El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha presentado hoy ante el pleno del Parlamento andaluz el Informe Anual del Menor 2015, en el que ha dado cuenta del balance de la institución en asuntos de menores durante el pasado año. Los datos en 2015 señalan un considerable aumento del número de expedientes respecto del ejercicio anterior. Es así que a lo largo de 2015 el número total de actuaciones de la Defensoría en asuntos de menores se elevó a 3.348, de las cuales 1.370 se refieren a quejas, y 1.978 a consultas. En cuanto a quejas nuevas, el incremento de la actividad de la Institución fue del 23,3% respecto del ejercicio anterior de 2014.
Jesús Maeztu ha destacado que, un año más, la educación origina el mayor número de expedientes de quejas. Le siguen asuntos relacionados con la protección de los derechos personales de los menores, los servicios sociales, la vivienda y la salud. Durante el pasado año, el Defensor del Menor ha detectado un incremento en las quejas relativas a la educación especial y compensatoria y las reclamaciones sobre cuestiones relacionadas con menores en el Sistema de Protección.
Tres conclusiones principales presenta este informe. Uno, el aumento de la pobreza infantil, agravado por la situación de crisis. Sobre los distintos datos estadísticos, Maeztu ha señalado que le parece fundamental contar con un diagnóstico serio, riguroso y consensuado sobre la situación de la pobreza infantil en Andalucía. Una actuación que se tiene que realizar al amparo de la Alianza de la lucha contra la pobreza infantil que se suscribió en junio de 2015 con 30 entidades y organizaciones de la sociedad civil, ha añadido el Defensor del Menor.
Estos niños y niñas que padecen la pobreza infantil tienen menos posibilidades de tener un buen rendimiento escolar, disfrutar de buena salud o aprovechar todo su potencial en la etapa adulta, ha señalado Jesús Maeztu. Y son muchas las posibilidades de que estos menores hereden la pobreza, porque ésta se transmite de padres a hijos.
El Defensor del Menor ha reclamado que la pobreza en la infancia debería ser abordada como un asunto de Estado. Por ello la primera propuesta que ha transmitido es la necesidad de afrontar una mayor inversión en la infancia.
En segundo lugar, el Defensor del Menor de Andalucía ha emplazado a los diputados andaluces a adaptar la nueva normativa sobre el sistema de protección a la infancia aprobada el pasado año. Y en tercer lugar, Jesús Maeztu ha reivindicado una especial atención para el drama de los refugiados, en especial de los menores. El Defensor ha reclamado a la Junta de Andalucía que emplee todos los recursos para garantizar el pleno respeto del derecho a la educación, a la salud y a vivir bajo un techo digno. También que los colegios estén preparados para la escolarización en cualquier época del año; incidir en los métodos e instrumentos para facilitar a estos alumnos el aprendizaje de la lengua española; una especial protección a los menores potenciales víctimas de trata de seres humanos o de otros tipos de explotación y campañas de sensibilización para evitar la aparición de xenofobia o racismo. "De nosotros depende que en el futuro estos niños sean adultos respetuosos de las leyes y los tratados de derechos humanos o por el contrario, que se conviertan en supervivientes ante un mundo que le ha sido hostil desde su infancia", ha expresado Jesús Maeztu.
Además de estos tres grandes retos, el Informe Anual del Menor 2015 profundiza en los problemas en el acceso a la educación de los alumnos con necesidades especiales. Jesús Maeztu ha señalado problemas en la falta de planificación en la escolarización de este alumnado en los colegios ordinarios, la ausencia o insuficiencia de monitores en Enseñanzas Infantil y Primaria, o la escasa dotación de personal en los comedores para la atención de estos niños. Más grave es la situación en los centros específicos de educación especial, donde Jesús Maeztu ha lamentado que del optimismo con el que se recibió el plan para la mejora educativa de estos centros se ha pasado a la "decepción", ya que aún quedan por desarrollar algunas de las medidas más trascendentales del Plan, como la mejora de las infraestructuras, que se determine la ratio de profesionales por alumnado y que se mejoren los servicios complementarios (aulas matinales, comedores escolares,...). Otros problemas en educación referidos por Jesús Maeztu han sido los retrasos en el pago de las becas (del Ministerio y de la Junta) o las infraestructuras escolares. También el Defensor del Menor ha dedicado una especial atención a la convivencia en las aulas, a la espera de presentar en las próximas semanas un informe monográfico sobre el acoso escolar.
Además de educación, Jesús Maeztu ha trasladado a los diputados los problemas de los menores en sanidad, con la denegación de las solicitudes de uso compasivo de determinados medicamentos, o el modelo de atención temprana.
Sobre vivienda, y ante la necesidad de dar una solución inmediata al problema habitacional que afecta a las familias, y muy especialmente a aquellas integradas por niños y niñas, el Defensor del Menor ha hecho un llamamiento a un esfuerzo común de administraciones, organismos e instituciones para que satisfagan el derecho constitucional a una vivienda, con luz y agua garantizadas, a las familias con menores.
Y los niños y niñas quieren vivir, además, en un entorno adecuado, ha añadido el Defensor del Menor, que ha reclamado una ciudad sostenible, porque los espacios en los que vivimos afectan de manera singular a los menores. "Porque un paseo por cualquier barrio marginal nos dice hasta qué punto el menor va a crear una imagen distorsionada de la ciudad. Si un niño ve a diario parques infantiles rotos y abandonados, solares sin edificar, basura, farolas apagadas por la noche... pocas ganas tendrán esos menores de disfrutar y compartir el espacio público", ha lamentado Jesús Maeztu.
Otros de los temas abordados en la presentación del informe han sido la convivencia en el propio hogar y la labor que hacen los equipos de tratamiento familiar, los problemas en la retirada de menores, los malos tratos a la infancia o la violencia machista. También Jesús Maeztu ha anunciado la que será una prioridad en el ejercicio de 2017, los niños y niñas con problemas de salud mental, y la nueva situación tras el cambio normativo que les excluye de los ingresos en los centros de menores afectados con trastorno de conducta.
