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El Defensor del Pueblo Andaluz inicia una investigación de oficio, tomando en consideración el valor que la atención primaria de salud ostenta como servicio sanitario público para toda la población, con el objeto de analizar las deficiencias resultantes de los criterios y protocolos adoptados para la dispensación de la atención primaria en el actual escenario de crisis sanitaria, y extraer conclusiones y posibles propuestas de mejora desde la perspectiva de la defensa de los derechos de los ciudadanos que esta Institución tiene estatutariamente reconocida.

Los testimonios que la ciudadanía ha estimado oportuno compartir con el Defensor del Pueblo Andaluz, han ofrecido una imagen muy significativa y reveladora de la percepción social en cada una de las fases recorridas en este tiempo, mostrando una clara evolución en las preocupaciones personales y colectivas producidas durante los seis meses transcurridos desde el mes de marzo de la presente anualidad, que permite trazar un relato nítido a través de la simple visión cronológica de la tipología de requerimientos que se han ido sucediendo.

Sin perjuicio de plasmar este análisis global y de conjunto a través del instrumento pertinente, interesa a esta Defensoría en este momento abordar las actuaciones que permitan conocer, con elementos objetivos, el alcance del fundamento de las demandas de la ciudadanía referidas a las disfunciones e insuficiencias de la atención primaria de salud, como nivel asistencial al que se ha encomendado la importante responsabilidad de acometer el control inicial de los brotes víricos, como intervención añadida a sus funciones cotidianas y a las actividades que forman parte de su cartera de servicios, para hacer aflorar los aspectos susceptibles de refuerzo, mejora o innovación en su estructura y funcionamiento, que permitan la adecuada prestación de este servicio público en un contexto como el que vivimos y su adaptación eficaz y eficiente a una realidad sanitaria de duración incierta, regida por nuevos parámetros.

La enorme implantación que exige la organización territorial de la Atención Primaria, a través de los 1517 centros de salud y consultorios que se ramifican a lo largo y ancho de toda la geografía andaluza en las 216 Zonas Básicas de Salud del Mapa y el tener como destinataria directa de la atención sanitaria que ofrece su cartera de servicios, a la totalidad de la población de una comunidad autónoma como la andaluza, que según el último censo publicado por el INE (a fecha de 1 de enero de 2019) asciende a 8 414 240 habitantes, dan una idea bastante aproximada de la envergadura e importancia de este nivel asistencial.

Un nivel en el que la relación de confianza médico-paciente alcanza todo su significado y cuyos profesionales ocupan la primera línea de exposición pública, como primer nivel de acceso al sistema sanitario público, que, desde luego, por ser el más cercano, es el que más pronta respuesta está llamado a ofrecer a los ciudadanos, actuando como indicador temprano de sus deficiencias.

Esta cualidad, la cercanía, es la que respalda el peso específico del cometido social que cumple este servicio sanitario público, aunque es precisamente la que parece haber quedado afectada por los incipientes criterios de reorganización forzados por la crisis sanitaria, con sustento en las decisiones adoptadas en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control del COVID-19 del Ministerio de Sanidad, el Plan Andaluz de Vigilancia y Prevención de Brotes del COVID-19 y, entre otros, el Protocolo para caso de infección.

Partimos de una premisa inicial, la de que los condicionantes de la pandemia han conducido a un funcionamiento de la atención primaria de salud, por mor de la llamada telemedicina o atención telefónica para citas y consultas, urgido a desenvolverse en un escenario de dispensación que poca semejanza guarda con el contexto tradicional, quedando con ello huérfano de la seguridad que proporciona el trato directo y el contacto físico y visual y privado de la valiosa información adicional que proporciona esta forma de relación.

Sobre este presupuesto de funcionamiento que, de partida no cuestionamos como forma de dispensación de la atención sanitaria en el nivel primario de salud, en la medida en que responde al sistema adoptado en el conjunto del Sistema Nacional de Salud por motivos preventivos de salud pública, nos planteamos en cambio analizar las dificultades y barreras adicionales que pudiera estar planteando para las personas que pretenden acceder al mismo, esto es, su virtualidad para alcanzar el fin pretendido.

Desde la perspectiva de la población, por una parte, los obstáculos que los ciudadanos refieren experimentar en su demanda de atención sanitaria en los tiempos más próximos, abundan sobre una casuística reiterada, que, concentrada en la confusión producto de la ausencia de una información suficiente y adecuada y en la falta de uniformidad por incoherencias de actuación ante el mismo supuesto, genera la percepción de desasistencia y abandono por parte del colectivo profesional que conforma el primer eslabón del sistema sanitario público, el de la primaria, cuyas consideraciones podemos compendiar en la imposibilidad o dificultades de obtener cita médica a través de cualquiera de las diferentes vías articuladas para ello (1); los problemas para obtener atención presencial en el centro de salud, que se traducen en la denuncia de una desasistencia o de mala atención, así como en disfunciones en la telemedicina por insatisfacción con el resultado de la consulta telefónica, por falta de llamada a pesar de constar realizada la atención o por inobservancia relevante de la hora asignada (2); las dificultades para acceder a la práctica de pruebas en este ámbito, o la suspensión de analíticas y de vacunaciones (3); y, en fin, los criterios para la práctica de la PCR, la excesiva demora en la comunicación de sus resultados, la prolongación de bajas médicas a resultas del anterior retraso, o la práctica en el control domiciliario de pacientes sintomáticos contagiados (4).

Si, por otra parte, atendemos a las consideraciones manifestadas públicamente por los profesionales integrados en los centros sanitarios de atención primaria, hemos de remitirnos a la información que recogen los medios de comunicación, en los que usualmente se viene dando noticia de la saturación que dicen afrontar aquellos en su labor diaria, alegando soportar una gran presión por la carga de trabajo y advirtiendo de un riesgo de colapso. No en vano, esta reivindicación laboral ha obtenido el reconocimiento expreso del Consejero de Salud, al aludir (como refleja la prensa), al trabajo ingente desarrollado por la plantilla sanitaria y a problemas en las citas para consulta, aunque en la confianza de que su situación alcanzara alivio al concluir el Plan Verano y las vacaciones reglamentarias.

En conclusión, sin prejuzgar en este momento las causas que a ello coadyuvan, podemos afirmar que contrasta vivamente la experiencia que nos trasladan los ciudadanos ante una atención primaria que aparenta haber dejado de tener presencia en su día a día, por inaccesibilidad e inoperatividad y, al propio tiempo, el desgaste que hacen público sus profesionales ante una nueva modalidad de atención sanitaria no presencial, que ha supuesto la reorganización de los centros, junto a las labores sobrevenidas para hacer frente en este nivel a los brotes de coronavirus, que, entre otras, incluyen el rastreo, el control domiciliario de personas con síntomas y la cobertura a centros sociosanitarios y escolares.

De conformidad con lo expuesto y tomando especialmente en consideración el valor que la atención primaria de salud ostenta como servicio sanitario público para toda la población, hemos acordado la intervención de esta Institución mediante la apertura de un expediente de queja de oficio, amparado en las facultades conferidas por el artículo 10 de nuestra Ley reguladora, con el objeto de analizar los criterios y protocolos adoptados para la dispensación de la atención primaria en el actual escenario de crisis sanitaria, los criterios de organización e instrucciones impartidas a los diferentes distritos y cuantos elementos resulten necesarios para extraer conclusiones y posibles propuestas de mejora desde la perspectiva de la defensa de los derechos de los ciudadanos que esta Institución tiene estatutariamente reconocida.

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una amplia y dilatada labor de atención al eficaz sistema normativo de promoción y protección del patrimonio histórico artístico.

Así, en los sucesivos Informes Anuales al Parlamento, al igual que con motivo de la elaboración de los Informes Especiales, la Institución ha querido contribuir al mejor desempeño de las actuaciones de los poderes públicos para la protección y puesta en valor de nuestra riqueza monumental. Todo ello en consonancia con las funciones de protección y tutela de los derechos establecidos en los artículos 44 de la Constitución y 33 y 37.1º.18 del Estatuto de Autonomía en el ámbito de la Cultura.

En el amplio escenario de intervenciones de este tipo que se producen a lo largo del territorio andaluz, ocupa un lugar preeminente las acciones que posibilitan el efectivo disfrute de nuestro patrimonio cultural gracias a promover su conocimiento y protección.

Sin duda, en determinadas comarcas y localidades de Andalucía, esta tarea compleja e ingente adquiere la dificultad de la alta concentración de este patrimonio histórico y monumental. Tal es el caso, sin lugar a dudas, de la provincia de Jaén.

