El Defensor del Pueblo Andaluz ha presentado hoy en el Pleno del Parlamento de Andalucía la actividad de la Institución en 2016.
Durante su intervención, Jesús Maeztu ha reiterado su preocupación por el incremento de la desigualdad como uno de los legados de la crisis y ha desglosado algunas de sus principales consecuencias, tales como: una prestación sanitaria que no es igual en todos los territorios por razones geográficas; una educación que no es equitativa para los niños que reciben clases en infraestructuras deficientes o para el grupo de alumnos con discapacidad; casas que no tienen suministros vitales de luz y agua, que no llegan a ser un techo digno, o la condición de muchos de diversidad funcional, de inmigrantes y solicitantes de asilo, que los convierte en ciudadanos excluidos y marginados, entre otras.
Para el Defensor andaluz, el inminente reto que tenemos por delante es reducir la desigualdad, en especial sus aspectos sociales. "Solo una sociedad que prefiera la equidad y la cohesión social a la desigualdad y precariedad estará dispuesta a realizar el esfuerzo de compartir los recursos y fortalecer los mecanismos de redistribución y de protección", ha dicho.
En el capítulo de datos globales, el Defensor andaluz ha destacado un año marcado por un incremento del 15% de la actividad de la Oficina, con 21.446 actuaciones: 10.128 quejas, 10.811 consultas y 507 actividades de promoción de derechos. Un total de 22.492 personas requirieron la intervención del Defensor.
Asimismo, el 59% del total de las actuaciones afectaron al Estado de Bienestar, seguidas de las relacionadas con la sostenibilidad de las ciudades y territorio, y las reclamaciones ciudadanas en materia de justicia.
Y como novedades del año, el Defensor ha destacado la implantación de un Servicio de Mediación profesional, específico y adaptado a una Institución que combina las cualidades propias de la mediación con su garantía ineludible de tutela de derechos, y el compromiso de incorporar el lenguaje claro, conocido como lenguaje ciudadano, como el "derecho a comprender, a entender los documentos de las instituciones y acceder a una información clara, para poder ejercer sus derechos y obligaciones con plena libertad".
Finalmente, en el capítulo de la dación de cuentas por materias, el Defensor del Pueblo Andaluz ha querido destacar dos situaciones que le preocupan:
De una parte, la situación de Igualdad de Género, para lo que ha demandado "resolver la brecha salarial tan acuciada entre hombres y mujeres; incrementar las políticas de conciliación y promover acciones para una mayor visibilidad de la mujer en los puestos de mando, públicos y privados".
Y de otra, los casos de violencia de género, que ha calificado como "el resultado más evidente de la desigualdad social de las mujeres".
Sobre el resto de materias, ha destacado:
En Salud, la queja por la atención especializada y esperas demasiado largas para el acceso a muchas prestaciones, que convierten en un auténtico calvario la obtención del diagnóstico o el acceso a los tratamientos.
En Educación, por las carencias del alumnado con necesidades educativas especiales, los retrasos en el pago de las becas o las deficiencias de algunas infraestructuras escolares.
En Servicios Sociales, la necesidad de modificar la normativa sobre el salario social, más adecuada a los nuevos perfiles de los demandantes, y las demoras en la Dependencia
En Vivienda, la necesidad urgente de disponer de viviendas protegidas públicas en alquiler social
En Justicia, la situación de colapso de muchos órganos judiciales, sobre todo, de lo Social, provocadas por la saturación de expedientes o la falta de personal.
Sobre esta sostenibilidad de las ciudades como espacios para convivir, el Defensor ha vuelto a insistir en la necesidad de un desarrollo urbano y social de las ciudades que evite más desigualdades y el trabajo de la Institución en materia de ruidos y en la compatibilidad del derecho al ocio y al descanso.
