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El Defensor del Pueblo Andaluz recibía una comunicación de una estudiante que se encuentra en programa de movilidad, Erasmus, exponiendo que su universidad (Pablo de Olavide, Sevilla), le había ingresado 579 euros, que corresponden a 3 meses de la totalidad a bonificar. Esta cantidad la ingresan en el mes 6 de movilidad. La interesada manifestaba su extrañeza por la cantidad percibida ya que, al parecer, les dijeron en alguna reunión que se les darían 40% a principio de movilidad y otro 40% a mediados, cosa que no se ha cumplido.

Explica que un mes después de ese primer y único ingreso, se puso en contacto con la universidad y le informaron que la Junta de Andalucía no hacía frente a sus pagos y que a lo mejor antes de que acabase el mes de mayo les hacían otro ingreso (aunque no en su totalidad...). Respuesta que le ha causado sorpresa por cuanto conoce que alumnos de otras universidades, como Granada y Málaga, ya disfrutan de su bonificación.

La persona que promueve la queja concluye señalando que “no sabe qué está pasando, si el problema está en la Junta o en Pablo de Olavide. Lo que sí sabemos es que estamos ante una situación de desesperación, ya que contábamos con esa beca para hacer frente a los gastos en nuestra ciudad de destino Erasmus”.

Interesados ante la Universidad Pablo de Olavide (UPO), nos remite informe indicando que los estudiantes reciben ayuda económica desde dos instituciones, desde la Junta de Andalucía y desde el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).

Desde la Junta de Andalucía, la Universidad ha recibido una cantidad en concepto de adelanto sobre el total de la subvención total prevista. Efectivamente, la UPO ha ingresado a sus estudiantes una cantidad correspondiente a la ayuda base de tres meses, puntualizando que el pago ha sido mayor de lo recibido de aquella, por lo que la UPO ha tenido que aportar un adelanto para poder cubrir el monto total del ingreso.

La queja de oficio fue iniciada desde que tuvimos conocimiento de la difícil situación que padece una ciudadana almeriense, presa en Cuzco (Perú) que, con graves dificultades sociales y familiares, podría ser merecedora de su traslado a España.

La oportunidad de esta iniciativa se reforzaba por el proyecto de organizar un vuelo a finales de Mayo de traslado de varios ciudadanos españoles, internos en centros penitenciarios de Perú; la intención era anticipar las gestiones necesarias para que la presa indicada se incluyera en dicha relación de personas repatriadas.

Desgraciadamente, la información que nos traslada el Defensor del Pueblo indica que “el Juzgado de Cuzco declaró improcedente su solicitud de exoneración de reparación civil y días de multa por lo que no puede ser trasladada a España. Ha solicitado una conmutación de penas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que está en trámite. Las visitas consulares, mensuales, son realizadas por el Consulado Honorario de Cuzco”.

A la vista de dicha información, solicitamos a esa Institución constitucional que prosiga sus gestiones, a través de los servicios consulares, a fin de agilizar la tramitación judicial que se cita y, en todo caso, la mantenimiento del apoyo consular en tanto en cuanto esta situación persista.

Se ha presentado en esta Institución escrito solicitando Plan Especial Rehabilitación y Recuperación conjunto histórico Baza (Granada). Para comprobar la situación, dimos traslado a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Granada que nos ha informado:

“Hay que recordar que el municipio de Baza cuenta con un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 17 de marzo de 2010 (BOJA n° 114, de 18 de noviembre de 2010). Con fecha de registro de entrada 18 de noviembre de 2016, se recibe en esta Delegacion Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Granada para su informe, acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Baza de 26 de octubre de 2016, solicitando la delegación de competencias en materia de patrimonio para el ámbito del Conjunto Histórico de Baza, ya que desde 2010 se ha ido redactando los documentos que han dotado al PGOU de Baza de los contenidos de protección que para los Conjuntos Históricos, contempla el articulo 31 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).

Como respuesta a la mencionada solicitud la Consejería ha dictado la Orden de 27 de octubre de 2017, por la que se delega al Ayuntamiento de Baza la competencia para autorizar obras y actuaciones que desarrollen o ejecuten en cumpliendo del Plan General de Ordenación Urbanística en el ámbito del Conjunto Histórico del , municipio, de conformidad con el articulo 40 , apartado 1-exclusivamente, de la LPHA, "salvo las obras y actuaciones en los Monumentos, Jardines Históricos, Zonas Arqueológicas, y en sus correspondientes entornos, así como en el ámbito territorial vinculado a actividades de interés etnológico.”

Además y como continuación al informe emitido para el Defensor del Pueblo el 24 de enero de 2017 en relación a la Q16/ 1040, que se cita como antecedente, se han tramitado los siguientes expedientes sobre el BlC Monumento de la Alcazaba, en desarrollo de las previsiones de necesidad de ordenación de este ámbito, mediante un Plan Especial de Protección que contempla el PGOU de Baza:

- BC.01.705/2017 Proyecto de Plan Especial de la Alcazaba de Baza, del que se remite un ejemplar al Ayuntamiento de Baza para su aprobación y posterior tramitación, mediante escrito de 15 de noviembre de 2017.

- BC.01.0267/18 Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Especial de la Alcazaba 2017, para su informe en aplicación del articulo 32 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de 2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía, con fecha de registro de entrada 13 de abril de 2018.”

También obtuvimos respuesta del Ayuntamiento de Baza, al ratificar:

“Por la presente y con relación al escrito referenciado, tengo a bien comunicarle que el Conjunto Histórico de Baza está regulado en el PGOU, que tiene carácter de protección, se aprobó el 28-10-2010, por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se publicó en el BOJA 18-11-2010. Con posterioridad se aprobó el Catálogo de Ambientales, la Carta de Color y Mobiliario Urbano y Pavimentación del Conjunto Histórico, habiéndose transferido las competencias a este Ayuntamiento en el último trimestre del 2017, estando constituida y funcionamiento la Comisión de Centro Histórico.”

Ciertamente, nos encontramos ante una situación que ha provocado otras actuaciones desde esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, procurando hacer operativas y efectivas las medidas de protección que el patrimonio cultural merece.

Por ello, en estos momentos en los que se asumen las competencias indicadas por parte del Ayuntamiento de Baza, deberemos insistir en la máxima diligencia a la hora de disponer la protección de estos valiosos itinerarios y conjuntos urbanos de singular interés.

Tuvimos conocimiento de la entidad cultural del municipio de Baza en el que se expresaba la mala conservación y estado del inmueble situado en Callejón del Trillo 1, esquina Plaza Nueva dentro del conjunto histórico de la localidad.

Para comprobar la situación, dimos traslado a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Granada que ha informado:

“La queja del Defensor del Pueblo, Queja 18/2542 que se refiere a Callejón de Trillo 1, esquina Plaza Nueva, en relación con una comunicación de la Asociación Baza Histórica, está motivada por el empeoramiento generalizado que presenta el estado de conservación del inmueble. Relacionado con este inmueble, se inició el expediente BC.02. 191/17, sobre solicitud de ayudas para salvar varios edificios del Conjunto Histórico de Baza, entre los que se encuentra el de Callejón del Trillo n.° 5, el cual se cita como antecedente También como antecedente se ha citado el BC. 02 08/ 184 Escrito de 24 de abril de 2018, de Baza Histórica para salvar la casa del Callejón de Trillo 1, confluencia Plaza Nueva: está pendiente de contestación, se vuelve a reiterar la solicitud de ayudas en relación con el alarmante estado de conservación del edificio.

AI tratarse de un bien de titularidad privada el deber de conservación le corresponde a los titulares del bien, en cumplimiento de lo regulado en el artículo 14 de la LPHA, con independencia de las ayudas que se puedan conceder por parte de la distintas administraciones públicas. Por esta razón, ademas de dar traslado del nuevo escrito de la queja del Defensor del Pueblo al Ayuntamiento de Baza, se mandará oficio a los titulares del inmueble para recordarles el deber que tienen de mantener el edificio en buen estado de conservación.”

El Ayuntamiento de Baza también indica:

“El inmueble sito en calle Trillo, 1, confluencia con calle Nueva, no Plaza Nueva, es de propiedad privada y es obligación de los propietarios mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, de conformidad con el art. 155 de la LOUA y tras visita de inspección en el día de hoy, se observa que no existe a día de hoy ningún peligro a la vía pública.

