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Se recibía en esta Institución escrito de una vecina de Jaén exponiendo queja por los ruidos que generaba el ventilador que se había instalado en un transformador de Endesa para evitar el sobrecalentamiento que se producía en el mismo.

Dicho transformador se encontraba en las cocheras del bloque donde se ubicaba su vivienda y según exponía en su escrito de queja, el ventilador “emite un ruido que durante el día se sobrelleva, pero cuando llega la noche es imposible conciliar el sueño. A veces vibra el suelo.”

Según exponía, este problema lo soportaban los vecinos desde hacía dos años, se había reclamado a Endesa e incluso al Ayuntamiento pero seguía sin solucionarse.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de la compañía Endesa que nos informó de que “por parte de esta distribuidora, EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal., para eliminar el ruido, se ha desconectado el extractor de ventilación y se han sustituido las chapas que cubren el foso por tramer con orificios para mejorar la ventilación del centro de transformación.”

Entendimos que el problema que motivó la presentación de queja se había solucionado y procedimos al cierre del expediente de queja.

Se recibía en esta Institución escrito de una vecina de Puerto Real con el que exponía que en 2022 se había abierto un obrador-panadería en el local que se encuentra justo debajo de su vivienda, en concreto debajo del dormitorio de sus hijos. Explicaba que el mayor ruido de los hornos se producía a primera hora de la mañana, escuchándose arrastre de mobiliario y otros tipos de ruidos.

También se quejaba de que la temperatura de la vivienda había aumentado, sobre todo en el dormitorio de su hijo pequeño, y de que tampoco se podía abrir la ventana mientras estaba el horno en funcionamiento, ya que entraban los gases del tubo extractor que estaba colocado cerca de la ventana.

Según decía, el Ayuntamiento era conocedor de la problemática, ya que incluso la comunidad de propietarios habría presentado escrito al respecto.

Para poder hacer un estudio técnico había pedido al Ayuntamiento vista del expediente de la actividad del Obrador Panadería, copia de la certificación acústica y del control de la temperatura y copia de la memoria ambiental con la justificación de la salida de humos, sin obtener respuesta a dicha petición.

En relación con la actividad que era objeto de queja, obrador-panadería, tuvimos en cuenta que conforme al Anexo de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA), está sujeta al trámite de Calificación Ambiental (CA), que corresponde a los ayuntamientos y que tiene por objeto la evaluación de los efectos ambientales de determinadas actuaciones, así como la determinación de la viabilidad ambiental de las mismas y de las condiciones en que deben realizarse.

De la queja se desprendía, aparentemente, que la actividad denunciada o bien se estaba desarrollando sin CA favorable, o bien incumpliendo algunas de las condiciones impuestas, especialmente en lo afectante al ruido y temperatura de la maquinaria en relación con las inmisiones producidas a colindante, y en lo que respectaba a la salida de humos.

Entendíamos que, como poco, se hacía necesario atender el requerimiento de documentación que había formulado la reclamante, habida cuenta que se trataba de interesada en su calidad de afectada directa -colindante- por la actividad y sufrir inmisiones; así como también procedía que por parte de los servicios técnicos municipales se desplegase actividad inspectora con la oportuna visita in situ al establecimiento a fin de comprobar si se desarrollaba con toda la tramitación que le habilitaba para su apertura, o si se había modificado indebidamente, o lo que procediera.

Tras admitir a trámite la queja, constan emitidos en la misma un total de tres informes del Ayuntamiento de Puerto Real. Es el tercero de ellos el que tiene mayor interés, por lo que se reproduce a continuación:

“Con fecha 10/07/2024 se aporta por parte de … documentación referida a la apertura de Obrador Panadería en Calle … cuyo titular de la actividad es … y Números de expedientes APER2021.000** 2022/LAP_02/000*** Y 2022/LAP_02/0000** en los que se aporta, entre otros la siguiente documentación:

- Informe Técnico de Ensayos Acústicos (...)

- Informe Técnico de cumplimiento de normativa de chimenea, de extracción de humos y ventilación de Obrador de Pan (...)

- Acta de visita a establecimiento redactado por (...) arquitecto de fecha 12 de diciembre de 2023.

A la vista de la misma y ante los datos que se desprende de su estudio que son más fiables que una mera percepción tras una visita no empírica, se le requiere a la propiedad con fecha 30/07/2024 las siguientes medidas correctoras:

- Insonorización del local hasta el cumplimiento de los niveles establecidos en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. Para ello deberá aporta Ensayo acústico favorable realizado por Técnico competente en presencia del Técnico de Urbanismo y del Técnico designado por el vecino superior.

- Deberá aislar térmicamente el local. Para ello deberá aportar Justificación del Aislamiento Térmico del local para no trasmitir calor a la vivienda superior con comprobación expresa de la temperatura en el piso superior con y sin actividad certificado por técnico competente y con los ensayos pertinentes.

- Justificación de que la emisión al exterior es sólo de aire caliente y que no se produce ningún tipo de cocción ni elaboración de productos que conlleve la producción de humos y olores. En caso de producirse ésto último deberá aportar justificación de imposibilidad de extracción por cubierta con aporte de la siguiente documentación:

- Contrato de mantenimiento para el sistema de extracción y depuración del horno con empresa autorizada, desde el punto de captación hasta el vertido, así como declaración responsable de mantenerlo en vigor. Mantenimiento y conservación que deberá realizarse conforme al apartado 7 del DB HS 3 del CTE.

- Certificado de tasas de purificación del 95% en humos y 85% en olores, que será presentado con una periodicidad de 6 meses.

En todo caso se deberá justificar con ensayo realizado por técnico competente que la temperatura de emisión al exterior no es superior a 35º.

El plazo para la realización de las medidas correctoras es de 20 días a partir de la fecha de la notificación.

Una vez trascurrido el plazo sin respuesta satisfactoria, se requerirá a los servicios jurídicos municipales a que actúen en consecuencia.

Con fecha 22/08/2024 la propiedad aporta escrito en el que a su vez aporta certificado de emisión de temperatura al exterior. También solicita suspensión del plazo de 20 días hasta que por esta Unidad no se coordine la realización de la Medición Acústica y de Temperatura en el piso del demandante como así se le requirió.

Se le comunica a la propiedad y al demandante que el día 24 de octubre de 2024 se realizará tanto la medición acústica y de temperatura por parte de la propiedad a partir de la 6:30 h de la mañana, para lo que deberá estar presente un técnico de Urbanismo y uno designado por el demandante.

Una vez conocidos los nuevos datos obtenidos, en su caso se trasladará a la unidad de Disciplina Urbanística para que tome las medidas oportunas.”

De este tercer informe se desprendía que la problemática objeto de queja se encontraba en proceso de resolverse definitivamente una vez se obtuviese el resultado de las pruebas fijadas para el 24 de octubre de 2024. A este respecto, finalizaba el informe indicando que: “Una vez conocidos los nuevos datos obtenidos, en su caso se trasladará a la unidad de Disciplina Urbanística para que tome las medidas oportunas”.

Consideramos, llegados a este punto, que nuestra intervención en este expediente de queja había servido para impulsar la adopción de medidas de control y disciplinarias, de las que también se nos dio cuenta en los dos primeros informes, cuyo contenido aquí no se ha reflejado.

Entendimos que el problema que motivó la presentación de queja se encontraba en vías de solución y procedimos al cierre del expediente de queja.

En esta Institución se tramitó años atrás un expediente de queja (ya archivado), a instancia de una vecina de Dos Hermanas por diversas irregularidades generadoras de ruido cometidas por un establecimiento hostelero sito bajo su domicilio. En concreto, tales irregularidades eran ruidos desde el interior del local, indicativo de una posible insonorización deficiente del mismo; disposición de la terraza de veladores en número superior al autorizado, y en un lugar distinto, generando igualmente niveles elevados de ruido desde dichas instalaciones; incumplimiento de horarios; disposición de un televisor en el interior del local, entre otras.

En aquel primitivo expediente constaba emitido un informe de la Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, de 19 de julio de 2019, con el que se nos daba cuenta, en esencia, de que tras las comprobaciones oportunas por parte de la policía local, y previamente en el plano estrictamente administrativo, se había detectado que el establecimiento objeto de queja tenía autorización para bar sin música, teniendo por tanto prohibida la disposición de aparatos de reproducción musical o audiovisual, así como el desarrollo de actuaciones en directo.

Se detectó también en la inspección que efectivamente disponía de televisión, que al parecer ya (entonces) había sido retirada. Se le había pedido además al titular del establecimiento que aportase certificado del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica, que no llegó a aportar, habiendo sido ya (entonces) sobrepasado el plazo dado por el Ayuntamiento para ello.

Se nos daba cuenta en aquel informe, además, de que no se habían detectado incumplimientos en materia de horarios de cierre, y que el uso de los veladores era correcto y conforme a la autorización concedida.

Después de ese primer informe, solicitamos un segundo informe que nunca se nos llegó a enviar, teniendo lugar, entretanto, la declaración de alarma por el COVID-19 y la suspensión de actividades de todo tipo a excepción de las consideradas esenciales. Tras ello, es conocido que poco a poco se fue recuperando la actividad, con medidas excepcionales durante un periodo prolongado de tiempo de reducción de aforos y horarios, lo que a su vez redundó en una reducción del ruido que era objeto de queja, por lo que suspendimos actuaciones en aquel expediente.

No obstante, la propia interesada nos informó entonces que había solicitado a la Junta de Andalucía, ante la inactividad del Ayuntamiento, la realización de un ensayo acústico.

Pues bien, varios años después y recuperada la totalidad de la actividad tras el COVID-19, tras varios aplazamientos por la pandemia, finalmente se llevó a cabo ese ensayo acústico por la Junta de Andalucía, Unidad Móvil de Medida de la contaminación acústica. En concreto, se realizaron dos ensayos que tuvieron lugar, respectivamente, en fechas 23 de septiembre y 3 de octubre de 2022, dando lugar a los dos siguientes informes de evaluación:

.- Informe (...)/22, en el que se realizaba un muestreo de inmisiones de ruidos transmitidos a locales colindantes y se concluía que:

“Al encontrarse el valor límite máximo establecido en la normativa, 40 dBA, dentro del intervalo indicado anteriormente, no es posible declarar conformidad, según los términos establecidos en la legislación aplicable, Decreto 6/2012.

Nota a título informativo: al constatarse durante el ensayo la posibilidad de que no se cumplan los niveles máximos exigidos, y en aplicación al principio de precaución, se recomienda la adopción de medidas tendentes a disminuir los niveles obtenidos”.

.- Informe (...)/22, en el que se realizaba un muestreo de medida y valoración del Aislamiento Acústico al Ruido Aéreo entre locales, en concreto entre el bar y el dormitorio principal de la vivienda de la promotora, en el que se concluía lo siguiente:

“El resultado del ensayo es: DnTA = 53,9 dBA, y la incertidumbre del mismo es ±2,7 dBA, con una probabilidad de cobertura del 95% para la incertidumbre expandida. Al aplicar la incertidumbre, el resultado del ensayo se encuentra en el intervalo siguiente:

51,2 dBA ≤ DnTA ≤ 56,6 dBA

Al encontrarse el intervalo indicado anteriormente por debajo del valor límite mínimo establecido en la normativa, (60 dBA para actividades TIPO 1), el resultado del informe de ensayo es desfavorable; Decreto 6/2012, Decreto Ley 14/2020 y corrección de errores”.

Estos dos informes de ensayo acústico debían obrar en poder del Ayuntamiento desde que se elaboraron y notificaron, en enero de 2023, que fue cuando los recibió la promotora, la cual, pese a ello y para cerciorarse, presentó un escrito el 8 de marzo de 2023, aportando los dos informes al Ayuntamiento y solicitando que, en vista de sus resultados, se tomasen las medidas oportunas y se incoase el oportuno expediente sancionador. El 6 de septiembre de 2023 reiteró dicha presentación con otro escrito de esa misma fecha.

Sin embargo, siete meses después seguía sin tener noticias de ese asunto y sin que ni el titular del establecimiento adoptase medidas correctoras, y sin que el Ayuntamiento adoptase las medidas a las que está obligado por el Decreto andaluz 6/2012.

Admitimos a trámite esta nueva queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento para conocer qué actividad disciplinaria había seguido tras los resultados obtenidos en los dos ensayos de medición acústica llevados a cabo por la Junta de Andalucía, y en qué fase de tramitación se encontraban tales medidas, no sólo en cuanto a procedimiento sancionador, si procediera, sino en cuanto a las obligadas medidas correctoras que debían exigirse al local para cumplir los objetivos de calidad acústica. De no haberse adoptado hasta el momento ninguna, interesábamos se procediera a ello con la mayor urgencia y se nos informase.

En respuesta a nuestra petición el Ayuntamiento nos trasladó oficio en el que constaba, en lo referente a los informes de ensayo acústicos enviados por la promotora, que:

“Actualmente y tras el estudio de los mismos por personal técnico municipal, con fecha 16 de enero de 2024 se ha emitido informe cuyas conclusiones, que próximamente se comunicarán a la parte denunciada, son las siguientes:

1. Deberá implementar Medidas Correctoras suficientes para aumentar el aislamiento entre la zona de público del Local y los recintos protegidos o habitables de la vivienda colindante superior.

2. Una vez realizadas dichas Medidas, deberá realizar Ensayo acústico en el que se certifique el cumplimiento reglamentario del aislamiento con respecto a la vivienda”.

En vista a lo informado por el Ayuntamiento solicitamos nuevamente su colaboración para que, en un plazo prudencial de tiempo que pudimos estimar en tres meses, se nos diese cuenta de si se había comunicado ya por el denunciado la implementación de las medidas correctoras requeridas y si se había aportado el ensayo acústico que certificase el cumplimiento de los niveles de aislamiento con respecto a la vivienda.

En respuesta a esta petición de segundo informe, fuimos informados de que:

“En fecha 16 de enero de 2024 se emite informe técnico en el que se dictan las siguientes medidas correctoras:

Deberá implementar Medidas Correctoras suficientes para aumentar el aislamiento entre la zona de público del Local y los recintos protegidos o habitables de la vivienda colindante superior.

Una vez realizadas dichas medidas, deberá realizar ensayo acústico en el que se certifique el cumplimiento reglamentario del aislamiento con respecto a la vivienda.

- Con fecha 6 de junio de 2024 se procede a la suspensión de la actividad hasta el cumplimiento de las medidas correctoras emitidas en el informe técnico de fecha 16 de enero.

- Con fecha 25 de julio de 2024 se presenta Declaración Responsable de Obras para la ejecución de insonorización y cumplimiento de las medidas correctoras decretadas.

- Con fecha 26 de agosto se aporta informe acústico por parte de la persona titular de la actividad, justificando el cumplimiento de las medidas correctoras.

- Con fecha 2 de septiembre de 2024, se emite informe técnico favorable al ejercicio de la actividad, previa inspección por parte de los servicios técnicos municipales.

Se adjunta Informe Técnico Favorable relativo a la ejecución de Medidas Correctoras.”

Ese informe técnico estaba emitido por el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento y en el mismo se indicaba que se habían ejecutado las medidas correctoras impuestas y que el certificado de medición acústica indicaba que tales medidas aportaban un aislamiento acústico suficiente.

Entendíamos que el Ayuntamiento había desplegado actuaciones disciplinarias, había exigido la adopción de medidas correctoras, había suspendido la actividad y se había aportado certificado acústico de cumplimiento que se había estimado suficiente. Esto, en puridad, implicaba que el Ayuntamiento había atendido la pretensión principal, por lo que procedimos al cierre del expediente de queja.

Se recibía en esta Institución una queja por el retraso por parte del Servicio del Dominio Público Hidráulico y Calidad de las Aguas, en la emisión de informes de dos concretos expedientes de Autorización Ambiental Unificada:

“Que desde 2021 llevamos con la tramitación de 2 expedientes para obtener AAU (Autorización Ambiental Unificada) de 2 Proyectos de Urbanizaciones distintos en la localidad de Estepona. Los números de expediente de dichas AAU son: ...)/2021 y (...)/2021. Durante todo este tiempo hemos ido recibiendo todos los informes de las diferentes consejerías que se han ido subsanando. A día de hoy, tres años después, sólo nos queda de todos los expedientes que nos informe favorable la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Servicio de Dominio Público Hidráulico y calidad de las aguas. ...”

Exponía en el escrito de queja los trámites y comunicaciones realizados con la Consejería en relación a los dos expedientes.

El objetivo de la queja, en definitiva era: “que revisen nuestro expediente con la mayor celeridad posible y que resuelvan como proceda notificándonos su resolución con la mayor brevedad que se pueda.”

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Málaga para conocer los motivos por los que más de tres años después de las solicitudes, aún no se hubieran emitido los informes relativos a los expedientes administrativos de referencia, rogando se impulsasen los trámites necesarios para que dichos informes fueran ya evacuados y notificados a los solicitantes.

En su respuesta, dicha Delegación nos trasladó que uno de los informes ya se había emitido y que el otro se estimaba que en los días posteriores se podría remitir, por lo que es posible que ya se hubiera evacuado también cuando recibimos esta noticia.

Con ello, cabía considerar aceptada la pretensión en esta queja y solventado el asunto tras nuestra intervención en la misma, por lo que procedimos al archivo de este expediente de queja.

Se recibía en esta Institución escrito de un vecino de Gelves formulando queja por los supuestos vertidos al río Guadalquivir de un edificio de tres viviendas próximo a su casa. Según denunciaba, estas viviendas no estarían conectadas a la red general de saneamiento, por lo que vertían todas las aguas, incluidas las fecales, al río a través del conducto que recoge sólo el agua de lluvia.

Explicaba en su escrito que dichas viviendas, según parecía, estaban conectadas de manera irregular tanto a la red de Endesa como a la de Aljarafesa.

Había denunciado estos hechos en el Ayuntamiento de Gelves, que le había dado como respuesta que las competencias para tratar el asunto de los vertidos de aguas fecales al río serían de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla. Sin embargo, el reclamante insistía en que ninguna Administración hacía nada y que llevaba desde el año 2007 denunciando esta situación.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla, que nos informó que "realizada inspección en la zona por agentes de medio ambiente adscritos a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible no se ha podido constatar la existencia de dichos vertidos".

También nos informó la Delegación Territorial que "se ha observado que en dicha calle no existe alcantarillado de pluviales (rejillas) y sí arquetas con tapas de hierro fundido para la conducción de las aguas residuales urbanas. En la última arqueta, que se encuentra debidamente tapada, no se observan obras o modificaciones en la misma".

Por otra parte, se añadía en el informe que "ante la imposibilidad de acceder directamente al punto de vertido al río Guadalquivir, se realizó inspección ocular desde la otra margen del cauce sin que se detectara ningún vertido activo".

Finalmente, la Delegación Territorial también nos informó que, en todo caso, se trataba de competencias propias del municipio (abastecimiento de agua potable domiciliario y la evacuación y tratamiento de aguas residuales). Convendría por tanto esclarecer, si esta vivienda estaba o no conectada a la red de saneamiento y por ello solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Gelves, para que nos informase si por parte de Aljarafesa se había respondido, y en qué sentido, a la solicitud de verificación de si la vivienda en cuestión estaba o no conectada a la red de saneamiento.

El Ayuntamiento nos informó que se había pedido a Aljarafesa en varias ocasiones la emisión de informe sobre los vertidos objeto de queja, pero que no se había respondido. Ante esta circunstancia nos dirigimos directamente a Aljarafesa, que nos informó que en el edificio motivo de queja sí que existía un suministro a nombre de una sociedad, "sin que haya ningún tipo de conexión de manera irregular a nuestra red tal y como se señala por el reclamante". Nos aclaraban, no obstante, que este contrato era anterior a que Aljarafesa asumiera el abastecimiento de la zona baja del municipio de Gelves, "por lo que las instalaciones de acometidas tanto de abastecimiento como de saneamiento de la vivienda del número (...) no pudieron ser validadas en su día por esta empresa, sino por la entonces gestora de ambos servicios, Emasesa, careciendo por nuestra parte de documentación al respecto".

No obstante, continuaba el informe indicando que sobre este suministro y a petición del Ayuntamiento de Gelves, "se han realizado sendas inspecciones en febrero de 2021 y marzo de 2023, sin que en ninguna de ellas, tal y como parece que sucedió con la realizada por los agentes de medio ambiente adscritos a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, haya sido posible constatar la existencia de dichos vertidos al río. Por nuestra parte, tampoco ha sido posible determinar el destino del vertido del pozo de registro que recoge la acometida de la finca de referencia, dado su mal estado de conservación y el estado de colmatación que presentaba cuando se giraron las inspecciones".

Finalizaba este informe de Aljarafesa diciendo que por su parte "procederemos a volver a requerir a la propiedad a que adecúe dicho pozo para que permita una nueva inspección, en función de cuyo resultado adoptaríamos las medidas que fueran precisas, si existiera alguna irregularidad en el vertido".

Entendimos que el problema que motivó la presentación de queja se encontraba en vías de solución y procedimos al cierre del expediente de queja.

Con motivo de una circunstancia sobrevenida que da lugar al cierre de un bar, el Ayuntamiento de Villarrasa da por resuelta la autorización para veladores que era objeto de queja e informa que habrá de solicitarse una nueva autorización en caso de reapertura del establecimiento, que seguirá la tramitación legal pertinente, exigiéndole el cumplimiento de todos los requisitos.

Se recibía escrito de queja denunciando, en esencia, el ruido que generaban los clientes de los veladores de un bar al ubicarse en la misma fachada de los afectados. Además también se denunciaba el riesgo para la seguridad vial que suponían dichos veladores.

Tras admitir a trámite la queja y después de varias actuaciones, esta Institución formuló a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villarrasa resolución en la que, en síntesis, le recomendábamos al Ayuntamiento que dejase sin efecto la singular autorización concedida para veladores, y le sugeríamos que valorase otros espacios donde ubicarlos.

En respuesta a nuestra Resolución el Ayuntamiento nos trasladó que el bar motivo de queja permanecía cerrado por circunstancias sobrevenidas que afectaron a su dueño y que la autorización de uso de dominio público especial había quedado resuelta con dicho cierre, debiendo ser solicitada en caso de nueva apertura una nueva autorización que seguiría la tramitación legal pertinente, exigiéndose todos los requisitos establecidos por ley.

Por ello, dimos por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

Esta Defensoría está especialmente sensibilizada con los problemas de la población andaluza para acceder a una vivienda adecuada a sus situación socioeconómica. Por ello, se considera que se ha de prestar especial atención a las medidas encaminados a favorecer a quienes con medios propios les cuesta asumir un alquiler en el mercado privado. Una situación que como conoce afecta a una buena parte de la población joven, que aún trabajando se enfrenta a un mercado desfasado tanto por la escasa oferta existente como por los elevados precios de las viviendas.

Por ello y por las numerosas quejas que recibíamos demandando medidas que ayuden al pago del alquiler, el 3 de octubre de 2022 se aperturó la queja de oficio 22/6541 solicitando informe para conocer la fecha en la que se harían las convocatorias de los Programas de Ayudas para el acceso a una vivienda digna del Plan Estatal, entre la que se encontraba el denominado Bono Alquiler Joven, que según se hacía constar se encontraba sin convocar.

Si bien, pocos días después fue convocada la Orden de 26 de octubre de 2022, debiendo de resolverse y notificarse las solicitudes en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía.

En el transcurso de la tramitación del expediente de queja se detectaron una serie de hechos entre los que se encontraban las incidencias informáticas que se habían dado en la tramitación masiva de estas solicitudes; y que tuvo como consecuencia el cierre de la convocatoria tres días después de su apertura, dejando fuera de participación a aquellas personas menos diestras digitalmente o con menos capacidad de conexión a la web de la Consejería

Tras analizar el contenido de los distintos informes remitidos se formuló resolución encaminada a mejorar la tramitación de las ayudas previstas en la mencionada Orden, dado que eran los propios destinatarios quienes nos trasladaban la complejidad a la que se enfrentaban ante el procedimiento telemático, no solo por falta de pericia y medios, que también, sino por los propios problemas de la plataforma a la que tenían que acceder, formando un colapso inicial que fue la punta del iceberg de una larga sucesión de problemas que se vienen arrastrando hasta el día de hoy.

Ya poníamos de manifiesto en el cierre de esta queja 22/6541 las cuestiones más relevantes, entre las que se encontraban la desigualdad de los destinatarios al enfrentarse a este tipo de convocatoria con medios electrónicos, los fallos de la web que colapsó el sistema dejando fuera a muchas personas y provocando la indignación y decepción de muchos de ellos, además de las dilaciones en la tramitación, habiendo transcurrido un año desde su publicación sin que se resolvieran ninguno de los 17.000 expedientes.

Por ello, con el ánimo de contribuir al esclarecimiento de los obstáculos de la tramitación y ante el eco de la población que reclamaba insistentemente que se hiciera efectivo su derecho a resolver una subvención que tenía previsto dictar resolución a los 6 meses desde su publicación, se aperturó la queja de oficio 23/8477 (14/11/23) con el objetivo de que transcurrido 1 año desde la convocatoria nos informaran, entre otras cuestiones, sobre el número de resoluciones emitidas y notificadas, así como la fecha en la que se tenía previsto dar respuesta a la totalidad de las solicitudes en cada una de las Delegaciones Territoriales y lo referido al dimensionamiento de los medios técnicos y humanos disponibles para dar respuesta a los expedientes provinciales.

En el informe recibido se constataban los retrasos producidos, especialmente en provincias como Málaga y Sevilla sin que se aportara reflexión alguna sobre la capacidad de medios humanos para resolver esta convocatoria, solo se añadía que “desde las Delegaciones Territoriales se está tramitando con la mayor celeridad y diligencia”, relacionándose las medidas implementadas para aliviar la situación que se había provocado tras la convocatoria.

Tras continuar recibiendo quejas donde se nos trasladaba que seguían sin ofrecerse respuesta a muchas de las solicitudes, además de las dificultades para consultar la página con el seguimiento de la convocatoria, en este mes de mayo de 2024 se dictó Resolución solicitando el pronunciamiento sobre la aceptación o no de lo recomendado, habiéndose recibido informe en los siguientes términos:

“RECOMENDACIÓN 1 para que se analicen y acometan las actuaciones de carácter estructural y permanente, en cuando a los medios necesarios, tanto de carácter técnico como relacionados con la dotación del personal, para resolver la convocatoria en el plazo recogido en la misma, con independencia de los órganos de gestión responsables de cada fase de tramitación”.

En relación a los medios humanos necesarios, hacen mención a que la implementación del Bono Joven no formaba parte de la planificación llevada a cabo por su centro directivo ni se incluyen en el Plan Vive 2020-2030, cuestión por la que dicen estar en un supuesto excepcional de gestión y no de carácter estructural y permanente. Añaden al respecto que en “la asignación de crédito de la Administración General del Estado para el Bono Alquiler Joven no contemplaba la disponibilidad presupuestaria estatal para el nombramiento de personal funcionario interino por exceso o acumulación de tareas, circunstancia por la que se ha provocado el aumento exponencial de la carga de trabajo de las unidades gestoras”

Y concretan las actuaciones llevadas a cabo como han sido un Plan de choque de interinos en 2023 incorporándose en septiembre de 2023, por un plazo máximo de 9 meses dentro de un periodo de dieciocho meses, conforme marca el artículo 14.1d) de la Ley 5/2003, de 7 de junio de la Función Pública de Andalucía. Además un contingente de 15 efectivos de los servicios centrales de la Consejería, que se dedican en exclusiva a la tramitación de estas ayudas y que empezaron a prestar estos servicios en octubre de 2023, personal que ha ido creciendo en función de la acumulación de trabajo atrasado en los distintos centros directivos. Y 24 efectivos mas que se entienden han reforzado a partir del pasado mes de julio, que se prevé presten servicios durante 6 meses, prorrogable por otros 6.

También nos trasladan otras medidas que no han podido materializarse, como era una encomienda a AVRA, u otras que se están estudiando a medio y largo plazo como es la “modificación de la relación de puestos de trabajo, de manera que se adecuara a las necesidades de gestión de este centro directivo, la dotación económica de puestos desdotados y su cobertura con personal funcionario interino por vacante y la adopción de un nuevo plan de choque de personal funcionario interino por acumulación de tareas”.

Por lo que respecta a los medios de carácter técnico nos trasladan las gestiones realizadas con la Secretaría General Técnica de la Consejería así como con la Agencia Digital de Andalucía, responsable de las cuestiones técnicas de automatización necesarias para el desarrollo del proyecto, además de las reuniones que se hacen revisando todos los procesos y automatizaciones de esta subvención, de cara a una posible nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven.

“RECOMENDACIÓN 2 para que, atendiendo al interés mostrado por la juventud destinataria de esta ayuda y a la desigualdad que supone priorizar a quienes tengan la disponibilidad de tiempo, medios y competencias digitales, se revise el procedimiento establecido para futuras convocatorias, y se modifique la obligatoriedad de la presentación de forma telemática de sus solicitudes”

Nos trasladan que “cualquier modificación a acometer, tanto desde el punto de vista técnico como regulatorio, conllevaría dilaciones temporales” y que el cambio planteado por esta Defensoría se traduciría en una demora en el inicio de la gestión de estas ayudas, toda vez que se está a su vez a expensas de las modificaciones que opere la Administración General del Estado, incidiendo que se recomienda a las comunidades autónomas no adoptar ninguna modificación normativa al respecto.

Nos aportan datos sobre la “encuesta sobre Equipamientos y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Año 2023” del Instituto Nacional de Estadística en el que el 95,4% de la población de entre 16 y 74 años dispone de los medios electrónicos necesarios para acceder a este tipo de subvenciones, concentrándose precisamente en la población joven los mayores conocimientos técnicos y habilidades digitales. También que 8 de cada 10 personas de entre 16 y 74 años interactuó con los entes o servicios públicos a través de internet en los últimos doce meses de referencia.

Siendo por tanto “los motivos indicados por lo que no se considera precedente implementar la recomendación realizada”.

“RECOMENDACIÓN 3 para que se revisen los criterios para aportar información a las personas solicitantes, tanto en lo referido a los listados que se publiquen en la web, como a otros instrumentos que favorezcan esta información, para que sean auténticos apoyos para todas las personas interesadas, poniendo especial atención en la brecha digital.”

Nos informan que se está estudiando las consideraciones planteadas para que de acuerdo con el criterio de la Defensoría quede garantizado el derecho al acceso a la información pública y a a la transparencia en la actuación de la Administración.

A modo de conclusión, valorando lo expuesto en cada una de las recomendaciones y sugerencias, consideramos que desde la Secretaría General de Vivienda se han tenido en cuenta los problemas transmitidos por la ciudadanía y se están haciendo gestiones para mejorar la tramitación de la convocatoria y resolver las solicitudes pendientes, considerando también algunas de las propuestas hechas por esta Defensoría.

En relación a la recomendación primera, disentimos en cuanto a la justificación dada respecto a que la dilación en la resolución de los expedientes del bono joven se debe a la falta de presupuesto por parte del Estado. Aunque sí pudiera ser necesario que la dotación estatal del Bono Alquiler Joven tuviese previsto presupuesto para dotar los centros directivos de los recursos humanos necesarios, entendemos que siendo un objetivo fundamental de su Consejería arbitrar los medios necesarios para facilitar el acceso a la vivienda de la población con más necesidades de apoyo, las Delegaciones Territoriales debieran de estar dotadas del personal necesario para resolver las solicitudes en el plazo indicado y en su defecto en un tiempo razonable, pues de lo contrario el objetivo de estas convocatorias dejan de tener el efecto pretendido, desprotegiendo a quienes se intentaba ayudar.

Aún siendo el Bono Joven una iniciativa estatal, es evidente que ha venido a sumar a esta Comunidad Autónoma recursos para las personas jóvenes que necesitan emanciparse y por lo tanto puede y debe ser correspondido con recursos propios para posibilitar que los más de 16.000 solicitantes tengan una respuesta en el menor tiempo posible.

Por otro lado, esta Defensoría ha podido conocer, a lo largo de los años, los retrasos producidos en las distintas Delegaciones Territoriales en cuanto a la tramitación de las ayudas del alquiler. A modo de ejemplo, hemos de referirnos a la gestión de la convocatoria para el ejercicio 2018 de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, efectuada por la Orden de 30 de octubre de 2018 de la entonces Consejería de Fomento y Vivienda.

Una convocatoria que, también afectaba a los mismos destinatarios que el bono joven y que por falta de personal, sobre todo en algunas de las Delegaciones Territoriales se dictaron resoluciones transcurridos tres años desde su publicación, siendo solo la provincia de Almería la que resolvió en un tiempo razonable y otras como Granada, y sobre todo Málaga y Sevilla superaban los dos años. Todo ello conforme a los informes que nos aportaron en la queja de oficio 19/2709. Igual sucede con convocatorias posteriores, de cuyos solicitantes se siguen recibiendo numerosas quejas sobre las dilaciones en resoluciones y pagos de las subvenciones.

Como nos han expuesto en su informe a esta Resolución, es necesario concretar a la mayor brevedad posible las medias planteadas de modificación de la relación de puestos de trabajo, de manera que se adecuara a las necesidades de gestión de ese centro directivo, dotando económicamente los puestos desdotados e incorporando el personal funcionario interino por vacante, además de materializar ese nuevo plan de choque de personal funcionario interino por acumulación de tareas. Unas medidas que podrían aportar recursos adecuados a la gestión de los distintos expedientes, especialmente a las provincias donde se tiene detectado que tienen menos capacidad de gestión.

Por lo que respecta a los recursos técnicos, aún no siendo muchos de ellos competencia de su Consejería, y estando haciendo gestiones para solucionar los errores cometidos y por lo tanto entendemos que es un problema que se encuentra en vías de solución, entendemos que no exime de responsabilidad a la propia administración andaluza, dado que la Agencia Digital de Andalucía forma parte de las medidas necesarias para el buen funcionamiento de la tramitación de la propia convocatoria. Por otro lado no puede esgrimirse como justificación ante la ciudadanía, dado que la Administración es concebida como un engranaje que debe dar respuesta en su conjunto a los fines perseguidos con esta convocatoria siendo responsabilidad de sus gestores el buen funcionamiento de los distintos organismos y la cooperación necesaria entre los mismos para asegurar la eficiencia y eficacia en la gestión del procedimiento administrativo.

En cuanto a la segunda de las recomendaciones, no estando en el ánimo de esta Defensoría entorpecer la gestión de esta convocatoria ni de otras que puedan publicarse con posterioridad, y no poniendo en duda las fuentes que nos aporta sobre la capacitación digital de la población andaluza, sí conocemos a través de las quejas recibidas que precisamente son quienes más lo necesitan, los que tienen más dificultades para acceder a través de una web en condiciones de igualdad, bien sea por tener menos destrezas, por disponer de equipos menos adecuados o por no poder estar pendientes todo un día y la noche para que su solicitud sea enviada con prioridad, faltando al trabajo o a sus obligaciones.

Por lo que respecta a la última de las recomendaciones valoramos positivamente que se considere la misma y se pongan los medios adecuados para garantizar el derecho al acceso a la información pública y a a la transparencia en la actuación de la Administración y en especial en las convocatorias de subvenciones como es la que nos ocupa.

Tras lo expuesto, se pone en su conocimiento que se procede a concluir provisionalmente esta actuación de oficio, entendiendo que se están arbitrando medidas para solucionar las dilaciones en los expedientes referidos al Bono Joven y dar una respuesta a la totalidad de las solicitudes.

Si bien, consideramos inasumible aceptar dilaciones de dos y tres años en resolver convocatorias de ayudas al alquiler, ya que genera un perjuicio a los destinatarios y un descrédito de la población en los poderes públicos. Como se recoge en el artículo 47 de la Constitución, los poderes públicos han de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a una vivienda asequible a quienes más lo necesitan.

Por último, dado que nos siguen enviando quejas en las que nos trasladan la falta de notificación de resoluciones o pago de las mismas, le agradecemos nos actualicen los datos de gestión a la fecha, en cuanto al porcentaje de resoluciones notificadas y presupuesto ejecutado en cada una de las provincias, así como las dificultades con las que se están encontrando, en el caso de que no se hubiese ejecutado la totalidad del presupuesto, trasladando la fecha estimada de cierre de la presente convocatoria.