En nuestra condición de Defensor del Menor de Andalucía, hacemos un nuevo llamamiento para que predomine el interés superior del menor en cuantas actuaciones se lleven a cabo para garantizar los derechos humanos de las cientos de miles de personas que están llegando a nuestras fronteras europeas

En septiembre pasado, la Defensora del Pueblo y los nueve Defensores Autonómicos firmamos una Declaración donde alertábamos del drama que supone la guerra, el hambre, la intolerancia y la insolidaridad, que estaba provocando lo que muchos no dudan en identificar ya como la mayor crisis de refugiados vivida por Europa desde la II Guerra Mundial.

Hoy, esta crisis europea de migrantes y refugiados que huyen de la guerra y la intolerancia sigue creciendo y se ha recrudecido ante la alerta internacional dada por el posible aumento de la trata y el tráfico de personas, especialmente de niños y niñas que tras huir de torturas y abusos siguen expuestos a la explotación por parte de las mafias.

Los problemas para controlar el desplazamiento de miles y miles de estos menores ha provocado la voz de alarma de fuerzas internacionales que han denunciado la posibilidad de que sean objeto de organizaciones de tráfico de personas. En concreto, según las últimas noticias, Europol calcula que unos 10.000 niños y niñas refugiados han desaparecido al llegar a Europa. La Oficina Europea de Policía (europol) teme que muchos de esos menores a los que se ha perdido el rastro estén en manos de traficantes de personas.

La explotación de los niños y niñas víctimas de trata atenta frontalmente contra los valores superiores del ordenamiento jurídico, y supone una grave vulneración de los derechos contra la infancia porque atenta contra la dignidad, la libertad y el derecho a la protección. Estas prácticas, además, contravienen cuatro principios generales de la Convención de los derechos del niños, ya que ponen en peligro su supervivencia y desarrollo; refuerzan la discriminación; niegan a la infancia toda participación significativa en asuntos que le afectan; y, por supuesto, atentan contra el principio del interés superior del menor.

La especial situación de vulnerabilidad de estos menores exige un esfuerzo de todas las Administraciones que intervienen en el proceso, acompañados de los recursos que sean necesarios, para otorgarles la protección que les reconocen las normas internacionales, nacionales y autonómica. Urge prestar una especial atención a estos menores por la situación de riesgo y vulnerabilidad a la que están expuestos.

Es por ello que, en nuestra condición de Defensor del Menor de Andalucía, hacemos un nuevo llamamiento a los poderes públicos para que predomine el interés superior del menor en cuantas actuaciones se lleven a cabo para garantizar los derechos humanos de las cientos de miles de personas que están llegando a nuestras fronteras europeas, en la atención de las ingentes y apremiantes necesidades que presentan estos colectivos ciudadanos, sobre todo en los ámbitos habitacional, sanitario y alimentario, y con especial atención a las necesidades de los menores.

¿Es posible salir reforzado o reforzada de una vivencia de acoso escolar?

El próximo martes 2 de febrero, a las 19,30 horas, el Defensor del Menor de Andalucía y Save the Children celebrarán una sesión de #debatesMedialabUGR (en colaboración con #debatesGrinUGR y Medialab) con la temática “Acoso escolar y ciberacoso”.

Se trata del segundo debate on line que organizan ambas instituciones para favorecer una reflexión sobre este tipo de violencia entre iguales e invitar a participar a toda la ciudadanía en la prevención, conocimiento y formación para saber cómo actuar en estos casos.

Es por ello que en el hangout previsto para este martes 2 de febrero hablaremos con personas expertas que trabajan en instituciones y entidades que atienden a las víctimas y trabajan para la erradicación de este tipo de maltrato, y contaremos con familias que nos trasladarán cómo han vivido la experiencia del acoso sufrido por sus hijos.

Cuestiones como si es posible salir reforzado o reforzada de una vivencia de acoso escolar o la experiencia de cómo ha vivido una familia una situación de acoso escolar y qué organismos le prestaron ayuda, son algunos de los temas que se tratarán en el próximo debate.

El encuentro se realizará a través de Google Hangout y se podrá seguir por Youtube. Sus conclusiones, así como las del anterior debate celebrado el pasado 16 de diciembre, tendrán su continuación en una Jornada que se celebrará el próximo 18 de febrero de 2016 en Granada (http://www.defensordelmenordeandalucia.es/jornada-acoso-escolar-y-ciberacoso) con la colaboración de Medialab UGR y GrinUGR.

Este tipo de violencia entre iguales tiene efectos negativos en la salud física, el bienestar emocional y el rendimiento académico de los niños, especialmente si dicha violencia se repite en el tiempo o es severa, además de influir en el clima escolar del centro educativo.

Pero también las personas que rodean a la víctima sufren los efectos de este comportamiento, en especial la familia. Se ha comprobado que los padres se sienten deprimidos cuando sus hijos están acosados, sobre todo en aquellos casos en que las consecuencias son especialmente severas, es decir, cuando el niño ha alterado su comportamiento de manera significativa tales como consumo de sustancias, alteraciones emocionales, problemas de alimentación, embarazos no deseados, o responsabilidad penal, entre otros. Padres y madres se sienten inseguros y desesperados por que saben que algo malo le está pasando a su hijo.

Incluso el propio agresor sufre los efectos negativos de este tipo de violencia. Como avalan los estudios realizados sobre esta realidad, no resulta infrecuente que todos aquellos que intervienen en estas situaciones tienen una mayor probabilidad que el resto de sufrir rasgos depresivos y problemas de comportamiento.

Es una responsabilidad conjunta de la comunidad educativa, los padres y los compañeros evitar que el acoso escolar siga existiendo, pero son también necesarias medidas legislativas que lo impidan. Por eso os invitamos a participar. 

Las situaciones de pobreza hídrica constituyen una realidad social inasumible que demanda de una respuesta coordinada por parte de las Administraciones públicas y de los operadores de los servicios de agua.

Es preciso garantizar que el derecho de acceso al agua no resulte limitado o condicionado por las circunstancias económicas de las persona usuarias y para ello es necesario reconocer normativamente este derecho y establecer procedimientos y protocolos de actuación que eviten cortes en el suministro por razones económicas.

El derecho de las personas a recibir un suministro mínimo vital de agua constituye el eje de un debate público de plena actualidad y en el que se discute sobre su obligatoriedad, su universalidad, su alcance, su financiación y los procedimientos para hacerlo efectivo.

Sobre esta realidad versó la ponencia del Defensor del Pueblo Andaluz en la jornada “Medidas de Acción Social en el sector del agua” celebradas el pasado jueves 28 de enero en Sevilla.

La intervención de la Defensoría Andaluza tuvo como título “Responsabilidad social y servicios de interés general. La pobreza hídrica y el mínimo vital como paradigmas de una nueva cultura social del agua”.

Los servicios de interés general reciben este nombre por estar destinados a la producción de bienes o a la prestación de servicios que resultan esenciales para el desenvolvimiento de la vida cotidiana de las personas, por ello están sometidos por el ordenamiento jurídico a una especial regulación, supervisión y control.

Los operadores de estos servicios de interés general asumen una especial responsabilidad en la gestión de los mismos y en relación con las persona usuarias, que trasciende el concepto de responsabilidad social corporativa que con carácter general puede atribuirse a una entidad gestora.

En relación con el suministro de agua, las responsabilidades de los operadores no pueden limitarse a garantizar unos estándares de calidad en la prestación del servicio, sino que deben incluir criterios de responsabilidad social basados en la consideración del derecho al agua como un derecho humano básico.

Nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Almería con objeto de que nos informe si tiene previsto abordar el mantenimiento y conservación adecuados de los accesos a la Universidad de Almería desde la barriada almeriense de La Cañada de San Urbano.

Hemos tenido conocimiento por noticias aparecidas en diversos medios de comunicación de la localización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de una patera, en la viajaban 63 personas (algunas mujeres embarazadas) y entre estas personas 7 menores de edad en la zona del Mar de Alborán.

Según las crónicas periodísticas, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 25 de enero de 2016, cuando tras activarse el protocolo de control de inmigración irregular se procedió a la interceptación de la embarcación y a traslado de las citadas personas al dispositivo habilitado por la asociación Cruz Roja en el Puerto de Motril.

Sin dejar de lado la preocupación de esta Institución por la correcta atención que se ha de prestar a aquellas personas retenidas en aplicación de la legislación de extranjería, el motivo de la presente actuación es para interesarnos de modo particular por la situación de desprotección en que pudieran encontrarse aquellos inmigrantes menores de edad, que a su condición de inmigrantes en situación irregular unen su dependencia de la persona adulta que habría de cumplir con la obligación de cuidarlos y atenderlos en sus necesidades.

De sobra es conocido que en muchas ocasiones estos menores afrontan su periplo migratorio a solas, sin ningún familiar o persona adulta que vele por ellos. En esta tesitura también se dan casos de menores indocumentados o no correctamente identificados, así como de menores que en su periplo migratorio se ven sometidos a la presión de redes de trafico de personas con fines ilícitos de explotación laboral o sexual.

Así pues, hemos decidido emprender, de oficio, una actuación en salvaguarda de los derechos de los menores para que se informe sobre la atención dispensada por el Ente Público de Protección a los menores que por encontrarse en situación de desproteccion hubieran quedado bajo la custodia del Ente Público de Protección, en garantía de sus derechos y bienestar.

Comprobada la veracidad de la noticia de la publicación por D. Francisco Rivera Ordóñez de una imagen toreando con su hija menor de 5 meses en brazos nos reiteramos, como garante de los derechos de los menores, que por mucho que la misma se desarrollara en un entorno controlado por el padre, según ha manifestado el propio progenitor, no deja de ser una situación de riesgo innecesaria para una menor y una decisión que rechazamos totalmente.

Asimismo, expresamos nuestro deseo de que no se repitan estos comportamientos y que la repercusión social mediática sirva para que no sea visto y se acepte como normal dicha actuación. En nuestra función de Defensor del Menor nos corresponde trabajar en la defensa de los derechos de los niños y niñas y atender los problemas graves que les afectan, así como una labor de concienciación en la defensa y protección de sus derechos.

Finalmente, analizada la situación y realizadas las gestiones necesarias, en nuestra condición de Defensor del Menor de Andalucía, lo hemos trasladado a la Fiscalía de Menores a los efectos oportunos.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha reiterado el pago inmediato de los retrasos del salario social, del que dependen familias en situación de extrema necesidad sin otros ingresos.

Para el Defensor urge aprobar definitivamente el reconocimiento y concesión del Programa de Solidaridad de las solicitudes que hay en espera desde hace meses; adoptar en las Delegaciones Territoriales las medidas necesarias (materiales y personales) para que se resuelvan a la mayor brevedad y urgencia posibles las solicitudes en espera que reúnan los requisitos exigidos y las que se vayan presentando en el plazo legalmente establecido de dos meses; así como que se arbitre la dotación de los fondos suficientes para hacer frente a los pagos pendientes.

El Defensor demanda que se corrijan las disfuncionalidades detectadas en el programa, tanto en lo que atañe a los plazos de tramitación y reconocimiento, como en lo relativo a la insuficiencia presupuestaria. Los incumplimientos en los pagos de esta ayuda, con mas de un año de retraso en muchos casos, está abocando a muchas familias a vivir situaciones de auténtica desesperación y emergencia social, toda vez que esta prestación constituye, hoy por hoy, su única fuente de ingresos.

Las quejas en la Institución por la excesiva dilatación en el reconocimiento y en los pagos de la prestación económica por el Programa de Solidaridad, conocido como Salario Social, han aumentado en 2015 un 25% más con respecto al año anterior que, asimismo, sufrió un incremento del 300 por ciento.

En total, la Oficina del Defensor ha tramitado en 2015, 200 expedientes de queja por motivo de los retrasos en los pagos o en los reconocimientos de nuevas solicitudes, sobre todo, localizadas en las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga y Córdoba.

Es por ello que la Institución andaluza viene reclamando en sus informes anuales ante el Parlamento de Andalucía y ante la Administración andaluza medidas urgentes y excepcionales para hacer frente a los pagos por salario social y al reconocimiento de nuevos demandantes.

Para el Defensor del Pueblo Andaluz el Salario Social ha demostrado estar obsoleto por lo que se requiere una modificación urgente de la normativa actual mientras tanto no se apruebe la Ley de Renta Básica.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al tener conocimiento, a través de las noticias publicadas en los medios de comunicación, de que en el margen izquierdo del río Monachil, antes de desembocar en el Genil, se encuentra un camino rural en el que se acumulan “varias toneladas de basura desde hace meses (…) son algo más de trescientos metros en los que se acumula toda suerte de basura inorgánica e, incluso, animales muertos, según aseguran haber visto ciudadanos que pasean a diario por este camino”.

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha defendido este jueves, 21 de enero, la mediación como una fórmula idónea para contribuir a la defensa y garantía de los derechos de la ciudadanía.

Así lo ha manifestado durante su intervención en los actos conmemorativos con motivo del Día Europeo de la Mediación, organizados por la Comisión Permanente de Mediación Málaga, que está integrada por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Diputación y la Universidad de Málaga, Colegios profesionales y Asociaciones de mediadores.

Para el Defensor del Pueblo Andaluz es necesario “impulsar la mediación como instrumento de resolución de conflictos en los que se encuentren afectados los derechos de contenido social establecidos en el Título I del vigente Estatuto de Autonomía, en aras de la búsqueda de consensos y del fomento de la cultura del diálogo, y para la protección de los derechos de los consumidores de bienes y servicios de interés general gestionados por entes privados en los que pudieran resultar afectados estos derechos”.

Junto con la supervisión de las Administraciones Públicas, el Defensor está adecuando su ordenación e intervenciones a ese papel que el Estatuto de Autonomía le otorga como instrumento de garantía de los derechos estatutarios, disponiendo de mecanismos de relación e intervención entre las entidades públicas y privadas para permitir, a través de la mediación, el desempeño de un papel activo y de impulso.

RECOMENDACIÓN: Que desde esa Delegación Territorial se impartan las instrucciones oportunas al Equipo directivo y al Departamento de Orientación del Instituto de Educación Secundaria de Córdoba, para que se promuevan y hagan efectivas las medidas de colaboración y coordinación con los Equipos de Orientación Educativa Especializados, de conformidad con lo establecido en la Orden de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa.