Alerta por correo electrónico de las novedades

En relación con la queja registrada en esta Institución bajo el número de referencia arriba indicado, en la que la parte afectada exponía una serie de hechos que podrían tener la consideración de lesivos para determinados Derechos y Libertades reconocidos en el Título primero del Estatuto de Autonomía para Andalucía, especialmente para el derecho a la buena administración, contenido en el artículo 31 de la citada norma, habiendo realizado un exhaustivo análisis de la documentación e información obrante en el expediente, consideramos preciso formularle Resolución concretada en lo siguiente

ANTECEDENTES

I. Con fecha 5 de abril de 2019 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por Doña (...) y (...), a través de la cual nos exponían lo siguiente:

Que que por parte del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga, se les había cobrado cantidades en concepto de recibos de IBI de los años 2016 y 2017, en base a un valor catastral que habría sido alterado por Resolución de la Gerencia Territorial del Catastro Inmobiliario con efectos de 17 de febrero de 2016. Sin que se resuelva su solicitud de devolución de ingresos indebidos formulada al respecto en fecha 15 de mayo de 2018, inicialmente.

Que a pesar del tiempo transcurrido, aún no había recibido respuesta a su solicitud.

II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Administración que resolviese expresamente, sin más dilaciones, el escrito presentado por los parte promotores de la queja, informándonos al respecto.

III. A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud y de haber reiterado la misma, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de ese organismo.

De tales circunstancias no cabe más que extraer la existencia de un reconocimiento tácito de la falta de respuesta denunciada por la parte promotora de la queja.

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a ese Organismo las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- De la obligación de resolver a cargo de la Administración Pública.

En principio, hemos de tener en cuenta que además de las obligaciones formales y procedimentales comunes a todas las Administraciones Públicas, en tanto en cuanto Administración Tributaria y gestora de recursos públicos, a esa Administración también le concierne la obligación de haber resuelto el procedimiento específico de devolución de ingresos indebidos a que se refiere el articulo 221 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria (modificada parcialmente por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre), que en relación con lo establecido en el articulo 220.2, de la citada Ley General Tributaria, impone a la Administración la obligación de notificar resolución expresa en plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de solicitud de devolución de ingresos indebidos formulada por el interesado, siendo el silencio desestimatorio en tal caso.

Con carácter general y actuando como norma procedimental supletoria, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), en su articulo 21.1, establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y de notificarla en todos los procedimientos, sin perjuicio de que en el procedimiento intervenga prescripción, renuncia, caducidad o desistimiento, o bien la desaparición sobrevenida de su objeto, pues cuando concurran estas circunstancias habrá de dictarse dicha resolución en tal sentido. Quedan exceptuados de esta obligación exclusivamente los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, o los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

Debe añadirse que el apartado 6 del artículo 21 LPAC establece que «El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo», pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

Segunda.- Del silencio administrativo negativo.

Ante la falta de respuesta administrativa, debemos hacer referencia a la jurisprudencia creada en torno al control constitucional de las resoluciones judiciales que declaran la extemporaneidad de recursos contencioso- administrativos interpuestos contra la desestimación por silencio administrativo de solicitudes o reclamaciones de los interesados.

Puede citarse a tal efecto la Sentencia 72/2008, de 23 de junio de 2008, dictada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional en el Recurso de amparo 6615-2005, Fundamento Jurídico 3:

«Se ha venido reiterando, conforme a esta jurisprudencia constitucional, que el silencio administrativo negativo es simplemente una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda acceder a la vía judicial superando los efectos de inactividad de la Administración; se ha declarado que, frente a las desestimaciones por silencio, el ciudadano no puede estar obligado a recurrir siempre y en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento del acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia que, sin embargo, no le es exigible a la Administración en el cumplimiento de su deber legal de dictar resolución expresa en todos los procedimientos. Bajo estas premisas, este Tribunal ha concluido que deducir de ese comportamiento pasivo del interesado su consentimiento con el contenido de un acto administrativo presunto, en realidad nunca producido, supone una interpretación que no puede calificarse de razonable —y menos aún, con arreglo al principio pro actione, de más favorable a la efectividad del derecho fundamental del art. 24.1 CE—, al primar injustificadamente la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido con su deber de dictar y notificar la correspondiente resolución expresa.»

La institución del silencio administrativo negativo -a diferencia del silencio administrativo positivo, que tiene la consideración de verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento- se configura por ley exclusivamente como una garantía para la defensa judicial de sus derechos por parte de los interesados. Por tanto, la Administración no queda eximida de su obligación de resolver, incluso, de modo que no queda sujeta al sentido del silencio.

Tercera.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa y de gestión tributaria.

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia y sometimiento a la ley y al Derecho.

Los mismos principios se recogen en el artículo 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con principios de eficacia, eficiencia y servicio a los ciudadanos, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima. En sus relaciones con la ciudadanía, las Administraciones públicas deben actuar de conformidad con los principios de transparencia y de participación.

