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La Consejería de Fomento y Vivienda nos informa de las incidencias en la apertura del Metro de Granada.

El Defensor del Pueblo Andaluz inicio una actuación de oficio para conocer los motivos que habían retrasado la apertura del Metro de Granada.

En la respuesta que nos remitió la Consejería de Fomento y Vivienda se indicaba, en síntesis, que el Metro de Granada inició su explotación comercial el pasado 21 de Septiembre de 2017, habiéndose contabilizado ya un elevado número de viajeros diario que permanece estable y creciendo, tanto en días laborables, como festivos. También ha tenido buenos rendimientos durante ciertos eventos como los partidos del Granada o el día de la Patrona de la Ciudad. También se ha registrado un buen índice de puntualidad.

Se prevén 11 millones de usuarios durante 2018, añadiendo que hay margen de crecimiento, toda vez que los intervalos van a reducirse a un tren cada ocho minutos en hora punta. A causa de todo ello, existe una positiva percepción de la ciudadanía sobre las primeras fases de funcionamiento de esta infraestructura, acreditando que el retraso en su entrada en funcionamiento ha sido debido a la necesidad de propiciar una buena y segura coordinación con el tráfico rodado, dado su largo trazado y las 57 intersecciones que presenta con el tráfico rodado y peatonal. De esta forma, se ha conseguido que solamente se registren 1,76 incidencias viarias por cada mil kilómetros recorridos.

Así las cosas, dada la entrada en funcionamiento de esta infraestructura, cuyo retraso motivó la incoación de esta actuación de oficio, su positiva evolución y la percepción positiva por parte de la ciudadanía, dimos por concluidas nuestras actuaciones, procediendo a su archivo.

El Defensor del Pueblo Andaluz trasladó, en la tramitación de esta actuación de oficio ante la Defensoría del Pueblo de las Cortes Generales, su posición respecto a la situación de la ciudad de Granada en materia ferroviaria.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio en la que nos dirigimos a la Defensoría del Pueblo de las Cortes Generales para que ésta, si lo estimaba oportuno, iniciara actuaciones ante el Ministerio de Fomento para conocer las fechas en las que entrarían en funcionamiento las conexiones ferroviarias de Granada con el resto de ciudades.

Tras admitir a trámite la Defensoría del Pueblo de las Cortes Generales nuestra actuación de oficio, ésta se dirigió al Ministerio de Fomento y a ADIF, y nos fue dando cuenta de sus actuaciones.

Por nuestra parte, le manifestamos que la “solución” que ha ofrecido ADIF, que supone, desde hace más de un año, que esta ciudad se encuentre sin ferrocarril, es inasumible. Faltaría más que ni siquiera se ofreciera una línea de autobús para quienes desean dirigirse, vía ferrocarril, desde Granada a otros puntos de la península. Pero lo cierto es que, de la situación que ha originado la improvisación de ADIF sobre lo acontecido y de la que se han derivado consecuencias de índole económica y social sustanciales, hasta la fecha no se ha determinado ninguna asunción de responsabilidad.

Prueba indiscutible de que ha habido errores, improvisación y disfuncionalidades es que los plazos anunciados para la terminación y puesta en servicio de estas instalaciones se han visto sobrepasados en dos años. ¿Cómo se justifican esos retrasos intolerables?. Creemos que no ha existido suficiente transparencia para que la ciudadanía sepa a qué atenerse y cuáles son las causas de los retrasos producidos.

Por otro lado, no parece de recibo que ADIF informe, según su escrito, que “la disposición parcial de vía única, en una fase inicial de explotación, que unirá la estación de Antequera-Santa Ana con Granada, no supone una merma significativa de prestaciones para los servicios ferroviarios que utilizarán la infraestructura”. El AVE Antequera-Santa Ana a Granada va a sufrir una extraordinaria merma concretada en un abultado descenso de la velocidad en el tramo en el que pasa a tener una sola vía, lo que genera una situación de agravio comparativo con el resto de las líneas de AVE de nuestro país, que sólo se ha justificado por razón del coste que llevaría afrontar el trazado de doble vía durante todo el recorrido. Esta justificación nos parece intolerable, pues cuando se proyecta una obra pública se asumen, con todos los condicionantes que su ejecución supone -orografía, terrenos, imprevistos, etc.-. No tiene mucho sentido que se decida incorporar a la red de la alta velocidad de España a una ciudad, pero se le limite, por razón del coste, un tramo de su línea restándole funcionalidad y seguridad.

Además, no es de recibo que se trace una línea de Alta Velocidad, que permite que circulen los trenes hasta 300 km/h, pero se tenga que disminuir la velocidad extraordinariamente dentro de un largo tramo sin que exista previsión concreta sobre cuándo se afrontarán las obras necesarias para que todo el trayecto entre las citadas estaciones de Antequera-Santa Ana y la de Granada discurra por doble vía con capacidad de soportar la alta velocidad.

En definitiva, a las disfuncionalidades producidas, cualquiera que sea su causa, que van a motivar un retraso de cerca de dos años en la inauguración del AVE, se añade el problema de que, según se dice, un tramo de la línea entre las estaciones de Antequera-Santa Ana y Granada, va a tener una sola vía, lo que no permitirá que los trenes de alta velocidad circulen con esa característica y sin que se sepa cuando se va a corregir esta grave deficiencia.

Por todo ello, planteamos a la Defensoría del Pueblo de las Cortes Generales a que continuara interesándose por este asunto hasta que se tenga certeza sobre ambas cuestiones: de un lado, que se acelere la ejecución de las obras necesarias para que esté en funcionamiento la línea del AVE en la ciudad de Granada y, de otro, que la ciudadanía pueda conocer, con total transparencia, cuándo se abordará la denominada “variante de Loja”, que permitirá que esta línea ferroviaria cuente, como cualquier otro tramo de las líneas de alta velocidad de España, con los estándares de funcionalidad y seguridad que poseen el resto de las líneas ferroviarias de estas características en nuestro país.

Entendemos que la ciudadanía de Granada no se merece lo que está ocurriendo con la ejecución de estas vías ferroviarias por parte de ADIF, tanto por la desinformación que ha existido, como por la ausencia de un compromiso temporal concreto para que esta importante ciudad quede incorporada, de pleno, a la alta velocidad.

Tras nuestras gestiones, la Defensoría del Pueblo de las Cortes Generales nos informó de la última respuesta que le había enviado ADIF en la que se da cuenta de que la línea de Alta Velocidad Antequera-Granada se encuentra en una fase de pruebas previas a su puesta en servicio, por lo que dependerá de su desarrollo y resultado cuando, tras la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, se producirá su entrada en servicio.

En atención a ello, dicha Defensoría, estimando prudente dar margen a ADIF para tales pruebas esenciales para garantizar la seguridad de las personas, dio por finalizadas sus actuaciones en torno a este asunto, sin perjuicio de su posterior reapertura si el servicio no fuera puesto en marcha en un plazo razonable.

En consonancia con la conclusión de sus actuaciones por parte del DPE, procedemos igualmente al archivo de este expediente de queja esperando que finalmente esta importantísima infraestructura para la ciudad de Granada, de la que se ha visto privada durante varios años, entre en funcionamiento a la mayor brevedad que sea posible, aunque sea con las limitaciones expuestas.

El Defensor del Pueblo Andaluz insta a las Administraciones Públicas competentes a adoptar medidas efectivas para mejorar la accesibilidad en los transportes públicos urbanos e interurbanos.

En esta Institución se tramitó de oficio esta queja respecto del problema de la accesibilidad en los transportes públicos urbanos e interurbanos de la Comunidad Autónoma.

Tras varias actuaciones ante la Consejería de Fomento y Vivienda, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y las federaciones provinciales andaluzas de asociaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, esta Institución valoró todos los antecedentes existentes en el expediente de queja y, en base a las consideraciones que le trasladamos, formuló a la Consejería de Fomento y Vivienda  resolución.

