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Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Cádiz a nuestra petición de que se nos indicaran las causas por las que no había dado comienzo la construcción de las nuevas viviendas y, en todo caso, el plazo aproximado en que se preveía el inicio de las obras citadas, dada la creciente inquietud de los afectados que, según exponía la persona interesada, no recibían información acerca de las causas de la demora que se advertía, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula Resolución en el sentido de que se aclaren las causas de ello.

ANTECEDENTES

Con fecha 18 de febrero de 2019 interesábamos de ese Ayuntamiento el envío del preceptivo informe solicitado en el curso de la investigación del expediente de queja que se tramita con el número de referencia que se indica en el encabezamiento de este escrito.

La petición de ese informe no ha sido atendida, por lo que, como conoce, nos hemos visto obligados reiterar en dos ocasiones dicha petición con fechas 26 de marzo y 30 de abril de 2019 (puede consultar la sede electrónica). Tampoco hemos recibido su respuesta pese al contacto telefónico que, a estos efectos, se mantuvo por parte de personal de esta Institución con personal de ese Ayuntamiento el pasado 8 de julio de 2019.

Debemos pues, señalar la demora en atender las solicitudes que le hemos dirigido en sucesivas ocasiones, junto a la falta de respuesta a las cuestiones requeridas para analizar el caso concreto. Esa situación ha provocado un retraso innecesario y perjudicial en la tramitación del expediente a lo que se suma la dificultad para evaluar con mayor detalle los motivos de la queja.

Creemos oportuno significar ante todo esta valoración, esperando que tal incidente producido en el presente expediente de queja no derive en una falta de colaboración que motive la adopción de medidas reprobatorias formales.

En cuanto a la cuestión analizada en el presente expediente de queja y a pesar de la falta de información concreta que le ha sido solicitada, esta Institución debe ofrecerle sus valoraciones.

Así, la interesada, en relación con la situación que afecta a la finca urbana situada en la calle ..., número ..., de esa capital, nos exponía textualmente lo siguiente:

“El Ayuntamiento de Cádiz me ha expropiado mi casa y a todos los vecinos hace años. El bloque no tiene pasada la IT de edificaciones y está en ruina. Yo tengo mi casa con puntales que me los puso el Ayuntamiento y tengo dos hijos menores. Los techos crujen y quisiera saber cuándo van a construir el bloque porque el terreno lo tienen. Es que llevamos mucho tiempo malviviendo.”

En el documento previo al Acta de Ocupación y Pago en el Expediente Expropiatorio de la citada finca, que data de Julio de 2011, se asumía el compromiso municipal de adjudicar viviendas a las personas que resultaron expropiadas en un edificio que tenía previsto construir PROCASA, pero lo cierto es que, según la afectada exponía, pese a los años transcurridos, dicha construcción no se acomete y el deterioro del inmueble donde residen es progresivo y lo hace cada vez más inhabitable.

Por todas razones, en nuestra petición de informe a ese Ayuntamiento, le interesábamos que se nos indicaran las causas por las que no había dado comienzo la construcción de las nuevas viviendas y, en todo caso, el plazo aproximado en que se preveía el inicio de las obras citadas, dada la creciente inquietud de los afectados que, según exponía la afectada, no reciben información acerca de las causas de la demora que se advierte.

Lo cierto es que, pese a todas nuestras gestiones, ese Ayuntamiento sigue sin dar respuesta alguna a nuestra petición de informe inicial.

A la vista de ello, debemos trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El silencio de esa esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21.6 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos a Vd. la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 del artículo 21.6 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECOMENDACIÓN para que, por parte de ese Ayuntamiento, se le preste la debida atención a esta Institución y se aclaren las causas por las que, según la afectada, no ha dado comienzo la construcción de las nuevas viviendas y, en todo caso, el plazo aproximado previsto, en su caso, para el inicio de las obras citadas, dada la creciente inquietud de los afectados que, al parecer, no reciben información acerca de las causas de la demora que se advierte.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Gérgal a nuestra petición de información sobre las cuestiones planteadas en la queja, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula Resolución en el sentido de que sean impulsados debidamente los expedientes que procedan para requerir a los propietarios de los solares en mal estado de conservación de la calle, objeto de la queja, de ese municipio para que los mantengan con su cerramiento correspondiente y en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato. También se recomienda, si no se ha efectuado aún, el impulso de las actuaciones correspondientes para que sean concluidas las obras de pavimentación e iluminación de la citada calle.

ANTECEDENTES

1.- El reclamante, residente en la calle ..., número ..., de esa localidad, nos exponía que lleva varios años denunciando ante ese Ayuntamiento el mal estado de seguridad, salubridad y ornato que presentan varios inmuebles cercanos a la vivienda que constituye su domicilio, solares que se encuentran casi derruidos, sucios, abandonados y dedicados en algún caso a gallinero con la consiguiente insalubridad y plagas de insectos que ello supone. Añadía que, a pesar de haber sido requerido ese Ayuntamiento por varios organismos a los efectos de que se ordenaran a los propietarios de dichos solares las medidas de limpieza y conservación que resultaran procedentes, no se habían llevado a cabo actuaciones municipales algunas con tal finalidad.

La situación le afectaba más directamente por sufrir problemas de salud que podían verse agravados a causa de las deficiencias de salubridad que denunciaba.

Por otra parte, añadía que también habían sido desoídas sus peticiones con objeto de que fuera pavimentado e iluminado el trayecto desde su domicilio hasta el contenedor de residuos urbanos situado en la calle ... de ese municipio.

2.- Tras la petición de informe inicial, en la respuesta de ese Ayuntamiento se explicaban los problemas de escasez de medios personales y materiales que afectaban a esa Corporación Municipal, pero se indicaba que se habían intentado atender en lo posible las reclamaciones del afectado. Así se subrayaba el hecho de que fueron incoados 9 expedientes de ruina y fueron concluidos tres de ellos, quedando la tramitación de los restantes afectados por la no disposición del puesto de Secretario-Interventor. Por otra parte, se aludía a que la Diputación Provincial de Almería le facilitó al afectado información sobre el estado de ejecución de las obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario y de la iluminación de la vía pública donde se encuentra su domicilio.

3.- Tras dar traslado al reclamante de la anterior información para que pudiera remitirnos las alegaciones y consideraciones que tuviera convenientes acerca de su contenido, volvimos a dirigirnos a ese Ayuntamiento interesando que nos indicara las gestiones que estuviera desarrollando por si mismo o ante la Diputación Provincial con objeto de que quedaran concluidas las obras de pavimentación e iluminación de la calle. Asimismo, solicitamos información acerca de las órdenes de ejecución de obras de necesarias de conservación que, para mantener sus inmuebles en adecuadas condiciones, se hubieran notificado a propietarios de la zona y, en su caso, de las multas coercitivas impuestas por incumplimiento de dichas órdenes.

4.- En la nueva respuesta municipal se exponían las dificultades que las pequeñas Corporaciones Locales tienen para poder atender con los escasos medios de que disponen las múltiples competencias, asuntos y problemas que son planteados por la ciudadanía. Nos hicimos cargo de tales dificultades y precisamente por ello, informamos a ese Ayuntamiento que esta Institución tenía previsto iniciar una queja de oficio, actualmente en tramitación, ante las ocho Diputaciones Provinciales de nuestra Comunidad Autónoma para interesar que cooperen e incrementen sus ayudas a los municipios de escasa población de la forma más eficaz posible para el ejercicio de sus competencias en materia urbanística que resultan más complejas de asumir.

Sin perjuicio de ello, solicitábamos, ya con fecha 23 de julio de 2019, que se nos indicara si ese Ayuntamiento tenía previstas o estaba realizando gestiones por si mismo o ante la Diputación Provincial de Almería con objeto de que quedaran concluidas las obras de pavimentación e iluminación de la calle ... y, en su caso, en qué plazo podrían acometerse. Asimismo, interesábamos información acerca de las órdenes de ejecución de obras de conservación que, para mantener sus inmuebles en adecuadas condiciones, se hubieran notificado a propietarios de solares de dicha calle y, en su caso, de las multas coercitivas impuestas por incumplimiento de dichas órdenes, informando acerca de si se había solicitado la colaboración de la Diputación Provincial a estos efectos.

5.- Esta última petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información con fechas 23 de agosto y 2 de octubre de 2019, pero ello no ha motivado que nos sea remitida la misma, privándonos de conocer si habían concluido las obras de pavimentación e iluminación de la calle ... y si, en relación con el estado de los solares, se habían notificado nuevas órdenes de ejecución de obras de conservación o si se había solicitado la colaboración de la Diputación Provincial a tales efectos.

A la vista de ello, debemos trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El silencio de esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera sea su forma de iniciación. Debe añadirse que el apartado 6 del artículo antes citado establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía (artículo 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Cuarta.- Ante su ausencia de respuesta ignoramos si están siendo impulsados debidamente los expedientes que procedan para requerir a los propietarios de los solares en mal estado de conservación de la calle ... de ese municipio para que los mantengan con su cerramiento correspondiente y en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato. También ignoramos las actuaciones desarrolladas por ese Ayuntamiento para que sean concluidas las obras de pavimentación e iluminación de la calle … .

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del deber legal 1 de colaboración contenido en el artículo 19.1 de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma está obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO del deber legal 2 de observar el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECORDATORIO del deber legal 3 de observar el artículo 155 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que señala que los municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias a los propietarios de terrenos, construcciones y edificios para mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos.

RECOMENDACIÓN para que, por parte de ese Ayuntamiento, sean impulsados debidamente los expedientes que procedan para requerir a los propietarios de los solares en mal estado de conservación de la calle ... de ese municipio para que los mantengan con su cerramiento correspondiente y en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato. También se recomienda, si no se ha efectuado aún, el impulso de las actuaciones correspondientes para que sean concluidas las obras de pavimentación e iluminación de la calle ....

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz