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RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

El Defensor del Pueblo Andaluz da por concluidas sus actuaciones tras comunicarnos la Diputación Provincial de Granada que las obras de arreglo de la carretera comenzarían en el mes de Junio de 2016.

04-04-2016 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al conocer, a través de los medios de comunicación, que la carretera GR-5207, que según estas noticias es competencia de la Diputación Provincial de Granada, principal vía de acceso de los vecinos de Lújar a Motril, lleva cortada desde Octubre de 2015. Siempre según estas noticias, “Las fuertes trombas de agua que se sucedieron en octubre provocaron derrumbes y avalanchas de lodo y piedras en la carretera GR-5207, principal vía de acceso al pueblo que, además, la une con Motril. Ello provocó que la Diputación de Granada, titular del acceso, lo cortase para garantizar la seguridad a falta de realizar una serie de actuaciones que permitirían reabrirlo. Y aunque los equipos de mantenimiento siguen reparando los desperfectos, poco o nada ha cambiado el panorama. La resignación parece haberse instalado en el corazón del municipio, que ya ha asumido que su conexión con Motril estará en el limbo durante una buena temporada, lo que obliga a los centenares de vecinos a realizar un largo desvío a través del acceso de Los Carlos para acudir a la capital tropical en caso de ser necesaria alguna gestión”.

Más adelante podemos leer que “Pese a que el acceso está cortado -más bien señalizado-, algunos deciden hacer caso omiso a las indicaciones y jugársela por una calzada a cuyos márgenes o incluso en su mitad hay piedras, abundantes trozos de madera, montículos de lodo e incluso operarios de la empresa Tragsa, encargada del mantenimiento, en plena faena. «La gente pasa bajo su responsabilidad, y si les cae un pino pues... pero es una pena, porque ya no viene nadie, ni ciclistas, ni motos, ni senderistas y se nota bastante», explica [una vecina], que pide a las administraciones «que se acuerden de que estamos casi aislados»”.

Termina la noticia con unas declaraciones de la Alcalde de Lújar según el cual “«Hemos recibido muchas quejas por parte de los vecinos por la actual situación que lleva meses prolongándose» … «No es lo que llevamos, sino cuánto nos queda para volver a la normalidad», destaca el regidor, quien reclama «inversiones» para atraer a la gente toda vez que el pueblo perdió su gran alcornocal (…) «La Diputación no nos dice nada y las noticias que tenemos son a través de la prensa; nos sentimos desamparados por todas las administraciones» (...) «Las únicas subvenciones que hemos recibido fueron de la Consejería de Medio Ambiente (343.000 euros) para aminorar el impacto de la escorrentía de las aguas, y 245.000 euros por parte del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para crear fajinas y albarradas para proteger la carretera del daño que causa dicha escorrentía, ambas actuaciones hechas a través de Tragsa»”.

A la vista de esta información nos preocupa el hecho de que, al parecer, no sólo está cerrada esta carretera, que es la vía de comunicación habitual con el núcleo cercano más poblado, Motril, sino que, además, al no estar cortado su acceso, sino “señalizado”, permite el paso de vecinos con riesgo para las personas y bienes, según se desprende de aquélla.

Por otro lado, debemos tener muy presente que el municipio resultó claramente perjudicado por el gravísimo y extraordinario incendio que sufrió la masa forestal de su entorno, por lo que, ahora, está más necesitado que nunca de ayuda y apoyo para que la vecindad pueda recuperar su calidad de vida y vuelva a la “normalidad” de sus trabajos, tareas agrícolas, comercio, turismo, etc.

En vista de tales hechos, se ha abierto esta actuación de oficio en la que nos hemos dirigido a la Diputación Provincial de Granada con objeto de conocer si le corresponde prestar la colaboración necesaria para proceder a realizar las obras necesarias a fin de que esta carretera pueda prestar el servicio que ya venía ofreciendo a la ciudadanía en general y, en especial, a los vecinos de este municipio antes de que se produjeran los hechos que dieron lugar a la situación actual.

En el supuesto de que efectivamente corresponda, queremos conocer los motivos por los que, con carácter urgente, no se han realizado tales obras para beneficiar a un municipio que, por los motivos aludidos, necesita de ayuda. En caso de que no fuera la Diputación Provincial la que debe prestar tal colaboración, interesamos que se nos comunique a qué Administración correspondería.

12-07-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz da por concluidas sus actuaciones tras comunicarnos la Diputación Provincial de Granada que las obras de arreglo de la carretera comenzarían en el mes de Junio de 2016.

En su respuesta, la Diputación Provincial de Granada nos remitió un completo informe del Jefe del Servicio Provincial de Carreteras, en el que se explicaban las medidas más inmediatas adoptadas tras los daños que las lluvias caídas en la zona originaron a este tramo de carretera, se aclaraban las alternativas que existían para viajar desde Lujar a Motril y se anunciaba que la reparación definitiva había sido incluida en el Plan de Carreteras 2016, encontrándose adjudicado el proyecto, estimándose que las obras comenzarían antes de que finalizara el mes de Junio.

De acuerdo con ello, valorando positivamente la respuesta que, a este problema, se había adoptado por parte de la Diputación Provincial y estimando que nos encontrábamos ante un asunto en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

El Ayuntamiento de Minas de Riotinto nos aduce sus razones para no aceptar nuestra resolución.

04-04-2016 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al tener conocimiento, tanto a través de los medios de comunicación como de distintas quejas que se nos han hecho llegar por parte de ciudadanos y asociaciones, de la controversia generada debido a la próxima entrada en funcionamiento en el municipio onubense de Minas de Riotinto de una zona de estacionamiento regulado en los aledaños del Hospital Comarcal de Riotinto, en el que se presta servicios a las localidades de la zona norte de la provincia de Huelva.

Dicha disconformidad se sustenta en el hecho de que se trata de una medida que afecta fundamentalmente a los familiares de los pacientes que, por razones de atención médica, deben acudir de forma obligatoria a dicha localidad y se adopta sin tener en cuenta su situación económica personal y las causas de necesidad que les obligan a desplazarse hasta el Hospital.

Pero, al margen de la mera disconformidad con la implantación de esta medida, y del hecho incuestionable de que los municipios, de acuerdo con la legislación local, ostentan competencias en materia de tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, pudiendo aprobar, como ocurre en muchos municipios, cumpliendo los trámites establecidos para ello, una ordenanza regulando el estacionamiento en determinadas zonas si se estima procedente, se aduce que la Ordenanza establecería la exención en el pago por estacionar a las personas empadronadas en el municipio, hecho que cuestionan por entender que vulneraría el principio de igualdad que contempla el artículo 14 y 31 de la Constitución Española, al suponer una discriminación a favor de los domiciliados en esa localidad.

Es decir de todo ello, se desprende, en principio, que sería la Ordenanza Fiscal la que, en su caso, podría establecer la exención de pago a las personas empadronadas que suscita la disconformidad de diversos municipios, asociaciones y particulares que dependen de los servicios del Hospital de esa localidad.

A la vista de todo ello y, sobre todo, de la inquietud generalizada que estas medidas están generando en la zona, hemos estimado oportuno iniciar esta actuación de oficio en la que nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Minas de Riotinto para conocer si ha aprobado ya la correspondiente Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por el estacionamiento de vehículos en las vías públicas municipales con limitación horaria, así como si se contempla la medida de exención total de pago a los empadronados en el municipio y, de ser así, que nos remita los informes jurídicos favorables que se hayan elaborado con carácter previo a la aprobación de dicha Ordenanza Fiscal.

Asimismo, le hemos trasladado que, ante la inquietud generada por la implantación de la zona ORA, creemos conveniente, tal y como hemos manifestado en diversas ocasiones, que este tipo de decisiones se adopten en un escenario de debate y máximo consenso con todos los sectores implicados de forma que su entrada en vigor cuente con el máximo respaldo social posible.

05-12-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

El Ayuntamiento de Minas de Riotinto nos aduce sus razones para no aceptar nuestra resolución.

El Defensor del Pueblo Andaluz, ante la inquietud que había generado en la población de los municipios de la zona la entrada en vigor de la zona de estacionamiento regulado en los aledaños del hospital de Riotinto, sito en el municipio onubense de Minas de Riotinto, inició esta actuación de oficio.

En la misma formuló resolución en la que, con los antecedentes y consideraciones que se indicaban, recordamos al Ayuntamiento de Minas de Riotinto, en relación con la polémica surgida en torno a la Ordenanza reguladora del estacionamiento limitado y, en concreto, sobre la previsión de la misma de eximir del pago del estacionamiento en la zona del hospital comarcal a los empadronados en el municipio, de que dicha previsión era incompatible con el principio constitucional de igualdad y contravenía, según nuestra opinión, la Ley reguladora de las Haciendas Locales, al tratarse de un beneficio fiscal no previsto en la misma. Por ello, le recomendamos al citado Ayuntamiento que, previos trámites legales que resultaran oportunos, se procediera a la modificación de la referida Ordenanza en lo que afectaba a esa previsión y se le sugería que, sin perjuicio del respeto al ejercicio de su "ius variandi", se valorara la posibilidad de conseguir el fin perseguido en cuanto a regular el estacionamiento en un centro hospitalario comarcal y, por tanto, de cobertura supramunicipal, mediante otros medios o reconsiderando las tarifas establecidas, habida cuenta el rechazo que las tarifas fijadas en la Ordenanza habían generado.

El Ayuntamiento, en respuesta a esta resolución, nos trasladó, de forma expresa y argumentada, que no aceptaba nuestra resolución, lo que determina que, en base a nuestra ley reguladora, procedamos al archivo del expediente de queja, mencionado expresamente esta circunstancia en nuestro Informe Anual al Parlamento de Analucía.

En concreto, el Ayuntamiento defendía que la implantación de la zona ORA va a permitir la descongestión del tráfico en la zona y que las zonas reguladas no se encontraban tan saturadas como en el momento de la respuesta, ya implantada esta ordenanza, garantizando la rotación durante las horas de mayor afluencia, descartándose cualquier intención recaudatoria. También defendía la correcta tramitación conducente a la aprobación de la Ordenanza sin que, durante el periodo de información pública, se presentara ninguna reclamación, sugerencia o alegación, ni con posterioridad se hubiera interpuesto recurso alguno. También se precisaba el concepto de residente para la Ordenanza y se descartaba que se pudiera producir ninguna vulneración del principio de igualdad, recordando la existencia de otras zonas ORA aledañas a los centros hospitalarios de otras localidades. Por todo ello, descartaba realizar ninguna modificación de las ordenanzas.