Además, es conocida la permanente actuación de esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz en relación con las actuaciones de protección y tutela del conjunto patrimonial de valor histórico y cultural de este territorio. Han sido muy numerosas las quejas iniciadas de oficio, o a partir de las iniciativas ciudadanas, que han sido tramitadas ante las autoridades locales y esa misma Delegación Territorial o sus servicios centrales de la Consejería de Cultura. Estas quejas han abordado situaciones de deterioro de los inmuebles, régimen de protección, proyectos o intervenciones de conservación, medidas de ayudas o subvenciones, etc. lo que ha supuesto completar todo un elenco de cuestiones relacionadas con las competencias de la administración cultural.

En esta ocasión debemos centrar nuestra atención en el estado de conservación y régimen de protección de varios elementos de distinta tipología que se encontrarían en situación de riesgo a tenor de algunos informes de organizaciones conservacionistas y de protección histórica, de los que se han hecho eco los medios de comunicación recientemente. En concreto, y más allá de dichas informaciones, creemos oportuno conocer con mayor detalle el estado de la denominada Torre Benzalá, en el municipio de Torredonjimeno (Jaén).

Según algunas reseñas, esa Torre o resto de castillo de Benzalá “en su momento, pertenecieron a la fortaleza medieval hoy desaparecida y fechada en la época inmediatamente posterior a la conquista castellana y al Pacto de Jaén. Las fuentes documentales constatan que  estuvo poblaba en 1347. Sin embargo, el único testimonio que se tiene de ello es un dibujo. Por los restos encontrados en la zona, el lugar ya pudo estar habitado hacia 2700 – 2500 a.C. (Edades del Cobre y del Bronce) y fue aumentando paulatinamente su población hasta alcanzar su máximo esplendor en época romana.

Se trata de un elemento declarado Bien de Interés Cultural y, por tanto, merecedor de su relevante régimen de protección.

Por ello, y a la vista de los anteriores antecedentes, hemos considerado oportuno proponer incoar queja de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Jaén y el Ayuntamiento de Torredonjimeno, a fin de conocer:

• estado de conservación de la Torre Benzalá, en Torredonjimeno.

• relación de intervenciones y proyectos que se hubieran proyectado y/o ejecutado en los últimos años, así como sus calendarios previstos dirigidos a la protección que merece el inmueble.

• régimen de uso o aprovechamiento previsto.

• cualquier otra circunstancia que consideren oportuno transmitir para esclarecer el asunto que nos ocupa.

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Se reanuda el Servicio de Urgencias de Atención Primaria en zona de Huelva, reorganizado por la Covid.

21-09-2020 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz inicia una investigación de oficio, tomando en consideración la función relevante y de gran valía que los servicios de urgencias de atención primaria cumplen en los ámbitos rurales, frente a las necesidades de salud apremiantes de su población, con el objeto de analizar los condicionantes concurrentes en la reorganización de los mismos por la crisis sanitaria y la previsión temporal para la reanudación de su actividad, tomando para ello como modelo la provincia de Huelva y, en concreto, su Distrito Sanitario Condado-Campiña, en el ejercicio de la defensa de los derechos de los ciudadanos que esta Institución tiene estatutariamente reconocida.

La atención extrahospitalaria urgente que dispensan los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), además, ostenta un peso específico en el medio rural, debido a que la falta de otro tipo de centros sanitarios a que acudir para demandar esta modalidad de atención (normalmente, por la existencia de un único Centro de Salud o Consultorio en el municipio), convierten este recurso de atención continuada y urgente, no solo en el instrumento más idóneo para canalizar las demandas no demorables de la población, sino, a su vez, en el medio que contribuye a mitigar el uso indiscriminado de las urgencias hospitalarias y, con ello, a la eficacia en el uso de los dispositivos sanitarios públicos.

Con fundamento en la necesidad de implantar las medidas preventivas y de seguridad exigidas por la crisis sanitaria en las estructuras y dispositivos sanitarios, los responsables sanitarios públicos en nuestra comunidad autónoma han abordado una reordenación funcional y organizativa de sus distintos niveles asistenciales, vinculada a la duración de la actual situación, que gira en torno a garantizar el llamado doble circuito COVID/NO COVID, cuyo alcance y posibles inconvenientes son más acusados en el ámbito rural, cuando de atención sanitaria urgente se trata.

Particularmente, dentro de los recursos, fijos y móviles, que integran el Plan Operativo de Urgencias de cada ámbito, nos interesa reparar en la reorganización producida en los servicios fijos de urgencias de atención primaria distribuidos en los 34 Distritos Sanitarios de nuestra comunidad autónoma, aunque, de forma más concreta, en la reorganización operada en los que conforman el Distrito Condado-Campiña de la provincia de Huelva, que da cobertura a sus 7 Zonas Básicas de Salud, todas ellas de naturaleza rural (La Palma del Condado, Gibraleón, Condado Occidental, Campiña Sur, Campiña Norte, Bollullos Par del Condado y Almonte).

Hemos considerado oportuno analizar las modificaciones adoptadas en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria del Distrito de Atención Primaria referido, por dos razones esenciales, a saber:

La primera razón tiene su causa en la comparecencia ante esta Institución de representantes de las alcaldías de tres de los Ayuntamientos incardinados en este Distrito: San Bartolomé de la Torre, de la zona básica de Gibraleón, por un lado y Escacena del Campo y Paterna del Campo, de la zona básica de La Palma del Condado, por otro.

Los representantes consistoriales concurrentes nos trasladaban la importancia que el servicio de urgencias dispensado en los centros de salud o consultorios referidos fuera del horario matutino ordinario y dotado con un vehículo tipo ambulancia, representa para sus respectivas poblaciones, por su ubicación y entorno y la elevada edad de sus vecinos, haciéndose eco del rechazo de estos frente a la suspensión de la actividad del punto fijo del servicio de urgencias de atención primaria, al haberse determinado concentrar la atención urgente en un solo centro dentro de la zona básica de salud.

En el caso de San Bartolomé de la Torre, se traslada como refuerzo a Gibraleón, haciéndose lo propio en La Palma del Condado con el equipo que daba servicio a las urgencias de Escacena y Paterna del Campo, que físicamente alternaba su ubicación entre el Centro de Salud de la primera o de la segunda.

Destacaban que el cierre de estos puntos de atención urgente de sus municipios se había producido el 16 de marzo, por la declaración del estado de alarma, considerando que lo razonable hubiera sido reponer el servicio a su finalización, obstando a ello a la pretensión de la Administración sanitaria de garantizar el doble circuito asistencial, no ya sin doblar el personal, sino prácticamente con el mismo personal preexistente. Lo que en la práctica equivale a disminuir los servicios, concentrando en puntos concretos los equipos de profesionales de los servicios de urgencias que se suspenden, para posibilitar el doble circuito sin incremento de contrataciones.

En última instancia, junto a las dificultades que una demanda de atención sanitaria urgente, precisada de un desplazamiento de unos 15 kilómetros, supone para los vecinos de municipios envejecidos, manifestaban los interesados la inquietud añadida de que la medida terminara por no revertirse y acabara amparando, por la vía de hecho, la supresión de un servicio que en algún caso había sido el fruto de reivindicaciones precedentes.

En el análisis preliminar de la cuestión suscitada, partimos de considerar un hecho notorio, consistente en que esta reorganización no es particular y exclusiva de los Distritos de Atención Primaria de la provincia de Huelva, ni una decisión adoptada respecto de alguno de ellos en particular, sino que es el modelo adoptado de forma sustancialmente uniforme en Andalucía y en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, siguiendo las recomendaciones (de doble circuito, especialmente), emitidas por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias) y los consensos adoptados en el seno del Consejo Interterritorial.

Desde esta perspectiva, el modelo de organización no incurriría en inequidad, sustentándose en un fundamento común, el de venir condicionado por la crisis sanitaria y, por ende, estar directamente vinculado a la vigencia de sus requerimientos preventivos y medidas de seguridad que, en principio, habrían de ceder una vez que la remisión espontánea del virus o la vacunación de la población sean una realidad o, cuando menos, una posibilidad inminente.

No obstante lo anterior, en el Defensor del Pueblo Andaluz venimos siendo testigos, desde hace muchos años, de la problemática de diversa índole que la atención sanitaria urgente plantea más allá de las grandes poblaciones y del comprensible valor que para la ciudadanía del entorno rural, representa la facilidad en el acceso a un servicio de urgencias tan cercano como el que puede dispensarse en el entorno conocido de los Centros de Atención Primaria.

Sobre la base de esta experiencia, nos planteamos si a pesar de las limitaciones de la crisis sanitaria y dentro de sus premisas generales, cabría introducir modulaciones territoriales en función de la incidencia del virus y de la evolución de la tasa de contagios de cada Distrito de Atención Primaria, en conjunción con otros factores relevantes (de volumen de población, de edad media, de ubicación geográfica, etc.).

Este segundo planteamiento ha constituido el criterio sobre el que respaldar la pertinencia de franquear el examen de las demandas formuladas por los Ayuntamientos mencionados, en la medida en que de un estrecho seguimiento de la evolución de la pandemia en nuestra comunidad Autónoma, realizado a través de la consulta a los sucesivos Acuerdos del Consejo de Gobierno, tomando conocimiento de los correspondientes informes de la Consejería de Salud y Familias, semanalmente publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se desprende que en la provincia de Huelva la incidencia del virus presenta las tasas más bajas de nuestro territorio.

A mayor abundamiento, a fecha de 8 de septiembre, las tablas de casos por municipio e incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes, informados por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, permanece inamovible en San Bartolomé de la Torre en 2 casos confirmados para una población de 3736 vecinos, con una incidencia de 53,53; en Escacena del Campo registra 14 casos en una población de 2284 habitantes e incidencia de 612,96; y, por último, en Paterna del Campo, con 3509 habitantes, refleja 7 casos, que suponen una incidencia de 199,49. En el Distrito Condado-Campiña el total de casos confirmados es de 267 de 155 057 habitantes, con incidencia de 172,19, aunque de un ínfimo 0,6 en el cien por cien del conjunto de los restantes Distritos de Atención Primaria de Andalucía. Y, finalmente, todo ello en el marco de un total de 938 casos acumulados en la provincia de Huelva, por una población de 510 743 e incidencia de 183,65, que conduce a la del discretísimo 2,2 en el porcentaje completo de las ocho provincias andaluzas.

En resumen, la provincia de Huelva viene revelando ser la delimitación geográfica con los más esperanzadores resultados en todos los indicadores, desde los alusivos a casos confirmados y a incidencia, pasando por las cifras de hospitalización (236), ingreso en UCI (33), y de letalidad (52 fallecidos que representan un 3,3 de los 1561 decesos producidos en Andalucía).

En artículo de prensa digital publicado en el Diario de Huelva de 8 de septiembre (https://www.diariodehuelva.es/2020/09/08/huelva-mirlo-blanco/), se recogían las declaraciones del Consejero de Salud y Familias alusivas a la baja incidencia del coronavirus en dicha provincia, a la que calificaba como “el lugar más seguro de Andalucía”, resaltando que “los epidemiólogos de la Consejería estudian los motivos y variables de esta baja incidencia del virus en el territorio onubense”.

De conformidad con lo expuesto y tomando especialmente en consideración la función relevante y de gran valía que los servicios de urgencias de atención primaria cumplen en los ámbitos rurales, frente a las necesidades de salud apremiantes de su población, hemos acordado la intervención de esta Institución mediante la apertura de un expediente de queja de oficio, amparado en las facultades conferidas por el artículo 10 de nuestra Ley reguladora, con el objeto de analizar los condicionantes concurrentes en la reorganización de los mismos en la provincia de Huelva y, en concreto, en su Distrito Sanitario Condado-Campiña e interesarnos por la previsión temporal para el restablecimiento de los correspondientes a San Bartolomé de la Torre, Escacena del Campo y Paterna del Campo, en el ejercicio de la defensa de los derechos de los ciudadanos que esta Institución tiene estatutariamente reconocida.

28-12-2021 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

El Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud atendió la petición de información requerida, comenzando por exponer las dificultades que presentaba un escenario imprevisible por desconocido y, por ello, precisado de respuestas cambiantes y flexibles por la organización sanitaria.

Aludió en este sentido a las circunstancias particulares producidas por la epidemia por coronavirus, como patógeno desconocido anteriormente en humanos, que obstaba a la preexistencia de pruebas o evidencias que permitieran sustentar sobre cimientos fiables la mejor estrategia de abordaje y, en consecuencia, obligaba a ir adaptando la estrategia del sistema sanitario en concordancia con la evolución y los datos obtenidos.

Precisamente por ello resaltó el Gerente las virtudes de la flexibilidad y capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes por parte del sistema sanitario, que comprendía partir de unas indicaciones comunes que se adaptaran, no obstante, a la situación y necesidades de la población de cada Distrito Sanitario, reflejándose en el respectivo plan de contingencia.

Partiendo de esta premisa general, la Dirección Gerencia se adentró en una reflexión más general, sobre la falta de posibilidad de que todas las localidades andaluzas dispongan un Servicio de Urgencias de Atención Primaria las 24 horas del día, si bien explicaba que la organización adoptada en las poblaciones objeto de la queja, permitía conjugar el uso eficiente de los recursos con una atención adecuada, suficiente y no discriminatoria, canalizada a través del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias y del Plan Operativo pertinente.

En el caso de las localidades aludidas, el Gerente del Servicio Andaluz de Salud explicaba los criterios para la organización de las urgencias, a una distancia de entre 15 y 17 kilómetros (de San Bartolomé de la Torre a Gibraleón, de un lado y de Escacena y Paterna del Campo a La Palma del Condado, de otro), considerando que esta asistencia quedaba asegurada sin discriminación frente a otras localidades del entorno, con un tiempo de desplazamiento dentro de los límites habituales para otros núcleos de población.

Ilustraba el informe una tabla en la que desglosaba los recursos sanitarios disponibles en el Plan Operativo de Urgencias del Distrito Sanitario Condado-Campiña, resaltando los equipos móviles y servicios de urgencias de atención primaria cerrados temporalmente, en beneficio de la correlativa apertura de dichos recursos en ubicaciones que permitieran garantizar el doble circuito de pacientes COVID-19 y NO COVID-19.

Se trataba, en suma, de cierres temporales adoptados en función de la reorganización por el doble circuito aludido, con fundamento en la coyuntura de la pandemia, aun cuando ciertamente parte del contenido de la respuesta obtenida de la Dirección Gerencia, basculaba en algunos momentos hacia la valoración de otros criterios comparativos que pudieran motivar la necesidad o no del servicio de urgencias en los puntos aludidos, de forma estructural y, por ello, al margen de la crisis de salud pública.

Ello suscitaba dudas a esta Institución, en consonancia con los recelos expresados por los representantes de los municipios reclamantes y por los vecinos de las localidades afectadas, puesto que el informe señalaba que no era posible asegurar una fecha de reapertura, pero anudaba dicha incertidumbre temporal no solo a la evolución de la pandemia, sino a “otros factores” que se deducían de su texto de manera más o menos explícita, como el problema general de la escasez de personal sanitario en el mercado de trabajo, y los indicadores particulares sobre la necesidad del servicio en las localidades que tratamos.

Efectivamente, la Dirección Gerencia ahondaba en algunos párrafos de su informe sobre aspectos evaluativos de la dotación de recursos en la zona que nos ocupa, desconectados de forma absoluta de la situación transitoria de crisis de salud pública, y en este sentido analizaba en abstracto los datos de población de los municipios afectados en el contexto de su respectivo Distrito, así como el número de urgencias diarias atendidas en el trimestre anterior (de agosto a octubre de 2020) en los centros de cabecera de Gibraleón y de La Palma del Condado, procedentes respectivamente de demandas con origen en San Bartolomé de la Torre o de Escacena y Paterna del Campo (aunque los datos de este acotado lapso temporal no comprendían las posibles peticiones de atención sanitaria urgente que los vecinos de estos municipios pudieran haber efectuado a los más frecuentados servicios de urgencias hospitalarios, ni datos de actividad precedentes a la reorganización y, por tanto, obtenidos en un lapso temporal de normalidad en la demanda).

Lo cierto es que del análisis de ambos factores, el informe concluía que ni el elemento poblacional ni el volumen de demanda de atención sanitaria urgente en las poblaciones referidas, justificaban la dotación con equipo de urgencias durante las 24 horas en los citados municipios, afirmando, en suma, que no quedaba suficientemente justificada “la localización de un Servicio de Urgencias de Atención Primaria en los municipios de San Bartolomé de la Torre, Paterna del Campo y Escacena del Campo”.

Precisamente, estas apreciaciones llevaron a esta Institución a mantener en curso la investigación, aguardando el desenvolvimiento final de la misma, sobre todo, una vez decaídas las medidas de reorganización de atención sanitaria más drásticas, como la de dispensación no presencial de la del nivel primario, que tuvo lugar en octubre de 2021.

En este nuevo contexto, y no obstante lo expuesto, hemos conocido que finalmente se ha reanudado en sus mismos términos el Servicio de Urgencias de Atención Primaria reorganizado por la crisis de salud pública en el Distrito Sanitario tratado en el presente expediente.

Realidad que comporta que hayamos de dar por finalizadas las actuaciones en la presente investigación de oficio.