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En su escrito de queja, una asociación de defensa de los consumidores de ámbito provincial nos relataba que, en nombre de uno de sus asociados, denunció ante el Servicio Provincial de Consumo de Cádiz, adscrito a la Delegación Territorial de Salud y Familias, diversas irregularidades, en materia de consumo, cometidos, a su juicio, por una empresa aérea. Tras diversas vicisitudes, desde que formuló la denuncia, en julio de 2018, no habían recibido una respuesta expresa a esta denuncia.

Tras admitir a trámite la queja a fin de que la Dirección General de Consumo respondiera expresamente la denuncia de la asociación de defensa de los consumidores, finalmente tuvimos que formular resolución a la citada Dirección General en la que le recomendamos que, sin más demoras, resolviera expresamente el escrito presentado por la asociación.

Como respuesta, la Dirección General nos trasladó que ya se había dado respuesta, por el Servicio Provincial de Consumo de Cádiz a la denuncia, de la que nos remitían copia, por lo que entendimos que se había aceptado nuestra resolución y dimos por concluidas nuestras actuaciones en esta queja.

No obstante ello, trasladamos a la Dirección General de Consumo nuestra disconformidad con algunos de los extremos y consideraciones incluidos en la respuesta que se había remitido a la asociación promotora de la queja por el Servicio Provincial de Consumo de Cádiz. En concreto, de la misma se deducía que el citado Servicio no tenía intención de dar respuesta a las comunicaciones que les enviaran interesando información sobre las actuaciones realizadas en relación a denuncias presentadas, decisión que entendimos avalaba la Dirección General de Consumo dado que nos había remitido copia de la comunicación en que se dejaba constancia de la misma sin hacer ninguna consideración o matización al respecto.

Esta Institución, y así se lo trasladamos a la Dirección General, no comparte el sentido de esta decisión, por cuanto entendemos que la aplicación de la misma, en los términos expuestos, podría conllevar, en algunos casos concretos, la vulneración de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, en relación con el deber de la administración de dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación.

De ahí que indicáramos a la Dirección General que en los supuestos en los que consideremos que se está vulnerando este precepto legal formularíamos, tras valorar todos los antecedentes, la oportuna resolución al órgano administrativo responsable, conminándole a dar cumplimiento a su obligación de resolver, en los mismo términos que la resolución dictada en el presente expediente de queja.

A este respecto, con objeto de evitar en lo posible estas situaciones y en aras de un uso racional de los recursos administrativos, nos permitimos aclararle en qué supuestos entiende esta Institución que se vulnera el art. 21 de la Ley 39/2015 al no responder solicitudes de información relacionadas con denuncias presentadas en procedimientos sancionadores:

1. Cuando el escrito remitido se limita a presentar denuncia o a solicitar la incoación de un procedimiento sancionador por posible infracción de las normas de consumo, consideramos correcto que por parte del servicio de consumo se limiten a acusar recibo de dicho escrito y a comunicar el traslado del mismo al departamento competente en materia de procedimiento sancionador.

2. En caso de que, con posterioridad, el denunciante solicitase información sobre el estado de tramitación de su denuncia o las actuaciones realizadas en relación con la misma, entendemos que la administración vendría obligada a dar respuesta a tal solicitud, en virtud de lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley 39/2015, aun cuando dicha respuesta pueda limitarse a reseñar la normativa (arts. 62.5 y 64.1) en base a la cual no procede informar sobre las actuaciones realizadas a quienes únicamente ostenten la condición de mero denunciante. Dicha respuesta, a nuestro entender, no precisaría de pie de recurso puesto que únicamente tendría valor como comunicación informativa.

3. Cuando el escrito de denuncia venga acompañado de una solicitud expresa de que se tenga al denunciante por interesado en el procedimiento, entiende esta Institución que dicha petición debe ser expresamente resuelta por el servicio de consumo y que la resolución que se dicte debe estar debidamente motivada con expresa referencia de las razones y preceptos que la fundamentan, debe contar con el oportuno pie de recurso y debe ser debidamente notificada al solicitante.

5. Del mismo modo entiende esta Institución que debe actuar la administración de consumo en aquellos casos en que el denunciante, aunque no lo hiciera al presentar la denuncia, solicite con posterioridad ser tenido por interesado en el procedimiento, siempre y cuando no haya recaído resolución definitiva en el mismo. En tales casos, habrá que dictar resolución expresa, debidamente motivada, con pie de recurso y notificarla adecuadamente.

Para esta Institución, respetando estos criterios de actuación se da el debido cumplimiento a la obligación de resolución expresa contenida en el art. 21.1 de la Ley 39/2015, por lo que no sería necesario formular la correspondiente resolución instando al cumplimiento de dicho precepto legal, lo que redundaría en un uso mas racional de los recursos administrativos puestos a disposición de esta Institución y de esa administración.

El interesado manifiesta que lleva muchos años con un padecimiento de rodilla (gonartrosis), que nunca ha obtenido la debida respuesta. Afirma que se trata de una enfermedad de tipo degenerativo que no tiene tratamiento curativo, de forma que en casos avanzados se puede plantear la cirugía para implantar una prótesis en la articulación de la rodilla, aunque puesto que se trata de una intervención no está exenta de complicaciones y en muchas ocasiones los resultados funcionales que se obtienen no satisfacen las expectativas de los pacientes, se decidió mantener una actitud conservadora teniendo en cuenta su edad y los posibles resultados de la operación.

El caso es que el 4 de abril del pasado año 2019 fue derivado a la unidad de rodilla, sin haber obtenido cita y habiendo sido informado que existe una lista de espera que supera los 24 meses.

Admitida a trámite la queja y solicitado el preceptivo informe al hospital Virgen Macarena de Sevilla, se procedió a la asignación de cita al interesado con la unidad de rodilla, quedando así solventada la demora expuesta por aquel.

La promotora de la queja nos trasladaba la dificultad de su hermano, incapacitado y sometido a su tutela, en virtud de su discapacidad psíquica, para acceder a un recurso adecuado del Sistema de la Dependencia.

En función de la evolución y estado de su discapacidad, el dependiente había sido usuario de Centros de diversa tipología (Residencia de adultos, viviendas tuteladas), dependiente de la presencia de comportamientos agresivos y disruptivos de mayor o menor entidad.

En el momento en que se dirigió a esta Institución, la promotora de la queja y tutora del dependiente, consideraba que el recurso que debía aprobarse era el de Residencia de adultos, debido a que el comprotamiento de su hermano impedía la convivencia con sus compañeros en la vivienda tutelada y generaba un constante clima de conflicto, si bien las listas de espera para poder ver satisfecha tal pretensión, nos decía que son interminables.

Admitida a trámite la queja y solicitado informe a la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, la respuesta de la Administración indicó que no era posible su acceso a la plaza adecuada, por inexistencia de vacante, por lo que el interesado había de quedar en lista de espera hasta que se produjera dicha disponibilidad.

Puesto el contenido de dicho informe en conocimiento de la promotora de la queja, por la misma se completó la situación, agradeciendo la intervención, al haber visto finalmente satisfecha su pretensión.

Dado que el asunto ha quedado resuelto, procedemos al cierre del expediente.

En su escrito de queja la interesada denunciaba que en abril de 2018 remitió escrito al Ayuntamiento de Sevilla por los daños sufridos tras la caída en la vía publica, C/ Mar Adriático, que ella imputaba al mal estado del pavimento, del que no había recibido respuesta.

Admitimos a trámite la queja a fin de que el citado ayuntamiento respondiera expresamente a esta solicitud de responsabilidad patrimonial, informándonos de ello. Al no recibir respuesta hubo que formular a la Alcaldía-Presidencia resolución recordándole su obligación de resolver expresamente esta solicitud.

Finalmente, el ayuntamiento nos comunicó que en abril de 2019 se había dictado resolución desestimando la reclamación de responsabilidad patrimonial básicamente porque el espacio en el que se produjeron los hechos es de titularidad privada aunque abierto al uso público. De esta resolución se había dado traslado a la interesada.

Entendimos, por tanto, que el problema de fondo, la falta de respuesta a la solicitud se había solucionado, aceptando el contenido de nuestra resolución, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

La persona interesada en el presente expediente, dicha comunicación, Presidenta del AMPA de un centro docente de la localidad de El Puerto de Santa María, nos exponía su preocupación porque, a pesar de venir solicitando de la Corporación municipal el arreglo del patio de infantil del centro y la retirada y sustitución del arbolado, cuyas raíces están levantando el suelo y abriendo brechas en el muro perimetral, poniendo esto en peligro tanto la seguridad del alumnado como de los viandantes, no se había procedido a ello, por lo que, a dichos efectos solicitan la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz.

Solicitada información al Ayuntamiento, en una primera respuesta nos informó de que, efectivamente, tras la visita realizada por técnicos del Ayuntamiento, se constató la necesidad de proceder a lo solicitado por los interesados, por lo que se habían solicitado varios presupuestos para posteriormente proceder a la adjudicación de las obras a la mayor brevedad.

Sin embargo, trasladada dicha información a la interesada, nos indicó que, ya comenzado el segundo trimestre del presente curso 2019.2020, ni se había comenzado obra alguna, ni tenía conocimiento de cuándo se tenía previsto que se realizaran.

Por esta razón, estimamos oportuno requerir de nuevo al Ayuntamiento para que nos remitiera informe complementario y, en concreto, sobre las gestiones que hubieran llevado a cabo hasta ese momento para proceder a la licitación de las intervenciones acordadas, así como para cuándo se tenía prevista que comenzaran las obras.

En la última información recibida, la corporación municipal indica que, como se indicó, se solicitaron varios presupuestos y se realizó la solicitud de retención de crédito por un importe de 8.380,44 €, pero que dado que esta retención de crédito fue emitida en el mes de diciembre de 2019, estando finalizado el año ,no se pudo ejecutar la obra.

Se ha solicitado de nuevo a la unidad de Control Presupuestario una retención de crédito, actualizando los presupuestos, y se está a la espera para poder ejecutar la obra en el momento que se reciba.

A la vista de la respuesta recibida, entendemos que, al menos en este momento, el asunto objeto de la presente queja está en vías de solución, por lo que damos por concluidas nuestras actuaciones.

Nos trasladaba la promotora de la queja su preocupación por la intervención quirúrgica para la reconstrucción del ligamento anterior cruzado y del menisco, prevista para su hijo de 12 años de edad, en cuya lista de espera se encontraba desde marzo de 2019.

En este sentido, explicaba que al contactar telefónicamente con Salud Responde, le habían indicado que había perdido la garantía de 180 días, debido a que el 26 de julio anterior le habían ofrecido que su hijo se operara en un hospital privado y ella no había aceptado esta alternativa.

Refería que en la llamada telefónica en que se le ofreció esta posibilidad su interlocutora no le explicó que si la rechazaba perdía la garantía del plazo de respuesta y que, desconociendo este dato esencial, no quiso operar a su hijo en un centro privado respecto del cual no tiene ningún tipo de referencia, al ofrecerle más confianza la doctora del sistema sanitario publico que ha venido siguiendo el caso de su hijo.

Admitida a trámite su queja y solicitado el preceptivo informe de la Administración sanitaria (Hospital Virgen de las Nieves de Granada), refirió su Dirección que el hijo de la interesada continuaba inscrito en el Registro de Demanda Quirúrgica sin haber perdido la garantía del plazo de respuesta en 120 días y que el ofrecimiento que se le hizo fue con la única finalidad de agilizar la intervención, sin más consecuencias.

Concluyó, en todo caso, comunicando que el afectado había sido intervenido con resultado satisfactorio, por lo que aceptada la pretensión, concluimos nuestras actuaciones.

Se dirigía a esta Institución el padre de un menor con necesidades educativas especiales, para denunciar la insuficiencia de profesorado de audición y lenguaje en un Centro de educación infantil y primaria de la provincia de Sevilla, donde se encuentra escolarizado su hijo.

Por la situación expuesta nos dirigimos a la administración, quien tras varios trámites del Defensor del Pueblo Andaluz, también Defensor del Menor de Andalucía, remite un escrito señalando que se ha procedido a compartir un 2º profesional de audición y lenguaje entre dos centros de la misma localidad, y tras esta ampliación el centro que nos ocupa dispone de un Maestro/a de audición y lenguaje a tiempo completo y otro compartido.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el informe, entendemos que el problema planteado se ha resuelto favorablemente, por lo que con esta fecha procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.