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Formulación de Resolución a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía para que de cumplimiento en sus propios términos a lo manifestado por su parte en el informe remitido a esta Institución, cuya esencia se reseña en el cuerpo de esta resolución y, en su caso, acuerde liquidar a la afectada los intereses que pudieran corresponderle por la demora en la percepción de la cantidad que le fue indebidamente cobrada por error material en la resolución de esa Administración autonómica.

Formación de Resolución al Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla para que proceda a reintegrar de plano a la dependiente afectada la suma de 999,20 euros, correspondiente a la participación indebida en el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio que le fue cobrada en el período de abril de 2012 a noviembre de 2014, estando exenta, sin perjuicio de las compensaciones o regularizaciones que puedan efectuarse entre Administraciones y que son ajenas a la administrada.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Consejería en relación con el expediente promovido a instancias de Dª. ..., quien compareció en su propio nombre y en representación de su madre, Dª ..., con D.N.I. ... y domicilio en ..., exponiendo la omisión por la Administración de su obligación de reintegrar a la dependiente la suma que le había sido cobrada en concepto de copago del servicio de ayuda a domicilio, estando exenta de la mentada contribución.

Una vez analizado el informe recibido, puesto el mismo en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 22 de junio de 2016 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que la compareciente expuso que su madre tiene reconocida su situación de dependencia y asignado el Servicio de Ayuda a Domicilio por Resolución de 16 de abril de 2012.

La referida Resolución estableció erróneamente la participación de su madre en el coste del Servicio en 52 euros mensuales, equivalentes al 10% de sus ingresos, al haber reflejado una capacidad económica distinta de la que Dª ... realmente tiene.

Ello supuso que la dependiente abonara la referida suma durante más de dos años, hasta que fue detectado el error. Por lo que la Administración autonómica, por Resolución de 14 de noviembre de 2014, procedió a corregir la Resolución de 2012, determinando que a Dª ... no le correspondía asumir ningún importe en el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio, por su capacidad económica (expediente ...).

A pesar de esta corrección y de la supresión del pago mensual en lo sucesivo, no se procedió a devolver a la afectada el importe indebidamente abonado, que asciende a 999,20 euros y que ha sido interesado en diversas ocasiones a esa Administración, sin haber obtenido respuesta de la misma.

2. Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, que confirmó lo expresado por la promotora de la queja, indicando que, efectivamente, detectado error en la resolución por la que se aprobó el servicio de ayuda a domicilio a favor de la dependiente, en el extremo referido al copago mensual, se dictó nueva resolución de corrección de errores de la anterior, determinando que el coste de participación en el servicio prescrito a la dependiente era de cero euros, comunicándose al Ayuntamiento de Sevilla el 24 de noviembre de 2014 y suprimiéndose a partir de entonces la obligación de participación en el referido coste. Añadió que el importe que debía ser objeto de reintegro ascendía a 999,20 euros, correspondiente al período de abril de 2012 a noviembre de 2014, ambos inclusive.

El informe de la Agencia concluyó, en septiembre de 2017, que, teniendo en cuenta el sistema de financiación del servicio de ayuda a domicilio, procederían a tomar en consideración la cantidad debida a la persona dependiente en la siguiente liquidación mensual que se efectuara al Ayuntamiento de Sevilla, para que, realizado el ajuste, la Corporación Local pudiera abonar a la afectada la cantidad erróneamente abonada, comunicándolo al citado Ayuntamiento.

3. Así las cosas, esta Defensoría acordó dirigirse al Ayuntamiento de Sevilla, recibiendo su respuesta en febrero de 2018, de la que resultó la siguiente conclusión:

“... habida cuenta que esta Administración Local no ha recibido liquidación mensual alguna de la Agencia de Servicios Sociales en la que se incorpore el importe del copago aplicado indebidamente... con la finalidad de abonarlo directamente a la persona afectada, es por lo que estamos a la espera de la realización de este ajuste, para proceder a su tramitación”.

4. La promotora de la queja nos ha ido comunicando el estado de la pretensión planteada, reiterando a fecha actual que su madre no ha recibido el reintegro pertinente.

CONSIDERACIONES

En la pretensión que nos trasladó la promotora de la queja no concurre discordia alguna, tratándose en suma de una cuestión pacífica para todas las partes, a saber: la resolución que aprobó el PIA de la dependiente incurrió en un error material, dicho error, una vez detectado, fue subsanado por resolución posterior y puesto que había producido consecuencias perjudiciales en el patrimonio de la afectada, al haber participado a costa de sus haberes en el coste del servicio que le fue reconocido en atención a su situación de dependencia, a pesar de estar exenta, procedía la reposición de las cosas a su estado anterior, mediante el reintegro de la suma abonada.

Igualmente, han considerado las administraciones autonómica y local, que la devolución a la dependiente de la cantidad que le fue facturada sin venir obligada a ello, debe realizarla la Agencia de Dependencia.

Para efectuar dicho reintegro, la Agencia de Dependencia, tras citar la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, refiere que la prestación, directa o indirecta, de dicho servicio correspondió al Ayuntamiento de Sevilla, mientras que es deber de la Agencia realizar la aportación de la Comunidad Autónoma en su financiación. Asimismo explica el sistema de compensación aplicado en dicho momento para la citada financiación, consistente en entregas a cuenta semestrales, posteriormente regularizadas en función del número real de usuarios y de horas prestadas, así como minorado el coste total en la cuantía recaudada por el Consistorio en concepto de participación de los usuarios en el servicio. Este sistema, no obstante, fue modificado por Orden de 28 de junio de 2017, que establece una liquidación a mes vencido en base a los criterios y compensaciones expuestos.

Ello conduce a la Agencia a entender que, como expresó el Ayuntamiento, procede emitir una resolución de liquidación complementaria al período ya facturado por aquélla, comprensiva de la cantidad (999,20 €) y período reclamado por la usuaria (abril de 2012 a noviembre de 2014), de tal modo que la liquidación mensual siguiente librada al Consistorio por el Servicio de Ayuda a Domicilio, habría de incrementarse en la deuda reclamada para su devolución directa a la interesada por el ente local.

Paradójicamente, no obstante el consenso de las Administraciones intervinientes, casi un año después de la emisión de informe por la Agencia de Dependencia, la persona afectada no ha recibido la devolución a la que tiene derecho y el Ayuntamiento arguye para ello que la Agencia nunca ha incorporado en la liquidación mensual del Servicio de Ayuda a Domicilio, el importe del copago aplicado indebidamente a Dª Librada. Claro es que, por lo que parece, tampoco el Consistorio ha efectuado gestión ni reclamación alguna para amparar el derecho de la reclamante.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN al Ayuntamiento de Sevilla, para que proceda a reintegrar de plano a la dependiente afectada la suma de 999,20 euros, correspondiente a la participación indebida en el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio que le fue cobrada en el período de abril de 2012 a noviembre de 2014, estando exenta, sin perjuicio de las compensaciones o regularizaciones que puedan efectuarse entre Administraciones y que son ajenas a la administrada.

RECOMENDACIÓN a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, que dé cumplimiento en sus propios términos a lo manifestado por su parte en el informe remitido a esta Institución, cuya esencia se reseña en el cuerpo de esta resolución y, en su caso, acuerde liquidar a la afectada los intereses que pudieran corresponderle por la demora en la percepción de la cantidad que le fue indebidamente cobrada por error material en la resolución de esa Administración autonómica.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Formulación de Resolución a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía para que se impulse la tramitación del procedimiento de revisión del PIA de la dependiente, hasta su finalización mediante el dictado de resolución por la que se apruebe el recurso residencial a favor de la misma, conforme a sus circunstancias de arraigo personal y social.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Delegación Territorial, en relación con el expediente promovido a instancias de Dª ..., en su propio nombre y en representación de su madre, Dª ..., con D.N.I. ..., con domicilio en la Residencia para personas mayores ..., exponiendo la demora en la revisión de su grado de dependencia para la asignación de plaza residencial concertada para personas mayores.

Una vez analizado el informe recibido, puesto el mismo en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 19 de septiembre de 2017 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que la compareciente nos trasladaba su preocupación por el expediente de dependencia de su madre, declarado concluso por desistimiento y cuya reapertura dirigida a la aprobación del PIA había sido nuevamente instada.

Explicaba la interesada que su madre, con situación de dependencia reconocida, hubo de ser ingresada en una Residencia de Mayores al precisarlo así la adecuada atención de sus necesidades, eligiendo para ello la Residencia ..., por ser la zona en la que radica el arraigo personal, familiar y social de la dependiente, el lugar en el que, por proximidad, sus hijos pueden mantenerse al tanto de su estado y darle la compañía y el afecto que todo ser humano necesita y aquél en el que encuentran facilidad para desplazarla a las visitas médicas tan frecuentes para alguien de su avanzada edad.

La aprobación del PIA con asignación de plaza residencial concertada, sin embargo, no sólo llegó muy tarde sino que, además, designó un Centro ubicado en Montequinto, aislado de los servicios más básicos y esenciales y en el que la dependiente quedaría extrañada de su entorno, lo que hizo inviable que sus hijos pudiesen aceptarla.

La promotora de la queja instó por ello la revisión del PIA, en la confianza de que su madre pudiera obtener plaza en una Residencia que le permitiera hacer efectivo su derecho sin quiebra de sus necesidades afectivas ni fracturar sus lazos familiares y sociales.

2. Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Agencia de Dependencia y Servicios Sociales de Andalucía, que en su respuesta se limitó a comunicar que la revisión del recurso de la gran dependiente se encuentra en trámite en el Servicio Territorial de aquélla.

3. Puesto dicho informe en conocimiento de la promotora de la queja, reiteró la misma su petición inicial y confirmó la pendencia del expediente.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley del procedimiento administrativo común (Ley 39/2015), con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación cronológica que consta en el expediente de la dependiente, resulta que se ha superado en exceso el plazo máximo legal antedicho, sin que aún se haya satisfecho la pretensión mediante el dictado de resolución aprobatoria del PIA revisando el recurso.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el mismo sentido que el anterior.

- El artículo 21, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos. Y, en relación con el mismo, el artículo 20 de la misma Ley, anteriormente citado.

- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente, (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención, (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-).

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN para que sin mas dilación se impulse la tramitación del procedimiento de revisión del PIA de la dependiente, hasta su finalización mediante el dictado de resolución por la que se apruebe el recurso residencial a favor de la misma, conforme a sus circunstancias de arraigo personal y social.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz