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Se dirigió a nosotros una asociación cordobesa de defensa de los consumidores, de ámbito provincial, indicando, en nombre de su asociado, que en noviembre de 2015 éste recibió notificación del laudo arbitral dictado por la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ante la confusión de los términos de dicho laudo, en ese mismo mes presentó escrito solicitando su aclaración, sin que, desde entonces, hubiera recibido recibido respuesta alguna de la Junta Arbitral de Consumo.

Admitimos a trámite la queja a fin de que ésta respondiera expresamente la solicitud del interesado, sin entrar en el fondo de la cuestión planteada. Como respuesta, la Junta Arbitral de Consumo nos comunicó que en noviembre de 2018 se notificó al interesado la aclaración del laudo solicitada.

Con ello entendimos que el problema planteado por el interesado había quedado resuelto, dando así por concluidas nuestras actuaciones en la presente queja.

En su escrito de queja, la interesada indicaba que llevaban tiempo denunciando al Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla (Sevilla) la situación de una vivienda en la que los moradores convivían con 12 galgos, perros de otras razas, pájaros y hurones, que producían molestias, como mal olor, insectos, roedores, etc., a las viviendas colindantes. Todos los desechos de los animales los echaban en las alcantarillas de saneamiento público y en los contenedores situados en la cercanía.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al citado Ayuntamiento, éste nos comunicó, en un primer informe, que se había incoado expediente sancionador al vecino por la comisión de una infracción leve del art. 26.e) de la Ordenanza municipal reguladora de la Protección y la Tenencia de Animales de La Puebla de Cazalla, que finalizó imponiéndole una sanción económica. En fechas recientes y después de una denuncia de la Policía Local, habían iniciado un nuevo expediente sancionador contra el vecino.

Posteriormente, el ayuntamiento nos informó que resolvió el expediente sancionador que se había abierto y se había solicitado al Área de Gestión Sanitaria la emisión de informe higiénico-sanitario de la cochera y el patio trasero del inmueble y que, tras ello, adoptarán las medidas que permita la normativa de aplicación siguiendo el procedimiento administrativo dispuesto legalmente.

Con ello entendimos que el problema estaba en vías de solución y procedimos al archivo del expediente de queja.

El interesado, agricultor y ganadero residente en la provincia de Jaén, indicaba en su escrito de queja que en 2015 realizó “alegaciones al CAP [Coeficiente de Admisibilidad de Pastos] de varios recintos de pastos que forman parte de mi explotación. Tras obtener Resolución desfavorable con los cambios solicitados y presentar Recurso contra la misma, se dicta resolución de Oficio por la que se determina aceptar algunos de los cambios propuestos para algunos de los recintos y en otros se determina mantener el mismo Coeficiente de Admisibilidad de los Pastos que tenían inicialmente en 2015, no variando lo publicado. El problema está en que en dos de los recintos afectados se puede comprobar que lejos de mantener el CAP publicado en 2015, se les asigna un nuevo CAP cero, lo que se entiende como un claro error de la Administración y en el que estamos todavía”.

En la Delegación Territorial de Jaén le informaron que tenía que dirigirse, para hacer las reclamaciones que considerara, directamente al Servicio de Mantenimiento del SIGPAC y Liquidación de Campañas, ya que ese error había derivado en una penalización de unos 14.000 euros anuales y era ese servicio donde se debía solucionar y no en Jaén. Continuaba el interesado indicando en su escrito de queja que “Se puede pensar que no ha sido fallo de la Administración pero cómo me pueden explicar que el CAP asignado por la Administración en 2017 supera el declarado por mi en campañas anteriores, la propia Administración lo establece entre el 35% y el 65%, lo que demuestra claramente que el CAP CERO no es el correcto. De esta forma y con todo lo explicado queda absolutamente probado y claro que la solicitud de ayudas PAC 2015 y 2016 deberían haberse resuelto sin ningún tipo de penalización, pero no es así, desde Sevilla no se soluciona el problema, en Jaén no pueden hacer nada y yo estoy sin saber dónde acudir”.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos a la, entonces, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, ésta nos dio cuenta de toda la tramitación de las reclamaciones y recursos ha que había formulado el interesado pero finalizaba el escrito indicando que “detectado como incorrecto el CAP asignado para los recintos indicados para las Campañas 2015 y 2016, se procederá a emitir Resolución Complementaria de la Resolución Revocatoria de fecha de 25 de mayo de 2016, asignándose para dichas Campañas el mismo CAP que el asignado en la Campaña 2017. Asimismo, indicaban que con independencia de ello y de la corrección del CAP para las campañas 2015 y 2016, el cálculo de la ayuda será sobre la superficie determinada y conforme al resultado de aplicación de todos los controles administrativos y de campo, ya que los cálculos son a nivel de expediente no de recinto.

Entendimos, por tanto, que el problema planteado por el interesado estaba en vías de solución, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

La interesada, propietaria de una parcela en el municipio cordobés de Moriles, en la que había construido su vivienda, denunciaba que el Ayuntamiento le había notificado que iban a realizar obras delante de su vivienda para la instalación de unos contenedores de basura soterrados. Consideraba la interesada que no era un lugar adecuado para la instalación de estas infraestructuras cuando, en la misma calle, había inmuebles que, debido a su situación de esquina, la parte que daba a la calle era un pared y no la entrada del inmueble, como era el suyo: “por lo que los contenedores podrían ser instalados en el lateral donde no provocarían las grandes molestias de olores, insalubridad, acumulación de basura, etc”. En una reunión que habían tenido con la Alcaldesa para pedirle la reubicación de los contenedores ésta les había indicado “que eso era lo que había y que hiciese lo que hiciese eso iba a ir ahí sí o sí”. Indicaba además la interesada que debido a la situación de su garaje, que había construido con la debida licencia, “Si el proyecto sigue adelante, tengo que tirar la obra que ya he realizado en mi vivienda, además de salir por mi puerta y tener a 1 metro los contenedores. Eso sin mencionar que en Moriles se alcanzan más de 40 grados de temperatura con lo que el olor será insoportable(....)”.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento de Moriles, éste nos indicó que el asunto estaba en sede judicial por cuanto el hermano de la interesada había formulado demanda contra el Ayuntamiento, aunque ambas partes habían solicitado la suspensión del procedimiento para intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial. “Se están buscando soluciones y alternativas a la ubicación de los contenedores soterrados en esa calle. Independientemente de lo anterior, se quiere aclarar que los contenedores soterrados se han proyectado en el mismo sitio donde tantos años llevan los contenedores con ruedas, ni más arriba ni más abajo y que no hay fachada de vivienda sino una viña”.

Entendimos, por tanto, que el asunto estaba en vías de solución por lo que procedimos al archivo de nuestras actuaciones.

En su escrito de queja, el interesado denunciaba que el Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) no daba respuesta a sus escritos en los que solicitaba el cambio de ubicación de unos contenedores de residuos urbanos situados en la zona de Urbasur, encima del acerado, que causaban molestias a los peatones. Aunque en su día el Ayuntamiento nos comunicó que se había estimado la petición del interesado y se habían recolocado los contenedores de basura, en octubre de 2018 se volvió a dirigir a nosotros el interesado para comunicarnos que los contenedores habían vuelto a ser colocados en su anterior ubicación, en el acerado.

Siempre según el interesado, se había dirigido a varios departamentos municipales y se había entrevistado con varias personas del Ayuntamiento que reconocían que debía haber sido un error y que el problema se solucionaría en breve, incluso la empresa encargada de los residuos urbanos del municipio, GIAHSA, reconoció la conveniencia de desplazar la ubicación de los contenedores, pero la realidad era que los contenedores continuaban encima del acerado.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos a Ayuntamiento, éste nos comunicó que la empresa encargada de la recogida de basuras modificó la situación de los contenedores debido a las dificultades de acceder a los mismos debido al aumento de vehículos por la temporada estival. De todo ello habían dado cuenta a los vecinos de la zona, pero finalmente, habían decidido modificar la ubicación de los contenedores con objeto de que estuviesen situados en la calzada y para evitar las dificultades de acceso de los vehículos encargados de su recogida, los habían ubicado en otra posición, a 5 m. de distancia de donde estaban situados antes.

Con ello entendimos que el problema que afectaba al interesado se había solucionado, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones en el citado expediente de queja.

En su escrito de queja, el interesado denunciaba la imposibilidad de disfrutar los servicios contratados con la empresa ORANGE. En septiembre de 2017 contrató con la citada empresa paquete de datos, fibra, TV y fútbol, en una promoción de prueba gratuita durante tres meses. Al pasar los tres meses dieron de baja 300GB pero, por error del agente de la compañía, le desconectaron de la plataforma antigua y no podía ver los partidos de fútbol. Tras varias reclamaciones le enviaron diversos descodificadores pero el problema continuaba. En la última reclamación le indicaron que el problema era de la televisión, cosa que el interesado entendía que no era posible puesto que en los primeros tres meses no tuvo problemas. En esta situación solicitó la baja del contrato pero le dijeron que tenía permanencia de un año. Es decir, llevaba desde hacía meses pagando un servicio, los partidos de fútbol, del que no podía disfrutar.

Nos dirigimos a ORANGE y ésta nos comunicó que las líneas telefónicas del interesado, una de móvil y otra de telefonía fija, se activaron con el servicio de Fibra + TV y una determinada tarifa. Aunque no habían recibido la solicitud de baja del servicio por parte del interesado, en junio de 2018 habían desactivado el servicio de TV en la línea de telefonía fija, además, habían procedido a dar de baja las dos líneas por portabilidad sin cargo.

Por tanto, dimos por concluidas nuestras actuaciones al entender que el problema que le afectaba al interesado estaba solucionado.

El interesado nos relataba en su escrito de queja que por parte de la entonces, Secretaria General Técnica de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, no se había dado respuesta a su escrito de reclamación de fecha 18 de junio de 2018.

Tras dirigirnos a la citada Secretaría General Técnica, ésta nos indicó que el interesado acudió al Registro General de la Consejería para presentar hoja de reclamación firmada por su esposa contra una compañía de telefónica móvil, dirigida al Servicio Provincial de Consumo de Sevilla, radicado en la entonces, Delegación Territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales. El funcionario que le atendió registró la hoja de reclamaciones pero el interesado lo que pretendía era que también sellara de entrada la documentación anexa, por lo que le informa que “únicamente se sellan las hojas del libro de quejas y reclamaciones hasta tanto la nueva Ley de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, Ley 39/2015, no sea efectiva en su totalidad en octubre de 2018 (fecha a partir de la cual toda la documentación presentada en el Registro empezara a ser escaneada apareciendo impreso el sello del registro)”.

El interesado, no quedando conforme con la información que le proporciona el funcionario que le atiende, presenta hoja de reclamación en octubre, contra el Registro General de esta Consejería, hoja de reclamación a la que se da el oportuno trámite y se le remite escrito al interesado y remisión del expediente a la Inspección General de Servicios de conformidad con el procedimiento establecido en el Decreto 262/1988, de 2 de agosto, por el que se establece el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía,

Después de ello, en junio de 2018, el interesado vuelve a presentar escrito, en este caso en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, comunicando que había entregado dos escritos, en fechas diferentes, recordando que aún no había recibido respuesta a su hoja de reclamación. Ante ello y después de varias actuaciones, se le comunicó al interesado que ya se le había notificado a su domicilio, la resolución adoptada en su denuncia, de la que se le adjuntaba copia nuevamente.

Con ello, entendimos que la citada Secretaría General Técnica había respondido al interesado, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

La interesada indicaba en su escrito de queja que en agosto de 2017 su vecino había ejecutado un carril de acceso a su finca que dejaba a la vivienda de la interesada por debajo de la cota de aquél, lo que le iba a producir perjuicios y daños en su propiedad, según su opinión. Había presentado diversos escritos en el Ayuntamiento de Totalán (Málaga) denunciando estos hechos, pero no había recibido respuesta alguna, si bien sí que había tenido acceso al proyecto presentado por el solicitante en el que, aseguraba, habían descubierto presuntas irregularidades en el mismo. Actualmente, según decía la interesada, el carril ya estaba ejecutado “con una canalización que va para mi casa, que como vengan tormentas fuertes me van a hacer mucho daño”.

Tras admitir a trámite la queja, interesamos informe al citado Ayuntamiento, que nos comunicó que cuando se denunciaron los hechos la obra estaba sin terminar y a la espera de presentar el certificado fin de obra. Por ello, los técnicos municipales requirieron la certificación final de obra. Las obras se realizaron bajo la supervisión técnica de un arquitecto que consideró adecuada la ejecución de la misma, así como del técnico municipal que consideró que las obras eran factibles para el fin proyectado y sin riesgos a las propiedades vecinas; a nivel urbanístico, no había habido modificación alguna.

A la vista de esta respuesta y dado que la obra tenía la oportuna licencia y se había realizado bajo una supervisión técnica, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

En su escrito de queja, la interesada denunciaba que presentó, en marzo de 2017, reclamación de responsabilidad patrimonial en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga), por caída en la vía pública por una arqueta mal colocada, que dio lugar a la apertura de un expediente, en el que, a pesar del tiempo transcurrido, no había recaído resolución expresa, produciéndose por tanto una situación de silencio administrativo.

Tras dirigirnos al citado Ayuntamiento, éste nos comunicó que durante la tramitación del expediente constataron que la arqueta contenía cables eléctricos por lo que habían requerido a ésta sus alegaciones antes de la fase de resolución del expediente. Como la compañía eléctrica no contestó dentro del plazo de alegaciones, el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento había dictado informe en el que se destacaba que la arqueta era propiedad de dos compañías de teléfonos, por lo que se habían dirigido a éstas para que les remitieran sus alegaciones.

Dado que entendimos que el Ayuntamiento estaba realizando actuaciones para determinar la empresa propietaria de la arqueta, consideramos que no eran necesarias nuevas actuaciones por lo que procedimos al archivo del expediente de queja.

A una vecina de Pozoblanco, de 93 años de edad, con un Grado III de dependencia, la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba le reconoce el derecho la Prestación Económica Vinculada al Servicio en la residencia solicitada, donde ya estaba ingresada junto a su marido.

Una vecina de Pozoblanco, Córdoba, de 93 años de edad, exponía que, teniendo reconocido Grado III de dependencia, en marzo de 2018 ingresó junto a su marido en una residencia abonando 2140 euros con la pensión de 740 euros de este último, ya que ella no tiene pensión.

En marzo de 2018 entrega la documentación relativa a la solicitud de plaza concertada y prestación vinculada al servicio. En julio de 2018 se interpone una reclamación en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, dado que sigue sin recurso asistencial.

Interesados ante la Administración, en ese momento no estaba aún resuelto el PIA correspondiente, no obstante, posteriormente la interesada nos ha manifestado que le han concedido la Prestación Económica Vinculada al Servicio, en la residencia solicitada, desde diciembre de 2018.

Dado que el asunto se encuentra solucionado, procedemos al cierre del expediente.