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Se impulsó ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Algeciras a nuestra petición de que se nos trasladara el posicionamiento de esa Corporación Municipal acerca de las alegaciones del interesado al informe emitido y nos indicara si, finalmente, se aceptaba la recepción pretendida. De no ser así, solicitábamos que se nos señalaran las causas por las que, a juicio municipal, no resultaba aplicable en este caso la jurisprudencia aludida y el acuerdo municipal de 1989. Por ello, dado el silencio municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula Resolución para que se resuelva en el sentido que estime procedente si se aceptan las pretensiones de la Intercomunidad reclamante para que, en cumplimiento de Acuerdo Plenario municipal de enero de 1989, se presten por parte municipal a la Urbanización ... los servicios urbanísticos y se garantice su mantenimiento y conservación.

ANTECEDENTES

1.- La Presidencia de la Intercomunidad ... de esa ciudad, nos exponía textualmente lo siguiente:

«Primero.- Que el 28 de julio de 1981, se inició entre el Ayuntamiento de Algeciras y los vecinos de la Intercomunidad de ... el ofrecimiento de entrega al Ayuntamiento de los Servicios Urbanísticos, siendo resuelto el expediente de forma positiva; se establecía y quedaba supeditado a que finalmente fuera recepcionada correctamente. Se suscribe un acuerdo con el Ayuntamiento, donde este indicaba las obras que necesariamente debían ser realizadas para proceder a la recepción.

Segundo.- Que cumplidos los requisitos referentes a las obras que debían realizarse -debidas condiciones del alumbrado público, redes de saneamiento, etc- y previa comprobación de las mismas por los técnicos correspondientes. Fue aceptada mediante un acto expreso.

Tercero.- Que ese Excmo. Ayuntamiento en Pleno Extraordinario de 31 de enero de 1989, por unanimidad del voto favorable de los veinticuatro señores concejales asistentes a esta sesión, de la que formaba parte el actual alcalde Ilmo. Sr. D. José Ignacio Landaluce Calleja, acuerdan ACEPTAR los servicios urbanísticos de la urbanización ... y consiguientemente ese Excmo. Ayuntamiento realizaría en lo sucesivo, el mantenimiento de tales servicios y abonaría los gastos de consumo de energía eléctrica y de las instalaciones del alumbrado público.

Cuarto.- Que desde hace ya varios lustros venimos soportando el coste de la prestación de servicios obligatorios tales como limpieza viaria, alcantarillado, mantenimiento de vías públicas, vigilancia, seguridad y otros, a través de las diez comunidades de propietarios que conforman la Intercomunidad.

Quinto.- Que el Ayuntamiento de Algeciras, gira y percibe de los propietarios que enajenan viviendas y locales el Impuesto Municipal sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos (plusvalía municipal).

Sexto.- Que el Ayuntamiento de Algeciras es la Administración Pública competente en las materias de suministro de agua, servicios de limpieza viaria y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, infraestructura viaria, policía local, prevención de incendios, tráfico y estacionamiento de vehículos y movilidad, entre otros, y de conformidad con los establecido en el art. 25 de la Ley de Bases del Régimen Local están, no sólo obligados, sino igualmente interesados en la mejora del término municipal, en aras del interés general. La referida recepción en su contenido dispone: El Ayuntamiento de Algeciras ACEPTÓ los servicios urbanísticos y, consiguientemente, se comprometía a realizar en lo sucesivo el mantenimiento de tales servicios, la realización pertinente para el suministro de energía eléctrica. Por otro lado, NO se trata de una Urbanización cerrada en la que el acceso sea privado, en la que se exija para penetrar en la misma una acreditación que demuestre la condición de ser titular de un inmueble ubicado en la comunidad, sino que en ella el acceso es libre.

Séptimo.- Que independientemente de la claridad con la que se manifiestan las normas de Derecho Positivo, como las indicadas en la Ley de Bases del Régimen Local, reforzadas por la Ley 5/2010 de autonomía Local de Andalucía, en cuanto a la «obligatoria prestación de los servicios públicos municipales», valorados dentro del ámbito de la Ley, conlleva, también necesariamente, a la conclusión que por parte del Ayuntamiento se ha producido la recepción de la Urbanización y debe asumir su adecuado mantenimiento de infraestructuras y viales.

Octavo.- Que la dilación es claramente indebida y no se aduce caída alguna, ni tal causa existe, pues la complejidad del asunto ni la conducta de los litigantes justifican la inactividad, afectando a no menos de 300 familias.

Noveno.- Que el mes de enero pasado, en el encuentro mantenido en las dependencias de la Alcaldía, con el Ilmo. Sr. D. ..., se le expusieron los inacabables problemas con la recepción de la Urbanización ..., con el fin de esclarecer y tomar una decisión, encomendando el Sr. Alcalde, al Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, un informe jurídico que sirviera de prologo y encomendara a los políticos y funcionarios la forma de actuar en relación con el mismo.

Décimo.- A título de evidencia de esta inhibición activa del Ayuntamiento de Algeciras, por mantener el tema en vía muerta nos afecta a un colectivo que represento con 1.200 ciudadanos, que sólo piden igualdad y no discriminación, y creemos llegado el momento en que no es posible por más tiempo que el Ayuntamiento no realice los servicios obligatorios (tales como limpieza viaria, alcantarillado, mantenimiento y pavimentación de la vía pública, alumbrado público, ordenación y control del tráfico, circulación, seguridad vial y acceso a los bloques y, en su caso el establecimiento del correspondiente servicio público en todos aquellos supuestos que constituyen competencias municipales propias de carácter obligatorio por los municipios.

Por último me refiero al incendio sucedido el pasado 4 de octubre de 2016 en uno de los bloques que conforman la Urbanización. Lo cierto es que si el accidente cuyas causas siguen sin ser conocidas, hubiera terminado en tragedia, las consecuencias hubieran resultado de enorme relevancia y es grave que el estado de las instalaciones no permita evitar, en el grado posible, cualquier eventualidad en lo que se puede generar riesgos y peligros ciertos para la integridad de las personas, así como de sus bienes.

Por lo anterior, es necesario revisar las instalaciones de protección contra incendio, pues es grave que los hidrantes estén en mal estado para su funcionamiento o en lugares no visibles y que no estén debidamente señalizados o sean insuficientes, como lo reconoce el Consorcio de Bomberos en su informe de 12 de febrero de 2007, donde también manifiestan que los vehículos estacionan de manera desordenada, por lo que tenían que tomarse las medidas necesarias para la reducción de riesgos, así como la detención y eliminación de peligros latentes en nuestra comunidad, además de estar preparados para el caso que se generan eventualidades.»

2.- En nuestra petición de informe inicial, interesamos a ese Ayuntamiento que nos indicara las razones por las que no había sido posible o no se había estimado procedente la total prestación de los servicios en esta urbanización por parte de ese Ayuntamiento, a pesar de lo dispuesto en el acuerdo plenario de 31 de Enero de 1989, por el que se disponía la recepción de la Urbanización Almirante. En todo caso, entendíamos que se debía dar respuesta, en el sentido que procediera a una pretensión vecinal que viene siendo manifestada de forma infructuosa desde hace muchos años.

Con su subsiguiente respuesta se adjuntaba diversa documentación relativa a las causas por las que no procedería la recepción de las infraestructuras y prestación de servicios demandados por los vecinos de la Intercomunidad reclamante, incluidos informes del Arquitecto Municipal y del Secretario General al respecto.

Por otra parte, se indicaba que se había solicitado informe a los distintos Departamentos del Ayuntamiento y a EMALGESA, de los que se nos daría traslado cuando fueran evacuados.

De acuerdo con ello, conforme a lo que se nos anunciaba, quedamos a la espera de recibir los informes de los restantes Departamentos municipales sobre estas demandas vecinales.

3.- Una vez recibidos todos los informes municipales conteniendo el posicionamiento municipal sobre lo solicitado por parte de la Intercomunidad reclamante, le rogamos a la misma que nos remitiera las alegaciones y consideraciones que tuviera por convenientes acerca de su contenido, señalando las nuevas gestiones que, en su caso, demandara por nuestra parte.

Recibidas estas alegaciones, dimos traslado de ellas a ese Ayuntamiento interesando con fecha 22 de septiembre de 2017 en síntesis que, con objeto de poder dictar una resolución definitiva en este expediente de queja, se nos trasladara el posicionamiento de esa Corporación Municipal acerca de ellas y nos indicara si, finalmente, se aceptaba la recepción pretendida. De no ser así, solicitábamos que se nos señalaran las causas por las que, a juicio municipal, no resultaba aplicable en este caso la jurisprudencia aludida y el acuerdo municipal de 1989.

4.- Esta última petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en tres ocasiones dicha información, con fechas 17 de noviembre de 2017, así como 1 de febrero y 22 de octubre de 2018, pero ello no ha motivado que nos sea remitida, ni siquiera tras contactos telefónicos que personal de esta Institución mantuvo con personal municipal los pasados 18 de mayo de 2018 y 1 de febrero de 2019, privándonos de conocer si, finalmente, han sido o no aceptadas las pretensiones de esta Asociación de que sean recepcionadas las infraestructuras y se asuma la prestación de los servicios básicos por ese Ayuntamiento.

A la vista de ello, debemos trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El silencio de esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera sea su forma de iniciación. Debe añadirse que el apartado 6 del artículo antes citado establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía (artículo 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19.1 de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma está obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 del deber legal de observar el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECOMENDACIÓN para que, por parte de ese Ayuntamiento, se resuelva en el sentido que estime procedente si se aceptan las pretensiones de la Intercomunidad reclamante para que, en cumplimiento de Acuerdo Plenario municipal de enero de 1989, se presten por parte municipal a la Urbanización ... los servicios urbanísticos y se garantice su mantenimiento y conservación.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Morón de la Frontera a nuestra petición de que nos indicara si era posible realizar las mejoras del callejón que demandaba el interesado y, de ser así, el plazo aproximado en que podrían acometerse las mismas; así como que, en caso contrario, pedíamos conocer las causas por las que no se estimaba procedente acceder a las peticiones formuladas para la mejora de la seguridad y accesibilidad en dicho viario, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula Resolución en el sentido de que se dé respuesta a la mayor brevedad posible y en el sentido que proceda al escrito del reclamante señalando, en el caso de estimar favorablemente la petición formulada, las mejoras adoptadas para mejorar las condiciones de accesibilidad en el citado viario y el plazo aproximado en que se acometerán las obras previstas a tal efecto.

ANTECEDENTES

Con fecha 8 de enero de 2019 interesábamos de ese Ayuntamiento el envío del preceptivo informe solicitado en el curso de la investigación del expediente de queja que se tramita con el número de referencia que se indica en el encabezamiento de este escrito.

La petición de ese informe no ha sido atendida, por lo que, como conoce, nos hemos visto obligados reiterar en dos ocasiones dicha petición con fechas 11 de febrero y 20 de marzo de 2019 (se remiten copias de los documentos citados). Tampoco hemos recibido su respuesta pese al contacto telefónico que, a los anteriores efectos, personal de esta Institución mantuvo con funcionario de ese Ayuntamiento el pasado 24 de abril de 2019.

Esta Institución debe manifestar de manera expresa la deficiente atención que ha prestado a las labores de investigación. Debemos señalar la demora en atender las solicitudes que le hemos dirigido en sucesivas ocasiones, junto a la falta de respuesta a las cuestiones requeridas para analizar el caso concreto. Esa situación ha provocado un retraso innecesario y perjudicial en la tramitación del expediente a lo que se suma la dificultad para evaluar con mayor detalle los motivos de la queja.

Creemos oportuno significar ante todo esta valoración, esperando que tal incidente producido en el presente expediente de queja no derive en una falta de colaboración que motive la adopción de medidas reprobatorias formales.

En cuanto a la cuestión analizada en el presente expediente de queja y a pesar de la falta de información concreta que le ha sido solicitada, esta Institución debe ofrecerle sus valoraciones.

Así, el reclamante nos exponía que había planteado en varias ocasiones de forma verbal a ese Ayuntamiento el problema que le supone, debido a la discapacidad que le afecta, la conformación y mal estado del pavimento del callejón en el que tiene su domicilio (Calle ..., número ...), que le impide poder salir y acceder a su vivienda en las debidas condiciones de seguridad. Esta situación también afecta a su esposa que, siempre según el afectado a causa del estado del callejón, sufrió una caída que la mantuvo impedida durante varios meses.

Añadía que, dado que sus gestiones verbales ante ese Ayuntamiento, no habían dado resultado positivo, presentó escrito en el que exponía las circunstancias que le afectan y pedía la reparación de las irregularidades del pavimento del callejón, dotarlo de barandas y de una rampa que permita caminar por el mismo en condiciones de seguridad.

Por todas razones, en nuestro escrito inicial, interesábamos a esa Alcaldía que nos indicara si era posible realizar las mejoras del callejón que demandaba el interesado y, de ser así, el plazo aproximado en que podrían acometerse las mismas. En caso contrario, pedíamos conocer las causas por las que no se estimaba procedente acceder a las peticiones formuladas para la mejora de la seguridad y accesibilidad en dicho viario.

Sin embargo, no hemos obtenido respuesta alguna por parte de ese Ayuntamiento.

A la vista de ello, debemos trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El silencio de esa esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Debe añadirse que el apartado 6 del artículo antes citado establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Cuarta.- Dado el reiterado silencio de ese Ayuntamiento ignoramos si, dada la discapacidad que afecta al reclamante y a su esposa, ese Ayuntamiento va a acometer las mejoras en el callejón donde reside que reclama el interesado o, en caso contrario, las razones por las que ello no se estima procedente o posible.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos a Vd. la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECOMENDACIÓN para que, por parte de ese Ayuntamiento, se dé respuesta a la mayor brevedad posible y en el sentido que proceda al escrito del reclamante señalando, en el caso de estimar favorablemente la petición formulada, las mejoras adoptadas para mejorar las condiciones de accesibilidad en el citado viario y el plazo aproximado en que se acometerán las obras previstas a tal efecto.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

En relación con la posibilidad de acceder a la solicitud de la reclamante de soterramiento o desvío de un cableado telefónico, tras dar cuenta de la situación de peligro en que se había visto envuelta la madre de la reclamante, usuaria de silla de ruedas, al poder ser atropellada al tener que transitar por la calzada debido a los obstáculos existentes en el acerado, solicitamos del Ayuntamiento de Málaga que nos informara de las previsiones en orden a garantizar que el acerado dejara de presentar tales obstáculos. Se nos informó que al encontrarse la calle urbanizada con anterioridad a la actual normativa de accesibilidad, la adaptación de la acera se produciría cuando se realizase una reforma por lo que la queja sería tomada en consideración cuando se acometiera la referida reforma del espacio público cuestionado.

Con base en el informe recibido, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula Resolución en el sentido de que se nos informe de las actuaciones previstas con objeto de que, en la medida en que resulten posibles ajustes razonables, sean eliminadas las barreras urbanísticas existentes en la calle ... de esa capital de forma que las personas con discapacidad puedan transitar por la misma en condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía.

ANTECEDENTES

1.- La reclamante nos exponía, en su escrito de queja inicial, textualmente lo siguiente:

“Que después de varias reclamaciones por teléfono a la compañía Movistar que al parecer es la encargada del cableado aéreo telefónico en mi zona donde vivo, por pasar varios cables de teléfono por parcelas privativas, y tras el requerimiento del soterramiento o desviación provisional por otro lado, ya que tras la concesión de licencia de Obra mayor numero ... Expediente ... de fecha 27/04/2017, por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, se está procediendo al inicio de las obras para la construcción de una vivienda particular, y dichos cables son peligrosos e interrumpen la maniobrabilidad de las máquinas y por motivos de seguridad, etc. deseamos que dejen de pasar por nuestra parcela.”

En nuestra petición de informe inicial, pedimos conocer si era posible acceder a la solicitud de la reclamante de soterramiento o desvío del citado cableado telefónico o, de no ser así, que se nos expusieran las causas por las que ello no se estimaba procedente o factible.

2.- En su respuesta, ese Ayuntamiento nos exponía, en síntesis, que la modificación de las infraestructuras corresponde a las empresas titulares de ellas, cuando vengan derivadas de obras de terceros a los que atribuye su coste. Por ello, se aclaraba por la Gerencia Municipal de Urbanismo que se había solicitado información a Telefónica de España sobre la solicitud de cambio de trazado pretendida, habiendo manifestado que se contactaría con la afectada a la mayor brevedad posible.

Por ello, preguntamos a la afectada si Telefónica de España se había puesto en contacto con ella y se había concretado la solución a lo demandado por su parte.

3.- Nos respondió en el sentido de que, a pesar de la incidencia abierta por Telefónica de España, lo cierto es que dicha Entidad no se había puesto en contacto con ella, ni tampoco había dado solución alguna al problema de accesibilidad que sus postes originan en la vía pública. Ello nos llevó a que interesáramos a ese Ayuntamiento que nos informara de las nuevas actuaciones que, con independencia de qué parte debía asumir los gastos de modificación de estas infraestructuras, tuviera previsto impulsar para que sea modificada una infraestructura que, de forma evidente, vulnera la normativa de accesibilidad y supone un notorio perjuicio para las personas que discurren por el acerado de este viario público al verse obligadas, en muchos casos, a tener que desplazarse, personas usuarias de sillas de ruedas y coches de bebe, por la propia calzada.

En definitiva, hemos venido recabando de ese Ayuntamiento durante la tramitación de este expediente de queja que realice gestiones ante Telefónica de España para el soterramiento del cableado para solucionar la problemática existente en este viario público ya que dicha obra, además de evitar que discurra el cableado sobre el inmueble de la reclamante, permitiría eliminar las barreras urbanísticas que suponen los postes que sustentan dicho cableado.

4.- Por ello, en nuestro último escrito, tras dar cuenta de la situación de peligro en que se había visto envuelta la madre de la reclamante, usuaria de silla de ruedas, al poder ser atropellada al tener que transitar por la calzada debido a los obstáculos existentes en el acerado, planteamos la necesidad de que ese Ayuntamiento nos informara de sus previsiones en orden a garantizar que el acerado de la calle en cuestión deje de presentar los obstáculos que ahora existen y que impiden o dificultan gravemente la movilidad de personas usuarias de sillas de ruedas.

5.- Como contestación, se nos remite informe del Departamento de Arquitectura e Infraestructuras por el que, en síntesis, se manifiesta que Telefónica de España no ha dado noticia alguna relativa al posible soterramiento del cableado y se remite a otro informe del Área de Accesibilidad Municipal que defiende que, al encontrarse la calle urbanizada, tal y como la conocemos ahora, con anterioridad a la actual normativa de accesibilidad, la adaptación de la acera se deberá producir cuando se produzca una reforma (restauración del espacio público) y, en su defecto, al ser una zona urbana consolidada, “se podrán plantear soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad y que deberían ser aprobadas por el Área de Accesibilidad”. Por ello, se concluye que la queja será tomada en consideración una vez que se acometa la referida reforma del espacio público cuestionado.

A la vista de ello, debemos trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- De alguna manera, en consonancia con lo expuesto en el punto quinto, a lo largo de la tramitación de este expediente de queja hemos instado tanto a ese Ayuntamiento como a Telefónica de España a que, con ocasión del posible soterramiento del cableado, se pudieran igualmente eliminar las barreras urbanísticas existentes en la calle. Sin embargo, pese a nuestras gestiones en tal sentido, lo cierto es que éstas han resultado infructuosas y la eliminación de estas barreras se pospone “sine die” hasta una posible reforma de ese espacio público, para la que no se nos adelanta previsión temporal alguna.

Segunda.- Debemos expresar respetuosamente nuestro desacuerdo con el contenido del informe del Departamento de Arquitectura e Infraestructuras cuando afirma que la queja de la afectada será tomada en consideración una vez que se acometa la referida reforma del espacio público cuestionado. Y ello, por cuanto el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, dispone en su artículo 22.1 que las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Añade que, para ello, los poderes públicos adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los medios de comunicación social y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

Por su parte, el artículo 25 de este mismo texto legal indica que las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones serán exigibles en los plazos y términos establecidos reglamentariamente, pero añade que las condiciones previstas en el párrafo anterior serán exigibles para todos los espacios públicos urbanizados y edificaciones, de acuerdo con las condiciones y plazos máximos previstos en la disposición adicional tercera.1, que expone que, para los espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles de ajustes razonables, la fecha máxima será la del 4 de diciembre de 2017.

Tercera.- En lo que se refiere al ámbito autonómico, la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, en su artículo 53 ordena que la Administración de la Junta de Andalucía y las Administraciones locales deberán aprobar, en las condiciones y plazos que se determinen en la normativa aplicable, planes de accesibilidad para adecuar los entornos susceptibles de ajustes razonables a las exigencias normativas de accesibilidad. Los planes de accesibilidad deberán ser revisados y actualizados, en su caso, cada cinco años.

Las condiciones de accesibilidad que se establecen en el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, serán obligatorias a partir del día 1 de enero de 2019, para todas aquellas infraestructuras, espacios libres y viales, edificios, establecimientos o instalaciones existentes, ya sean de titularidad pública o privadas, que sean susceptibles de ajustes razonables.

Cuarta.- Por tanto, ambas fechas máximas establecidas por la legislación estatal o autonómica han sido sobrepasadas, por lo que no cabe prolongar por más tiempo una situación de inaccesibilidad en un espacio público urbanizado sin llevar a cabo aquellos ajustes razonables a las exigencias normativas de accesibilidad. Tampoco resulta comprensible que no se nos indique si ese Ayuntamiento ha aprobado un plan de accesibilidad que contemple la adaptación de espacios públicos urbanizados en los que, pese al paso de los años, persisten barreras urbanísticas que impiden la movilidad e independencia de las personas con discapacidad y pese a que los poderes públicos están vinculados por el mandato constitucional del artículo 49 que los obliga a amparar a este colectivo especialmente para el disfrute de sus derechos, entre los que se encuentra el de circular libremente y en condiciones de igualdad por el territorio nacional.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del deber legal de observar los artículos 22.1, 25 y la disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, así como del artículo 53 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.

RECOMENDACIÓN de que, en observancia de la normativa legal reseñada en esta Resolución, se nos informe de las actuaciones previstas por ese Ayuntamiento con objeto de que, en la medida en que resulten posibles ajustes razonables, sean eliminadas las barreras urbanísticas existentes en la calle ... de esa capital de forma que las personas con discapacidad puedan transitar por la misma en condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz