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En esta Institución se tramita expediente de queja promovido a instancia de parte por la demora injustificada por parte de la Administración sanitaria en materializar el pase a la situación de jubilación parcial solicitada por la interesada.

ANTECEDENTES

I. La promotora de esta queja nos comunica que el 21 de junio de 2017 solicitó la jubilación parcial, cumpliendo los requisitos exigidos por el INSS y en la normativa de aplicación, accediendo el SAS a ello, comprometiéndose por escrito, “en reiterados documentos, a acceder a mi reducción de jornada y extender el correspondiente contrato de relevo”, entre los que cita “el Certificado de empresa para el INSS, en el que se reitera el compromiso de firmar, con fecha de comienzo 1 de noviembre de 2017, el Contrato de Sustitución de Larga Duración, comunicando al INSS los nombres de las cinco personas de la Bolsa de Empleo que podrían ser mis relevistas”.

Al presentar estos documentos en el INSS se comunica a la interesada que, “para poder tramitar los contratos correspondientes, deben haber sido ya dados de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social”.

Ante la nueva petición que traslada la interesada a la Dirección General de Profesionales del SAS después de la respuesta recibida del INSS, nos indica que le comunican que “quieren pero no saben como hacerlo”.

II. Una vez admitida a trámite la queja, se solicita el correspondiente informe a la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud que, transcurridos más de ocho meses desde su solicitud, con fecha 3 de septiembre de 2018 se remite a esta Institución, en el que, tras confirmar la versión de los hechos de la interesada, se hace constar lo siguiente:

“3. La Sra. (…) solicita para el INSS el candidato del “contrato de relevo”, y consultada a esta Dirección General de Profesionales, lo máximo que se puede hacer es certificar las personas que con más derecho hay disponibles en el Sistema de Bolsa Única del SAS en el momento de la oferta, al día de la solicitud. Por ello, se emite certificado comprensivo de 5 de los candidatos de bolsa del SAS que por puntuación podrían suscribir el nombramiento o contrato “de relevo”. Sin que se pueda saber si aceptarían o no, puesto que hasta que no se le reconozca por el INSS la jubilación parcial, y previa autorización de cobertura por esta Dirección General, no se puede realizar oferta efectiva.

4. Como afirma la Sra. (...), el INSS exige que se dé de alta el “contrato de relevo”, con anterioridad a la Resolución de la jubilación parcial de la Sra. (...), así como el contrato de jornada reducida del jubilado parcial, emitiéndose con posterioridad dicha Resolución firme y previa de reconocimiento por el INSS de la situación de jubilación parcial.

5. Finalmente, en conversación telefónica con el INSS se exige que dichos “contratos” han de asignarse a una determinada cuenta de cotización que no tiene reconocida el SAS en su sistema de Gestión de Recursos Humanos.

La Dirección Económico-Administrativa del Hospital Universitario San Cecilio, en coordinación con esta Dirección General, está dispuesta a llevar a cabo dentro de sus competencias, las actuaciones que sean necesarias para facilitar el trámite de jubilación parcial de la Sra. (...). No obstante, hay determinadas actuaciones que exceden de nuestro ámbito de competencia y regulación normativa que debemos respetar”.

III. Tras darle traslado a la persona promotora de esta queja, para alegaciones, del informe remitido por la Administración, manifiesta “que dicho compromiso ya fue asumido por esa Administración en noviembre de 2017”.

A la vista del informe remitido y las alegaciones realizadas por la interesada, con fecha 9 de octubre de 2018 se solicita nuevo informe a la Dirección General de Profesionales del SAS al observar que no existe ningún impedimento legal que impida el acceso a la jubilación parcial de la misma, más allá de aspectos formales que deben ser resueltos en el curso de la gestión ordinaria de estos asuntos, requiriéndole, en consecuencia, “nos informe de las actuaciones concretas que hayan desarrollado o vayan a desarrollar de forma inmediata para posibilitar el ejercicio de dicho derecho, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que se solicitó y el evidente perjuicio que se está causando a la interesada, así como las nuevas condiciones que entrarán en vigor para el acceso a la jubilación parcial a partir de 1 de enero de 2019”.

IV. Con fecha 9 de agosto de 2019, diez meses después de la solicitud de informe, y tras la remisión de los correspondientes reiteros y advertencia de las consecuencias por la falta de colaboración de la Administración con esta Institución, al igual que había sucedido con el primer informe solicitado, se recibe en esta Defensoría la respuesta de la Dirección General de Personal del SAS, en la que, en relación con el requerimiento de información realizado, tras remitirse a la información facilitada con fecha 3 de septiembre de 2018, nos informa “adicionalmente” que la interesada “desde el pasado 31 de julio de 2019 pasó en situación de jubilación en esta Agencia”.

V. Una vez puestos en contacto con la interesada para informarle de la respuesta de la Administración sanitaria, con fecha 29 de octubre pasado nos confirma que, al no poderse resolver su situación, finalmente “ha cogido la jubilación anticipada”.

En base a los antecedentes expuestos y normativa que resulta de aplicación, consideramos preciso formular a la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, Resolución concretada en los términos siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- Del derecho a la jubilación parcial del personal estatutario de los servicios de salud.

El derecho a la jubilación de los empleados públicos está expresamente reconocido en el art. 14. n) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP), aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en los términos y condiciones establecidas en las normas que resulten de aplicación.

En este contexto, la jubilación parcial se configura como una modalidad de jubilación, que surge como medida de fomento del empleo, y se articula a través de un acuerdo entre empresario y trabajador para que éste reduzca su jornada y salario, accediendo, simultáneamente, a la condición de pensionista de jubilación, siempre y cuando cumpliera todos los requisitos exigidos para el acceso a la misma, salvo el de la edad, y siempre que la parte de jornada no cubierta por la jubilación parcial se cubra con un contrato de relevo.

Con carácter general, se encuentra regulada en el art. 215 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS), en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, modificado a su vez por el art. 7 del Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo.

En el mencionado art. 215 de la LGSS se regula el acceso a la jubilación parcial vinculado al cumplimiento de determinados requisitos de edad, antigüedad en la empresa y años de cotización, y siempre que con carácter simultáneo se celebre un contrato de relevo en los términos previstos en el artículo 12.7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En el ámbito de los empleados públicos, después de diversas vicisitudes en cuanto a la posibilidad de acceder a esta modalidad de jubilación, actualmente se contempla dicha posibilidad en el art. 67.2 del EBEP, que reconoce a los funcionarios la posibilidad de acceder a la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable.

El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, aprobado por Ley 55/2003, de 16 de diciembre, se adelantó a la implantación de esta modalidad de jubilación en el ámbito público, al establecer en su art. 26.4 que: “podrá optar a la jubilación voluntaria, total o parcial, el personal estatutario que reúna los requisitos establecidos en la legislación de Seguridad Social”. Para ello, en el art. 60.4 se prevé que “los nombramientos de personal estatutario, fijo o temporal, podrán expedirse para la prestación de servicios en jornada completa o para la prestación a dedicación parcial”, contemplándose asimismo, en su art. 77.4 que “la percepción de pensión de jubilación parcial será compatible con las retribuciones derivadas de una actividad a tiempo parcial”

Por su parte, el mencionado art. 26.4 del Estatuto Marco, contiene en su segundo párrafo que los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán establecer mecanismos para que el personal estatutario que se acoja a esta modalidad de jubilación parcial como consecuencia de un plan de ordenación de recursos humanos. Posibilidad expresamente contemplada en el Punto 9, apartado 12.1.3 del vigente Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Andaluz de Salud.

En consecuencia, el acceso a la jubilación parcial del personal estatutario del SAS constituye un derecho que tienen reconocido en el ordenamiento jurídico, siempre y cuando cumplan todos los requisitos exigidos para su acceso a dicha situación, como queda acreditado que se cumple respecto a la interesada en el asunto objeto de la presente queja.

Segunda.- Del derecho de la ciudadanía a que la Administración actúe diligentemente en el desempeño de sus funciones.

El ejercicio del derecho a acceder a la situación de jubilación parcial que tiene reconocido la persona promotora de la presente queja, en su condición de personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, obliga a dicha Agencia a actuar con la debida diligencia y a adoptar las medidas y utilizar los medios que fueran necesarios para resolver esta situación y comunicar a la interesada la decisión que proceda.

En este sentido, en el informe remitido por esa Administración, con fecha 3 de septiembre de 2018 -transcurrido más de un año desde que se produjo la solicitud de la interesada y casi ocho meses desde la solicitud inicial de remisión de la correspondiente información requerida por esta Institución-, se pone de manifiesto la voluntad de llevar a cabo, dentro de sus competencias, las actuaciones necesarias para facilitar a la promotora de esta queja el acceso efectivo a la jubilación parcial y facilitar su ejercicio, a pesar de las dificultades que, según afirma, han encontrado con el INSS para la tramitación de dicha solicitud.

Tras trasladar la información que nos remitió a la interesada, ésta nos pone de manifiesto que dicho compromiso ya fue asumido por esa Administración en noviembre de 2017, sin que hasta entonces, casi un año después, haya tenido novedad alguna al respecto.

Al observar, de la información trasladada por la Dirección General de Profesionales, que no existía ningún impedimento legal que impidiera el acceso a la jubilación parcial de la interesada, más allá de aspectos formales que deben ser resueltos en el curso de la gestión ordinaria de estos asuntos, y comunicarnos la propia interesada que transcurrido más de un año seguía sin respuesta alguna, le solicitamos a dicho Centro Directivo nos informara de las actuaciones concretas que hubiera desarrollado o fuera a desarrollar de forma inmediata para posibilitar el ejercicio de dicho derecho, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que se solicitó (21 de junio de 2017) y el evidente perjuicio que se estaba causando a la misma.

Transcurridos once meses desde la solicitud de información remitida, y tras los reiteros y advertencia correspondientes, se recibe en esta Institución la respuesta de esa Dirección General que, como hemos indicado, reitera el informe adjuntado en su día por la Dirección General de Profesionales, limitándose a comunicar que la interesada pasó a situación de jubilación en dicha Agencia. Confirmándose por ésta que, dado el tiempo transcurrido, y ante la falta de respuesta por parte de la Administración, optó por acogerse a la jubilación anticipada.

La prolongada situación de retraso en la resolución del expediente de jubilación parcial objeto de la presente queja, y la falta de adopción de las medidas necesarias que permitieran resolver este asunto en un plazo razonable, a pesar de las reiteradas recomendaciones realizadas por esta Institución al respecto, pone de manifiesto el incumplimiento de las normas y principios básicos a los que debe sujetarse esa Agencia pública en su actuación.

Ante estas circunstancias, resulta preciso recordar a esa Administración su obligación de cumplir con los principios constitucionales y estatutarios que resultan de aplicación, en virtud de lo establecido en los artículos 9.3 y 103.1 de la Constitución, así como en los artículos 31 y 133.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Estos principios instrumentales aseguran el cumplimiento del fin asignado a las Administraciones Públicas de “servir con objetividad los intereses generales”, que consagra el art. 103.1 del texto constitucional y, respecto a la Administración de la Junta de Andalucía, el art 133.1 del Estatuto de Autonomía andaluz, al establecer que“la Administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad al interés general y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, racionalidad organizativa, jerarquía, simplificación de procedimientos, desconcentración, coordinación, cooperación, imparcialidad, transparencia, lealtad institucional, buena fe, protección de la confianza legítima, no discriminación y proximidad a los ciudadanos, con sujeción a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico”.

Principios a los que deben acomodar sus actuaciones de las entidades públicas, según establece el art. 3 de la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su art. 31, garantiza a toda la ciudadanía, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

En la misma línea, el art. 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, incluye dentro del principio de buena administración el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

Con carácter general, el art. 21 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece la obligación de las Administraciones públicas de dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos en el plazo máximo establecido legalmente.

Asimismo, el art. 29 de dicha Ley preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, disponiéndose, en el art. 21.6 de la misma, que el personal que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver, son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento legal de dictar resolución expresa en plazo.

En el asunto objeto de la presente queja, resulta evidente que ni se ha cumplido el plazo general establecido en el art. 21.3 de la Ley 39/2015 para la resolución de los procedimientos, ni se ha atendido este asunto en un plazo razonable, con independencia de las dificultades que hubieran surgido en su tramitación y que hubieran requerido por parte de esa Administración la adopción de las medidas necesarias para su resolución en un plazo prudencial. Plazo para el que, en el caso que nos ocupa, ha de tenerse en cuenta que la efectividad del ejercicio del derecho instado está directamente vinculada, a su vez, a un plazo temporal, por lo que la inacción por parte de esa Administración para resolver las incidencias que se han planteado en su tramitación, produce el efecto inmediato de impedir su ejercicio, con el consiguiente perjuicio para la persona titular del mismo.

Este proceder afecta al normal funcionamiento de un órgano administrativo que, según preceptúa el art. 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debe actuar de acuerdo con los principios, entre otros, de eficacia y coordinación, así como con los que se establecen en sus apartados: a) servicio efectivo a los ciudadanos; d) racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión; h) eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados; y k) cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.

Dichos principios igualmente se contemplan en el art. 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, estableciéndose, en su art. 4, que la organización y funcionamiento de dicha Administración se articulará de forma que se garantice la eficacia y diligencia máximas en el cumplimiento de sus funciones y en la prestación de sus servicios, así como que la actuación coordinada de dichos órganos y entidades se articulará mediante la planificación de la actividad dentro de cada Consejería, estableciendo objetivos comunes a los que deben ajustarse los distintos centros directivos, órganos, entidades y delegaciones territoriales.

De modo concreto, es preciso referirse en este caso al principio de eficacia que debe informar la actuación de las Administraciones Públicas para “alcanzar los objetivos que establecen las Leyes y el resto del ordenamiento jurídico”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3 de la Ley 40/2015.

En este sentido, como se contempla en la STSJ de la Comunidad de Madrid de 26 de noviembre de 2001, “dicho precepto se limita imponer un deber, ciertamente jurídico, de que la actuación de la Administración se encamine a esa obtención. Podríamos afirmar que nos encontramos, al hablar del principio de eficacia, ante una «obligación de simple actividad», «de diligencia» o «de medios». Con ello venimos a afirmar que la eventual disconformidad del actuar administrativo con el principio constitucional de eficacia no será predicable por la mera constatación de que con él no se obtuvo el resultado al que debió encaminarse. La vulneración nacerá en aquel instante en que dicho actuar no vaya dirigido a la obtención del resultado querido por el ordenamiento, o que sea conforme a éste; o cuando los medios, instrumentos o etapas se presenten objetivamente como inidóneos para tal obtención; o cuando el resultado buscado; estando en línea con el querido por el ordenamiento, no alcance en su misma previsión los niveles que en ese momento pudieran objetivamente ser exigibles”.

En definitiva, estas normas y principios imponen a esa Administración, en su funcionamiento, la obligación de actuar diligentemente para la prestación eficaz de las funciones y cometidos que le corresponden como entidad pública de la Administración de la Junta de Andalucía .

Por todo ello, esa Administración tendría que haber adoptado las medidas que procedieran para posibilitar a la interesada el ejercicio de su derecho a acceder a la situación de jubilación parcial que había solicitado y para lo que reunía todos los requisitos legalmente exigidos.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que el art. 17.2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, establece que esta Institución velará para que las Administraciones Públicas Andaluzas resuelvan, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados, y de conformidad con lo establecido en el art. 29 de dicha Ley, nos permitimos trasladar a esa Dirección General de la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de deberes legales: ee los preceptos contenidos en el cuerpo de la presente Resolución y a los que se debe dar debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN: para que, sin más dilación, se adopten las medidas que procedan a fin de posibilitar, en un plazo razonable, el acceso a la situación de jubilación parcial del personal de esa Agencia que lo solicite y cumpla los requisitos establecidos y, en cualquier caso, se resuelva y notifique en el plazo legal la resolución que proceda.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Recordamos al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda el derecho de la ciudadanía a una buena administración, que consiste entre otras cuestiones en que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable de tiempo, y recomendamos que se estudien las alternativas de ubicación ofrecidas por un ciudadano para situar unos contenedores de residuos que se encuentran en su fachada.

ANTECEDENTES

En su escrito, el interesado, propietario de una vivienda en el municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda, nos exponía que en su fachada, desde marzo de 2016, se había colocado un contenedor de residuos no segregados que, hasta entonces, estaba en las proximidades de la misma, añadiéndole posteriormente otro contenedor de papel.

Sobre estos contenedores, manifestaba que su cercanía le generaba molestias por malos olores y ensuciaban el entorno por el depósito de basuras fuera de horario, como se podía comprobar en fotografías que adjuntaba, motivo por el cual había presentado en el Ayuntamiento, en abril de 2016, un escrito en el que solicitaba que ambos contenedores fueran colocados en su emplazamiento original.

Dicho escrito, según decía, no había tenido respuesta alguna por parte de los responsables municipales, motivo por el cual había presentado otro segundo escrito, en junio de 2016, proponiendo el traslado de los contenedores a una parcela sin edificar y la acotación del nuevo emplazamiento. Tampoco a este segundo escrito, aseguraba, había tenido respuesta alguna por parte del ayuntamiento.

Comentaba el reclamante, en cuanto al problema de fondo, que en esa zona de la localidad hay numerosas parcelas sin edificar, por lo que entendía que esos dos contenedores pueden ser ubicados sin problema alguno en cualquiera de estas parcelas, o bien “en la misma acera y en el sentido de la numeración creciente frente a la tercera parcela que hay antes de su vivienda y que está sin edificar” o “en la misma acera y en el sentido de la numeración creciente frente a la tercera parcela que hay pasada su vivienda y que está sin edificar”.

Admitida a trámite la queja, en junio de 2017 solicitamos del ayuntamiento informe relativo a la ubicación de estos dos contenedores, así como sobre las posibilidades de ubicación alternativa que ofrecía el afectado en su escrito, las cuales pedíamos que se valorasen por si pudiera accederse a alguna de ellas o a cualquiera otra que se considerase conveniente y que pusiera solución a los problemas denunciados por el interesado. Esta petición de informe la reiteramos mediante escritos enviados con fechas de septiembre y noviembre de 2017.

Ante la falta de respuesta, personal de esta Institución mantuvo conversación telefónica con el gabinete de Alcaldía del ayuntamiento, en febrero de 2018, reclamando por esta vía la remisión del informe solicitado.

Posteriormente, dado que persistía la falta de respuesta, volvimos a enviar un nuevo escrito, de abril de 2018, advirtiendo de las consecuencias de la falta de colaboración, llegándose incluso a mantener una última conversación telefónica de esta Institución con el gabinete de Alcaldía, en fecha septiembre de 2018.

Pese a todos esos intentos, la respuesta la hemos recibido en abril de 2019, esto es, prácticamente un año y diez meses después de solicitarla. Dicha respuesta consiste en oficio de Alcaldía, de ese mismo mes y año, en el que se transcribe un informe de la Unidad de Infraestructuras, del que resulta lo siguiente:

- Que el contenedor de residuos orgánicos está ubicado en el margen derecho de la calle, que es donde están situadas las viviendas, y que previamente estaba colocado en el margen izquierdo, enfrente de las viviendas, donde no vive nadie.

- Que, al parecer, los mismos vecinos colocaron el contenedor en el margen derecho, para no tener que cruzar la calle para tirar la basura, puesto que es una vía con bastante tráfico pesado y en la cual los vehículos circulan a elevada velocidad, con un transporte constante de mercancías.

- Que por tal motivo, el contenedor quedó situado en el margen derecho y los contenedores de reciclaje fueron colocados al lado del contenedor de residuos sólidos urbanos y por las empresas que se encargan de su recogida para facilitar el depósito de los residuos no orgánicos y que los vecinos no tuvieran que desplazarse de un lugar a otro.

Dado traslado de este informe al reclamante, en trámite de alegaciones formuló las siguientes:

- Que la queja por él planteada trataba del traslado de los contenedores de residuos situados frente a su domicilio, a ubicaciones alternativas, proponiendo tres, dos de ellas situadas en el margen derecho de la calle y una tercera en el margen izquierdo.

- Que el contenedor de residuos no segregados antes tenía otra ubicación en el margen derecho de la calle y había sido trasladado al parecer por algún vecino frente a su domicilio también en el margen derecho. Junto a dicho contenedor se trasladó un contenedor de papel, por lo que presentó queja en el Ayuntamiento.

- Que el relato del Ayuntamiento en su respuesta no trataba sobre lo expuesto en la queja, sino que trataba de justificar el traslado del contenedor de residuos del margen izquierdo al derecho, cuestión de la que el reclamante no tenía conocimiento y que no era motivo de su queja.

- Que era incorrecto afirmar que en el margen izquierdo no vive nadie, puesto que en el tramo que va entre la intersección con la calle … y la intersección con la calle ... hay cinco viviendas, en el margen izquierdo.

- Que la velocidad está limitada a 30 km/h, por lo que no se puede considerar elevada; otra cosa es que se incumpla dicho límite, debiendo en tal caso el Ayuntamiento adoptar las medidas que estime precisas para salvaguardar la integridad de los peatones.

Por todo ello, solicitaba el reclamante “una respuesta a la solicitud de traslado de los contenedores a una ubicación alternativa que puede ser alguna de las propuestas u otra y que si lo consideran insoslayable ésta esté situada en el margen derecho”.

Tras analizar estas alegaciones, entendió esta Institución que bien podría solicitarse un informe complementario al ayuntamiento para que se pronunciase sobre las mismas y, ante todo, para que diera respuesta expresa a los escritos presentados por el reclamante en el Consistorio.

Sin embargo, a la vista de que se había tardado casi dos años en cumplir con el deber de colaboración debido a esta Institución (pese a que la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz habla de «colaboración preferente y urgente») para enviar el primer informe, se estimó más adecuado, ante la posibilidad de que un nuevo informe pueda sufrir un retraso igual o similar, formular directamente Resolución, con base en los Antecedentes expuestos y a las siguientes

CONSIDERACIONES

La problemática se centra en la ubicación de los contenedores de residuos situados frente a la vivienda del reclamante en esa localidad de Sanlúcar de Barrameda. Al respecto, éste ha solicitado su reubicación en otros espacios, a cuyo efecto indica hasta tres ubicaciones alternativas. El Ayuntamiento, en su respuesta emitida casi dos años después de pedirla, no valora ninguna de esas tres ubicaciones, sino que se limita a explicar las causas por las que están los contenedores frente a la vivienda del afectado, sin ofrecer solución alguna ni valoración sobre las ubicaciones alternativas. No hay por tanto un estudio de lo planteado por el afectado.

Entiende esta Institución, a la vista de ello, que procede, ante todo, que ese Ayuntamiento, dada la problemática denunciada y el tiempo de retraso que acumula este asunto, estudie y valore las tres ubicaciones alternativas que ofrece el reclamante para ubicar los contenedores que están frente a su vivienda; y que tras las conclusiones alcanzadas, le responda bien en el sentido de acceder a alguna de esas ubicaciones, reubicando los contenedores; bien en el sentido de denegar cualquiera de esas ubicaciones y expresar al reclamante el porqué no puede acceder a su petición. Caso este último en el que debería manifestar su compromiso por garantizar la debida limpieza del entorno de estos contenedores, así como velar por el cumplimiento de los horarios de depósito y recogida, de manera que la carga que supone tener unos contenedores frente a una fachada, no suponga una intromisión demasiado gravosa para una sola familia en términos de ruidos, olores, suciedad e insalubridad.

En el estudio de esa petición del afectado, el Ayuntamiento debe tener en cuenta la situación que presentan los contenedores objeto de queja y la incidencia que tienen en la vivienda del afectado. Al respecto, esta Institución ha formulado ya diversas Resoluciones en quejas similares en las que ha puesto de manifiesto las tendencias jurisprudenciales en la materia.

Así, por ejemplo, en la Resolución 16/3986, dirigida al Ayuntamiento de Valencina de la Concepción se citan algunas Sentencias, tales como la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sala de lo contencioso-administrativo, sección 1ª, Sevilla, de 15 de mayo de 2002, que dice que:

“...existe un hecho insoslayable que es el de la situación de los contenedores en relación con los balcones de la Señora T. L. que no podemos pasar por alto. A esa finca sí le afectan de un modo mayor los perjuicios generales que se concretan en ella, hasta el punto de que los olores pueden ser en determinadas épocas del año muy intensos, y existen otros riesgos no desdeñables como el incendio que podría entrañar un riesgo cierto. Ese es un hecho irrefutable que resulta de la prueba existente, y que nos obliga a anular el acto y a imponer a la Administración la obligación de retirar los contenedores de su ubicación actual. Ahora bien, dicho lo anterior, la Sala no puede determinar el lugar al que la Administración puede llevar los contenedores y cuál pueda ser su ubicación futura. Esa es una solución discrecional que la Administración deberá adoptar entre las varias posibles, y ello de acuerdo con la prohibición que a los Tribunales impone el apartado 2 del artículo 71 de la vigente LJCA”.

En iguales términos se pronuncia la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 10 de Barcelona, de 21 de marzo de 2011, en un caso en el que los contenedores objeto de la reclamación se encontraban a 100 metros del domicilio de las afectadas, generando contaminación odorífera o atmosférica por malos olores.

Del mismo modo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sala de lo contencioso-administrativo, sección 3ª, de 30 de enero de 2014, condena al Ayuntamiento de Valladolid a reubicar una batería de contenedores soterrados situados junto a la fachada de un local comercial, y que resuelve lo siguiente:

“(...) a la hora de conjugar tanto el interés público como el interés particular, han de tenerse en cuenta razones de peso como son las de utilidad pública, como también otra serie de razones de interés particular, y aunque resulta innegable la prevalencia del interés público el mismo ha de ejercerse de manera que pueda inferir con la menor intensidad posible en los intereses particulares. Efectivamente han de soportarse por los ciudadanos los inconvenientes que pueda suponer en este caso la existencia de contenedores de basuras cerca de las edificaciones, sin embargo ha de tratarse de lograr una mínima afección a los intereses particulares en contraposición. Esta conjugación ha de posibilitar soluciones que compaginen los mismos, pues efectivamente se puede apreciar que en la ubicación actual los contenedores ocupan casi la totalidad de la fachada del local del recurrente (...) por lo que tratándose de dos bloques de contenedores perfectamente independientes, se considera más adecuada a la defensa de todos los intereses en juego la reubicación de uno de los bloques de contenedores instalados en la C/ Fray Luis de León de manera que se deje expedita al menos de la mitad de la fachada del local del recurrente (...)”.

Esta Sentencia de Castilla y León concluye estimando que ha existido una actuación arbitraria, y señala: “(...) que tras ponderar y valorar los intereses en juego, tanto los públicos como los privados, ha habido un exceso injustificado en el sacrificio de los privados, por lo que debe reubicarse una parte de los contenedores en otro lugar”.

Esta jurisprudencia, aplicada a las las circunstancias concurrentes en este caso, es la que ese Ayuntamiento debe tener presente a la hora de valorar la queja del interesado y darle una respuesta a su petición, la cual, hasta el momento, no se ha producido formalmente, incumpliendo con ello el derecho a una buena administración previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2007, de 10 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía (EAA). Dicho derecho consiste, entre otras facultades, en que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

Ello, al margen de no haber prestado con esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, en este concreto caso, una colaboración acorde con las exigencias del deber previsto en el artículo 19.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz (LDPA).

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del derecho a una buena administración previsto en el artículo 31 del EAA, que consiste, entre otras facultades, en que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECOMENDACIÓN para que se estudien las tres alternativas ofrecidas por el reclamante para ubicar en alguna de ellas los contenedores que están frente a su vivienda en esa localidad, teniendo presentes los pronunciamientos jurisprudenciales citados en este escrito, y para que se le dé una respuesta motivada a dicha petición que cursó mediante escritos presentados en el Ayuntamiento en fechas de 1 de abril y 17 de junio de 2016, notificándosela a su domicilio y remitiendo copia a esta Institución.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Jaén a nuestra petición de que se resolviera expresamente el recurso de reposición interpuesto por el reclamante, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula Resolución en el sentido de que se dicte resolución a la mayor brevedad posible.

ANTECEDENTES

Con fecha 23 de mayo de 2019 interesábamos de ese Ayuntamiento el envío del preceptivo informe solicitado en el curso de la investigación del expediente de queja que se tramita con el número de referencia que se indica en el encabezamiento de este escrito.

La petición de ese informe no ha sido atendida por lo que, como conoce, nos hemos visto obligados reiterar en dos ocasiones dicha petición con fechas 27 de junio y 29 de agosto de 2019 (se remiten copias de los documentos citados). Tampoco hemos recibido su respuesta pese al contacto telefónico que, a estos efectos, por parte de personal de esta Institución se mantuvo con personal municipal el pasado 12 de septiembre de 2019.

Esta Institución debe manifestar de manera expresa la deficiente atención que ha prestado a las labores de investigación. Debemos señalar la demora en atender las solicitudes que le hemos dirigido en sucesivas ocasiones, junto a la falta de respuesta a las cuestiones requeridas para analizar el caso concreto. Esa situación ha provocado un retraso innecesario y perjudicial en la tramitación del expediente a lo que se suma la dificultad para evaluar con mayor detalle los motivos de la queja.

Creemos oportuno significar ante todo esta valoración, esperando que tal incidente producido en el presente expediente de queja no derive en una falta de colaboración que motive la adopción de medidas reprobatorias formales.

En cuanto a la cuestión analizada en el presente expediente de queja y a pesar de la falta de información concreta que le ha sido solicitada, esta Institución debe ofrecerle sus valoraciones.

Así, el reclamante nos exponía que, en el curso de la tramitación del expediente sancionador número ... incoado por ese Ayuntamiento, le fue notificada resolución en vía de apremio por presunta infracción de tráfico cometida con su vehículo ..., contra la que con fecha 8 de octubre de 2018 interpuso recurso de reposición del que, pasados varios meses, no había obtenido respuesta alguna, ni se ha dictado la resolución que proceda.

A la vista de ello, debemos trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El silencio de esa esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21.6 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos a Vd. la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECOMENDACIÓN consistente en la necesidad de dictar resolución a la mayor brevedad posible ante recurso de reposición formulado por el reclamante, que resulta objeto de la presente intervención del Defensor del Pueblo Andaluz.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Además de recordar al Ayuntamiento de Bormujos la legislación sobre el silencio administrativo, le hemos recomendado que dé respuesta al escrito presentado por el interesado en el que denunciaba los ruidos provenientes de la campana de una parroquia.

ANTECEDENTES

I. Con fecha de diciembre de 2018 se recibió en esta Defensoría una comunicación remitida por D. … a través de la cual nos exponía que en mayo de 2018 había presentado en el Ayuntamiento de Bormujos, un escrito denunciando una situación de posible contaminación acústica porque el campanario de la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación estaba siendo utilizado como reloj público “haciendo sonar las horas y las medias horas (…) entre las 8:00 h y las 00:00 h, ambas incluidas”, además de cada 15 minutos entre las 19:00 h y las 20:00 h de cada día y los sábados y domingos de 9:00 h a 10:00 o de 10:00 h a 11:00 h, con 73 toques de campana.

Ante tal situación, consideraba el interesado que se produce una contaminación acústica que corresponde vigilar a ese Ayuntamiento, en función de las competencias legales que en la materia tiene atribuidas, y a tal efecto solicitaba expresamente que cesara este uso como reloj del campanario de la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación o bien que se realizara una medición acústica para comprobar el nivel de ruido generado. Sin embargo, transcurridos varios meses desde que había formulado esta denuncia, no había recibido respuesta a su escrito.

II. Reunidos los requisitos formales del apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Administración que diera respuesta expresamente, sin más dilaciones, el escrito presentado por la parte promotora de la queja, informándonos al respecto.

III. A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud y de haber reiterado la misma, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de ese organismo.

De tales circunstancias no cabe más que extraer la existencia de un reconocimiento tácito de la falta de respuesta denunciada por la parte promotora de la queja.

CONSIDERACIONES

Primera.- De la obligación de resolver a cargo de la Administración Pública.

El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y de notificarla en todos los procedimientos, sin perjuicio de que en el procedimiento intervenga prescripción, renuncia, caducidad o desistimiento, o bien la desaparición sobrevenida de su objeto, pues cuando concurran estas circunstancias habrá de dictarse dicha resolución en tal sentido. Quedan exceptuados de esta obligación exclusivamente los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, o los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

Debe añadirse que el apartado 6 del artículo 21 LPAC establece que «El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo», pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

Segunda.- Denuncias en materia de protección contra el ruido.

El artículo 55.1 del Decreto 6/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía, establece que «Las denuncias que se formulen por incumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica darán lugar a la apertura de las diligencias correspondientes, con la realización de la inspección medioambiental, con el fin de comprobar la veracidad de los hechos denunciados y, si es necesario, a la incoación de un procedimiento sancionador a la persona responsable, notificándose a las personas denunciantes la iniciación o no del mismo, así como la resolución que recaiga, en su caso».

Tercera.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa.

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con una serie de principios, entre ellos lo de eficacia y sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente deberán respetar en su actuación los principios de servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; participación, objetividad y transparencia; racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos; buena fe y confianza legítima, entre otros.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.

RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, al escrito presentado por la parte afectada en mayo de 2018, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 55.1 del Decreto 6/2012.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz