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Se contrata un especialista en rehabilitación para disminuir demoras en hospital de Puerto Real.

El Defensor del Pueblo Andaluz formulaba Resolución al Hospital de Puerto Real, recomendando que para la superación de las situaciones de larga espera se adopten por ese hospital las medidas organizativas y asistenciales precisas, referidas fundamentalmente a la ampliación de los medios humanos y materiales para la satisfacción de la demanda, y en concreto se adopten medidas para agilizar las citas con la unidad de rodilla de la unidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología, al objeto de que pueda llegar a determinarse la alternativa terapéutica apropiada para los mismos en el menor tiempo posible, con el fin de evitarles sufrimiento y permitirles el desarrollo normalizado de su vida personal y laboral.

En respuesta a nuestra Resolución se nos informa que, tras investigación profunda de los hechos, y atendiendo las recomendaciones formuladas, se ha procedido a la contratación de un facultativo especialista de área en rehabilitación por lo que se ha creado una agenda para atender los procedimientos de cirugía ortopédica y traumatología, entendiendo que las demoras se reducirían considerablemente.

En estos términos entendemos aceptado el contenido de nuestra Resolución, y por ello vamos a concluir nuestras actuaciones en este expediente.

Se crea un grupo de trabajo para analizar la respuesta a las reclamaciones de los ciudadanos.

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución al Hospital Regional de Málaga, recomendando, por un lado, que se emita respuesta a la reclamación de la parte promotora de la queja que resulte adecuada y, por otro, que la formulación de Reclamaciones y Sugerencias por el funcionamiento del servicio sanitario que se presta en ese hospital, se siga de un análisis pormenorizado del asunto planteado que permita detectar déficits y valorar posibilidades de mejora, de forma que la respuesta emitida a las mismas, más allá de manifestaciones de intenciones, se centre en comunicar las actuaciones indagatorias realizadas y las medidas adoptadas en el caso concreto, sin perjuicio de otro tipo de evaluaciones globales que de manera períodica se puedan llevar a cabo.

En respuesta a la Resolución formulada, hemos recibido informe en el que se indica la aceptación de la misma, y añadiendo que en relación con las medidas adoptadas para su efectividad, han iniciado los trámites administrativos oportunos para adoptar medidas organizativas en relación al análisis y mejora de las respuestas remitidas a las reclamaciones y sugerencias formuladas en ese centro. En esta línea se ha creado un grupo de trabajo y se han celebrado varias reuniones con los responsables y con el personal encargado de su tramitación.

A tenor de lo expuesto consideramos que por parte del hospital se han aceptado los términos de nuestra resolución y por este motivo damos por concluidas nuestras actuaciones en este expediente.

El hospital actualiza los datos identificativos de su hijo en sus bases de datos.

La parte promotora de la queja exponía que su hijo fue adoptado con 5 años, en España, pero el juicio de adopción duró hasta que cumplió 10 años.

Al cambiarle su nombre en todas las instituciones y obtener su DNI, su tarjeta sanitaria, cambios en el colegio, etc., ya presentó los papeles oportunos. Pero ahora, tres años después, todavía permanece con sus apellidos antiguos en los registros e historial del Hospital Infantil de Virgen del Rocío.

Cuando le dan cita y le atienden de urgencia, todos los papeles suyos salen con su nuevo nombre, pero al ir a consulta ordinaria, salta que todo su historial y datos están con el antiguo.

Les ofrece cambiarlo con el DNI y con la tarjeta de Salud, pero le dicen que debe llevar el libro de familia y una partida literal de nacimiento actual, a lo que se niega, pues entiende que esa base de datos y ese hospital pertenecen a la misma administración de Salud, que ya cambió los datos del niño y recibió la documentación oportuna.

Le dicen en la subdirección del hospital que si no lo hace y aunque les presente una reclamación y petición del cambio de manera oficial, se lo van a denegar.

La parte interesada se siente tratada de forma injusta, que le hacen perder tiempo en viajes y pedir y conseguir papeles, como la partida de nacimiento, que cree que no son necesarios, cuando la identidad del niño se demuestra por las propias bases de datos del sistema de salud, y por el DNI y tarjeta sanitaria, que ella aportó.

Interesados ante el Hospital Virgen del Rocío se nos indica mediante informe que la parte interesada modificó los datos de su hijo aportando la correspondiente documentación den el Centro de Salud, pero que por un error informático la aplicación correspondiente no se actualizó.

Indican que en el momento que el Servicio de Atención a la Ciudadanía tuvo conocimiento del escrito remitido por esta Institución, procedió a la actualización de los datos. Así, desde el 11 de octubre los datos del menor están actualizados en su Historia Digital.

Dado que el asunto objeto de la presente queja se encuentra solucionado, procedemos al cierre del expediente.

Se reorganiza actividad y se concierta con centros privados para disminuir la demora en pruebas de imagen.

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución al Hospital de Puerto Real, por la que recomienda que se adopten las medidas organizativas oportunas para que se respete el plazo máximo previsto normativamente para la práctica de las ecografías.

Y que, en los casos en los que se supere el plazo máximo establecido sin que la prueba diagnóstica se haya realizado, y siempre que no hayan concurrido circunstancias que determinen la suspensión del mismo o la pérdida de la garantía, se comunique a los ciudadanos la posibilidad de acudir a un centro privado para su realización.

En respuesta a la Resolución formulada, hemos recibido informe en el que se indica la aceptación de la misma, así como las medidas adoptadas al respecto.

A la vista de que por parte del hospital se han aceptado los términos de nuestra resolución damos por concluidas nuestras actuaciones en este expediente.

Las Administraciones competentes se comprometen a adoptar medidas efectivas para dar solución a los cortes de luz en la zona norte de Granada.

La presente queja de oficio se ha tramitado en relación con el problema de los cortes de suministro en la zona norte de Granada, derivados principalmente de enganches ilegales para plantaciones de cannabis.

Valorábamos que el abordaje de esta compleja situación requería una intervención coordinada de las distintas Administraciones competentes: estatal, en aquellas cuestiones que afectan a la seguridad y al orden público; autonómica, en cuanto que es la que tiene las competencias exclusivas en materia del derecho a la vivienda; y local, con competencias en materia social, dadas las situaciones de vulnerabilidad y de verdadera exclusión social que se aprecian en los barrios afectados.

En consecuencia, con fecha 18 de mayo de 2016 formulábamos Resolución al Ayuntamiento de Granada, a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para que de forma efectiva pusieran en marcha, de forma coordinada y en su respectivo ámbito de competencias, las medidas que fuesen necesarias para solucionar definitivamente el problema de los cortes de suministro.

Del mismo modo, creíamos conveniente solicitar la colaboración de Endesa para facilitar las tareas necesarias en orden a la normalización del suministro eléctrico en la zona.

También trasladábamos la situación a la Fiscalía Superior de Andalucía a fin de someter a su consideración la posibilidad de iniciar una investigación sobre los delitos que se estarían cometiendo y, fundamentalmente, para facilitar la identificación de las personas responsables y su debida imputación.

En respuesta a nuestra Recomendación hemos recibido los informes de las Administraciones interpeladas.

Así, el Ayuntamiento de Granada nos informa de las actuaciones realizadas para paliar situaciones de “pobreza energética” de familias que habrían optado por la defraudación del fluido eléctrico para atender sus necesidades básicas, así como de la inminente firma de un convenio con Endesa para evitar los cortes a familias sin recursos. Asimismo el Ayuntamiento estaría impulsando la reapertura de puntos de información al consumidor periféricos que permitan canalizar la demanda ciudadana relacionada con los perjuicios derivados de los cortes.

Por otra parte esta Institución ha tenido conocimiento de la iniciativa municipal para dar respuesta al problema a través del proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural que se desarrolla en la zona, con la posibilidad de contar con la figura de un mediador.

La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo manifiesta que continúa con sus actuaciones de seguimiento y control de la calidad de suministro de electricidad y tramita las correspondientes reclamaciones de los consumidores por incumplimiento de los índices de calidad, si bien remite las cuestiones relacionadas con la reclamación de daños y perjuicios a la jurisdicción civil o, en su caso, a la mediación o arbitraje.

Por su parte, la Secretaría General de Vivienda nos ha explicado las gestiones de recuperación de viviendas usurpadas por vía judicial y el trabajo continuo de regularización de viviendas del parque público, así como de mejora en las promociones de vivienda pública en alquiler que ha permitido la localización de enganches ilegales.

Las Diligencias de Investigación Penal abiertas por la Fiscalía Superior de Andalucía a partir de la denuncia de esta Institución se derivaron a la Fiscalía Provincial de Granada, la cual nos comunicó que venía dando respuesta adecuada a todos y cada uno de los casos que son puestos en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal.

De acuerdo con la información recopilada se deduce la aceptación de la Recomendación formulada por el Defensor del Pueblo Andaluz, por lo que se procede al cierre del expediente de queja.

La Administración informa que la sentencia judicial finalmente ha sido ejecutada, siéndole entregadas las menores y acordando el Juzgado desestimar la pretensión de la parte contraria.

El interesado se queja de los retrasos en la ejecución de una resolución judicial que le asigna la guarda y custodia de sus hijos.

La Administración informa que, finalmente, considerándose por parte del Servicio de Inspección que las actitudes del docente en cuestión constituyen un supuesto de falta leve, ha requerido a la Dirección del centro docente para que en el ejercicio de sus competencias en materia disciplinaria proceda conforme corresponda.

La persona interesada expone la situación sufrida por el alumnado de una profesora, a efectos de que se tomen las medidas necesarias en orden a evitar las humilla constantemente.

Tras hablar con la dirección del Instituto nadie pone solución. Los niños están totalmente cohibidos, los humilla cuándo hacen un ejercicio mal en la pizarra, les hace una foto y les dice que se va a hartar de reír en su casa. Psicológicamente tiene hundidos a varios niños que con la edad de 15 años lloran por ir al Instituto cuándo tienen su asignatura.