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Un año más, el Ayuntamiento de Casares (Málaga), convoca por decimocuarta vez los “PREMIOS BLAS INFANTE, CASARES SOLIDARIO”, convocatoria de subvenciones destinadas a Educación para el Desarrollo y Cooperación al Desarrollo, con las que hace homenaje a su ilustre vecino Blas Infante. El plazo de presentación finaliza el 16/04/2016, y las bases se pueden consultar en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Casares
Para más información, contactar con cooperacion@casares.es
RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)
Del contenido de la respuesta emitida se desprende que se acepta la Resolución formulada por esta Institución, por ello procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.
25-02-2016 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO
El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece como objetivo básico de la Comunidad Autónoma el promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Asimismo, en su artículo 37.1.24ª, reconoce y configura como un principio rector de las políticas públicas de la Comunidad Autónoma la atención a las víctimas de delitos, especialmente los derivados de actos terroristas.
Bajo estas premisas, la sociedad y las instituciones andaluzas asumieron el deber moral y jurídico de reconocer públicamente a las víctimas de tales actos, de velar por su protección y bienestar, y de asistirlas en necesidades que hayan podido verse agravadas por los mismos.
Conforme a lo anterior, y sobre la base de previsiones del Estatuto de Autonomía para Andalucía, se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo objeto es rendir homenaje y expresar el mayor reconocimiento posible a las víctimas del terrorismo, y en consideración a ello establece un conjunto de medidas destinadas a las personas privadas, físicas o jurídicas que hayan sufrido la acción terrorista, con el fin de reparar y aliviar los daños de diversa índole vinculados a dicha acción.
Entre esas medidas (art. 2.1.f) se encuentran las “Medidas en materia de empleo público”, concretadas en el artículo 27 en los términos siguientes:
“ Artículo 27. Empleados públicos.
A las víctimas que ostenten la condición de personal al servicio de la Junta de Andalucía se les reconocerá, cuando se acredite motivadamente la necesidad en consideración a su condición y circunstancias particulares, los derechos, permisos, licencias y situaciones administrativas que procedan, en el marco de la normativa vigente en cada ámbito, para hacer efectiva su protección y su derecho a una asistencia social integral.
La Administración de la Junta de Andalucía determinará, en el ámbito de sus competencias, medidas conducentes a favorecer el acceso de las víctimas de terrorismo al empleo público, de conformidad con lo que establezcan las bases del régimen estatutario de los empleados públicos.
Se atenderá a la mayor integración laboral de las víctimas o de las personas de quienes sean dependientes mediante la adaptación del puesto de trabajo a sus peculiaridades físicas y psicológicas, la adscripción a un puesto de trabajo semejante cuyo desempeño mejor se adapte a dichas peculiaridades o mediante medidas relacionadas con la movilidad y la reducción o flexibilidad horaria”.
A pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 10/2010, más de 5 años, la Administración de la Junta de Andalucía, no ha determinado medida alguna conducente a favorecer el acceso de las victimas de terrorismo al empleo público.
En relación con las Ofertas de Empleo Público y su desarrollo a través de las distintas Convocatorias públicas, no establece la adopción de ningún tipo de medida concreta en relación con las víctimas del terrorismo -como la reserva de plazas en dichas convocatorias, exención de tasas, etc.
Por cuanto antecede, se inicia actuación de oficio, al amparo de nuestra Ley reguladora, ante la Secretaría General para la Administración Pública, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, al objeto de conocer la posibilidad de que la Administración andaluza promueva y, en su caso, determine, medidas conducentes a favorecer el acceso de las victimas de terrorismo al empleo público.
27-02-2017 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO
En este expediente de queja promovemos una actuación de Oficio ante la Secretaría General para la Administración Pública, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, con objeto de conocer la posibilidad de que la Administración andaluza promueva y, en su caso, determine, medidas conducentes a favorecer el acceso de las victimas de terrorismo al empleo público.
Recibida la preceptiva respuesta de la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a la Recomendación dictada, se nos contesta entre otros, en los siguientes términos:
“El Estatuto Básico del Empleado Público recoge medidas de acción positiva -permisos, excedencias, traslados...- para las personas víctimas del terrorismo que sean empleadas públicas, sin hacer ninguna referencia a la acción positiva en el acceso empleo público.
No obstante, la ley 29/2011, de 22 de septiembre, en su disposición adicional cuarta, tiene un mandato claro al respecto: “las Administraciones Públicas adoptaran, en el ámbito de sus competencias, medidas conducentes a favorecer el acceso a las víctimas de terrorismo al empleo público, de conformidad con lo que establezcan las bases del régimen estatutario de los empleados públicos”.
En lo que respecta a nuestra Comunidad Autónoma, se indica que en la actualidad se continua trabajando en el proyecto de Ley del Empleo Público Andaluz, donde indudablemente se estudiará la Recomendación que esa Institución nos hace llegar, de la misma forma que se estudiarán las acciones que puedan llevarse a cabo a través del desarrollo reglamentario de la repetida Ley 10/2010”.
En consecuencia, del contenido de la respuesta emitida se desprende que se acepta la Resolución formulada por esta Institución, por ello procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.
Responsables de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz han mantenido una reunión de trabajo este miércoles 15 de marzo con responsables de Endesa, para el seguimiento del convenio de colaboración donde tratamos las quejas que los ciudadanos y ciudadanas nos han remitido.
En el transcurso de la reunión se debatió la iniciativa del Defensor del Pueblo Andaluz para la puesta en marcha de medidas destinadas a luchar contra la pobreza energética en todo el territorio andaluz (queja 15/3016).
El Defensor del Pueblo Andaluz ha reivindicado el papel de los y las profesionales que actúan en el ámbito de la intervencion social, durante la celebración del Día Internacional del Trabajo Social, que se ha celebrado hoy en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO), organizado por el Colegio Profesional de Trabajo Social de Sevilla y la Facultad de Ciensas Sociales de la UPO.
Jesús Maeztu ha recordado que son muchos los sectores que requieren de una atención especial y de medidas de apoyo y de promoción que posibiliten una verdadera igualdad de oportunidades, en un momento en el que, como Institución, constatamos cómo los problemas sociales se han ido agudizando, al tiempo que se han visto mermadas algunas conquistas sociales.
Es por ello que ha animado a estos profesionales a “huir de la inercia y a trabajar, pensando en la persona”. El Trabajador Social debe acompañar a la persona en su proceso de cambio. “El protagonismo lo tiene la persona desde su dignidad”, ha dicho.
También ha pedido vocación y compromiso al profesional del Trabajo Social: Abordar los procesos desde los valores que prioricen la dignidad de la persona por encima de otras cuestiones.
Para el Defensor del Pueblo Andaluz es necesario poner el punto de mira en la transformación social, así como explorar las posibilidades que, desde el trabajo social, se hace como profesionales de la Intervención Social para promover la dignidad y el valor de las personas.
La Adjunta al Defensor del Pueblo Andaluz y personal de su equipo del Área de Menores asisten a esta reunión de trabajo.
El Defensor del Pueblo Adaluz, Jesús Maeztu, participa en la inauguración del Día Internacional del Trabajo Social organizado por el Colegio Profesional de Trabajo Social de Sevilla y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla.
La Dirección General de Justicia Juvenil informó que la escolarización de la menor para la continuidad de sus estudios de tercero de ESO, quedó solventada. No obstante, en aras de profundizar en las causas que pudieron motivar la demora -cercana al mes y medio- en la incorporación de la menor al instituto, continuamos con la tramitación de la queja y solicitamos la emisión de un informe a la Delegación Territorial de Educación sobre las incidencias acaecidas en el mencionado procedimiento de escolarización, con especial referencia al protocolo establecido para la escolarización de menores internados en centros de internamiento de menores infractores.
La Administración educativa justificó que la escolarización se produjo tras pedirlo el Juzgado de Menores.
La interesada es abuela de una menor interna en un centro de responsabilidad penal de menores. Expresa su preocupación porque el centro no viene garantizando la continuidad de los estudios de su nieta, de 15 años de edad, y por tanto dentro del tramo de edad de escolarización obligatoria. Refiere que ingresó en el centro en junio y que a primeros de octubre sigue seguía sin acudir al Instituto, y a pesar de haberlo preguntado en el centro no le facilitan información acerca de las actuaciones que vienen realizando para garantizar que su nieta realice el curso académico con normalidad.
Defensor del Pueblo Andaluz
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