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El interesado exponía que el 30 de noviembre de 2019 presentó la solicitud de devolución de la fianza depositada en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Sin embargo, habiendo transcurrido el plazo de treinta días, hasta la fecha de presentación de la queja no se le había efectuado tal devolución. Según refería, desde las oficinas de AVRA en Málaga le habían informado que toda la documentación estaba correcta.

Manifestaba que se encontraba en desempleo, y por tanto, el desembolso de la fianza al arrendatario le había perjudicado.

Solicitado informe a AVRA, se nos respondió que la solicitud del interesado fue tramitada e informada favorablemente el 16 de diciembre de 2019, y el cargo en cuenta de la Agencia para atender el abono de la devolución, por importe de 450 euros, se produjo el 23 de enero de 2020 mediante orden de pago.

Indicaban que el articulo 83, apartado 2 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, establece que “Finalizado el contrato, se devolverá el depósito en el plazo de un mes desde la fecha de solicitud de la devolución, y en la forma que se determine reglamentariamente ... Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se haya procedido a la devolución del depósito, se devengará el interés legal correspondiente”.

A la vista de tal precepto, se habían devengado intereses a favor del arrendador, el interesado, por importe de 1,11 euros. Mediante Resolución de liquidación de intereses de demora, se procedería al reconocimiento del abono de dicho importe y sería notificado al interesado por la Agencia, que lamentaba las molestias que hubiera podido causarle esta incidencia.

En consecuencia, puesto que el asunto por el que el interesado acudió a esta Institución se encontraba solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, recordamos a la Secretaría General de Vivienda que AVRA dispone de un plazo de un mes para efectuar la devolución de la fianza y que los nimios intereses de demora no compensan los perjuicios que el retraso en el pago, aunque sea de unas semanas, puede ocasionar a los ciudadanos que, por ejemplo, precisen esa cantidad para formalizar un nuevo contrato de alquiler.

El Defensor del Pueblo Andaluz formulaba ante el Hospital Regional Reina Sofía Resolución recomendando que, para la superación de las situaciones de larga espera en intervenciones quirúrgicas de este tipo se adopten por ese hospital las medidas organizativas y asistenciales precisas, referidas fundamentalmente a la ampliación de los medios humanos y materiales para la satisfacción de la demanda, de tal manera que los ciudadanos disfruten del efectivo reconocimiento del derecho a la protección de la salud que establece el art. 43 de la Constitución y, en concreto, se acorten al menor tiempo posible la intervención médico quirúrgica.

Asimismo, recomendaba que a la vista de la situación descrita por el paciente sea priorizada la intervención quirúrgica indicada a la mayor brevedad posible.

En respuesta, se recibe informe del centro hospitalario en el que se nos refiere el iter asistencial del paciente y se nos informa que va ser de nuevo valorado en la Unidad para reevaluar la situación clínica y su estado de estabilidad en el tiempo. En este sentido, nos indican que si tras la exploración se pone de manifiesto desestabilidad clínica que contraindique la cirugía, seria necesario esperar el tiempo suficiente que establece y recomienda la evidencia científica en el tipo de patología que presenta, y es la causa de su deformidad.

Por otra parte, nos informan que las nuevas medidas puestas en marcha en el bloque quirúrgico, una de ellas el aumento de sesiones quirúrgicas a la Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial, confían en que permitan tratar con celeridad a los pacientes pendientes de cirugía reconstructiva como la del promotor de la queja, puesto que son conscientes que la dilatación en tratamiento quirúrgico que actualmente existe en la Unidad, ocasiona gran malestar a los pacientes.

Nos refieren un tiempo de espera aproximado de 18-20 meses (salvo que las circunstancias clínicas del paciente contraindiquen la cirugía, debido a que los enfermos con la patología que padece el interesado pueden tener una desestabilidad clínica).

A la vista de cuanto antecede, considerando que por la Administración se acepta la Resolución formulada, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

El interesado manifiesta que desde el año 2015 padece problemas de cervicalgia. Nos refiere que ha sido visto por el especialista en traumatología en el año 2016 y en el año 2019 y que a la fecha actual se encuentra pendiente de ser citado por el especialista en neurocirugía. La cuestión es que considera que tras el transcurso de cuatro años aún no tiene un plan terapéutico para el tratamiento de sus dolencias.

Admitida a trámite la queja y solicitado el preceptivo informe al Hospital Virgen Macarena de Sevilla, se nos indica que el paciente tiene prevista la cita para consulta de neurocirugía para el 13 de mayo de 2020, quedando así solventado el problema planteado en la presente queja, por lo que procedemos a su cierre.

La parte promotora de la queja expone que a su mujer le extirparon el día 2 de diciembre un melanoma maligno y le han dado cita para el 23 de enero.

Por su parte nos relata que su mujer cada vez se cansa más, se ahoga y ha perdido peso, y que las pruebas complementarias las tiene realizadas, por lo que requiere que el plan terapéutico se establezca con la mayor celeridad.

Interesados ante el Hospital Jerez de la Frontera, se nos informa de las citas programadas para la paciente; comunicándonos además el interesado su satisfacción con la atención dedicada por el centro hospitalario.

Puesto que el asunto planteado en la presente queja ha quedado solucionado, procedemos al cierre del expediente.

La reclamante exponía textualmente lo siguiente:

“En el año 2013, mi madre se puso en contacto con ustedes para que nos ayudarán a que el Ayuntamiento de Palomares del Río, o en su defecto la Diputación Provincial de Sevilla, emprendieran acciones legales contra un vecino de la misma localidad (Palomares del Río), que tenía vallado/ocupado un terreno presuntamente municipal y que desgraciadamente ocupa toda la trasera de mi parcela.

Gracias a vuestra ayuda, se consiguió dicho propósito y el Juzgado de Primera instancia e Instrucción Nº ... de ..., condenó a los vecinos demandados a la entrega del terreno (adjunto sentencia en Documento 1).

Los vecinos, recurrieron dicha sentencia ante la Audiencia Provincial de ..., que falló el 21 de diciembre de 2016 desestimando el recurso de apelación y confirmando íntegramente la anterior Resolución (adjunto en Documento 2 la Sentencia descargada del CENTRO DE DOCUMENTACIÓN del CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL; aunque los nombres son ficticios, por aquello de la Ley de protección de datos, se aprecia claramente el asunto juzgado).

No hubo más recursos ...

En verano de 2017, el Concejal de Urbanismo de Palomares del Río, se puso en contacto conmigo (el asunto lo he retomado yo, ya que mi madre tiene problemas de salud), para informarnos de la situación, y dado el carácter patrimonial de dicho terreno, nos ofrecieron una oferta por si lo queríamos comprar (según él teníamos todos los derechos); por supuesto, nuestra respuesta fue que estábamos dispuestas a comprar todo el terreno que nos ofreciesen.

Tras un cambio en el gobierno municipal, me entrevisté con la nueva Concejala de Urbanismo de Palomares del Río (mayo del 2018) y aunque todo fueron buenas palabras e intenciones, el asunto volvió a quedar en el olvido ...

En Julio de ese mismo año 2018, presenté un escrito en el ayuntamiento (adjunto documento 3) en el que solicitaba una reunión con los vecinos afectados, para intentar resolver el problema; también indiqué que, en caso de que aquella reunión no fuese posible, solicitaran al Juzgado competente la ejecución de la sentencia (porque aunque no soy abogada, creo que existe un plazo de 5 años para poder solicitarla y ya van para 3 o más) y, teniendo en cuenta la pasividad del Ayuntamiento y la de procedimientos perdidos en este asunto por caducidad de los mismos, no me extraña que dejen pasar los plazos ...

La respuesta del ayuntamiento ante mi solicitud fue ... NINGUNA.

En noviembre del mismo año, 2018, solicité ayuda en el Servicio Municipal de Mediación de Palomares del Río, que por problemas de incompatibilidad (ya que el ayuntamiento es el responsable y parte en este asunto) me derivó al Servicio Municipal de Mediación de la Diputación de Sevilla, garantizando que se pondrían en contacto conmigo en una semana y que no realizara más gestiones. A fecha de hoy, nadie se ha puesto en contacto conmigo ...”

Admitida la queja a trámite, solicitamos del Ayuntamiento de Palomares del Río que nos indicara si era posible acceder a las peticiones que formulaba la reclamante indicando el plazo en que se acometerían las actuaciones precisas para ello o, en caso contrario, que nos informara de las causas por las que ello no se estimara procedente.

En la respuesta municipal se nos informó que se había instado en varias ocasiones al ocupante la retirada de la valla, lo que había realizado parcialmente, pero que había solicitado que se pospusiera su retirada total hasta que se concretara si él podría adquirir parte del terreno, añadiendo que había iniciado contactos registrales para la inscripción del terreno a su favor con objeto de, posteriormente, proceder a su venta. En tal sentido, estaban pendientes de una reunión con el registrador correspondiente.

No obstante, se añadía que el equipo de gobierno estaba valorando la posibilidad de devolver al dominio público la parcela para fines de utilidad general, de tal forma que procedería la ejecución inmediata de la sentencia y la retirada de la valla.

Así las cosas, nos dirigimos nuevamente al Ayuntamiento interesando que nos indicara la decisión que, finalmente, se adoptara, es decir, si se devolvía la parcela al dominio público y se retiraba la valla o, por el contrario, si se optaba por la venta del terreno y, de ser así, que nos informara si se había efectuado la anunciada reunión con el registrador y se había procedido a la venta del terreno.

En el informe recibido se nos indicaba que, tras cursar requerimiento a quienes instalaron la valla para que procedieran a su retirada, no se había podido notificar el mismo a causa de que habían causado baja en el Padrón de ese municipio, por lo que se anunciaba que se procedería a acordar el inicio de la ejecución de sentencia.

Como quiera que ello suponía, al parecer, la recuperación del terreno y consiguiente demolición de la valla, con objeto de poder dictar una resolución definitiva en este expediente de queja por estimar que nos encontrábamos ante un asunto en vías de solución, interesamos del Ayuntamiento que nos indicara el plazo aproximado en que se podrían concretar dichas actuaciones.

En respuesta a esta petición de informe, se nos indicó que se habían mantenido reuniones con todas las partes interesadas, habiéndoseles manifestado la intención municipal de devolver el bien en cuestión al dominio público, requeriéndose a las personas que la instalaron la retirada de la valla.

De acuerdo con ello, para poder dar por concluida nuestra intervención en este asunto, interesamos del Ayuntamiento que nos mantuviera informados de la efectiva retirada de la valla y consecuente recuperación del bien de dominio público.

En el último informe que se nos remitió se aclaraba que, finalmente y en cumplimiento de la sentencia dictada, había sido dejado libre el terreno municipal ocupado. Así las cosas, esperando que, de esta manera, hubieran quedado solucionados los perjuicios que la anterior situación originó a la familia de la reclamante y estimando, en consecuencia, que nos encontrábamos ante un asunto solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.