según se informa, las revisiones se citan según necesidades del paciente, aproximadamente en un plazo de seis meses.

2. Plantilla de personal especialista en Neurología en la provincia de Huelva.

En la fecha de su último informe, 10 facultativos que tienen nombramientos estatutarios o temporales en el citado hospital (de los cuales dos reducciones al 50 % de jornada complementaria, dos permisos de maternidad hasta enero y febrero de 2025, y dos exentos de guardias).

En julio y agosto se añadieron otros tres profesionales que, por medio de un acuerdo intercentros, prestaron servicios en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, como plan de contingencia para cubrir las necesidades asistenciales mínimas durante estos meses de verano. El 25 de septiembre, estaba prevista la incorporación a través del “Plan MIR” de otros 3 facultativos, y otro más cuando finalice su residencia, por lo que quedarían cubiertas 4 de las 5 plazas vacantes de especialistas en Neurología, restando una plaza por cubrir.

Se considera por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud conveniente continuar con el apoyo desde el Hospital Universitario Virgen del Rocío al Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, al menos hasta que se cubran las plazas de personal facultativo y mejoren las listas de espera.

3. Actuaciones que se están realizando para paliar el actual déficit de la plantilla de médicos especialistas en Neurología.

En su primer informe se explicaba que la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud, ha establecido un Acuerdo de Colaboración con los hospitales de Sevilla, dirigido a:

• Apoyo a las guardias de presencia física en la Unidad de Ictus.

• Teleconsulta de los pacientes pendientes de primera visita de Atención Primaria.

• Mejora de los protocolos de adecuación de derivación a Neurología desde los distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña.

• Asignación temporal de los pacientes del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, al Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, hasta que hubiera recuperación de la plantilla.

• Realización de Consultas de tarde (extraordinarias) por facultativos de estos hospitales, en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez.

4. Situación de las consultas monográficas para patologías especificas.

Se comunica que actualmente se realiza atención de las principales consultas monográficas:

• E. Parkinson y otros Trastornos del movimiento.

• E. Alzheimer y otras demencias.

• Enfermedades desmielinizantes (incluida la Esclerosis Múltiple).

• Cefaleas (incluidas aquí neuralgias).

• Neuromuscular y unidad de ELA (incluidas aquí la Esclerosis Lateral Amiotrófica).

• Patología vascular.

• Epilepsia.

5. Funcionamiento de la Unidad de ictus.

Se indica que no se ha cerrado ni un día, a pesar de las limitaciones de personal sufridas.

6. Telemedicina en primeras valoraciones y valoración respecto a la efectividad y calidad de dicha atención.

En su primer informe se indicaba que durante unos meses se adoptó la teleconsulta sin videollamada en primeras valoraciones de los pacientes pendientes de primera visita de Atención Primaria, con la intención de orientar a los pacientes y completar estudio mediante pruebas complementarias en algunos casos, con la finalidad de agilizar lista de espera. Con esta medida se han orientado los pacientes a una revisión dirigida y se han dado de alta directamente al 25 % de los que estaban en lista de espera

En su segundo informe se participan que actualmente todas las primeras consultas ya se realizan de forma presencial.

7. Recursos materiales.

En cuanto a los recursos materiales, se repuso la sonda del ecógrafo que estaba averiada. Además, dentro del plan de inversiones del Servicio Andaluz de Salud, se prevé en los próximos meses una sustitución de los ecógrafos que han llegado al final de su vida útil, así como nuevos equipos para satisfacer las actuales necesidades asistenciales.

Se nos explicaba que, gracias a las medidas adoptadas y un plan de choque para las consultas, se esperaba normalizar la situación en unos meses.

Por último, se indica en su último informe que, pese a la notable mejoría de la situación asistencial del Servicio de Neurología en la provincia de Huelva, aún se encuentra en situación deficitaria, sobre todo respecto al personal temporal.

Por tanto, se observa que por parte de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud se están adoptando diversas medidas para lograr la cobertura y la estabilización de la plantilla del Servicio de Neurología del Hospital Juan Ramón Jiménez, mecanismo clave para lograr la reducción de la ingente demora existente en las primeras consultas desde atención primaria, así como para apoyar este servicio desde el Hospital Universitario Virgen del Rocío, y que las consultas monográficas para patologías especificas y la unidad de ictus siguen en funcionamiento.

