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En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente a interno del Centro Penitenciario de Málaga II solicitando traslado Melilla por vinculo familiar, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias nos traslada la siguiente información:
“El interno se encuentra desde el pasado 27/08/2019 en el centro penitenciario de Mellilla”.
En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente a límites de embargo en cuenta, el "OPAEF", nos responde en los siguientes términos:
“CONSIDERANDO, dispone el art. 171.3 de la Ley General Tributaria, “Cuando en la cuenta afectada por el embargo se efectúe habitualmente el abono de sueldos, salarios o pensiones, deberán respetarse las limitaciones establecidas en la ley 1/200 de 7 de enero de enjuiciamiento Civil, mediante su aplicación sobre el importe que deba considerarse sueldo, salario o pensión del deudor. A estos efectos se considerará sueldo, salario o pensión el importe ingresado en dicha cuenta por ese concepto en el mes que se practique el embargo o, en su defecto, en el mes anterior”. El citado apartado contempla el supuesto de que en la cuenta afectada se efectúe habitualmente el abono, y será en dicho supuesto cuando se apliquen los porcentajes de embargabilidad- inembargabilidad establecidos en el art. 607 de la LEC. El SMI para el periodo de 2019 se fija en 900,00 mes/30,00 al día (RD 1462/2018 de 21 de diciembre)
De la documentación aportada, en el mes anterior al que se practica la retención constan ingresos en concepto de Pensión superiores al SMI, en un total ascendente a 1,468,19.-€, por lo que en aplicación del artículo 607 citado, la cantidad embargable ascendería a 170,46.-€, por lo que sólo resta concluir que,
Por todo lo expuesto,
ACUERDO: desestimar la petición formulada por la interesada en el encabezamiento de esta resolución Por la Sección Jurídica:
Dese traslado del expediente a la Oficina Recaudatoria correspondiente.
Notifíquese la presente resolución a la interesada, advirtiéndole que es
impugnable en:
Reposición previo al contencioso-administrativo.
Plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación. Ante el mismo órgano que la ha dictado.
Contencioso-Administrativo. Plazo: dos meses -con igual computo-desde la notificación de la resolución expresa al recurso de reposición. Ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla.
Sin perjuicio de que puede utilizar cualquier otro medio de defensa que convenga a su derecho”.
En dicho informe la Administración nos indica que en septiembre pasado le fue notificada la resolución dictada en respuesta a su solicitud formulado con fecha diciembre de 2018.
Por la respuesta recibida, se evidencia que la actuación administrativa se adecuó a las previsiones del Ordenamiento jurídico y, en consecuencia, dado que la presente queja se admitió a trámite únicamente a los efectos de romper el silencio administrativo existente a la referida reclamación, a la vista de la información recibida, nos vemos obligados a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.
Pudiendo por su parte ejercitar las opciones en cuanto a recursos que le señala la Administración en su respuesta.
RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)
Resuelta la falta de resolución de recursos contra resoluciones en materia de anomalía eléctrica.
26-10-2019 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO
Esta Institución viene tramitando diversas quejas por falta de resolución de recursos de alzada formulados contra resoluciones de las Delegaciones Territoriales de la anterior Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en materia de anomalía eléctrica.
A esta situación ya hacíamos referencia en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía correspondiente al ejercicio 2018, ya que la tramitación de algunas quejas sobre este asunto puso de manifiesto la resolución de recursos de alzada en plazos superiores a un año por parte de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
En virtud del Decreto 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, se atribuyen las competencias en materia de industria, energía y minas a la nueva Consejería de Hacienda, Industria y Energía, en concreto a la Secretaría General de Industria, Energía y Minas.
Asimismo, de acuerdo con el Decreto 101/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, se atribuye a la Secretaría General Técnica la tramitación de recursos de alzada cuya resolución corresponda, como competencia propia o por delegación, a la Viceconsejería, la Secretaría General de Hacienda y la Secretaría General de Industria, Energía y Minas.
Tras este trasvase de competencias hemos llegado a recibir hasta diez quejas por dilaciones en la resolución de recursos de alzada en expedientes de anomalía eléctrica. Aunque la mayoría se refiere a recursos presentados durante el año 2018, nos hemos encontrado con un recurso que se remonta al año 2016.
