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El Defensor del Pueblo Andaluz recuerda al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera su obligación de auxiliar a esta Institución en sus investigaciones e inspecciones, así como de la obligación de resolver expresamente las solicitudes de los ciudadanos, recomendándole que se pronuncie expresamente si va a adoptar las medidas que demanda el interesado o, en caso contrario, nos informe de las razones par ello.

ANTECEDENTES

El interesado, en su escrito de queja, nos exponía que en el año 2013 adquirió una vivienda situada en el centro urbano en Jerez de la Frontera (Cádiz), resultando que la misma presentaba diversas deficiencias que venía denunciando por escrito. Entre dichas deficiencias citaba el gran deterioro del acerado, que obligaba a los peatones a circular por la calzada, el no funcionamiento del alumbrado público en gran parte de la calle, existencia de solares abandonados con peligro para viandantes y vecinos y, por último, la generalizada invasión del acerado por vehículos particulares, sin que se adoptaran medidas efectivas por parte de la Policía Local para evitarlo.

Afirmaba que sus escritos de reclamación venían recibiendo respuesta por parte del Ayuntamiento, pero éste, aunque anunciaba la adopción de medidas para mejorar la situación de la calle, lo cierto era que tales mejoras no se llevaban a efecto y el deterioro de la calle aumentaba de forma progresiva.

A raíz de estas afirmaciones del interesado, en Octubre de 2014 recabamos informe del citado Ayuntamiento, a fin de solicitar que se nos indicara si se compartía la opinión del afectado en cuanto al creciente deterioro de la calle y, de ser así, que se nos informara de las medidas que se tuvieran previsto adoptar para su subsanación, indicando el plazo aproximado en que se abordarían las actuaciones precisas. Asimismo, pedíamos conocer si la Policía Local tenía previsto efectuar un especial seguimiento para denunciar el aparcamiento irregular generalizado que, al parecer, se produce en dicha calle.

En la respuesta que recibimos se descartaba que existieran solares en mal estado en la calle en cuestión, aunque sí un deficiente estado de conservación de la fachada de una vivienda, por lo que se habían ordenado diversas actuaciones para adecentar dicha fachada, solicitándose licencia para ello por parte de la propiedad del inmueble.

Como quiera que ello solamente suponía una respuesta parcial a las cuestiones planteadas en nuestra petición de informe inicial, en Febrero de 2015 interesamos un pronunciamiento expreso acerca del resto de las cuestiones planteadas por el afectado a fin de conocer si se habían atendido las mismas o, de no ser así, saber las causas por las que ello no se estimara procedente.

Esta nueva petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, en Marzo y Abril de 2015, pero ello no había motivado que nos fuera remitida la misma, privándonos de conocer si, finalmente, habían sido abordadas las mejoras de la calle que el interesado estimaba necesarias.

CONSIDERACIONES

Primera.- Debido a este silencio municipal, esa Alcaldía ha podido incurrir en incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), establece la obligación de la Administración de dictar en todos los procedimientos resolución expresa sobre el fondo del asunto y notificar la misma.

Debe añadirse que el apartado 7 del artículo 42 de la LRJPAC establece que «El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo», pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

Cuarta.- De acuerdo con el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el Municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras, en materia de pavimentación de vías públicas y urbanas, ordenación del tráfico de vehículos y personas y de alumbrado público, cuestiones sobre las que el reclamante entiende que existen carencias o deficiencias en la calle en cuestión.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 del artículo 42, apartado 1, de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECORDATORIO 3 del artículo 25, apartado 2, de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en lo que se refiere a las materias de pavimentación de vías públicas y urbanas, ordenación del tráfico de vehículos y personas y alumbrado público.

RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad que ese Ayuntamiento se pronuncie de forma expresa sobre las solicitudes de mejoras en la calle formuladas por el reclamante, señalando si se van adoptar las medidas que se demandan o, en caso contrario, que se informe sobre las razones por las que ello no se estime procedente.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz, además de recordar al Ayuntamiento de Sevilla su obligación de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones, recuerda la obligación de las Administraciones Públicas de resolver expresamente las solicitudes de los ciudadanos, recomendándole que informe si tiene previstas actuaciones alternativas para eliminar o reducir la contaminación acústica provocada por los vehículos que transitan por el tramo en cuestión.

ANTECEDENTES

La interesada nos indicaba en su escrito de queja que había solicitado al Ayuntamiento de Sevilla el reasfaltado de un tramo de avenida (final de la Avenida de Juventudes Musicales y la Glorieta Berrocal) para evitar o paliar la contaminación acústica que sufre en su domicilio.

En concreto, mostraba su disconformidad con el hecho de que se deje un tramo sin reasfaltar entre el final de la Avenida de Las Juventudes Musicales y la Glorieta Berrocal, por lo que los vecinos allí residentes debían seguir soportando, a su juicio, un ruido insoportable procedente de los vehículos que circulan por la ronda urbana norte de esta capital. Señalaba que dicho tramo, que había quedado fuera del proyecto de reasfaltado, seguía recibiendo miles de vehículos diariamente y el ruido no se había paliado, siendo así que los bloques de viviendas de la zona databan de antes que se construyera la ronda urbana norte.

Tras la admisión a trámite de esta queja, en Octubre de 2014 solicitamos informe al Ayuntamiento de Sevilla acerca de si era posible atender esta petición vecinal o, de no ser así, que nos indicara las causas por las que ello no se estimara procedente, señalando si se tenía previsto otras actuaciones alternativas que permitieran eliminar o reducir la contaminación acústica generada por los vehículos que transitaban por la zona.

En la respuesta del Ayuntamiento se indicaba que, en el presupuesto de 2015, no se contemplaba dotación económica para la contratación de las obras solicitadas y, por tanto, no era posible atender la petición formulada.

Ante esta respuesta y dado que, en nuestra petición de informe inicial, indicábamos al Ayuntamiento que si no era posible atender la petición vecinal de reasfaltado del citado tramo, se nos señalara si se tenían previstas otras actuaciones alternativas que permitieran eliminar o reducir la contaminación acústica y no se decía nada en el informe del Servicio de Proyectos y Obras, en Marzo de 2015, nuevamente interesamos que se adoptara alguna medida que, al menos, permitiera reducir o paliar dicha contaminación acústica, cuya medición asimismo se interesaba.

Esta nueva petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, en Abril y Junio de 2015, pero ello no había motivado que nos fuera remitida la misma, a pesar de que, con fecha 23 de Septiembre de 2015, personal de esta Institución se puso en contacto telefónico con el Gabinete de Alcaldía para interesar por dicha vía su contestación, privándonos de conocer si, durante el presente año 2016, se encontraba prevista alguna actuación que permitiera eliminar o reducir esta contaminación acústica.

CONSIDERACIONES

Primera.- Debido a este silencio municipal, esa Alcaldía ha podido incurrir en incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), establece la obligación de la Administración de dictar en todos los procedimientos resolución expresa sobre el fondo del asunto y notificar la misma.

Debe añadirse que el apartado 7 del artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que «El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo», pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

Cuarta.- El Decreto 6/2012, de 17 de enero, de protección contra la contaminación acústica de Andalucía, recoge en su articulado diversas obligaciones de las Administraciones competentes cuando el foco emisor de contaminación acústica que impide el cumplimiento de los objetivos de calidad, es el tráfico rodado de vehículos, en aras a ajustar esa contaminación a los niveles máximos permitidos. Igualmente, en la Ordenanza contra la Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones de Sevilla, se prevé la situación consistente en que el emisor acústico dominante sea el tráfico, a los efectos de la adopción de determinadas medidas en zonas de  protección acústica especial y en los planes zonales específicos, tales como fijar limitaciones de velocidad, templado de tráfico, mejora de las características acústicas del firme o cualquier otra que se estime oportuno adoptar. Entendemos que, ante la pasividad de ese Ayuntamiento en este caso, podríamos encontrarnos ante un claro incumplimiento de la normativa citada en detrimento de la calidad de vida de los vecinos de la zona.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 del artículo 42, apartado 1, de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECORDATORIO 3 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, de protección contra la contaminación acústica de Andalucía y de la Ordenanza contra la Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones de Sevilla, que pueden estar siendo incumplidos en este caso.

RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de que, a la mayor brevedad posible, ese Ayuntamiento informe acerca de si se tienen previstas actuaciones alternativas que permitan eliminar o reducir la contaminación acústica generada por los vehículos que transitan por el tramo en cuestión o, de no ser así, que nos exprese las razones por las que ello no se estima procedente.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz sugiere al Ayuntamiento de Coín que, dada su competencia para la gestión y ordenación del servicio de taxi en el municipio y respetando el marco normativo que resulte legalmente aplicable, impulse con eficacia las medidas acordadas por la Comisión Especial del Taxi, de forma que sean puestas en vigor a la mayor brevedad posible, y se lleve a cabo una actuación mediadora entre todos los sectores implicados para acabar con la situación de enfrentamiento, dejando claro los compromisos que asumen cada una de las partes para que ello resulte posible.

ANTECEDENTES

El titular de una licencia de taxi del municipio malagueño de Coín, dados sus problemas de salud, decidió contratar los servicios de un asalariado. Con motivo de ello, el Ayuntamiento requirió la aportación de partes sanitarios que acreditaran efectivamente que el mismo no podía prestar directamente el servicio y que, por ello, estaba justificada la contratación de los servicios de un asalariado. El titular entendía, y así lo manifiesta en diversos escritos a el Ayuntamiento, que los requerimientos que se le formulaban para la aportación de dichos partes sanitarios resultaban demasiado perentorios y reiterados, en espacios de tiempo muy breves.

Considerando que el titular de la licencia podría estar incurriendo en infracción muy grave al no aportar licencia/autorización interurbana adscrita al vehículo, así como no informar de los turnos y horarios que prestan titular y asalariado y no acreditarse las circunstancias que motivaban dicha contratación, se incoaron Diligencias de Averiguación, que concluyeron con la suspensión de la licencia y una serie de iniciativas ante la situación descrita, lo que motivó innumerables escritos de disconformidad y denuncia por parte de los reclamantes (titular de la licencia y asalariado contratado por aquél).

Ante la situación de enfrenamiento de los interesados con el resto de los titulares de licencia en el municipio, al considerar éstos últimos que la situación del asalariado era irregular, el Ayuntamiento decidió recuperar la ordenación del servicio y la regulación de su funcionamiento, que tenía encomendada a una asociación formada por taxistas de la ciudad. Por otra parte, una vez aportada la documentación que le fue requerida, se dejó sin efecto la suspensión de la licencia, pero no se autorizó la contratación del asalariado por considerar que no se habían justificado suficientemente las circunstancias que motivaban la misma.

Por parte de los afectados se estimó que se estaba actuando de forma discriminatoria contra ellos, toda vez que el resto de los titulares incurrían en graves deficiencias en la prestación del servicio y contaban con asalariados sin que, por parte de el Ayuntamiento, se adoptaran medidas contra ellos del mismo tenor que las que, en su caso, sí se adoptaron.

Con la intención de solucionar esta continúa situación de enfrentamiento y atender a otros problemas del sector se acordó la celebración de una Comisión Especial Taxi, convocándose a todos los titulares, pero a la que no asistió, por imposibilidad manifestada, el titular de la licencia que formulaba la presente queja. En dicha reunión se decidió, entre otras medidas, llevar a cabo la adaptación de la Ordenanza Municipal al Decreto 35/2012, de 21 de Febrero; requerir a los titulares de licencia la documentación necesaria para el visado de las licencias, conforme a lo establecido en el Decreto antes citado. También se decidió que, dado que ningún titular dispone del certificado de aptitud previsto en el Decreto 35/2012, se les comunicó la necesidad de obtener dicho certificado, lo que además resulta extensible a los posibles asalariados, que solamente serán admitidos en las condiciones que regula el propio Decreto.

CONSIDERACIONES

Primera.- A pesar de las anteriores medidas adoptadas por ese Ayuntamiento prosigue la situación de enfrentamiento entre los reclamantes y el resto de los titulares de licencia, continúan los requerimientos por parte de ese Ayuntamiento de nuevos partes de baja laboral que el afectado considera improcedentes por ser autónomo y, en definitiva, persiste una tensión indeseable entre las partes intervinientes en este conflicto.

Segunda.- Por otra parte, ignoramos si las medidas acordadas en la Comisión Especial Taxi celebrada el pasado 2 de Diciembre de 2015, están siendo impulsadas con eficacia por parte de ese Ayuntamiento y, en definitiva, si se está normalizando y regularizando la situación de todos los titulares de licencia de autotaxi de ese municipio. Y ello, a pesar de que cabe considerar que su implantación podría conllevar una posible solución a la problemática que suscita esta queja, aclarando los requisitos que deben reunir titulares y asalariados y las circunstancias en que pueden ser contratados éstos últimos.

Tercera.- Ese Ayuntamiento, tras retirar la encomienda concedida a la asociación de taxistas del municipio, ostenta la competencia -de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, del Decreto 35/2012, de 21 de Febrero y la correspondiente Ordenanza Municipal- para la gestión y ordenación del servicio del taxi en el municipio.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA de que, sin perjuicio de impulsar con eficacia las medidas acordadas en la Comisión Especial Taxi de 2 de Diciembre de 2015, de forma que sean puestas en vigor a la mayor brevedad posible, se lleve a cabo una actuación mediadora por parte de ese Ayuntamiento en la que, con participación de representantes de la asociación de taxistas y del titular y asalariado de éste, se intente acabar con la actual situación de enfrentamiento, dejando claros los compromisos que asumen cada una de las partes para que ello resulte posible. Todo ello, sin perjuicio de respetar el marco normativo que resulte legalmente aplicable.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz, ante el incumplimiento de los plazos previstos en el planeamiento para el desarrollo urbanístico del sector, lo que provoca que las obras de un vial de conexión se demoren en el tiempo, ha sugerido al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera que adopte una posición activa para que la barriada San José Obrero cuente con este vial de conexión con el casco urbano, debidamente acondicionado, pavimentado y dotado del acerado correspondiente, todo ello con la máxima celeridad posible.

ANTECEDENTES

La interesada denunciaba en su escrito de queja la situación de aislamiento que, en su opinión, afecta a la barriada San José de la ciudad gaditana de Jerez de la Frontera.

La reclamante, en su condición de Presidenta de una asociación de vecinos de la zona, nos describía el malestar vecinal existente ante la carencia de infraestructuras básicas que afecta a la zona, principalmente en cuanto a la vía de comunicación, Avenida San José Obrero, que les une con el casco urbano, carente de aceras, iluminación, etcétera, lo que provoca, siempre a su juicio, que todos los residentes tengan graves problemas en sus desplazamientos, especialmente aquellas personas con movilidad reducida, escolares, etc. Por ello, mantenía que los vecinos se ven gravemente dificultados para el ejercicio de muchos de sus derechos ciudadanos básicos. Añadía que los responsables de esa Corporación Municipal, a pesar de sus muchas gestiones, no habían adoptado medidas efectivas para solucionar los problemas de la barriada.

Tras solicitar informe al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, recibimos respuesta de la Alcaldía-Presidencia, adjuntando informe del arquitecto del Departamento de Planeamiento en el que, ciñéndose a la barriada San José Obrero III Fase, daba cuenta de su origen irregular y de que, para posibilitar su regularización, en el Plan General de 1995 se incluyó en el Suelo Urbano No Consolidado como Unidad de Ejecución U.E. 4.A.2 que se desarrolló, reparceló y urbanizó, pasando a constituir suelo urbano consolidado, que es como aparece en el vigente PGOU.

Añadía que esta barriada está separada del otro sector del suelo urbano más cercano por unos terrenos incluidos en el Sector “Las Abiertas de Caulina”, de Suelo Urbanizable Sectorizado, de uso previsto residencial y de iniciativa privada a desarrollar por compensación. Se trata de los terrenos por los que discurrirá el acerado que solicita la asociación reclamante.

Esta información determinó que, en Septiembre de 2015, volviéramos a dirigirnos al citado Ayuntamiento a fin de conocer si el planeamiento municipal contemplaba plazos temporales para el desarrollo y urbanización de este Sector de “Las Abiertas de Caulina” y, en el caso de haberse sobrepasado los posibles plazos contemplados en el Plan General, si se tenía previsto un cambio del sistema por otro de iniciativa pública que posibilite su desarrollo sin retrasos, dado el interés general y en particular para los residentes en la barriada San José Obrero III Fase, que ello reviste.

A raíz de ello, recibimos un nuevo informe del arquitecto municipal en el que, en síntesis, tras reiterarse en lo indicado anteriormente, se descartaba solucionar el problema del aislamiento de la barriada mediante una sustitución del sistema de gestión privada del planeamiento por otro de iniciativa pública para la urbanización del Sector por no ser viable económicamente. Y ello, por cuanto, como ha ocurrido con el resto de los Sectores recogidos en el PGOU, la recesión económica y consiguiente falta de demanda, había paralizado la actividad constructiva en la ciudad, por lo que en dicho contexto se consideraba que no tendría sentido cambiar el sistema de actuación por otro público para construir unas viviendas que la ciudadanía no demanda y que resultaría insostenible económicamente.

Ante este estado de cosas, en Diciembre de 2015 volvimos a dirigirnos al Ayuntamiento para resaltar que lo cierto es que la asociación de vecinos que formula la queja lo que demandaba era una conexión adecuada de la barriada San José Obrero con el resto del casco urbano, conexión que sería posible urbanizando un acceso de unos 200-300 metros de longitud.

Cuestión que aunque, en principio, se pretendía resolver mediante la urbanización del Sector “Las Abiertas de Caulina” quedaba descartada, según lo expuesto por el Departamento de Planeamiento, lo que supone que se demora «sine die» y sin alternativa alguna la solución del problema de aislamiento de barriada que suscita esta demanda vecinal. En consecuencia, pedíamos información acerca de qué otras medidas pudieran adoptarse para que, mediante el procedimiento que se estimara procedente, la barriada San José Obrero pueda contar con una adecuada conexión vial con el resto del casco urbano de la ciudad.

La última respuesta municipal viene a consistir en otro informe del Departamento de Planeamiento en que se mantiene que esta barriada es un asentamiento que está aislado del casco urbano como ocurre en otros casos y que, por tanto, las obras del vial de conexión sólo podrán realizarse como consecuencia del desarrollo del sector “Abiertas de Caulina”.

CONSIDERACIONES

Primera.- Se constata que existe un claro incumplimiento de los plazos previstos en el planeamiento para el desarrollo urbanístico del Sector “Abiertas de Caulina” con la consecuencia que las obras del vial de conexión demandadas por los vecinos van a demorarse de forma indefinida, persistiendo de esta forma una sensación de aislamiento de la barriada San José Obrero. En tales casos, la normativa urbanística prevé la sustitución del sistema de actuación privado por otro de iniciativa pública, lo que queda descartado dada la paralización de la construcción de viviendas debido a la crisis económica y consecuente falta de demanda de viviendas haciendo insostenible económicamente el citado cambio de sistema de gestión.

Segunda.- A la vista de los informes del Departamento de Planeamiento sobre la insostenibilidad económica de un posible cambio de gestión del sector, la consecuencia es, reiteramos, la persistencia de una situación de práctico aislamiento de la barriada que pretendía solucionarse ya desde PGOU de 1995. Nos encontramos con ello ante una grave carencia de una infraestructura básica para que los vecinos puedan acceder en condiciones de seguridad a sus domicilios, carencia sobre la que consideramos que no puede permanecer ajeno ese Ayuntamiento toda vez que la situación supone que esta razonable petición vecinal no vaya a ser resuelta ni a medio, ni a largo plazo, con la peligrosidad e incomodidades que ello ocasiona.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA de que ese Ayuntamiento adopte una posición activa para la solución de este problema de forma que la barriada San José Obrero pueda contar con un vial de conexión con el casco urbano debidamente acondicionado, pavimentado y dotado del acerado correspondiente. Todo ello, sin vincularlo al desarrollo urbanístico del Sector que, como ha quedado aclarado, resulta insostenible económicamente en la actualidad. Esta iniciativa municipal, que debería articularse a través del procedimiento que se estime procedente, debe llevarse a cabo con la máxima celeridad posible, dado el largo plazo temporal transcurrido desde que las personas residentes en la zona vienen demandando una intervención municipal para afrontar esta carencia.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz sugiere al Ayuntamiento de Sevilla que estudie una propuesta para que, en la medida en que resulte presupuestariamente posible y modulándolas, en su caso, en función de los ingresos económicos, el grado de discapacidad o nivel de movilidad reducida, se regulen excepciones o bonificaciones en el transporte público urbano aplicables por TUSSAM para las personas con discapacidad.

ANTECEDENTES

En esta Institución compareció, mediante escrito, el interesado exponiéndonos, en síntesis, que su hijo, con una discapacidad del 99% y que sólo cobra una pensión no contributiva, por tanto pensionista, no tenía derecho a las tarjetas bonificadas por parte de TUSSAM al no ser persona mayor pensionista. Añadía que, planteando esta cuestión, se dirigió por escrito a TUSSAM, que le había aclarado que aplicaba las tarifas propuestas por el Ayuntamiento de Sevilla y aprobadas por la Junta de Andalucía, añadiendo que existía una amplia gama de títulos de viaje, algunos gratuitos y otros bonificados, pero que no se contemplaba el bonobús gratuito para personas discapacitadas.

CONSIDERACIONES

En principio, no cabe advertir irregularidad alguna en el posicionamiento expresado por TUSSAM al interesado, puesto que aplica las tarifas aprobadas por ese Ayuntamiento que, además, están refrendadas por la Junta de Andalucía. Sin embargo, las personas con discapacidad vienen expresando su inquietud a esta Institución señalando que, con motivo de la crisis económica, las diferentes administraciones públicas vienen restringiendo de forma notable las medidas que, en orden a favorecer la integración de los miembros de este colectivo, se venían implementando de forma progresiva en anteriores periodos de menos dificultades presupuestarias. Como muestra de ello, nos permitimos adjuntarle copia del escrito de Conclusiones que, tras un encuentro con las principales Asociaciones representativas de las personas con discapacidad de las diferentes provincias de Andalucía, fue confeccionado por esta Institución y que, en definitiva, plantea la necesidad de renovar e impulsar nuevas actuaciones que permitan situar a este colectivo en un plano de igualdad con el resto de la ciudadanía.

De acuerdo con el artículo 49 de la Constitución Española, los poderes públicos tienen el deber de realizar una política que ampare a las personas con discapacidad en el disfrute de los derechos que el Titulo Primero de nuestra Carta Magna otorga a toda la ciudadanía.

Pero no se trata de un objetivo jurídico-formal contenido entre los principios rectores de la política social y económica, sino que, de manera absolutamente contundente, el artículo 9.2 de nuestra Norma Suprema establece que corresponde a los poderes públicos no solo promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, sino que los poderes públicos tienen la obligación de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 14, establece una clara prohibición de toda discriminación en el ejercicio de los derechos, añadiendo que dicha prohibición no impedirá acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas, disponiendo en su artículo 24 el derecho de las personas con discapacidad a acceder a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo personal y social. Finalmente, el artículo 37, que establece los principios rectores de las políticas públicas, recoge el de conseguir la autonomía y la integración social y profesional de las personas con discapacidad de acuerdo con los principios de no discriminación, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades, añadiendo que estos principios se orientarán además a superar las situaciones de desigualdad y discriminación de las personas y grupos que puedan derivarse de sus circunstancias personales o sociales o de cualquier otra forma de marginación o exclusión. Para ello, su desarrollo facilitará el acceso a los servicios y prestaciones correspondientes para los mismos, y establecerá los supuestos de gratuidad ante las situaciones económicamente más desfavorables.

Andalucía, como otras Comunidades, aprobó, sin perjuicio de la legislación estatal, una norma con rango de ley, denominada Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía y más recientemente, se publicó el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía. Quizás, como última norma de referencia en el ámbito estatal, quepa mencionar, por su entidad, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Toda esta normativa abunda en los principios y obligaciones que la Constitución recoge en cuanto a la necesidad de realizar políticas activas y de fomento tendentes a la integración de las personas con discapacidad.

Lo cierto es que, en el marco de esta normativa y entrando ya en la petición que formula el interesado, existen diversas capitales españolas y, más concretamente, andaluzas, en las que se establecen exenciones o bonificaciones en el acceso de las personas con discapacidad en sus respectivos servicios de transporte público urbano, aunque ello se condicione en casi todos los casos a que estas personas no superen unos determinados ingresos, tengan un determinado grado de discapacidad, un concreto grado de movilidad reducida, etcétera, pero con estos condicionantes, se regulan medidas que favorecen la integración y que pasan por garantizar la movilidad independiente de este colectivo.

En el supuesto que afecta al reclamante, nos encontramos con que su hijo tiene reconocida una discapacidad del 99% y percibe una pensión no contributiva de escasa cuantía, resultando que, con tales condicionantes, son bastantes las poblaciones españolas en las que podría disfrutar de exención o, al menos, bonificación en el transporte urbano, lo que no ocurre en el caso de Sevilla lo que, para el interesado, por más que no suponga ninguna actuación irregular por parte de TUSSAM, le genera una lógica incomprensión y la convicción de sufrir una cierta discriminación con respecto a otras personas que, en similar situación, sí disfrutan de tales prestaciones por el mero hecho de residir en otras ciudades.

En atención a todo lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA de que, por parte de ese Ayuntamiento de Sevilla, se estudie una propuesta de nuevas tarifas del transporte urbano, aplicables por TUSSAM, en las que, en la medida que resulte presupuestariamente posible y sin perjuicio de que puedan modularse en función de los ingresos económicos personales, el grado de discapacidad o el nivel de movilidad reducida personal, se regulen exenciones o bonificaciones en el transporte público urbano para las personas con discapacidad que lo soliciten y reúnan los requisitos que se establezcan, en aras de facilitar su movilidad y favorecer, de esta manera, su mayor integración y acceso al disfrute de los bienes y servicios públicos de la Ciudad.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz