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El Alcalde de los Palacios y Villafrancia (Sevilla), acompañado de la Concejala Delegada de Hacienda, han expuesto al Defensor del Pueblo Andaluz la difícil situación que atraviesa el Ayuntamiento, y en particular por la demora del traspaso del 50% pendiente de los fondos presupuestarios afectos a los programas de empleo juvenil y de empleo +30, ya ejecutados y justificados, lo que ha obligado a dicha Corporación a asumir con sus propios recursos dichas contrataciones.
Tras queja de particular, hemos tenido conocimiento que, en algunos casos la administración tributaria competente no acepta la práctica de las deducciones referidas, al no haberse depositado la fianza por los propietarios.
Igualmente, también hemos tenido conocimiento de que el problema ya ha sido objeto de tratamiento por parte de la Institución del Defensor del Pueblo, que ha formulado Recomendaciones sobre la modificación de la normativa reguladora de la deducción autonómica por cantidades invertidas en el alquiler de vivienda, a los Departamentos competentes de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat Valenciana.
En consecuencia con todo ello, y tomando en consideración las competencias de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación y de la Agencia Tributaria de Andalucía al respecto de las cuestiones expuestas hemos formulado Sugerencia a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación y a la Agencia Tributaria de Andalucía para que, actuando coordinadamente, se adopte propuesta de iniciativa normativa a elevar al Órgano competente para su tramitación y aprobación, en el sentido de que sea modificada la normativa reguladora de la deducción autonómica por cantidades invertidas en el alquiler de la vivienda habitual.
El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución al Hospital Regional de Málaga Carlos Haya para que, para la superación de las situaciones de larga espera, se adopten por ese hospital las medidas organizativas y asistenciales precisas, referidas fundamentalmente a la ampliación de los medios humanos y materiales para la satisfacción de la demanda, de tal manera que los ciudadanos disfruten del efectivo reconocimiento del derecho a la protección de la salud que establece el art. 43 de la Constitución, y en concreto se adopten medidas para agilizar las citas con la unidad de gestión clínica de endocrinología, al objeto de que pueda llegar a determinarse la alternativa terapéutica apropiada para los mismos en el menor tiempo posible, con el fin de evitarles sufrimiento y permitirles el desarrollo normalizado de su vida personal y laboral.
El naufragio producido en el Mediterráneo el pasado día 18 de abril y las muertes de cientos de personas que intentaban desesperadamente acceder a territorio europeo han puesto una vez más el foco en una cuestión que ni es nueva ni, tristemente, parece sencilla de resolver.
La muerte de estas personas no puede dejar de conmovernos por la evidencia de que su origen está en la desesperanza por encontrar una vida mejor que la que dejaron en sus países; así como por el cruel tratamiento al que han sido sometidos en la embarcación que los transportaba.
Los Defensores de los Derechos Humanos tenemos que manifestar que es una violación clara del principio del derecho a la vida. Y pedimos que la Unión Europea colabore con los países de origen de estas personas para impedir la actividad de embarcaciones clandestinas; se implique mucho más en la asistencia a los inmigrantes y encuentre los medios de mejorar las condiciones de vida en los lugares de origen, para que la inmigración no sea una única forma de supervivencia.
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha reunido con la delegación andaluza de la Federación Española de Enfermedades Raras, una organización sin animo de lucro que actualmente agrupa a más de 263 asociaciones que cubren enfermedades raras o poco frecuentes.
El objeto de este encuentro ha sido el de dar a conocer la situación actual de estos pacientes en Andalucía y solicitar del Defensor un trabajo conjunto y coordinado para la consecución de los derechos de las personas con enfermedades poco frecuentes.
Según datos aportados por la Federación, las enfermedades raras son, en su mayor parte, crónicas y degenerativas, siendo el 65% de estas patologías, graves e invalidantes: 2 de cada 3 enfermedades aparecen antes de los dos años, y 1 de cada 5 enfermos sufre dolores crónicos, entre otros casos.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha entregado hoy al Defensor del Pueblo Andaluz un Informe sobre la asistencia social a personas sin hogar en la atención en Urgencias.
Para la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz es una preocupación la atención que se presta al colectivo de personas sin hogar que acuden a los servicios de urgencia hospitalaria.
En este sentido, Jesús Maeztu, ha agradecido la presentación y entrega del informe de la APDHA “por cuanto creemos que aporta ideas y propuestas válidas que ayudarán al debate que está en curso sobre las medidas que deben adoptarse para solucionar los problemas de la atención sanitaria a las personas sin hogar”.
Algunas de las propuestas incluidas en el estudio de la APDHA son coincidentes con las que esta Institución ha dirigido a la Consejería de Salud en relación con este problema. Así por ejemplo, la necesidad de que los protocolos de atención sanitaria a las personas sin hogar prioricen la atención sanitaria sobre la derivación a los recursos sociales, incluida entre las alegaciones que esta Institución formuló en su día a la Consejería de Salud en relación con el nuevo protocolo que se estaba elaborando tras el lamentable suceso del polaco.
Sobre esto, el Defensor del Pueblo Andaluz ha anunciado su intención de realizar una evaluación del cumplimiento y resultados del protocolo puesto en marcha por la Consejería de Salud para esta atención, una vez transcurra un tiempo razonable desde su implantación en los hospitales andaluces.
La prestación sociosanitaria de este colectivo también ha sido objeto de atención especial, a instancias de esta Defensoría, en el estudio que sobre Urgencias Hospitalarias se ha trabajado con todos los Defensores del Pueblo “donde se puso de manifiesto la necesidad de que se garantice la continuidad en la atención sanitaria tras el alta de urgencias de aquellas personas que por encontrarse en situación de riesgo social no cuentan con un lugar adecuado para seguir el tratamiento prescrito”.
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