Se adjuntan fotos e informes del estado del inmueble.”

A la vista de sendos datos, y salvando una aparente disparidad de evaluaciones, comprobamos la tramitación de expedientes para requerir a los titulares las medidas de ornato y conservación necesarias. Sin perjuicio de permanecer atentos a las medidas de protección para este inmueble, procedemos a la finalización de nuestras actuaciones, sin perjuicio de la continuidad de las acciones de seguimiento que el caso merece.

En fecha reciente hemos recibido informe de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en relación con Interno del Centro Penitenciario Sevilla II solicitando traslado por vincula familiar a Madrid, donde nos trasladan que:

“El pasado 14 de junio de 2018 se resolvió el cambio de centro de destino del interno al centro penitenciario Madrid IV, previa propuesta del a Junta de Tratamiento del centro penitenciario Sevilla II de fecha 16 de mayo de 2018.”

En relación con escrito presentado en esta Institución discrepando de la asignación de la recaudación de una función teatral para una entidad religiosa, solicitamos informe al Ayuntamiento de San Roque del que pasamos a transcribirle a continuación fragmento del mismo:

“Que en efecto, el día 5 de mayo de 2018 tuvo lugar en el Teatro Municipal “Juan Luis Galiardo” la puesta en escena de la obra “Lorca, la correspondencia personal”, de la Compañía Histrión, perteneciente al programa de la Junta de Andalucía “Enredate”. Asimismo, resulta cierto que el destino de lo recaudado por esa obra teatral fue destinado a la asociación citada en el escrito. Ello es debido a la colaboración que habitualmente se mantiene con asociaciones vinculadas a la Semana Santa, celebración popular por excelencia en la localidad, declarada de “Interés Turístico Nacional” por la Junta de Andalucía. La citada iniciativa tenía por objeto la restauración del patrimonio histórico-artístico que conforma la referida semana mayor. Resaltamos que dicha colaboración no tiene otro fin que el de contribuir al mantenimiento de un patrimonio artístico que para la mayoría de los sanroqueños constituye un activo importante.

Al mismo tiempo, entendemos que el Ayuntamiento de San Roque ha trabajado única y exclusivamente por la restauración y mantenimiento del patrimonio local. En ningún caso, ha habido ánimo de favorecer a asociaciones en tanto su ideología y/o creencias; tan sólo, como depositarias del ingente patrimonio histórico-artístico que atesoran y que disfrutamos la ciudadanía al completo. Se ha destinado la cuantía recaudada por una obra de teatro de carácter cultural para el mantenimiento de otro pilar de la cultura local.

En esta misma línea, el Ayuntamiento de San Roque con motivo de la Semana Santa y con este fin, celebra convenios de colaboración con las distintas asociaciones y parroquias subvencionándolas con una cantidad económica.”

Sin perjuicio de comprender las variadas opiniones o preferencias que estas motivaciones generen, no podemos concluir una actuación irregular o contraria a los principios y normas que deben seguir las actuaciones de las Administraciones Públicas.

Se ha presentado en esta Institución escrito solicitando tramitación urgente como BIC de la Iglesia de San Antón de Baza (Granada). Para comprobar la situación, dimos traslado a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Granada que ha informado:

“La Iglesia de San Antón forma parte del Convento de San Antón y se encuentra en el ámbito de declarado como Bien de Interés Cultural (BIC), del Conjunto Histórico de Baza, EI inmueble que actualmente es de propiedad privada se utiliza como vivienda y almacén, EI inmueble está incluido en el Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Baza, con Valor Monumental (VM bio-12). En la ficha de catalogo se indican las obras permitidas en el inmueble: conservación, restauración y rehabilitación.

La propuesta de protección del inmueble como Bien de Interés Cultural no se ha incluido en la programación de catalogación del Servicio de Bienes Culturales para 2018. No obstante se tiene la intención de incluirla en la programación de la próxima anualidad, siempre que la dotación presupuestaria y de personal lo hagan posible. No obstante hay que recordar que en escritos anteriores trasladados al Defensor del Pueblo, se le ha informado de la doble protección que actualmente tiene el inmueble: por estar en el ámbito delimitado del Conjunto Histórico de Baza y por formar parte del Catalogo de Protección del Patrimonio Cultural del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Baza, con Valor Monumental (VM bio-12).”

En estos momentos, dentro de la ordenación de calendarios y prioridades para incoar expediente de declaración de BIC, no se ha incluido por las autoridades el citado elemento, sin perjuicio de permanecer en vigor otras medidas de protección de este inmueble, en cuya aplicación permaneceremos atentos.

Se dirigió a esta Institución interesado exponiendo que Juzgado Mixto nº 1 de San Roque tramita desde hace más de trece años una causa seguida contra él sin horizonte aún de celebración de juicio oral. Tras pedir información sobre el caso, en fecha reciente hemos recibido informe de la Fiscalía de Área de Algeciras:

“Pero lo que ha retrasado tanto la causa no han sido estas circunstancias, sino las vicisitudes procesales que ha sufrido el procedimiento. El Ministerio Público presentó su escrito de calificación en noviembre de 2010, hace casi ya 7 años. Se señaló juicio en la Audiencia Provincial en marzo de 2012 (suspendido) y en mayo del mismo año. En ese señalamiento la Sala aceptó, contra el criterio de la Fiscalía una de las cuestiones previas planteadas, que era la de admitir la personación, extemporánea, a nuestro juicio, del segundo grupo de adquirentes de los pisos. Nosotros nos opusimos porque ese segundo grupo, al adquirir de quien había obtenido fraudulentamente el terreno, no eran auténticos perjudicados por el delito, como los primeros adquirentes que se quedaron sin sus pisos, sino beneficiarios del mismo. En todo caso eso es una cuestión material ajena a este informe. Lo importante es que las actuaciones volvieron al Juzgado de Instrucción por uno de los segundos adquirentes de los pisos. Pero ya ahí la postura de la Fiscalía fue que si se admitía, por lo decidido por la Sala, como perjudicado a un adquirente, había que localizar a todos y hacerles el ofrecimiento de acciones.

Eso supuso un retraso considerable. A lo que hubo que sumar que ya no servían los escritos de acusación presentados, sino que hubo que elaborar otros nuevos, con sus correspondientes escritos de defensa...

Por si fuera poco, una vez devueltas las actuaciones a la Audiencia, ésta tampoco señala el juicio, porque repara en que ahora, con los nuevos escritos, el asunto ya no es de su competencia sino de los juzgados de lo penal. Y abre un nuevo traslado a las partes para que se pronuncien al respecto. Así lo hicieron y ahora ya las actuaciones están en el penal pendientes de la celebración del juicio oral, para el que aún no nos han citado.

A todo esto hay que añadir una cuestión colateral que ha retrasado bastante las actuaciones y que, por lo que veo, es el origen de la queja que ha llegado a V.I. Continuamente se están formulando peticiones relativas al levantamiento de las medidas cautelares adoptadas. Las partes reclaman con vehemencia que se levante la inscripción que afecta a los pisos en el Registro de la Propiedad que alerta de la litigiosidad sobre los mismos. Entiendo que es esencial que, mientras dure el procedimiento, esta inscripción se mantenga, porque no sería concebible que unos pisos en esta situación, que están afectos al resultado de un procedimiento penal, que ya han sido objeto de dobles ventas, puedan ser objeto de una y, posiblemente fraudulenta, tercera venta porque los adquirentes desconozcan el problema que les afectan. Por eso la postura del Ministerio Fiscal ha sido la del mantenimiento de las medidas cautelares, máxime cuando, ahora ya si, parece que la celebración del juicio oral está muy próxima, puesto que está señalado en el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Algeciras el próximo 27 de septiembre.”

Esta Institución decidió iniciar un expediente de queja tras dirigirse a nosotros una persona disconforme con el hecho de haber sido excluida del título de familia numerosa.

La interesada relataba que su familia, compuesta por 9 miembros, tiene reconocido el título de familia numerosa con la categoría especial y al momento de renovar su período de validez la Administración acordó excluirla a ella por estar empadronada en distinto domicilio.

A este respecto nos expresa su total disconformidad con dicha decisión pues considera que se efectúa una interpretación errónea y sesgada de la normativa, circunstancia que les causa enormes perjuicios.