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El Defensor del Pueblo Andaluz da por concluidas sus actuaciones al entender que las Administraciones implicadas están actuando coordinadamente para resolver la situación y, a tal efecto, se han ejecutado diversas medidas de limpieza de la zona y de vigilancia policial para evitar nuevas situaciones irregulares.

Esta Institución inició esta actuación de oficio al conocer, por los medios de comunicación y las redes sociales, que los vecinos de la barriada hispalense de Padre Pío continuaban denunciando los malos olores y los humos que debían soportar de una escombrera situada en los terrenos colindantes de la barriada, entre los términos municipales de Alcalá de Guadaíra y Sevilla, en la que, al parecer, producía la queja de diferentes restos y residuos con habitualidad.

Tras dirigirnos a ambos Ayuntamientos, hemos dado por concluidas nuestras actuaciones cuando hemos conocido las intervenciones que venían realizando para la limpieza de la zona. Así, el Ayuntamiento de Sevilla nos informó que LIPASAM, con el acompañamiento de la Policía Local, había retirado, en una primera fase, un total de 40 toneladas de residuos, desalojándose una zona usada como depósito ilegal de vertederos. En cuanto al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra había identificado a los propietarios de los solares donde se ubican los vertederos de su término municipal y había ordenado la limpieza de estos solares; también nos informaba que habían mantenido una reunión con representantes del Ayuntamiento de Sevilla para coordinar las actuaciones en la zona.

El Ayuntamiento de Málaga acepta nuestra resolución y solicita a la Policía Local mayor vigilancia de los contenedores y, en su caso, la formulación de denuncias en caso de apreciarse posible infracción por depositar la basura fuera del contenedor o en horario no permitido.

En su día, esta Institución inició esta actuación de oficio al conocer, por los medios de comunicación y las redes sociales, la situación en la que se encontraban los contenedores situados en la calle Victoria, de Málaga, por la suciedad del entorno y los malos olores provenientes de los mismos. En ella, formulamos resolución dirigida a la Tenencia de Alcaldía Delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad del citado Ayuntamiento a la que sugerimos, en síntesis, que, en coordinación con LIMASA y Policía Local, hiciera un seguimiento a la situación de los contenedores de la citada calle para impedir el depósito de bolsas de basura fuera de los mismos y de los horarios permitidos, así como para que, si la problemática persistía, se valorara la idoneidad de la ubicación de estos contenedores y se estudiara, dentro de los parámetros normativos, otra posible localización.

Como respuesta, la citada Tenencia de Alcaldía nos comunicó que había solicitado a la Policía Local “mayor vigilancia en torno a los contenedores RSU situados en C/ Victoria, núm. 94, así como imposición de sanciones en los casos de infracción de la normativa en materia de limpieza”.

Con ello entendimos que se había aceptado el contenido de nuestra resolución y, por tanto, dimos por concluidas nuestras actuaciones, procediendo al archivo de esta queja de oficio.

Damos por concluidas nuestras actuaciones al informarnos el Ayuntamiento de Sevilla que se ha adjudicado la obra de adaptación funcional de los contenedores soterrados en el polígono Sur de Sevilla, con lo que suponemos que tras la ejecución de esta obra se pondrán en funcionamiento tales contenedores.

En su día, esta Institución inició esta actuación de oficio con objeto de conocer las causas del retraso en la puesta en funcionamiento de los contenedores soterrados en la zona del Polígono Sur de Sevilla, dentro del conocido como “Plan Urban” y con cargo a fondos europeos, habida cuenta que, según los medios de comunicación, más de dos años después de su ejecución no habían entrado en funcionamiento e incluso, al parecer, habían sufrido algún tipo de deterioro, como filtraciones, producto del tiempo que llevaban instalados sin entrar en funcionamiento.

En ella, interesamos informe al Ayuntamiento de Sevilla, que tras varias peticiones, nos ha informado que se había redactado el proyecto de “Adaptaciones funcionales en contenedores soterrados en el polígono sur de Sevilla”, con presupuesto general de 180.000 € que, posteriormente, se había adjudicado a una empresa constructora en octubre de 2015.

De acuerdo con esta información, quedaba confirmado, para esta Institución, que los contenedores soterrados objeto de esta actuación, más de dos años después de su ejecución, no habían entrado en funcionamiento y que habían sufrido, precisamente por el paso del tiempo, deterioro, como demostraba que hubiera sido preciso contratar su “adaptación funcional”, por valor de 180.000.-euros, cantidad que incrementaba la que ya fue abonada en su momento para ejecutar la instalación cuando fue llevada a cabo.

En cualquier caso, el hecho de que se hubiera adjudicado ya ese contrato de adaptación funcional de los contenedores hacía suponer que, una vez que se acometiera la obra, se pondrían en funcionamiento los mismos para dar servicio a la población del entorno. Por ello, entendimos que nos encontrábamos ante una situación en vía de solución y dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El Centro de Valoración y Orientación de Jaén mejorará la atención a la ciudadanía.

La promotora de la queja mostraba su disconformidad con el grado de discapacidad reconocido y alegando lo siguiente:

- Que el 13/10/2010 se le reconoció un grado de discapacidad del 33%.

- El 26/11/2014 se le reconoció una incapacidad permanente absoluta debido al agravamiento de sus lesiones y solicitó al Equipo de Valoración y Orientación revisión de grado por agravamiento. Al parecer le fue indicado en el Centro de Valoración y Orientación que los informes médicos y pruebas debía llevarlos el día que fuera citada para revisión médica.

- Con fecha 26/12/2014 recibió resolución ratificando grado de discapacidad por no proceder revisión de grado porque a tenor de lo presentado entendían que no se habían producido cambios sustanciales en el grado de discapacidad reconocido.

- Mostraba su extrañeza por este hecho, debido sobre todo a que no fue valorada por ningún médico, y que se le informó que las pruebas debería presentarlas el día de su cita.

- El 9/1/2015 presentó reclamación. El 12/02/2015 recibió cita para ser revisada en la consulta, personándose con toda la documentación y una copia del CD que recogía las pruebas complementarias.

- El 24-/3/2015 recibió resolución estimatoria de su reclamación previa correspondiéndole un 40% de discapacidad.

La interesada finalizaba mostrando su disconformidad por dicha valoración ya que entendía que el baremo aplicado a sus patologías y a su situación familiar, no era correcto. Entendía que la actitud del Equipo de Valoración no fue la correcta. Por ello, pedía que se revisase la actuación y se procediese a otorgarle un mayor grado de discapacidad y se valorase, igualmente, su situación familiar.

Con estos hechos solicitamos informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén, destacando, en su respuesta las siguientes cuestiones:

- Que la interesada presentó su solicitud de revisión por agravamiento con fecha 26 de noviembre de 2014, si bien ésta únicamente iba acompañada de un informe del Servicio de Dermatología del Complejo Hospitalario de Jaén, sin fecha de emisión ni firma del facultativo que lo expidió.

- Que el EVO, tras concluir que no se había producido agravamiento, emitió dictamen técnico facultativo de ratificación del grado de discapacidad, en cuya virtud esa Delegación resolvió ratificar el citado grado de discapacidad (con fecha 26 de diciembre de 2014).

- Que el 15 de enero de 2015 la interesada presentó reclamación previa a la vía jurisdiccional social, en esta ocasión acompañada de abundante información clínica, lo que motivó una nueva citación para revisión médica por parte del EVO y el consiguiente nuevo dictamen técnico facultativo, que elevó el grado de discapacidad al 40%. Este nuevo dictamen motivó la Resolución de 19 de marzo por la que se estimó la reclamación previa y se le reconoció un grado de discapacidad del 40%.

- La Delegación Territorial lamentaba que el grado de satisfacción percibido por la usuaria no hubiese estado a la altura de sus expectativas y añadía que en consideración a los posibles deficiencias que se hubiesen podido producir en la comunicación entre los profesionales del centro y la interesada, el equipo directivo procedería a revisar los protocolos de atención para evitar que volvieran a producirse situaciones como la planteada por la interesada.

En escrito de alegaciones presentado el 17 de noviembre en nuestras oficinas, la interesada se ratificó en su exposición de los hechos, expresando su malestar con la actitud del personal que le indicó que no debía presentar la documentación médica y clínica hasta el día de la cita médica que le sería notificada en su domicilio.

Insistía además en que a su juicio, no se había aplicado correctamente el baremo del Real Decreto 1971/1999, puesto que el agravamiento de su discapacidad era, a su juicio, relevante y no podía limitarse a un incremento porcentual de 6 puntos.

Por todo ello, procedimos a formular a la citada Delegación Territorial Resolución en el sentido de que se adoptasen las medidas pertinentes para retrotraer el procedimiento de revisión del grado de discapacidad al momento de subsanación de la solicitud presentada por la interesada, así como para que se verificase que por el equipo directivo del Centro de Valoración y Orientación se había llevado a cabo la revisión de los protocolos de atención.

Del examen del escrito de respuesta remitido se desprendía la aceptación de nuestra recomendación en lo que se refería a la revisión de los protocolos de atención a la ciudadanía en el Centro de Valoración y Orientación. De esta forma, en adelante, tanto el personal de recepción como los restantes profesionales de dicho centro extremarán el cuidado y el rigor de la información que se facilita, haciendo especial hincapié en la necesidad de que aporten todos los informes en el momento de la solicitud, especialmente cuando se trate de procedimientos de revisión por agravamiento o mejoría.

Sin embargo, la referida Delegación Territorial no aceptaba la recomendación de retrotraer el expediente al momento de presentación de su solicitud y se tramitase de nuevo el procedimiento, pues entendían que ésta ya había sido llevada a cabo al haberse admitido el recurso previo a la vía judicial y haberse modificado el grado de discapacidad reconocido.

Así las cosas, la interesada tenía dos opciones. La primera de ellas sería esperar al transcurso del plazo de dos años desde la última resolución de reconocimiento de grado para instar la revisión del mismo. La segunda, en el caso de que considerase que había vuelto a producirse agravamiento y dispusiera de nuevos informes médicos que lo acreditasen, solicitar la revisión del grado de discapacidad por agravamiento.

Por último, le indicamos a la compareciente que, en el caso de que solicitase la revisión por agravamiento y no estuviese de acuerdo con la resolución final que se adoptase, podría presentar reclamación previa a la vía judicial y, posteriormente, la correspondiente demanda ante el Juzgado de lo Social.

Mujer mayor afectada de Alzheimer recibirá más horas de Ayuda a domicilio.

El compareciente exponía que su esposa, que sufría Alzheimer, estaba reconocida como persona dependiente y que con fecha 14 de octubre de 2013 presentó solicitud de revisión de su Programa Individual de Atención. Finalmente nos comunicaba que en enero de 2015 había solicitado de nuevo una revisión del Programa Individual de Atención, ya que la ayuda domiciliaria que recibía no le parecía suficiente.

Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Delegación Territorial en Cádiz de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Con fecha 5 de agosto de 2015, recibimos informe emitido por esa Delegación Territorial, que, en síntesis, expresaba lo siguiente:

- En julio de 2010 se aprobó Programa Individual de Atención que reconocía a la interesada Servicio de Ayuda a Domicilio, con una intensidad de 40 horas mensuales, así como Servicio de Teleasistencia, si bien en mayo de 2011 se extinguió el Servicio, por renuncia de la interesada.

- Que el 13 de julio de 2014, por reapertura del expediente, se dictó nueva Resolución que reconocía a la interesada de nuevo el Servicio de Ayuda a Domicilio, con una intensidad de 30 horas semanales.

- Que el 25 de mayo de 2015 se dictó nueva resolución, por la que se modificaba el grado de dependencia reconocido a Dependencia Severa, estando en ese momento a la espera de que por los Servicios Sociales Comunitarios se elaborase nueva propuesta de Programa Individual de Atención, en la que se podría reconocer una nueva prestación de SAD de una intensidad horaria máxima de 45 horas mensuales.

Con fecha 28 de agosto de 2015 solicitamos informe al Ayuntamiento de Cádiz, acerca del estado de tramitación de la propuesta de Programa Individual de Atención de la afectada y de las prestaciones propuestas. El 5 de noviembre se recibió en esta Defensoría el informe de la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, en el que se expresaba que el promotor de la queja había manifestado la necesidad de aumentar el número de horas concedido, así como que el expediente se encontraba en esos momentos pendiente de resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía

Al no tener constancia de que se hubiese aprobado el nuevo Programa Individual de Atención de la interesada, persistiendo, por tanto, la pretensión que motivó la interposición de la presente queja, procedimos a formular Resolución a la citada Delegación Territorial en el sentido de que se aprobase el Programa Individual de Atención de la afectada.

Del análisis de la respuesta ofrecida se desprendía que el asunto por el que el interesado acudió a la Institución se había resuelto favorablemente, con la revisión del Programa Individual de Atención y el incremento del número de horas del servicio de ayuda a domicilio que recibía su mujer, por lo que procedimos a dar por concluidas nuestras actuaciones.

Se suspende procedimiento de desahucio de vivienda pública por cuestiones prejudiciales penales subiudice.

Esta Institución, a través de los hechos que se nos relataban en una queja promovida a instancia de parte, tuvo conocimiento de que D. “A”, adquirió junto con su esposa, mediante contrato privado, una vivienda a Dª. “B”, quien a su vez la adquirió también por contrato privado a Dª. “C” .

Esta última, se hizo pasar por propietaria de la vivienda, cuando en realidad era solo arrendataria, siendo su propietaria la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

En el año 2010, la Sra. “C”, interpuso demanda de desahucio en precario, contra D. “D”, quien nada tenía que ver con la vivienda, (Prueba que Dª. “C” no tenía idea alguna de quienes habitaban la vivienda, pues ella ya estaba desentendida de la misma, tras la "venta" a Dª. “B”).

Después de numerosos intentos por la defensa de los afectados, en los que se alegaba falta de legitimación pasiva de D. “D”, tanto en la Primera Instancia, ante la Audiencia Provincial, así como mediante incidente de nulidad planteado y escritos durante la ejecución, el desahucio siguió adelante y fue hecho efectivo el día 24 de junio.

Según la representación letrada de los afectados, los responsables de la situación creada eran Dª. “C”, así como su defensa, que no accedió a la suspensión solicitada, y sobre todo, la administración de justicia (Juzgado de Primera Instancia nº ...), que no entró a estudiar la posible falta de legitimación de las partes, a pesar de la documentación y prueba aportada.

Finalmente aludía a la responsabilidad de AVRA, antigua EPSA, por la dejadez en el control de quienes habitaban las viviendas de su propiedad y sobre todo, las presuntas ilegalidades cometidas por su inquilina.

A la vista de cuanto antecedía, se incoó queja de oficio ante AVRA, en cuanto titular propietaria de la vivienda en cuestión, a la cual, además del ejercicio de las facultades dominicales sobre el citado inmueble, le corresponde el ejercicio de las competencias de gestión y administración, al tratarse de una vivienda de promoción pública en régimen de arrendamiento que había de estar constituida como residencia habitual y permanente de la persona o familia adjudicataria legal que debió de acceder a la misma conforme a los procedimientos legalmente establecidos.

A la vista de la última información recibida de la citada Agencia, nos encontramos con que la inicial adjudicataria de la vivienda en cuestión había interpuesto querella criminal por falsedad en documento privado, la cual había dado lugar a la incoación de diligencias previas. Teniendo en cuenta que se trataba de una cuestión prejudicial penal que podía tener incidencia en el procedimiento de desahucio administrativo iniciado contra aquélla, AVRA procedió a interrumpir el mencionado procedimiento hasta tanto se resolviera la cuestión penal planteada.

En consecuencia, procedía que diésemos por concluidas nuestras actuaciones, por encontrarse el asunto planteado subiudice, sin perjuicio de que podamos retomarlas a corto o medio plazo una vez se dilucide lo oportuno en el procedimiento administrativo de desahucio incoado por AVRA, ahora en suspenso.

Los servicios sanitarios de salud mental formulan solicitud de plaza en el hospital San Juan de Dios para su hermano.

La parte interesada manifestaba que su hermano es un enfermo mental con 15 años de evolución, con más de 23 ingresos en la unidad de agudos del Hospital de Valme, siendo el último con fecha 9 de febrero pasado, con juicio clínico de trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar, y trastorno psicótico por consumo de alcohol y cannabis.

Cada vez que ha sido ingresado se le da el alta tras ser compensado y vuelve a recaer, salvo en agosto de 2014 que tras el ingreso involuntario se acordó su traslado inmediato al Hospital de San Juan de Dios de Málaga, en el que estuvo por un período de seis meses, y del que salió al parecer en mejores condiciones.

Al no tener conciencia de enfermedad no acude a las citas de su equipo de salud mental ni sigue ningún tratamiento, y aunque tiene fijado el domicilio en casa de su madre, hay etapas en las que se ausenta sin saber dónde se encuentra.

Han instado a la Fiscalía el reconocimiento de su incapacidad, ya que además al cobrar una pensión dispone del dinero para el consumo de sus adicciones, así como para la adquisición de un vehículo, teniendo pendiente un juicio por este motivo.

Entiende la interesada que la mejor forma de que sea atendido y siga un tratamiento es mediante su ingreso involuntario en un centro adecuado como el Hospital San Juan de Dios, ya que en sus períodos de alta no solo está en riesgo su vida, sino la de cualquier persona (como por ejemplo con ocasión de los incidentes que ha tenido con el vehículo o un ingreso que tuvo en Málaga tras aparecer en urgencias con un cuchillo en la mano).”

Ante lo expuesto, el Defensor del Pueblo Andaluz solicitó la colaboración de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Alcalá de Guadaíra desde donde se nos da cuenta del diagnóstico e itinerario asistencial de su hermano, reconociendo que el pasado año fue objeto de seis ingresos hospitalarios de larga duración con carácter consecutivo.

Consideran que en la actualidad no existe plan que garantice el sostén del enfermo fuera del hospital, y por esta razón han optado por volver a solicitar plaza para él en el Hospital San Juan de Dios, al objeto de que un tratamiento prolongado en un entorno hospitalario con abstinencia de tóxicos posibilite una estabilización que, una vez salga, permita alguna intervención terapéutica en el ámbito comunitario.

Atendiendo a lo expuesto hemos decidido concluir nuestras actuaciones en este expediente.

La Administración sanitaria insta a los hospitales a cumplimentar los informes requeridos en procedimientos de responsabilidad patrimonial.

Consideramos conjuntamente dos quejas en las que se evidencian importantes retrasos en cumplimentar por parte del Hospital Virgen de las Nieves la documentación necesaria para tramitar los expedientes de responsabilidad patrimonial para la que la misma se requiere.

Así, el Defensor del Pueblo Andaluz formuló Resolución a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultado en Salud recomendando que se inste a los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía, de los que se está a la espera de recibir documentación necesaria para la tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial, más allá del plazo de un mes previsto en la Resolución 39/2010, de 27 de enero, a revisar todos los requerimientos pendientes en esta materia, y dar cumplimiento a los mismos a la mayor brevedad.

Asimismo, se recomendó que se requiera en este sentido específicamente a la Dirección Gerencia del Hospital Virgen de las Nieves.

Al efecto, se recibe informe administrativo en el que se informa sobre la aceptación de la Resolución formulada, indicando que se enviará a todos los centros que aún no han enviado la documentación que se les ha solicitado, un escrito instándoles a su entrega en los términos de la primera recomendación, indicando, asimismo, que en el escrito que se dirija al Hospital Virgen de las Nieves se incluirá la indicación de que envíen un informe a esta Institución tal como hizo en su momento el Hospital Virgen del Rocío.

Concluyéndose que la Resolución formulada ha sido aceptada, damos por concluido el expediente de queja.