Aunque procedimos a la inclusión en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía de este expediente de queja ante la ausencia de respuesta de la Viceconsejería de Fomento y Vivienda a la resolución que le formulamos, después de ello recibimos la respuesta a esta resolución que habíamos demandado.

En esta comunicación se nos indican las causas que motivaron el retraso en dar respuesta a la misma y se manifiesta que se va a actuar en el sentido recomendado por esta Institución; también se nos adelantan las líneas de trabajo que van a configurar la elaboración de un programa de accesibilidad en tal sentido. Estás cuatro líneas de trabajo van desde la accesibilidad en las infraestructuras del transporte, hasta la inspección del cumplimiento de la accesibilidad, la elaboración de normativa especifica del transporte con criterios de accesibilidad (se nos adelanta el borrador del capitulo destinado a las personas con movilidad reducida en el proyecto de Decreto que regula los derechos de las personas usuarias de los servicios de transporte por carretera titularidad de la Junta de Andalucía) y, por último, la accesibilidad en los servicios de transporte regular de viajeros por carretera de uso general.

Por último, se nos expone el objetivo de que, en unos años, cuando se produzca la renovación de todos los contratos, el 100% de la flota de vehículos de la flota se encuentre adaptado, desde el actual porcentaje del 42,3%.

Como quiera que esta información entendemos que supone, en definitiva, la plena aceptación de nuestra Resolución y que, en caso de concretarse en todos sus aspectos, supondrá una notable mejora en la utilización y accesibilidad a los medios de transporte público por parte de las personas con discapacidad, suspendimos la inclusión de este expediente de queja en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía y dimos por concluidas nuestras actuaciones ante la expresa aceptación de la Resolución dictada.

Ver cierre de actuación de oficio

La Dirección General de Industria, Energía y Minas y la Subsecretaría de Fomento nos informaron del retraso de la ejecución de las obras, aunque ya habían comenzado de nuevo las mismas.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio por los retrasos en las obras de reparación del tramo Carchuna-Castell de Ferro, en la A-7.

En la respuesta que nos remitió la Dirección General de Industria, Energía y Minas se señalaba que el Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio emitió informe, enviado también a la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, en el que se dictaminaban una serie de condiciones ambientales en la ejecución de la obra de emergencia que conllevaba las voladuras proyectadas.

Por parte de la Subsecretaría de Fomento se nos remitió informe de la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental del que se desprendía que, una vez emitido el permiso del proyecto de voladuras por parte de la Administración Autonómica, las obras de emergencia de la A-7 comenzaron a finales de julio de 2017, previéndose su finalización para el mes de diciembre de ese mismo año.

Así las cosas, dado que el asunto se encontraba en vías de solución, procedimos al archivo de este expediente de queja.

El interesado solicitó el salario social el 7 de agosto de 2017 a través de su Ayuntamiento y a la fecha de presentación de la queja no le había llegado carta alguna. Había ido varias veces a la asistenta social, la cual incluso envió un correo a la Delegación en noviembre, y le contestaron que todavía no habían mirado el expediente.

Pedía nuestra ayuda pues manifestaba que estaba sin trabajo, separado, y con dos hijos a los que tenía que pasar la pensión de alimentos.

Debíamos recordar la importancia de atender esta situaciones en base a lo recogido en el Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, que en su disposición final segunda viene a modificar el Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula la creación del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, en el que en su apartado uno establece un plazo de dos meses para resolver motivadamente las solicitudes desde la fecha de su presentación.

Solicitamos informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, quien nos indicó que la Comisión de Valoración constituida a nivel provincial y reunida con fecha 12 de febrero de 2018 evaluó la solicitud y documentación anexa, procedió al análisis de los informes evacuados, así como a la valoración de la situación socio-económica y como resultado formuló Propuesta de Resolución proponiendo la concesión de la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS).

Con fecha 28 de marzo de 2018 la Delegación resolvió conceder a la unidad familiar la medida de I.M.S. consistente en prestación económica de 2.461,74 euros. También nos informaron que el pago único se hizo efectivo el 10 de abril de 2018.

Habiéndose resuelto favorablemente la pretensión del interesado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.