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Recomendación del Defensor del Pueblo Andaluz para que en los términos expuestos en las consideraciones precedentes en la Resolución sobre la queja 09/1699 se dé cumplimiento efectivo a las recomendaciones contenidas en el Dictamen evacuado por la Sociedad Española de Epidemiología en marzo de 2014, por encargo del Defensor del Pueblo Andaluz, en relación con el exceso de mortalidad y morbilidad detectado en varias investigaciones en la Ría de Huelva.
Proponemos a la Defensora del Pueblo que solicite del Banco de España nuevas actuaciones ante las entidades financieras para que eliminen sus cláusulas suelo sin que tenga que mediar una decisión judicial. Asimismo, nos dirigimos a la Secretaria General de Consumo de la Junta de Andalucía para conocer el resultado de los procedimientos sancionadores que se anunciaron como medida de defensa de las personas consumidoras frente a la negativa de las entidades financieras a eliminar las cláusulas suelo.
Esta Institución sigue convencida de que la falta de transparencia de las cláusulas suelo, en los términos descritos por el Tribunal Supremo, es extensible a la mayoría de los contratos hipotecarios en vigor que incluyen tales cláusulas, por lo que considera necesario que las entidades financieras procedan a su inmediata eliminación sin obligar a las personas afectadas a acudir a la lenta y costosa vía judicial.
Hace unos meses volvíamos a dirigir una petición en tal sentido a las entidades financieras radicadas en Andalucía pero, lamentablemente, la respuesta obtenida ha sido negativa, insistiendo dichas entidades en la adecuada comercialización de las hipotecas y la transparencia de sus cláusulas suelo, remitiendo a la vía judicial la posible resolución de discrepancias.
A través de la Defensora del Pueblo hemos conocido que estas mismas conclusiones son las que las entidades financieras habrían trasladado al Banco de España como resultado del proceso de revisión de sus cláusulas suelo realizado a instancias del mismo con objeto de analizar su adecuación a los criterios de transparencia de la sentencia de 9 de mayo de 2013. En base a estas conclusiones el Banco de España ha manifestado que "las informaciones disponibles no permiten concluir que esté siendo incumplida la sentencia del Tribunal Supremo".
Esta Institución no comparte tal conclusión por lo siguiente:
1. Por la reiteración de pronunciamientos de distintos órganos judiciales que vienen declarando de forma abrumadora la nulidad de las cláusulas suelo sometidas a su consideración. En particular por el hecho de que las cláusulas suelo anuladas por los Tribunales responden a modelos empleados en multitud de contratos de préstamo similares por las entidades financieras lo que, a nuestro juicio, ponen en evidencia el escaso rigor del proceso de revisión realizado por dichas entidades y de la conclusión a la que se habría llegado.
2. Porque muchas de estas cláusulas cuya transparencia resulta defendida por las entidades financieras, con frecuencia coinciden sustancialmente con alguna de las que obtuvo la declaración de nulidad por el Tribunal Supremo, por lo que habría que concluir igualmente que no se permite la comprensibilidad real de la cláusula suelo.
3. Porque, el propio Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España ha concluido en un porcentaje elevadísimo de las raclamaciones resueltas sobre claúsulas suelo que las entidades financieras habían incurrido en mala praxis al no haber cumplido adecuadamente con los deberes de información que les exige la normativa antes de la formalización del contrato de préstamo hipotecario.
Por todo ello, hemos considerado oportuno trasladar a la Defensora del Pueblo la posibilidad de intervenir ante el Banco de España con objeto de que éste supervise con medios propios, al menos por muestreo, el proceso de revisión de las cláusulas suelo ordenado a las entidades financieras.
Asimismo hemos planteado la necesidad de que el Banco de España pudiese adoptar decisiones vinculantes para las entidades financieras en caso de que, tras su intervención, pudiese sostener la falta de transparencia de determinadas cláusulas que se utilizan en los contratos de préstamo hipotecario de modo estandarizado.
Finalmente, hemos indicado la conveniencia de requerir al Banco de España la sustanciación de los expedientes sancionadores que resulten oportunos ante la reiteración por parte de las entidades financieras de incumplimientos de la normativa sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios.
Por otro lado, nos hemos dirigido al Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía para conocer la situación de los expedientes sancionadores que se anunciaron como resultado de la campaña de inspección en materia de créditos hipotecarios para vigilancia de la no inclusión de cláusulas abusivas.
Creemos que la adopción de medidas sancionadoras ante la negativa de las entidades financieras a eliminar las cláusulas que puedan considerarse abusivas por falta de transparencia puede contribuir a que las entidades financieras realicen un ejercicio serio y responsable de aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo a las cláusulas suelo incorporadas a sus préstamos hipotecarios.
Ante el conocimiento de un nuevo desahucio de una madre con dos menores en Estepona, el Defensor del Pueblo Andaluz exige una solución de los poderes públicos para poder atender los casos de emergencia habitacional que lamentablemente se siguen sucediendo en nuestra Comunidad.
Desde esta Defensoría, son cada vez más numerosas las quejas que se reciben en las que los ciudadanos demandan desesperados, una solución a su necesidad de vivienda, que en la mayoría de los casos, termina con la situación de familias desahuciadas de sus domicilios.
Frente a ello, las políticas públicas de viviendas puestas en marcha están resultando insuficientes para dar una respuesta eficaz y eficiente a esta dramática situación que, en relación con el acceso a una vivienda digna, vive un sector muy numeroso de la población andaluza, y muy especialmente, familias con menos recursos y en riesgo de exclusión social.
El Defensor del Pueblo Andaluz ha vuelto a insistir en la necesidad de un gran pacto por la vivienda con todos los agentes implicados para responder a esta urgente necesidad de vivienda de muchas familias andaluzas. Una reivindicación que se recoge en el Informe Anual del Defensor del año 2014, y que ha elevado al Parlamento de Andalucía y los poderes públicos competentes.
Situados en 2015 y en relación a las obligaciones tributarias del ejercicio de 2014, la actual legislación tributaria estatal establece que los contribuyentes (al caso pensionistas andaluces que han retornado a nuestro país tras haber sido emigrantes) que no hubieran declarado pensiones percibidas del extranjero, pueden presentar declaraciones complementarias de IRPF de los ejercicios no prescritos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015, periodo en el que podrán regularizar las pensiones procedentes del extranjero sin recargos ni intereses de demora ni sanciones.
Ante esta situación, emitimos comunicado del Defensor del Pueblo Andaluz sobre la regularización tributaria de pensiones procedentes del extranjero y sobre los actuales límites económicos establecidos respecto a la obligación de declarar las mismas en el IRPF.
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, y el Presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, han firmado este viernes, 10 de abril, un convenio de colaboración para la promoción y difusión de los derechos sociales, a través de la participación en actividades de formación, publicación y organización de jornadas.
Durante los últimos años la Fundación Cajasol y el Defensor del Pueblo Andaluz han venido colaborando en esta materia mediante la firma de un convenio anual.
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha aclarado la situación que provocó el malentendido ante la visita prevista por parte de la Defensoría andaluza el pasado mes de marzo.
Esta aclaración se produce tras el encuentro institucional de ayer del Defensor del Pueblo Andaluz con el Delegado del Gobierno en Andalucía, donde se abordaron diferentes cuestiones en materia de seguridad ciudadana, extranjería y prisiones, que afectan a ambas instituciones.
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, trasladó entonces al Delegado del Gobierno, Antonio Sanz, las intervenciones que la Institución Andaluza realiza, en el ámbito de su competencia, para la atención a los presos y presas en materia de salud especializada, prestaciones de contenidos social, políticas de empleo y formación, educación e incluso de promoción de la cultura y el deporte.
En esta línea, le trasladó su intención de avanzar con Instituciones Penitenciarias en modos de relación y trabajo en común a través de visitas a los propios centros penitenciarios, en el marco de su competencia, entre ellos, la propia cárcel de Córdoba, cuya visita quiere retomar próximamente.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maetzu, han celebrado hoy una reunión de trabajo en la sede de la Delegación del Gobierno, a fin de trazar las posibles líneas de colaboración entre ambas instituciones.
El Defensor ha informado al delegado sobre diversas cuestiones, llegadas a su institución, en materia de seguridad ciudadana, prisiones y extranjería. Todas ellas, relativas a la gestión de la Administración del Estado en Andalucía, y cuestiones que el delegado se ha comprometido a elevar a los correspondientes Departamentos del Gobierno de España.
Se trata de la primera toma de contacto entre Sanz y Maetzu desde que el primero tomó posesión como delegado del Gobierno. Durante el encuentro, que ha transcurrido en un clima cordialidad, se ha puesto de manifiesto la necesidad de resolver mediante el diálogo y la cooperación los asuntos de interés común, en beneficio de los ciudadanos.
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha reunido con una representación de la Asociación Laica de Andalucía, a petición de esta última, que le ha dado traslado de su rechazo y negativa del acuerdo de la Diputación de Córdoba con el Obispado para el uso de la Iglesia rehabilitada, toda vez que formando parte del Palacio de la Merced -sede administrativa de la Diputación Provincial-, se la cataloga por la Diócesis como Parroquia Ntra. Sra. de la Merced .
La Asociación presentó una queja en la Institución por este tema, actualmente en periodo de alegaciones por parte de los interesados tras recibir el informe de la Diputación.
El Defensor por su parte les ha informado que solicitará el mencionado acuerdo con el Obispado para el uso de la Iglesia y lo incorporará a la investigación actualmente abierta a partir de la queja de la Asociación.
El Defensor del Pueblo Andaluz ha vuelto a insistir hoy en la necesidad de un gran pacto por la vivienda con todos los agentes implicados para responder a las necesidades de vivienda de muchas familias andaluzas. Una reivindicación que se recoge en el Informe Anual del Defensor del año 2014, entregado al Presidente del Parlamento de Andalucía el pasado 30 de marzo.
Jesús Maeztu ha hecho estas declaraciones en el transcurso de una entrevista en Canal Sur Televisión para dar a conocer las principales conclusiones y datos del Informe Anual del Defensor del Pueblo Andaluz de 2014, en materia de vivienda, empleo, salud, educación, justicia, servicios sociales, etc.
El Defensor del Pueblo Andaluz valora postivamente la decisión del Gobierno de permitir a los inmigrantes irregulares recuperar el derecho a la asistencia sanitaria de atención primaria. Se trata de una medida que ayudará a restaurar en parte la universalidad del sistema de atención sanitaria que se quebró en 2012. No obstante, considera dicha medida insuficiente y estima necesario aclarar las dudas que suscita sobre la atención especializada, las pruebas diagnósticas o la dispensación y pago de medicamentos.
Las personas inmigrantes en situación irregular se vieron afectadas por el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
A partir del mismo, las personas extranjeras que no podían acreditar una autorización para residir en territorio español quedaban excluidas del sistema, manteniendo un campo reducido de derechos, que se limitaba a la asistencia sanitaria de urgencia por enfermedad grave o accidente; la atención al embarazo, parto y postparto, así como a los menores de dieciocho años.
Esta medida ha sido fuertemente discutida desde muchos ámbitos, y ha tenido una aplicación desigual en el territorio del Estado, pues algunas Comunidades Autónomas, entre ellas la andaluza, se rebelaron contra la misma y mantuvieron distintos mecanismos para posibilitar la asistencia sanitaria de este colectivo.
Sin embargo en otras regiones, incluso la atención de urgencia se ha visto obstaculizada con prácticas disuasorias, como la exigencia de un compromiso de pago con carácter previo a su dispensación, o la falta de continuidad del proceso asistencial tras el alta hospitalaria.
En esta tesitura el Gobierno de la nación ha anunciado que los denominados “sin papeles” podrán recibir asistencia sanitaria en el nivel de la atención primaria, vinculando esta decisión a razones de salud pública y evitación del colapso de los servicios de urgencia.
Desde esta Institución tenemos que congratularnos necesariamente con esta medida, pues siempre fuimos críticos con la quiebra de la universalidad del sistema, y reivindicamos para las personas inmigrantes en situación irregular una asistencia sanitaria completa.
No por positiva sin embargo deja de ser insuficiente, pues aunque se facilite el acceso al primer nivel asistencial, cabe cuestionarse qué ocurrirá en los casos en los que este último no tenga capacidad para resolver los concretos problemas de salud de los afectados, y su situación exija la derivación a otros recursos especializados más complejos.
Por el momento habrá que estar atentos a la forma en que se concrete su desarrollo, que aún plantea varios interrogantes, pero sin duda hay que saludar esta iniciativa para devolver la homogeneidad en la asistencia sanitaria de los miembros de este colectivo, y evitarles muchos de los perjuicios que en la actualidad vienen padeciendo en este ámbito.
Defensor del Pueblo Andaluz
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