En atención a lo expuesto, consideramos procedente proceder al cierre de la presente queja de oficio, a la espera que de dichas medidas fructifiquen en la definitiva cobertura y estabilización de la plantilla y en la consiguiente disminución de las listas de espera y correcto funcionamiento del servicio; sin perjuicio de proceder a recabar de nuevo información de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, transcurrido un tiempo prudencial, a fin de valorar los avances alcanzados.

02/10/2023 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

A raíz de las noticias aparecidas en medios de comunicación y de quejas recibidas en esta Institución, hemos tenido conocimiento de las reclamaciones efectuadas tanto por personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) como de personas afectadas y la Asociación Onubenses por una Sanidad Publica de Calidad (Onusap) en relación con las consecuencias para la ciudadanía de la falta de especialistas en neurología en la provincia de Huelva.

Si bien no se trata un problema exclusivo de esta provincia, ni tan siquiera de Andalucía, parece ser que es en Huelva donde la insuficiencia de neurólogos es más acusada en relación con la población destinataria y la incidencia de importantes patologías que requieren los servicios de esta especialidad, como el Ictus, el Alzheimer, el Parkinson, la Esclerosis Múltiple, o la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), entre otras.

Según los últimos datos publicados por el SAS (con fecha de 22 de junio de 2022), 6637 pacientes estaban hace un año en lista de espera para la primera consulta en la provincia, con una demora media de 139 días. No obstante, de la información recogida en diversos medios de comunicación se desprende que la situación se complicó en el verano de 2022, al sufrir el traslado de 6 neurólogos a otros hospitales fuera de la provincia.

De la información recabada se desprende que, aunque la plantilla del Área de Neurología del Hospital Juan Ramón Jiménez, único en la provincia con neurología en su cartera de servicios, se compone de 14 plazas de facultativos, en el mes de junio solo prestaban servicio en la misma 7 neurólogos y 2 neurólogos adicionales que no realizaban por completo su actividad para la población de Huelva.

En un escrito firmado por dos neurólogos del Hospital Juan Ramón Jiménez respecto a la situación actual del Servicio de Neurología, que ha sido difundido ampliamente, se apunta que las principales consecuencias de la insuficiencia de personal son las siguientes:

• Primera valoración entre 12 y 15 meses después de la petición, con el consiguiente retraso en los diagnósticos y en los tratamientos necesarios, impidiendo un diagnóstico precoz de la patología neurológica y con el agravamiento de síntomas y patologías. En el caso de pacientes con migraña y neuralgias que requieren tratamientos específicos y complejos, les conlleva soportar un dolor incapacitante durante la espera.

• Se han cerrado las consultas monográficas para patologías especificas (Parkinson, Alzheimer, Esclerosis Múltiple, neuralgias, etc.) y, en consecuencia, se estaría produciendo un retraso entre 6 y 12 meses en el seguimiento de estos pacientes.

• Retraso en revisiones que deberían ser periódicas, que puede llegar a ser de más de 14 meses de espera en las revisiones de consultas generales.

Especialmente grave es el caso de pacientes que ya han tenido un ictus y que están en seguimiento por riesgo muy alto de ictus y que precisan controles de seguimiento en un plazo determinado. También está el caso de los pacientes con enfermedades desmielinizantes, que actualmente cuentan con unidad de día neurológica y requieren seguimiento estrecho de las complicaciones.

• Dificultades para mantener las guardias de presencia física, lo que implica no mantener con un funcionamiento adecuado la Unidad de Ictus y prestar atención presencial 24 horas a la patología neurológica urgente. Señalan que aunque el Centro Andaluz de Teleictus (CATI) es un medio útil para el reconocimiento e inicio de tratamiento precoz, siempre se ha de derivar a los pacientes a una Unidad de Ictus de referencia, por lo que no supone una alternativa idónea a esta unidad.

• A lo anterior se añadiría más de un año sin ecógrafo y sin el personal suficiente para realizar pruebas de imagen, por lo que los especialistas en neurología, que ya se encuentran saturados, deben realizar además las funciones de auxiliar de enfermería y celador.

Respecto a las posibles soluciones ante la insuficiencia de personal, el aludido escrito sostiene que la creación de una unidad intercentros no supondría un aumento real del número de especialistas en neurología, al aumentar también la población de referencia, por lo que aunque se podrían solucionar las guardias, no se solventarían los problemas de las consultas.

Asimismo señalan que desde marzo de 2023 estaba pendiente la publicación de los listados de los candidatos que han elegido Huelva como destino en la OPE, paso necesario para conocer las plazas que se podrían cubrir. Asimismo resulta fundamental la adopción de medidas para facilitar que los especialistas en neurología (y en otras especialidades) se interesen por el destino de Huelva.

Por último, ni los firmantes ni la asociación promotora de la mencionada queja consideran adecuada la teleconsulta sin videollamada que se habría intentado implantar en la primera visita para poder solicitar las pruebas pertinentes, afirmando que esta práctica está contraindicada por la Sociedad Española de Neurología (SEN) por no permitir la exploración de los pacientes y trasladando la lista de espera a la lista de espera para pruebas diagnósticas (listas de espera que a su vez se encuentran saturadas). Consideran que esta medida no solo no palia la situación, sino que podría empeorarla, ya que la consulta de revisión o segunda visita para valorar las pruebas diagnósticas no está sujeta al Decreto 96/2004, de 9 de marzo, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Como ejemplo concreto de las disfunciones en la prestación de la atención neurológica provocadas por la insuficiencia de personal podemos citar la queja 23/1950, en la que una onubense nos trasladaba su preocupación por el retraso en la consulta de neurología a la que su padre había sido derivado en abril de 2022 por su médico de atención primaria tras observar un deterioro cognitivo y efectuar las pruebas correspondientes. El elevado retraso suponía que el paciente continuase sin el tratamiento adecuado y sin poder obtener el informe que sería preciso para la valoración y reconocimiento de su situación de dependencia.

Pues bien, recientemente hemos recibido el informe solicitado a este respecto a la Dirección Gerencia del Hospital Juan Ramón Jiménez, en el que nos trasladan que se ha citado al paciente para el mes de agosto de 2023, es decir más de 15 meses después de la derivación desde atención primaria.

La demora, según nos explica la Dirección Gerencia en un ejercicio de transparencia y reconocimiento de la situación expuesta, se debe al “déficit de facultativos especialistas en Neurología, lo que ha provocado que los tiempos en lista de espera de consultas en esta especialidad se hayan incrementado notablemente” y que tengan “serios problemas para poder asistir en plazo de garantía”, debido principalmente a la carencia de facultativos en bolsa.

La Gerencia del Hospital nos traslada que ha “manifestado a los organismos sanitarios, la necesidad de tomar medidas que hagan atractivo el destino de nuestra provincia para los facultativos de Neurología, medidas que mejoren las condiciones laborales y de estabilización”.

El artículo 43 de nuestra Constitución recoge el derecho a la protección de la salud y establece que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

Asimismo, el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Andalucía garantiza este derecho constitucional mediante un sistema sanitario público de carácter universal y recoge, entre otros, el derecho de los pacientes y usuarios del sistema andaluz de salud a acceder a todas las prestaciones del sistema y a la garantía de un tiempo máximo para el acceso a los servicios y tratamientos.

Asimismo, en desarrollo del principio constitucional de igualdad, ha de garantizarse el derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio.

Como se ha señalado al inicio, aunque el expuesto no es un problema exclusivo ni de la especialidad de Neurología ni de la provincia de Huelva, lo cierto es que se están produciendo importantes diferencias en la atención sanitaria en esta especialidad y por tanto en la protección de la salud respecto a áreas de población con grandes hospitales de referencia que presentan menos problemas de personal.

El hecho de que se trate de una especialidad que atiende a algunas de las patologías con mayor incidencia en la salud y la discapacidad, le confiere mayor gravedad si cabe. En particular, el ictus es la la segunda causa de muerte en España.

Además produce graves deterioros en la calidad de vida de quienes sobreviven, es la primera causa de discapacidad adquirida en adultos y la segunda causa de demencia, según datos de la European Heart Network (European Cardiovascular Disease Statistics 2017).

La Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular especifica que en la provincia de Huelva más de 900 personas sufren cada año un ictus, lo que supone que entre dos y tres onubenses sufren un ictus cada día. La incidencia es de unos 200 casos por cada 100 000 habitantes/año y la prevalencia de 8 casos por 1000 habitantes; esto es, uno de cada cuatro onubenses sufrirá un ictus en algún momento de su vida.

Para hacer frente a este grave problema de salud pública, el Plan de Acción Europeo de Ictus 2018-2030 define cuatro objetivos generales para el año 2030:

1) Reducir el número absoluto de ictus en Europa en un 10%.

2) Tratar al 90% o más de todos los pacientes en una unidad de ictus especializada como primer nivel de atención.

3) Elaborar planes nacionales que integren toda la cadena de atención desde la prevención primaria hasta la vida después del ictus.

4) Implementar estrategias nacionales para intervenciones de salud pública multisectoriales a fin de promover y facilitar un estilo de vida saludable y reducir otros factores de riesgo ambientales (incluyendo la contaminación), socioeconómicos y educativos.

Según datos del Plan Andaluz de Atención al Ictus, en Andalucía, con una incidencia de 18 000 casos al año, hay 12 unidades de ictus repartidas en todas las provincias, si bien solo la de Huelva presentaría problemas y que el resto estarían bien dotadas.

En definitiva, nos encontramos con que cuestiones relativas a las políticas de personal o dotación de recursos humanos ante la insuficiencia de especialistas en Neurología están teniendo un impacto en la calidad de la atención en esta especialidad y en el derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad en la provincia de Huelva respecto al resto del territorio andaluz, incumpliendo de manera reiterada los plazos garantizados en el Decreto 96/2004, de 9 de marzo, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

A este respecto, debemos citar el artículo 69 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que “la planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tiene como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles, mediante la dimensión adecuada de sus efectivos”.

Es preciso reflejar que en el BOJA de 18 de julio, se ha publicado la Resolución de 13 de julio de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Neurología, por el sistema de acceso libre a las personas aspirantes que han superado el correspondiente concurso-oposición, entre las que se encuentran cinco especialistas neurólogos para el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

No obstante lo anterior, en atención a las dificultades detectadas, expuestas por fuentes de diversa procedencia, hemos considerado procedente la intervención de esta Institución mediante la apertura de un expediente de queja de oficio, amparado en las facultades conferidas por el artículo 10 de nuestra Ley reguladora, con el objeto de analizar, junto con la administración sanitaria, las causas de la situación descrita que afecta a la especialidad de Neurología en la provincia de Huelva, a fin de esclarecerlas y conocer sus posibles soluciones, cumpliendo con el mandato de nuestra Constitución en cuanto al derecho a la protección de la salud, de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia y racionalidad organizativa, entre otros, y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Esta Institución ha recibido en los últimos meses varios escritos de queja por la problemática del abastecimiento de agua potable en localidades del norte de la provincia de Córdoba pertenecientes a la comarca del Valle del Guadiato y al Valle de los Pedroches, que engloban a una población de en torno a 80.000 habitantes.

Según estas quejas y, sobre todo, de la información a la que hemos tenido acceso de distintos medios de comunicación, el problema tiene su origen fundamental en la falta de precipitaciones que afectan sobremanera a dos embalses, el denominado “Sierra Boyera” y el denominado “La Colada”. El primero es el que abastecía a ambas comarcas pero, debido a la sequía extrema que se viene padeciendo, se ha secado por completo, por lo que el abastecimiento se ha venido produciendo desde el de “La Colada”, cuyas aguas sin embargo presentaban niveles de contaminación altos de carbono orgánico total, debido a varios factores, entre ellos el bajo nivel del propio embalse que da lugar al estancamiento de aguas, y el vertido y/o filtración de aguas contaminadas procedentes de actividades ganaderas intensivas que llegan a los ríos Guadamatilla o Guadarramilla, los dos principales ríos que aportan agua al embalse “La Colada”.

La consecuencia es que, desde que el pasado mes de abril se declarara no apta para el consumo el agua de “La Colada”, estos municipios llevan varios meses abasteciéndose de agua a través de camiones cisterna que acuden unos tres días por semana, solución puntual y parcial que para algunas personas -por ejemplo mayores- supone un problema añadido al de los cortes de agua, por el sacrificio y la dificultad para hacer cola y esperar en los camiones y por el traslado de las garrafas, además de ser considerada una frecuencia insuficiente por la mayoría de residentes en estos municipios.

Además esta sequía no sólo está afectando al consumo de agua por la población, sino que también está afectando enormemente a las explotaciones ganaderas de la zona, por el incremento de los costes del transporte de agua en camiones cisterna y por el mayor gasto de alimentación, por la escasez de pastos en el campo, lo que ha colocado al sector en esta zona en una situación muy complicada, que incluso habría llevado a algunos ganaderos a sacrificar a los ejemplares menos productivos para reducir sus gastos.

Hemos conocido incluso que en el año 2013 llegó a elaborarse un informe sobre las medidas a adoptar para evitar que las aguas del río Guadarramilla desembocaran en “La Colada”, para así evitar su contaminación y preservar su calidad sanitaria, e incluso llegó a proyectarse construir una estación de bombeo. Sin embargo, no se ejecutó este proyecto y el agua contaminada siguió llegando al embalse, hasta el día de hoy en el que, además de su escaso nivel y el estancamiento de aguas, no hacen el agua apta para el consumo.

Ante esta circunstancia del agua de “La Colada”, la empresa provincial EMPROACSA que tiene encomendado el abastecimiento de todos los municipios afectados, tenía previsto acometer un tratamiento de potabilización del agua por ozono, pero descartado dicho método por no dar resultados satisfactorios, posteriormente se ha concretado en un método de ósmosis y ultrafiltración cuyos resultados en pruebas habrían sido alentadores y podrían dar lugar a que en unos meses -necesarios para ejecutar presupuestariamente las medidas- se recuperase con cierta normalidad el suministro corriente de agua potable en la zona.

Sin embargo, desde algunos colectivos han considerado que esta medida, a medio plazo vista, tampoco soluciona del todo la problemática, que únicamente podría solventarse de manera definitiva con la ejecución de las obras de conexión entre “La Colada” y “Sierra Boyera” al pantano de “Puente Nuevo”, de manera que se sustituya el bombeo por grupos electrógenos por gasoil. De lo contrario, cuando los embalses se recuperen, cuando lleguen las tan deseadas lluvias, podría volver a producirse el problema para el siguiente periodo de sequía, del que puede esperarse no sea demasiado tarde vista la evolución climatológica.

Las competencias para solventar el problema, sin perjuicio de las que ostenta EMPROACSA en la potabilización del agua, corresponden a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a la del Guadiana y también la Junta de Andalucía, responsable esta última de finalizar las conexiones con el embalse de “Sierra Boyera”. En este sentido, hemos conocido una reciente reunión entre el Presidente de la Diputación de Córdoba y el Delegado Territorial en Córdoba de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en la que una de las soluciones planteadas sería una aportación económica por la Junta de Andalucía para la adecuación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Sierra Boyera.

Dado que ya hace una década que se valoraron alternativas para dar solución a esta problemática y que en todo este tiempo no se han ejecutado las medidas en su momento planteadas, agravándose la situación con una sequía extraordinaria, hemos estimado conveniente iniciar una actuación de oficio en la que hemos interesado informe a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre la conexión entre los pantanos, también hemos solicitado a EMPROACSA informe sobre la potabilización del agua y por último nos hemos dirigido a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural (Dirección General de Infraestructuras del Agua), para solicitar información en cuanto a la ejecución de las obras que están pendientes, así como en cuanto a la vigilancia sobre los vertidos contaminantes al río Guadarramilla y al entorno que directa e indirectamente afectan al agua embalsada.