Además, como principios específicos de actuación, en el ámbito sustantivo de ordenación y aplicación del sistema de tributos (y de gestión de recursos de naturaleza pública), resultan de obligada observación por las Administraciones Tributarias en general y, por esa Administración en el presente caso, los establecidos en el articulo 3, de la citada Ley General Tributaria, en el siguiente sentido:

«1. La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.

2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.»

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, se formula a ese Patronato de Recaudación Provincial de Málaga la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.

RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, a los escritos presentados por la parte afectada inicialmente en fecha 15 de mayo de 2018.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ver asunto solucionado o en vías de solución

El Defensor del Pueblo formula al Hospital Virgen del Rocío Resolución por la que recomienda que lleve a cabo la intervención quirúrgica para la reconstrucción de la mama izquierda de la interesada mediante colgajo (DIEP) a la mayor brevedad.

Que una vez superado el período de adaptación previsto en la Orden de 28 de octubre de 2016, y estando plenamente vigente la garantía de plazo para los procedimientos quirúrgicos incluidos en su Anexo respecto de las pacientes inscritas en el registro de demanda quirúrgica con posterioridad a aquel, se garantice la práctica de aquellos en el tiempo máximo establecido (180 días).

Que en los casos en los que se supere dicho plazo sin que las intervenciones quirúrgicas de reconstrucción se hayan realizado, y siempre que no hayan concurrido circunstancias que determinen la suspensión del mismo o la pérdida de la garantía, se comunique a las afectadas la posibilidad de acudir a un centro privado para someterse a la intervención que precisan.

Que se promueva la suscripción de convenios de colaboración con los centros sanitarios privados que válidamente pueden llevar a cabo aquellas a fin de confeccionar el listado informativo a entregar a las pacientes que quieran hacer uso de la garantía.

Y que se tome conciencia de la dificultad que en muchos casos entraña ejercitar la opción para ser intervenido en un centro privado de determinados procedimientos quirúrgicos, bien por razones de ubicación geográfica, por dificultad del procedimiento, o por falta de realismo de los importes máximos establecidos.

ANTECEDENTES

Del proceso asistencial de la interesada, por lo que se refiere a la patología oncológica que dio lugar a la extirpación de su mama izquierda, solo conocemos el tramo final, que debe conducir a la reconstrucción de aquella.

Así por lo visto la reclamante acudió a consulta externa de cirugía plástica el 05/02/18, resultando de la misma la indicación de realización de un angiotac con vistas a valorar la posibilidad de llevar a cabo la operación medianto colgajo (DIEP).

El segundo paso del que la misma nos da cuenta es la confirmación de dicha opción e inscripción en el registro de demanda quirúrgica con fecha 21/05/18.

A partir de entonces ha estado aguardando la práctica de una intervención, que según consultó en la web de la Administración sanitaria, tiene un plazo de garantía de 180 días, habiendo transcurrido sobradamente el mismo al momento de su comparecencia en esta Institución a finales del año pasado.

Pues bien tras la admisión de la queja a trámite y la solicitud a ese hospital del informe previsto en el art. 18.1 de nuestra Ley reguladora, recibimos un documento por medio del cual en primer lugar esa gerencia reconoce la permanencia de la interesada en lista de espera desde la fecha indicada, así como la superación en dicha situación del plazo máximo de respuesta quirúrgica asociado al tipo de intervención, advirtiendo de la posibilidad que tiene la interesada de solicitar el documento acreditativo de la garantía (Anexo IV), con constancia del pago comprometido por parte del Sistema Sanitario Público de Andalucía al centro privado que elija para intervenirse.

En este sentido además el informe apunta las medidas que empezó a adoptar la unidad de gestión clínica de cirugía plástica y grandes quemados incluso antes de la entrada en vigor de la norma que incluye estos procedimientos quirúrgicos en el conjunto de los que tienen cobertura de plazo de garantía, y que conllevan la priorización de la reconstrucción mamaria postmastectomía por delante de otros.

Así se nos dice que para la disminución de la lista de espera se han abierto dos quirófanos semanales extras en el Hospital de la Mujer para intervenciones sin microcirugía, mientras que las que incluyen esta última, que se llevan a cabo en el hospital de traumatología, también han aumentado en número.

Al mismo tiempo se apunta haber gestionado 150 reconstrucciones por tatuaje de areola y pezón, dentro de un proyecto para evaluar el aumento de la calidad de vida percibida por las pacientes que se someten a esta técnica.

En definitiva ese hospital mantiene que las medidas aludidas y el esfuerzo de los profesionales han redundado en la disminución de la lista de espera de reconstrucciones en el último año.

CONSIDERACIONES

La interesada denuncia la demora en la intervención quirúrgica que le ha sido recomendada, más allá del plazo de garantía de respuesta, lo cual no solo resulta claramente acreditado, sino que además se reconoce abiertamente en el informe administrativo.

Por un lado es pacífico que la intervención que necesita la paciente figura en el Anexo de la Orden de 28 de octubre de 2016, por la que se actualizan los procedimientos quirúrgicos recogidos en el Anexo I del Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y se establecen sus correspondientes cuantías.

Así en la copia de la hoja de inscripción en el registro de demanda quirúrgica que nos aporta la interesada se determina como procedimiento más probable a realizar “reconstrucción DIEP”, y aunque no se reseña el código específico del mismo, el anexo incorpora procedimientos de todo tipo con colgajo, (en este caso parece que abdominal); mientras que por otro lado la inscripción en el registro de demanda quirúrgica se produce más allá del plazo de nueve meses previsto en la Orden referida para que empiece a funcionar la garantía.

Por nuestra parte no podemos sino poner de manifiesto el incumplimiento del compromiso adquirido para propiciar las intervenciones en dicho plazo.

La consulta de la información ofrecida en la página web del SAS no resulta muy clarificadora en orden a conocer tiempos medios de respuesta para la reconstrucción mamaria, teniendo en cuenta la multiplicidad de procedimientos quirúrgicos que se engloban en dicha categoría, y la ambigüedad de las denominaciones empleadas, sobre todo si la descripción de los procedimientos no se acompaña del reflejo de los códigos que se les asignan, que es el elemento que permite a quienes desconocemos la terminología técnica en estos casos, la comparación con el Anexo normativo.

En resumidas cuentas no podemos traer a colación el tiempo medio de espera antes de ser intervenidas de las pacientes que precisan la reconstrucción mamaria mediante colgajo (DIEP), lo que no obsta para afirmar que en el caso concreto de la interesada la espera se prolonga más de un año, pues de hecho nos consta que a la fecha de redacción de esta resolución aún pende de la intervención.

Dos aspectos nos gustaría comentar sobre el particular, atinente el primero a las medidas aducidas por ese centro para mejorar el estado de situación de la lista de espera en estos casos, y referido el segundo a la solicitud de aplicación del beneficio asociado al incumplimiento de la garantía.

Y es que ese hospital apunta en el informe la priorización de los procedimientos de reconstrucción frente a otras cirugías, así como la ampliación de quirófanos en el Hospital de la Mujer (dos extras a la semana) y el incremento de las intervenciones en el de traumatología.

De esta manera se afirma haber reducido la demora en estos casos, por lo que más allá de la imposibilidad aducida de extraer datos concretos sobre los tiempos medios en el procedimiento que precisa la interesada, o el resto de la cirugía de reconstrucción, no podemos sino aplaudir dicho dato que nos resulta fiable.

En esta Institución, conscientes de la demora que venían soportando las mujeres que querían someterse a la reconstrucción de sus mamas extirpadas a raíz de procesos oncológicos, iniciamos un expediente de queja de oficio hace algunos años (queja 16/714) en el curso del cual emitimos una resolución que analizaba con detalle los plazos sucesivos que aguardaban las mismas para ver restaurada su imagen corporal.

En la medida en que la reconstrucción implica varias intervenciones quirúrgicas, bien se utilice un método de reparación externa (prótesis) o interna (material autólogo), los plazos que implicaban cada uno de los pasos, se acumulaban uno tras otro, conformando un camino inacabable y desesperante para las afectadas.

Así por entonces concluimos que la reconstrucción con colgajo implicaba una espera que oscilaba entre los 260 y los 630 días en su primera fase quirúrgica, cifrándose los más frecuentes (DIEP y dorsal ancho) en 296 y 301 días respectivamente, debiéndose sumar a este período el correspondiente a la reparación del pezón, con una demora media de 289 días, por lo que en total el conjunto del proceso se situaba al borde de los 600 días.

Aún más prolongado era el plazo que conllevaba la reconstrucción con prótesis, pues se contabilizaba un tiempo medio de 303 días para la inserción del expansor, 285 para la implantación de la prótesis (si era unilateral), y de nuevo 289 días para la reparación del pezón, representando la suma de plazos una espera aproximada de 877 días.

Desde entonces no nos cabe duda de que se ha operado la disminución de los tiempos a la que alude ese hospital, pero reconociendo el esfuerzo de sus dirigentes y profesionales para conseguir este objetivo, y animándolos a perseverar en la adopción de medidas que conduzcan al mismo, tenemos necesariamente que afirmar que las actuaciones desarrolladas con este fin no son suficientes en el marco normativo actual.

Y es que conscientes de las demoras y del perjuicio psicológico de las afectadas, y advertidos de la intención que ya albergaba el SSPA de incluir este tipo de intervenciones entre las que deben ser realizadas dentro de un período preestablecido, esta Institución elevó a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS una recomendación en este sentido, reconociendo de esta manera la relevancia de aquellas y posicionándolas en el lugar que entendíamos les correspondía.

La publicación de la Orden de 28 de octubre de 2016 nos permitió considerar aceptado el aspecto más relevante de nuestra resolución, configurándose a partir de entonces como el instrumento de referencia para el análisis de estos casos, pues la misma preveía un período de adaptación cifrado en nueve meses, a partir del cual empezaría a contar la garantía para las pacientes que se inscribieran en el registro de demanda quirúrgica.

Ahora bien el establecimiento de plazos de garantía no entraña un desiderátum al que ese u otros centros aspiren en mayor o menor medida, sino un compromiso de satisfacción de cara a los ciudadanos, de que las intervenciones garantizadas se van a llevar a cabo dentro de unos períodos de tiempo que se estiman razonables.

Se trata de dar cumplimiento a derechos de los usuarios del sistema sanitario público que se recogen en el Estatuto de Autonomía (art. 22.2 g de la LO 2/2007, de 19 de marzo), y la Ley de Salud de Andalucía (art. 6.1 m de la Ley 2/98, de 15 de junio).

Luego superado el plazo previsto en la Disposición transitoria única de la Orden, “para adecuar la estructura organizativa de los centros sanitarios al cumplimiento de este derecho”, el respeto de dicho plazo se convierte en un deber para esa Administración, del cual se evidencia su incumplimiento.

Por otro lado es verdad que el incumplimiento del plazo conlleva la posibilidad de instar el beneficio que se asocia al mismo, gestionando la opción para intervenirse en un centro sanitario privado.

Ya en muchas ocasiones venimos señalando cómo los responsables sanitarios argumentan la falta de iniciativa de los ciudadanos para hacer uso de la garantía como muestra de la confianza que demuestran en los servicios sanitarios públicos.

Sin dudar de dicha confianza, lo cierto es que al desconocimiento bastante generalizado de esta posibilidad, debemos unir en muchos casos también su falta de virtualidad. Y es que no solo puede ser difícil encontrar centros sanitarios privados con capacidad de llevar a cabo determinadas intervenciones en numerosos puntos de nuestra geografía regional, (cuando llevamos a cabo la queja de oficio aludida pudimos constatar que incluso dentro del SSPA las intervenciones de microcirugía quedaban limitadas a unos pocos centros), a lo que debe unirse que en los mismos no desarrollen actividad especialistas del sistema sanitario público de Andalucía de la especialidad del procedimiento quirúrgico de que se trate; sino que además es necesario que el coste de la intervención en aquellos no supere el importe máximo establecido.

Teniendo en cuenta que dicho importe debe incluir todas las actuaciones mencionadas en el art. 2.2 de la Orden de 25 de septiembre de 2002 (determinadas pruebas, complicaciones, reintervenciones, medicamentos y curas), no puede resultar extraño que en ciertos casos aquel resulte poco realista.

El expediente que estamos tramitando constituye una buena prueba de ello, pues en el contacto continuado que la interesada ha mantenido con esta Oficina, y a raíz de nuestra información sobre la manera de ejecutar la garantía de plazo en orden a gozar del beneficio asociado a la misma, llegó a solicitar de ese centro el documento que la autoriza para intervenirse en otro de carácter privado, encontrándose con que el importe que el sistema sanitario público de Andalucía se compromete a satisfacer al mismo (4000 euros) ni siquiera se acerca al precio que le exigen por practicarle la intervención en los hospitales privados que ha consultado.

Por todo lo señalado, y ateniéndonos a la posibilidad que a esta Institución confiere el art. 29.1 de su Ley reguladora (Ley 9/83, de 1 de diciembre), hemos decidido formular a esa Dirección Gerencia del hospital Virgen del Rocío

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de deberes legales, por entender vulnerados los siguientes preceptos:

• De la LO 2/2007, de 19 de marzo, que aprueba la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía: art. 22.2 g.

• De la Ley 2/98, de 15 de junio, de Salud de Andalucía: art. 6.1 m.

• Del Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía: art. 3.

Con idéntico fundamento normativo también elevamos a esa instancia administrativa las siguientes recomendaciones:

RECOMENDACIÓN 1.- Que se proceda a llevar a cabo la intervención quirúrgica para la reconstrucción de la mama izquierda de la interesada mediante colgajo (DIEP) a la mayor brevedad.

RECOMENDACIÓN 2.- Que una vez superado el período de adaptación previsto en la Orden de 28 de octubre de 2016, y estando plenamente vigente la garantía de plazo para los procedimientos quirúrgicos incluidos en su Anexo respecto de las pacientes inscritas en el registro de demanda quirúrgica con posterioridad a aquel, se garantice la práctica de aquellos en el tiempo máximo establecido (180 días).

RECOMENDACIÓN 3.- Que en los casos en los que se supere dicho plazo sin que las intervenciones quirúrgicas de reconstrucción se hayan realizado, y siempre que no hayan concurrido circunstancias que determinen la suspensión del mismo o la pérdida de la garantía, se comunique a las afectadas la posibilidad de acudir a un centro privado para someterse a la intervención que precisan.

RECOMENDACIÓN 4.- Que se promueva la suscripción de convenios de colaboración con los centros sanitarios privados que válidamente pueden llevar a cabo aquellas a fin de confeccionar el listado informativo a entregar a las pacientes que quieran hacer uso de la garantía.