La respuesta ofrecida por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, así como por la Secretaría General de Industria, Energía y Minas, a nuestros requerimientos se ha limitado a explicar que desde que la Consejería asumió las competencias en materia de industria, energía y minas se ha producido un complejo proceso de transferencia de expedientes que se encontraban pendientes de tramitación.
Igualmente se nos indica que la tramitación de estos expedientes se realizará por el orden riguroso de incoación de expedientes, siguiendo la ordenación de los mismos remitida desde la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo en el proceso de transferencia mencionado.
En alguno de los informes remitidos se hace referencia al 28 de marzo de 2019 como fecha de recepción del recurso de alzada en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía.
Desconocemos si en esa fecha se produjo el traspaso completo de expedientes desde la nueva Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo o bien se han ido derivando los distintos expedientes pendientes de tramitación en varios plazos.
En la tramitación de la queja referida a la falta de resolución del recurso de alzada formulado por la distribuidora con fecha 18/01/2016, nos pareció oportuno llamar la atención a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía sobre la excesiva dilación en el tiempo para su tramitación.
Si bien señalábamos que dicha situación no sería responsabilidad de dicha Secretaría General Técnica -tras el cambio de asignación de competencias entre Consejerías-, le trasladábamos la necesidad de actuar con la mayor celeridad y diligencia posibles para garantizar el derecho a una buena administración; considerando que resultaba necesario incorporar cuantos medios personales y materiales permitiesen evitar dilaciones improcedentes en la tramitación de los procedimientos administrativos.
En cualquier caso, varios meses después la situación no parece haber variado, al menos respecto de los expedientes de queja que tramitamos, ya que la respuesta que recibimos se limita a reiterar la información proporcionada anteriormente.
Consideramos que se encuentra afectado el derecho a la protección de las personas consumidoras que garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y que el artículo 51 de la Constitución española define como uno de los principios que deben regir la actuación de las Administraciones públicas.
Asimismo se encuentra implicado el derecho a una buena administración, contenido en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que comprende el derecho de la ciudadanía ante las Administraciones Públicas a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.
Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se ha considerado oportuno promover una actuación de oficio con objeto de conocer el alcance del problema y proponer soluciones al mismo.
Por ello, nos hemos dirigido a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, Industria y Empresa a fin de conocer el número de recursos de alzada relacionados con expedientes de anomalía y/o fraude eléctrico que se encuentren en trámite, con identificación de la fecha de su presentación, así como identificación del volumen total de recursos cuya tramitación corresponda a dicha Secretaría General Técnica. Igualmente queremos conocer el dato del plazo medio para la resolución de los recursos que haya tramitado.
Consideramos que la información que se recabase podría servir para valorar posibles medidas y propuestas que redundasen en una mejora de la actuación administrativa y, en última instancia, para la adecuada defensa del consumidor.
08-01-2021 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO
Según el informe recibido de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, hemos podido conocer que la mayor parte de los recursos de alzada relativos a expedientes de anomalía eléctrica, que databan de 2015 a 2019, han sido resueltos tras su tramitación preferente (303 de un total de 350).
También que, pese a la suspensión de plazos administrativos derivada de la pandemia del COVID-19, se habría trabajado en los expedientes de referencia con la totalidad de recursos humanos y materiales disponibles y procedido a la firma de las correspondientes resoluciones una vez alzada la suspensión de plazos.
Por lo que respecta a la reestructuración de la Consejería, se nos ha informado de la transferencia de expedientes en materia de industria y minas.
A la vista de esta información, valoramos que ha quedado resuelta la situación de bloqueo de los expedientes en fase de recurso de alzada pendientes de resolver por la Secretaría General Técnica de la entonces Consejería de Hacienda, Industria y Minas que motivó el inicio de esta queja de oficio.
A la vista de esta respuesta entendimos que el problema por el que se inició esta actuación de oficio se encontraba en vías de solución, por lo que procedimos al archivo de la misma.
Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz tramita la queja registrada bajo el número de referencia arriba indicado en la que la parte afectada exponía una serie de hechos que podrían tener la consideración de lesivos para determinados Derechos y Libertades reconocidos en el Título primero del Estatuto de Autonomía para Andalucía, especialmente para el derecho a la buena administración, contenido en el artículo 31 de la citada norma.
En este sentido, habiendo realizado un exhaustivo análisis de la documentación e información obrante en el expediente, consideramos preciso formularle Resolución concretada en lo siguiente
Ver asunto solucionado o en vías de solución
I. Con fecha 29 de enero de 2019 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por D. (...), a través de la cual nos exponía lo siguiente:
Que con fecha 13 de diciembre de 2018 había formulado petición al Ayuntamiento de la Zubia por su supuesto bloqueo en redes sociales del Ayuntamiento y la supuesto limitación a su libertad de expresión .
Que a pesar del tiempo transcurrido, aún no había recibido respuesta a su escrito/ petición, solicitando de información.
II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Administración que resolviese expresamente, sin más dilaciones, el escrito presentado por la parte promotora de la queja, informándonos al respecto.
III. A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud y de haber reiterado la misma en dos ocasiones, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de ese organismo.
De tales circunstancias no cabe más que extraer la existencia de un reconocimiento tácito de la falta de respuesta denunciada por la parte promotora de la queja.
En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes
Primera.- Sobre el régimen jurídico del derecho de petición.
El derecho citado se encuentra reconocido, como derecho fundamental, en el artículo 29 de la Constitución española y en el artículo 30.1,d), del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Así el Constituyente estableció en el apartado 1, del artículo 29 indicado:
«Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.»
Las determinaciones de la ley reguladora del régimen jurídico del Derecho fundamental de petición, se plasmaron mediante la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.
La Ley mencionada se aparta de un excesivo rigor formalista y está orientada principalmente a lograr la plena satisfacción del derecho, razón por la que en aplicación de los criterios doctrinales e interpretativos del Tribunal Constitucional, -como indica el Legislador en el Preámbulo- «la Ley presta singular atención a las obligaciones de los poderes públicos y autoridades destinatarias de las peticiones».
Por ello regula «la obligación de los destinatarios públicos de las peticiones de acusar recibo de las recibidas y, salvo excepciones tipificadas restrictivamente, la obligación de tramitarlas y contestarlas adecuadamente, lo que constituye desarrollo del contenido esencial de este derecho.»
Cabe añadir al respecto que el derecho de petición es susceptible de tutela judicial mediante las vías reforzadas, establecidas en el en el artículo 53.2 de la Constitución.
Así las resoluciones recaídas respecto de las solicitudes presentadas para el ejercicio del derecho de petición, podrán ser objeto de recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, tanto en el caso de la inadmisión de la petición, como la omisión de respuesta o falta de requisitos mínimos en la facilitada.
Segunda.- Del deber de respuesta en relación con el ejercicio del derecho de petición.
El escrito en que se deduzca la petición podrá presentarse ante cualquier registro o dependencia admitida a estos efectos por la legislación reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (artículo 6.1, de la Ley Orgánica 4/2001).
Constituyendo una obligación de la administración, institución pública o autoridad que reciba una petición el acusar recibo de la misma y comunicarlo al interesado dentro de los diez días siguientes a su recepción.
Debiendo -en su caso- conceder un plazo de quince días al interesado para subsanar los defectos o carencias de su escrito de petición.
Al respecto de la inadmisión del escrito de petición, cabe tener en cuenta que el artículo 8 fija restrictivamente los casos en que procedería la misma:
«No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones de los poderes públicos, instituciones u organismos a que se dirijan, así como aquéllas cuya resolución deba ampararse en un título específico distinto al establecido en esta Ley que deba ser objeto de un procedimiento parlamentario, administrativo o de un proceso judicial.
Tampoco se admitirán aquellas peticiones sobre cuyo objeto exista un procedimiento parlamentario, administrativo o un proceso judicial ya iniciado, en tanto sobre los mismos no haya recaído acuerdo o resolución firme.»
Cuando el destinatario de la petición se estime incompetente para el conocimiento de ella, remitirá las actuaciones al órgano que considere competente, si ambos pertenecieran a la misma institución, administración u organismo.
En virtud de lo establecido en el artículo 9.1, de la Ley Orgánica 4/2001, citada, la declaración de inadmisibilidad será siempre motivada y, deberá acordarse y notificarse al peticionario en los cuarenta y cinco días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición.
Los principios y directrices básicas fijados en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Petición, presentan vocación garantista con la finalidad de que por los destinatarios se cumplimenten las peticiones recibidas de la ciudadanía, como un instrumento más de participación ciudadana, sujeto a la especial protección de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo, de la Constitución.
Así el artículo 11 de la citada Ley Orgánica establece sobre la tramitación y contestación de peticiones admitidas lo siguiente:
«1.Una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación. Asimismo podrá, si así lo considera necesario, convocar a los peticionarios en audiencia especial.
2. Cuando la petición se estime fundada, la autoridad u órgano competente para conocer de ella, vendrá obligado a atenderla y a adoptar las medidas que estime oportunas a fin de lograr su plena efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de los procedimientos necesarios para adoptar una disposición de carácter general.
3. La contestación recogerá, al menos, los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración por parte de la autoridad u órgano competente e incorporará las razones y motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no hacerlo. En caso de que, como resultado de la petición, se haya adoptado cualquier acuerdo, medida o resolución específica, se agregará a la contestación.; participación, objetividad y transparencia; racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos; buena fe y confianza legítima, entre otros.
4. La autoridad u órgano competente podrá acordar, cuando lo juzgue conveniente, la inserción de la contestación en el diario oficial que corresponda.
5. Anualmente la autoridad u órgano competente confeccionará una memoria de actividades derivadas de las peticiones recibidas.»
En el presente caso, a la vista de las manifestaciones realizadas por la persona promotora de la queja, que no han sido desvirtuadas por esa Administración, debemos considerar constatado que el escrito de petición presentado con fecha 13 de diciembre de 2018, en relación con su supuesto bloqueo en las redes sociales, no ha sido objeto de respuesta pese a haber transcurrido sobradamente los plazos legalmente habilitados para su admisión o inadmisión.
En consecuencia, hemos de concluir la existencia de un incumplimiento por parte de ese organismo del deber de respuesta legalmente estipulado en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.
A la vista de todo ello y, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula esa Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de La Zubia la siguiente
RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.
RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, al escrito de petición presentado por la persona afectada, con fecha 13 de diciembre de 2018
Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios conformadores del derecho fundamental de petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución española y , en el artículo 30.1, d), del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz
La persona interesada denuncia la ausencia de recursos personales necesarios para la debida atención educativa de su hijo, alumno con necesidades educativas especiales, escolarizado en un centro en la provincia de Granada.
Por la situación expuesta nos dirigimos a la administración, quien tras varios trámites del Defensor del Pueblo Andaluz, también Defensor del Menor de Andalucía, remite un escrito en el que se expone que la Comisión Provincial de Escolarización resolvió dotar del Personal Técnico de Integración Social al Centro Educativo.
Revisado el expediente del alumno así como su informe de Evaluación Psicopedagógica y su Dictamen de Escolarización; el alumno necesita especialista en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y personal técnico en integración social. El centro dispone de los recursos personales de PT y AL y está siendo atendido por los mismos.
Asimismo se hace constar que al inicio del curso escolar 2019/2020, el recurso solicitado de profesional técnico de integración social estará disponible en el centro educativo.
Con esta información, hemos de entender que el asunto que motiva la queja se encuentra en vías de solución por lo que consideramos procedente dar por concluidas nuestras actuaciones en este asunto.
En relación con la queja registrada en esta Institución bajo el número de referencia arriba indicado en la que la parte afectada exponía una serie de hechos que podrían tener la consideración de lesivos para determinados Derechos y Libertades reconocidos en el Título primero del Estatuto de Autonomía para Andalucía, especialmente para el derecho a la buena administración, contenido en el artículo 31 de la citada norma.
En este sentido, habiendo realizado un exhaustivo análisis de la documentación e información obrante en el expediente, consideramos preciso formularle Resolución concretada en lo siguiente
I. Con fecha 12 de septiembre de 2016 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por Dña. (...), a través de la cual nos exponía lo siguiente:
Que por el Sistema de Explotación Guadalhorce-Limonero; de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, se le viene liquidando y cobrando año tras año, recibos por el canon de regulación y la tarifa de utilización de aguas, para una finca que no es de su titularidad ni lo fue de su difunto esposo. Adjunta notas simples del Registro de la Propiedad, en las que afirma puede verse que no posee ninguna propiedad al igual que su esposo.
Por otra Parte añade que habría solicitado de forma expresa y como medida subsidiaria su baja como titular del servicio ante la citada Consejería y tampoco se le ha tenido en cuenta esta petición.
Que a pesar del tiempo transcurrido, aún no había recibido respuesta a su solicitud de información.
II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Administración que resolviese expresamente, sin más dilaciones, el escrito presentado por la parte promotora de la queja, informándonos al respecto.
III. A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud y de haber reiterado la misma en dos ocasiones, mediante escritos y una más telefónicamente, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de ese organismo.
De tales circunstancias no cabe más que extraer la existencia de un reconocimiento tácito de la falta de respuesta denunciada por la parte promotora de la queja.
En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes
Primera.- De la obligación de resolver a cargo de la Administración Pública.
El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y de notificarla en todos los procedimientos, sin perjuicio de que en el procedimiento intervenga prescripción, renuncia, caducidad o desistimiento, o bien la desaparición sobrevenida de su objeto, pues cuando concurran estas circunstancias habrá de dictarse dicha resolución en tal sentido. Quedan exceptuados de esta obligación exclusivamente los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, o los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.
Debe añadirse que el apartado 6 del artículo 21 LPAC establece que «El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo», pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.
Segunda.- Del silencio administrativo negativo.
Ante la falta de respuesta administrativa, debemos hacer referencia a la jurisprudencia creada en torno al control constitucional de las resoluciones judiciales que declaran la extemporaneidad de recursos contencioso- administrativos interpuestos contra la desestimación por silencio administrativo de solicitudes o reclamaciones de los interesados.
Puede citarse a tal efecto la Sentencia 72/2008, de 23 de junio de 2008, dictada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional en el Recurso de amparo 6615-2005, Fundamento Jurídico 3:
«Se ha venido reiterando, conforme a esta jurisprudencia constitucional, que el silencio administrativo negativo es simplemente una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda acceder a la vía judicial superando los efectos de inactividad de la Administración; se ha declarado que, frente a las desestimaciones por silencio, el ciudadano no puede estar obligado a recurrir siempre y en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento del acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia que, sin embargo, no le es exigible a la Administración en el cumplimiento de su deber legal de dictar resolución expresa en todos los procedimientos. Bajo estas premisas, este Tribunal ha concluido que deducir de ese comportamiento pasivo del interesado su consentimiento con el contenido de un acto administrativo presunto, en realidad nunca producido, supone una interpretación que no puede calificarse de razonable —y menos aún, con arreglo al principio pro actione, de más favorable a la efectividad del derecho fundamental del art. 24.1 CE—, al primar injustificadamente la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido con su deber de dictar y notificar la correspondiente resolución expresa.»
La institución del silencio administrativo negativo -a diferencia del silencio administrativo positivo, que tiene la consideración de verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento- se configura por ley exclusivamente como una garantía para la defensa judicial de sus derechos por parte de los interesados. Por tanto, la Administración no queda eximida de su obligación de resolver, incluso, de modo que no queda sujeta al sentido del silencio.
Tercera.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa.
Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.
Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con una serie de principios, entre ellos lo de eficacia y sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente deberán respetar en su actuación los principios de servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; participación, objetividad y transparencia; racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos; buena fe y confianza legítima, entre otros.
Parecidos principios se recogen en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, junto a otros de interés como los de responsabilidad por la gestión pública, buena administración y calidad de los servicios. El principio de buena administración también se recoge y concreta en el artículo 5 de la misma Ley.
A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, se le formula esa Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga la siguiente
RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.
RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, al escrito presentado por la parte afectada.
Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.
Asimismo, se lograría garantizar en mejor medida el derecho a la buena administración, contenido en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz
Esta Institución ha tenido conocimiento, a través de diversos medios de comunicación social, del problema que afecta al alumnado con necesidades específicas de educación especial escolarizado en el colegio Noreña de Córdoba, motivado por el hecho de que desde hace cuatro años se mantienen los mismos recursos para este colectivo a pesar de que su número se ha ido incrementando.
La escasez de personal está provocando una falta de atención importante para muchos de ellos, ya que el profesorado no puede atenderlos bien sin apoyo específico.
La presidenta del AMPA, ha expresado que hay 12 reclamaciones presentadas por los padres en la Delegación de Educación, aparte de las denuncias efectuadas por la propia asociación de madres y padres, y la respuesta que obtienen es que el problema está en que no se optimizan los recursos.
El centro se divide en dos edificios separados por una carretera y los profesionales de educación especial tienen que ir de un lugar a otro, con el tiempo que ello requiere. Para unos 28 niños con necesidades educativas especiales solo hay un profesor de Pedagogía Terapéutica y medio (3 días en el colegio, compartido con otro centro) y uno de Audición y Lenguaje y medio.
Hay niños que no salen al recreo porque nadie los puede atender o pequeños en silla de ruedas que no tienen a nadie que los empuje. Pero el hecho más grave es que un alumno de 3 años de necesidades especiales tuvo que ser ingresado porque comió goma de borrar, piedras y otras cosas al carecer de los apoyos adecuados.
Sobre la base de lo señalado, y en defensa de los derechos del alumnado afectado, y con fundamento legal en el art. 10 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora de esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, también Defensor del Menor de Andalucía, se ha incoado, de oficio, un expediente a fin de clarificar la situación descrita y comprobar las actuaciones administrativas que se emprendan para solucionar el problema.
Tras varias gestiones desde esta oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, también Defensor del Menor de Andalucía, la Administración informa describiendo los distintos recursos especializados con los que ha contado el centro en cuestión durante el curso 2018/2019 y la ratio del alumnado con necesidades específicas de atención educativa, se pone de manifiesto que, tras diversas reuniones mantenidas con la dirección del centro, la orientadora, y el AMPA, llevar a cabo un plan de formación de centro en atención a la diversidad desde un enfoque inclusivo, dando respuesta a todo el alumnado. Se añade que la atención al alumnado con necesidades educativas especiales que precisa del recurso de un profesional de Atención y Lenguaje se puede optimizar realizando agrupamientos por edades y dificultades del lenguaje, priorizando la intervención dentro del aula junto con el tutor, y favoreciendo la inclusión en lugar de realizar intervenciones individualizadas y descontextualizadas que hacen poco funcional la estimulación del lenguaje.
Sobre la denuncia aparecida en diversos medios de comunicación relativa a las limitaciones del alumnado con discapacidad para salir al recreo por ausencia de personal, se informa que tras la inspección realizada al centro se ha podido comprobar que dicha afirmación carece de fundamento.
El informe concluye señalando que se ha valorado como suficientes los recursos personales de los que dispone el colegio de Noreña para dar respuesta adecuada al alumnado con necesidades educativas especiales.
Teniendo en cuenta lo anterior, se procede al cierre de la queja por encontrarse el asunto suscitado en la misma en vías de solución.
El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución por la que recomienda a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba que sin más dilación que la estrictamente necesaria para la comprobación de los datos y requisitos previstos en la norma, se dicte resolución que ponga término al procedimiento de la persona afectada, aprobando definitivamente, en su caso, el reconocimiento y concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en el supuesto de que reúna los requisitos exigidos para ello en la normativa vigente.
Asimismo, recomienda que se adopten las medidas necesarias en lo que se refiere a la dotación de los medios materiales y personales a la Delegación Territorial de Córdoba, con la finalidad de que se resuelvan las solicitudes de la RMISA en el plazo legalmente establecido de dos meses, a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud.
1.- Con fecha 10/06/19 compareció en esta Institución Dña. (...), exponiendo que “a través de la trabajadora social del Instituto Provincial de Bienestar Social de Pozoblanco presentó el pasado enero de 2019 la solicitud de la Renta Mínima de Inserción Social y a la fecha no tiene respuesta, por lo que solicita nuestra intervención para la agilización del trámite, pues tiene que mantener a su familia, sus dos hijos que tiene a cargo”.
2.- Con fecha 4 de julio de 2019 hemos recibido el informe de esa Delegación en el que se nos informa que “con fecha 08/02/2019 la persona interesada presentó solicitud de acceso a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, regulada por Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre.
Con fecha 11/03/2019 se inicia la tramitación con alta en el Sistema Integrado de Servicios Sociales (SISS), bajo el número (...).
El plazo para resolver y notificar la resolución, de conformidad con Io establecido en el artículo 32.2 del Decreto-ley 3/2017, es de dos meses a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver, por tanto el plazo comenzó el 01/03/2019 y finaliza el 30/04/19.
Debido a la gran cantidad de solicitudes para el acceso a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, el citado expediente esta pendiente de estudio, no obstante en los próximos días se va analizar la documentación presentada y a la comprobación de requisitos para la resolución del mismo...”
Tras trasladar el informe recibido a la promotora de la queja, para que aportara las alegaciones que estimara oportunas, esta recientemente las realiza diciendo que sigue a la espera de que se resuelva su solicitud inicial.
A la vista de cuanto antecede, estimamos oportuno efectuar las siguientes
Resulta de aplicación al presente caso, las siguientes normas de nuestro ordenamiento jurídico:
Primera.- El Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, dedicado a los objetivos básicos de la comunidad autónoma, contempla en su apartado 3, 14º, como uno de ellos, la cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar público, con especial atención a los colectivos y zonas más desfavorecidos social y económicamente, para facilitar su integración plena en la sociedad andaluza, propiciando así la superación de la exclusión social.
Por otra parte, en el artículo 37 del Estatuto de Autonomía, se contemplan los principios rectores de las políticas públicas, las cuales deben orientarse a garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos y alcanzar los objetivos básicos establecidos en el artículo 10, mediante la aplicación efectiva de tales principios, en particular, para el asunto que nos ocupa, art. 37, apartado 1, 7º, la atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social.
De acuerdo con el apartado 2 del citado precepto estatutario, los anteriores principios se orientarán además a superar las situaciones de desigualdad y discriminación de las personas y grupos que puedan derivarse de sus circunstancias personales o sociales o de cualquier otra forma de marginación o exclusión. Para ello, su desarrollo facilitará el acceso a los servicios y prestaciones correspondientes para los mismos, y establecerá los supuestos de gratuidad ante las situaciones económicamente más desfavorables.
Finalmente, el art. 23.2 del Estatuto de Autonomía establece que todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley.
Segunda.- El derecho a una buena Administración.- El artículo 103.1 de la Constitución española establece que la Administración Pública debe actuar, entre otros, conforme al principio de eficacia.
El artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, pretende garantizar a toda la ciudadanía, dentro del derecho a una buena Administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable, debiendo ser también la actuación de la Administración proporcionada a su fines.
El artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, incluye dentro del principio de buena administración el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.
El artículo 17.2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz establece que esta Institución vele para que la Administración Autonómica resuelva, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados.
Tercera.- Normativa reguladora de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.- El Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, tiene por objeto regular la prestación económica garantizada del Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, incorporando un itinerario a través de un plan de inclusión y/o inserción social.
Se constituye como instrumento para frenar e invertir los procesos de vulnerabilidad y exclusión social que conlleva a la población que se encuentra en dichas situaciones, a la incapacidad de ejercer derechos sociales.
Los fines de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía son reducir la tasa de pobreza y de exclusión social en Andalucía, especialmente la pobreza infantil; mejorar las posibilidades de inclusión social y laboral de las personas en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo, especialmente aquellas que tienen menores a su cargo y teniendo en cuenta la diferente situación de los hombres y las mujeres; aumentar el grado de autonomía personal y familiar y atender la satisfacción de las necesidades básicas para una vida digna de la unidad familiar.
La Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, consiste en una prestación económica mensual que se devenga a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver, y su duración inicial será de doce meses.
En cuanto al procedimiento previsto para ello, en el artículo 32.2 de la Norma reguladora, se prevé que el plazo para resolver y notificar la resolución será de dos meses a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver. Transcurrido el plazo para resolver sin haberse dictado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.
Cuarta.- El artículo 21, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante PACAP), conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.
- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, preceptúa que los plazos señalados en esta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.
- El artículo 21, párrafo 1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de este tipo de procedimientos, como hemos visto, es actualmente de dos meses, a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver, sin que el transcurso del plazo previsto, exima a la Administración de la obligación de dictar resolución expresa.
- El art. 21, párrafo 6, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, preceptúa que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento legal de dictar resolución expresa
Por otra parte, y a mayor abundamiento, los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos (art. 20. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP).
La demora administrativa que se está produciendo en el reconocimiento y resolución de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, vulnera la normativa autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, citadas con anterioridad.
Por todo lo anteriormente expuesto, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle
RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos citados en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.
RECOMENDACIÓN 1.- para que sin más dilación que la estrictamente necesaria para la comprobación de los datos y requisitos previstos en la norma, se dicte resolución que ponga término al procedimiento de la persona afectada, aprobando definitivamente, en su caso, el reconocimiento y concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en el supuesto de que reúna los requisitos exigidos para ello en la normativa vigente.
RECOMENDACIÓN 2.- para que se adopten las medidas necesarias en lo que se refiere a la dotación de los medios materiales y personales a la Delegación Territorial de Córdoba, con la finalidad de que se resuelvan las solicitudes de la RMISA en el plazo legalmente establecido de dos meses, a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz
En su escrito de queja la interesada, junto a su esposo, nos indicaba que eran propietarios de una vivienda en el municipio gaditano de El Puerto de Santa María y en su fachada se ubicaban dos árboles que “tienen levantado todo el acerado de la calle, imposibilitando el tránsito de cualquier ciudadano, así como el peligro de que se produzca una caída a causa del deterioro del mismo. No pudiendo transitar por la acera ninguna persona en silla de ruedas o niño en carrito, teniéndose que bajarse al asfalto de la calle. Que las raíces de los citados árboles están dañando el interior de su vivienda, causando desperfectos en la solería y no pudiendo abrir o cerrar la puerta del garaje”. Su esposo padecía una larga enfermedad que le impedía moverse y desplazarse por sí solo, por lo que esta situación le perjudicaba especialmente. Llevaban solicitando al Ayuntamiento que se cortaran las raíces de los árboles, así como la reparación de los alcorques y del pavimento desde junio de 2015, pero no habían recibido respuesta alguna a estas solicitudes, entre las que se incluía una solicitud de responsabilidad patrimonial por los daños producidos en la fachada.
Tras admitir a trámite la queja, de la primera respuesta que nos remitió el ayuntamiento concluimos que no existía discrepancia sobre la realidad y alcance de la denuncia que motivó la queja de la interesada, ni sobre el origen del problema, pero de la documentación que nos remitieron nos extrañó que en 2016 se trasladó informe al Servicio municipal de Infraestructura y Urbanización de la denuncia de la interesada sobre el defectuoso estado del acerado de la calle como consecuencia del crecimiento de las raíces del árbol enclavado en el acerado público, se sucedieron una serie de intercambios de informes entre este Servicio y el de Asesoría Jurídica de la Policía Local, peros no se había ejecutado actuación alguna obre el acerado por parte del ayuntamiento, ni constaba que se hubiera determinado un plan de actuaciones en aras a dar una solución definitiva al problema. De ahí que nos dirigiéramos nuevamente al ayuntamiento con objeto de que nos aclararán qué medidas concretas se iban a adoptar y qué órganos municipales eran los competentes para ejecutar las obras.
Tras varias actuaciones, finalmente conocimos que el ayuntamiento había estimado la solicitud de responsabilidad patrimonial que presentó la interesada; en el expediente instruido al efecto se había acordado indemnizar a la interesada con la cantidad de 754 euros por los daños ocasionados en su propiedad. Esta cantidad, en aquellos momentos, estaba pendiente de abonar pues se había solicitado a la interesada que facilitara los datos bancarios para proceder a su abono. En cuanto a la tala de los árboles, el ayuntamiento nos informó que la misma se iba a llevar a cabo dentro de las obras de reparación del acerado.
Por tanto, entendimos que el problema estaba en vías de solución y dimos por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.
En relación con expediente de queja recibido en esta Institución relativo a solicitud por supuesto bloqueo en redes sociales, el Ayuntamiento de la Zubia, nos responde en los siguientes términos:
“Poniéndole en antecedentes, los hechos que expresa este vecino de La Zubia ocurrieron durante la legislatura anterior, siendo un gobierno diferente el que gobernaba en La Zubia y una empresa diferente a la actual la que gestionaba las redes sociales.
No conocemos los motivos por que la Agencia de comunicación que gestionaba la comunicación del Ayuntamiento de La Zubia bloqueó a este vecino en la Redes sociales Oficiales del Ayuntamiento, concretamente en Facebbok. En el escrito, D. xxx hace alusión a un comentario con fecha 2 de noviembre de 2018 como motivo del bloqueo en Facebbok. Tras consultar esa publicación, este gobierno no ha visto ningún motivo para continuar con el bloqueo por lo que procedió a la restauración de los permisos el 30 de julio de 2019 cuando se nos notificó la situación”
Tras un detenido estudio de dicha información, se deduce que la Administración municipal ha aceptado la Resolución formulada por esta Institución, recomendando una respuesta expresa y actuando sobre el fondo del asunto que la persona interesada denunciaba.
En consecuencia, trasladándole nuestra satisfacción por la resolución favorable de su queja ante esta Institución, con esta fecha procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente.
Defensor del Pueblo Andaluz
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