RECOMENDACIÓN 5.- Que se tome conciencia de la dificultad que en muchos casos entraña ejercitar la opción para ser intervenido en un centro privado de determinados procedimientos quirúrgicos, bien por razones de ubicación geográfica, por dificultad del procedimiento, o por falta de realismo de los importes máximos establecidos.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula resolución ante la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla por la que recomienda dar respuesta, a la mayor brevedad posible, al escrito de petición presentado por la parte afectada, en fecha 13 de febrero de 2018, y reiterado el 20 de abril de 2018, solicitando acceso al expediente administrativo de propuesta de incapacitación, así como obtener copia íntegra del mismo.

ANTECEDENTES

I. Con fecha 25 de abril de 2018 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por D (...), a través de la cual nos exponía que habiéndose promovido demanda de juicio verbal especial sobre la capacidad de D (...) por la Fiscalía, el 8 de junio de 2017, proponiendo al promotor de la queja como defensor judicial en dicho procedimiento y dado que había sido designado judicialmente en tal concepto, con fecha 13 de febrero de 2018 dirigió escrito a esa Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, solicitando acceder al expediente administrativo de propuesta de incapacitación previo tramitado desde el Servicio de Protección de Menores (...), así como obtener copia íntegra del mismo; petición que hubo de reiterar en fecha 20 de abril de 2018 ante la falta de respuesta.

A la fecha de presentación de su queja, y a pesar del tiempo transcurrido, aún no había recibido respuesta a su reiterada solicitud, efectuada al amparo del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, con fecha de 18 de junio de 2018 esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Administración que resolviese expresamente, sin más dilaciones, el escrito presentado por la parte promotora de la queja, informándonos al respecto.

III. A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud y de haber reiterado la misma, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de ese organismo.

De tales circunstancias no cabe más que extraer la existencia de un reconocimiento tácito de la falta de respuesta denunciada por la parte promotora de la queja, además de acreditarse la falta correlativa de colaboración con esta Institución.

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- Del derecho a una buena administración, del derecho de acceso a archivos y registros y a expedientes administrativos y del derecho a obtener información y respuesta expresa.

Como ha quedado expuesto en los antecedentes de la presente resolución, el hecho controvertido que constituye la pretensión del promotor de la queja, se circunscribe al persistente silencio de la Administración frente a su solicitud de acceso y obtención de copia de un expediente administrativo,cuyo objeto versó sobre la posible iniciación de un procedimiento atinente a la capacidad de autogobierno de la persona a favor de la cual obtuvo posteriormente la designación de defensor judicial, como educador de referencia del afectado.

El acceso a la documentación y tramitación administrativa, en suma, tenía un fin concreto, a saber: permitir al peticionario el adecuado ejercicio de su nombramiento como defensor judicial del presunto incapaz en el procedimiento judicial iniciado al efecto.

La solicitud, sin embargo, formulada en febrero de 2018, no fue merecedora de respuesta alguna por parte de la Delegación Territorial en Sevilla de la hoy Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, desconociendo si, conforme al actual estado del procedimiento de incapacitación, revestiría ya utilidad una respuesta extemporánea, debido a la naturaleza provisional de la figura cuyo cargo fue atribuido al interesado.

En cualquier caso y por lo que aquí interesa poner de relieve, debemos traer a colación la obligación que compete a las Administraciones Públicas, por consagración constitucional y estatutaria (artículo 103 de la Constitución española y 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía), de actuar, entre otros, de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico. Principios asumidos en los correspondientes preceptos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (artículo 3) y en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (artículo 3).

En análogo sentido debemos invocar el derecho a una buena administración que, dentro del ordenamiento jurídico autonómico garantiza el artículo 31 de nuestro Estatuto de Autonomía y desarrolla el artículo 5 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, comprendiendo el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

De forma más particular, es de aplicación la LPAC, que reconoce tanto el derecho de toda persona con capacidad de obrar a acceder a los archivos y registros de las Administraciones Públicas, conforme a las previsiones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del ordenamiento jurídico (artículo 13.d); como el derecho del interesado en un procedimiento administrativo a conocer, en cualquier momento, su estado de tramitación (artículo 53.1.a) y a que el mismo obtenga resolución expresa y en plazo (artículo 21.1 LPAC).

Derechos correlativamente garantizados a través de las previsiones del artículo 20.1 de la misma Ley, al imponer a los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tengan a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, la responsabilidad directa de su tramitación, así como la adopción de las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos; y por el artículo 21.6 LPAC que asimismo previene la directa responsabilidad, en el ámbito de sus competencias, del personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos y de los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver, en el cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

Segunda.- Del incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución.

Por lo que al ejercicio de competencias que estatutaria y legalmente vienen atribuidas a esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz en la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía y la potestad de supervisar a estos efectos la actividad de la Administración Autonómica (artículos 41 y 128.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz), se impone a todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma la obligación legal de auxiliar a este Comisionado parlamentario en sus investigaciones e inspecciones, con carácter urgente y preferente (artículo 19.1 de la Ley 9/1983).

El silencio de esa Delegación Territorial en la indagación de las circunstancias planteadas por el promotor de la queja, ha supuesto el incumplimiento de la referida obligación legal de colaboración con esta Institución.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, se le formula esa Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19 .1 de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 de los Deberes Legales derivados del derecho a una buena administración contenidos en los preceptos transcritos en la consideración primera.

RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, al escrito presentado por el promotor de la queja con fecha 13 de febrero de 2018, y reiterado el 20 de abril de 2018.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución por la que recomienda a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada que sin más dilación que la estrictamente necesaria para la comprobación de los datos y requisitos previstos en la norma, se dicte resolución que ponga término al procedimiento de la persona afectada, aprobando definitivamente, en su caso, el reconocimiento y concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en el supuesto de que reúna los requisitos exigidos para ello en la normativa vigente.

ANTECEDENTES

I. Con fecha de 31/05/19 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía la comunicación remitida por D. (...), exponiendo que en diciembre de 2018 solicitó la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, sin que hasta la fecha haya recaído resolución en el expediente.

Destaca la situación de necesidad en la que se encuentra, debido a su carencia de ingresos y de recursos de tipo alguno.

II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Administración el preceptivo informe que ha sido registrado el 08/07/2019. En la respuesta obtenida de la Delegación Territorial se indica que el promotor de la queja realizó dos solicitudes sucesivas de Renta Mínima, la primera de 20 de noviembre de 2018 y de 19 de diciembre la segunda, que remitidas por los Servicios Sociales a la Delegación Territorial, fueron dadas de alta, respectivamente, con sendos números de expediente (…).

Mientras el primer expediente fue inadmitido por no haber respetado el plazo de carencia de la Disposición Transitoria Primera, apartado 3 (no haber transcurrido doce meses desde la resolución de concesión del derogado Ingreso Mínimo de Solidaridad), la solicitud de 19 de diciembre de 2018, en palabras del informe, “está pendiente de estudio”, “debido a la gran cantidad de solicitudes para el acceso a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía”.

III. Tras trasladar el informe recibido al promotor de la queja para que aportara las alegaciones que a su derecho conviniesen, las realizó reiterando la persistencia de su situación.

A la vista de cuanto antecede, estimamos oportuno efectuar las siguientes

CONSIDERACIONES

Resultan de aplicación al presente caso las siguientes normas de nuestro ordenamiento jurídico:

Primera.- El Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, contempla entre los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma el de la cohesión social, cuya consecución requiere de un eficaz sistema de bienestar público, con especial atención a los colectivos y zonas más desfavorecidos social y económicamente, para facilitar su integración plena en la sociedad andaluza, propiciando así la superación de la exclusión social (artículo 10, apartado 3.14º). Incluyendo asimismo el artículo 37, entre los principios rectores de las políticas públicas, la atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social (artículo 37, apartado1, 7º, l).

De acuerdo con el apartado 2 del citado precepto estatutario, los anteriores principios se orientarán además a superar las situaciones de desigualdad y discriminación de las personas y grupos que puedan derivarse de sus circunstancias personales o sociales o de cualquier otra forma de marginación o exclusión. Para ello, su desarrollo facilitará el acceso a los servicios y prestaciones correspondientes para los mismos, y establecerá los supuestos de gratuidad ante las situaciones económicamente más desfavorables.

Finalmente, el art. 23.2 del Estatuto de Autonomía establece que todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley.

Segunda.- El derecho a una buena Administración. El artículo 103.1 de la Constitución española establece que la Administración Pública debe actuar, entre otros, conforme al principio de eficacia.

El artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, pretende garantizar a toda la ciudadanía, dentro del derecho a una buena Administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable, debiendo ser también la actuación de la Administración proporcionada a su fines.

El artículo 5.1.d) de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, incluye dentro del principio de buena administración el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

El artículo 17.2 de la Ley 6/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz establece que esta Institución vele para que la Administración Autonómica resuelva, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados.

Tercera.- Normativa reguladora de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. El Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, tiene por objeto regular la prestación económica garantizada del Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, incorporando un itinerario a través de un plan de inclusión y/o inserción social.

Se constituye como instrumento para frenar e invertir los procesos de vulnerabilidad y exclusión social que conlleva a la población que se encuentra en dichas situaciones, a la incapacidad de ejercer derechos sociales.

Los fines de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía son reducir la tasa de pobreza y de exclusión social en Andalucía, especialmente la pobreza infantil; mejorar las posibilidades de inclusión social y laboral de las personas en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo, especialmente aquellas que tienen menores a su cargo y teniendo en cuenta la diferente situación de los hombres y las mujeres; aumentar el grado de autonomía personal y familiar y atender la satisfacción de las necesidades básicas para una vida digna de la unidad familiar.

La Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, consiste en una prestación económica mensual que se devenga a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver, y su duración inicial será de doce meses.

En cuanto al procedimiento previsto para ello, en el artículo 32.2 de la Norma reguladora, se prevé que el plazo para resolver y notificar la resolución será de dos meses a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver. Transcurrido el plazo para resolver sin haberse dictado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.

Cuarta.- El artículo 21, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

El artículo 29 de la LPAC, preceptúa que los plazos señalados en esta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

El artículo 21, párrafo 1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPAC, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de este tipo de procedimientos, como hemos visto, es actualmente de dos meses, a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver, sin que el transcurso del plazo previsto, exima a la Administración de la obligación de dictar resolución expresa.

El art. 21, párrafo 6, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPAC preceptúa que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento legal de dictar resolución expresa

Por otra parte, y a mayor abundamiento, los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos (art. 20. Ley 39/2015).)

La demora administrativa que se está produciendo en el reconocimiento y resolución de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, vulnera la normativa autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, citadas con anterioridad.

En el caso particular del promotor de la queja y datando su solicitud de 19 de diciembre de 2018, ha resultado vulnerado el plazo establecido para la resolución del procedimiento ordinario, estando el expediente pendiente de estudio aún a julio de 2019, por razones ajenas al interesado.

Por todo lo anteriormente expuesto, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que sin más dilación que la estrictamente necesaria para la comprobación de los datos y requisitos previstos en la norma, se dicte resolución que ponga término al procedimiento de la persona afectada, aprobando definitivamente, en su caso, el reconocimiento y concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en el supuesto de que reúna los requisitos exigidos para ello en la normativa vigente.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla que sin dilación impulse la tramitación del procedimiento dirigido a la efectividad de la situación de dependencia de la persona afectada, aprobando a favor de esta el recurso que corresponda.

ANTECEDENTES

Se recibió en esta Institución el escrito de queja formalizado por la interesada, en el que nos trasladaba la demora producida en el reconocimiento de la situación de dependencia de su hijo (…), de 26 años de edad, afectado por hiperactividad, trastornos mentales y pérdida de visión en el ojo derecho y, por ello, con una discapacidad del 51.%.

La interesada destacaba que puesto que en el domicilio familiar también reside otro de sus hijos con diversas patologías, frecuentemente se producen episodios de agresividad que dan lugar a reclamar la presencia médica y la de los cuerpos de seguridad para su contención e incluso a ingresos hospitalarios para la estabilización de las crisis de uno o de otro.

2. Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la hoy Delegación Territorial en Sevilla de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que a mediados de junio de 2018 respondió que el 5 de marzo de 2018 había tenido entrada la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia del afectado y que para su tramitación se seguiría “el orden de incoación de expedientes de homogénea naturaleza, según viene establecido normativamente”.

3. Esta Defensoría dirigió a la citada Delegación Territorial la resolución fechada el 14 de agosto de 2018, con la Recomendación consistente en que “sin más dilación se valore al interesado y se concluya el procedimiento mediante el dictado de la resolución pertinente”, de la que, resultando su situación de dependencia, debería darse traslado a los Servicios Sociales para la elaboración de la propuesta de PIA.

4. Inquirida la Administración autonómica sobre la aceptación o rechazo de la referida Recomendación, manifestó la aceptación expresa, aunque reiterando el contenido de la respuesta ofrecida en el anterior mes de junio, es decir, la pendencia del expediente conforme al orden normativo para su resolución. Lo que nos hizo dirigir nueva petición de informe a la Delegación Territorial, con la finalidad de que aclarase si su aceptación era meramente formal, conociendo en esta ocasión (30 de octubre de 2018) que el 24 de julio se había solicitado el informe de salud al distrito sanitario de Osuna, sin que se hubiera recibido.

5. Conforme al resultado precedente, nos dirigimos al Área de Gestión Sanitaria de Osuna, cuya Directora Gerente completó la información en diciembre de 2018, explicando que el informe de condiciones de salud no se había hecho “por no estar debidamente cumplimentada la solicitud en la plataforma de soporte de la Ley de Dependencia, ya que no se especificaba el centro de salud al que pertenecía”. De tal modo que no fue hasta la petición de informe de esta Defensoría cuando se detectó la carencia y se adoptó lo pertinente para la localización del interesado, realización del informe y tramitación.

6. Nuevamente nos dirigimos a la Delegación Territorial en Sevilla de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ante la que pusimos de relieve todos los antecedentes descritos hasta el momento, interesando su pronunciamiento definitivo en relación con el contenido de la Recomendación del mes de agosto de 2018, aludida en el antecedente tercero de esta resolución, y el traslado de la decisión adoptada en el plazo más breve posible. Recibiendo por toda respuesta la afirmación de que el 13 de marzo de 2019 se había dictado resolución de reconocimiento de dependencia moderada a favor del interesado.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, que actualmente es la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

Los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente, (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-).

Por su parte, la Disposición Final Primera de la Ley 39/2006, determina que la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia incluidas en la misma, se ejercitará progresivamente, de modo gradual, y se realizará de acuerdo con el calendario de aplicación progresiva establecido en dicha Disposición, que para las personas reconocidas en situación de dependencia moderada, entró en vigor a partir del 1 de julio de 2015.

De la relación cronológica que consta en el expediente de la persona dependiente, resulta que se ha superado el plazo máximo antedicho, sin que aún se haya satisfecho la pretensión mediante la aprobación del PIA con el reconocimiento del recurso propuesto. Antes al contrario, el reconocimiento de su situación de dependencia ha tenido lugar más de un año después de la solicitud y, de no haber mediado la investigación de esta Defensoría, difícilmente habría podido completarse el trámite del informe de condiciones de salud, conforme explicó la Administración Sanitaria.

En este momento, por tanto, nos preocupa el procedimiento dirigido a la propuesta y asignación de recurso, que entendemos ha de impulsarse por la Delegación Territorial de forma diligente, al haber transcurrido en exceso el plazo máximo para la tramitación del expediente.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que consagra el principio de buena administración, que comprende el derecho de los ciudadanos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

- El artículo 21, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; así como el plazo para la efectividad del derecho en el caso de los dependientes moderados, establecido en el calendario de aplicación progresiva de la Ley, de su Disposición Final Primera, apartado primero.

- Los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente, y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención.

- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, finalmente, preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladar, a la Delegación Territorial en Sevilla de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que, sin dilación, impulse la tramitación del procedimiento dirigido a la efectividad de la situación de dependencia de la persona afectada, aprobando a a favor de aquélla el recurso que corresponda.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución por la que recomienda a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla que sin más dilación se dicte resolución aprobando el recurso propuesto en el expediente de la afectada.

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 6 de junio de 2018 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que la compareciente nos trasladó la demora en obtener la efectividad del derecho correspondiente a su situación de dependencia, al no aprobarse su Programa Individual de Atención (en adelante, PIA).

Refería la interesada que por Resolución de enero de 2018 le había sido reconocida una dependencia severa, sin que transcurrido el plazo legal para ello se hubiera elaborado la propuesta de PIA ni hecho efectivo el recurso correspondiente.

2. Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Delegación Territorial en Sevilla de la actual Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que mediante escrito de agosto de 2018 reseñó que por resolución de 15 de enero de 2018 se reconoció la dependencia severa de la afectada, si bien tal resolución había sido notificada a los servicios comunitarios correspondientes para la elaboración del PIA.

3. Así las cosas, determinamos inquerir al Ayuntamiento de Sevilla sobre el particular, conociendo a través de su respuesta, recibida en abril de 2019, que el trámite aludido -el de elaboración de la propuesta de PIA-, había sido evacuado el 19 de octubre del mismo año 2018, mediante la remisión de la propuesta a la Delegación Territorial, pendiendo por ello la satisfacción de la pretensión del dictado de la resolución dirigida a aprobar el recurso.

4. Interesado un último pronunciamiento a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en junio de 2019 concluyó la misma reiterando tener reconocida la afectada una dependencia severa desde mediados de enero de 2018, así como propuesta la prestación económica para cuidados en el entorno familiar en el PIA, cuya aprobación tendría lugar atendiendo al principio del artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es decir, siguiendo el orden de antigüedad de la solicitud de reconocimiento de la dependencia

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley del procedimiento administrativo común (Ley 39/2015), con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación cronológica que consta en el expediente de la dependiente, resulta que se ha superado en exceso el plazo máximo legal antedicho, ya que aunque desconocemos la fecha en que formalizó la solicitud de reconocimiento de su situación de dependencia, consta, sin embargo, que el 15 de enero de 2018 se dictó resolución valorando dicha dependencia como severa y que en octubre del mismo año la propuesta de PIA efectuada por los servicios sociales fue remitida a la Delegación Territorial para su aprobación.

La respuesta ofrecida por esta última Administración se limita a reconocer la pendencia del procedimiento administrativo y a referir la necesidad de observar en la tramitación de los expedientes el orden riguroso de incoación, conforme al principio del artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Venimos recordando con insistencia, que la observancia del orden general en la tramitación de expedientes, no obsta al también deber legal de su tramitación en plazo, preceptuado por el artículo 29 de la misma Ley 39/2015, que es de obligado cumplimiento para posibilitar la efectividad y eficacia del derecho subjetivo y exige la adopción de las medidas y la remoción de los obstáculos que la impidan.

No en vano se pronuncia asimismo a este respecto la Ley reguladora del procedimiento administrativo común, en su artículo 20, cuando afirma que los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas encargados de la resolución o el despacho de los asuntos, son responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el mismo sentido que el anterior.

- El artículo 21, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que preceptúa que los plazos señalados en esta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos. Y, en relación con el mismo, el artículo 20 de la misma Ley, anteriormente citado.

- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-).

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que sin más dilación se remuevan los obstáculos que lo impiden y se dicte resolución aprobando el recurso propuesto en el expediente de la afectada.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz