La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 16/0485 dirigida a Consejería de Justicia e Interior

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

La Junta nos explica los recursos dispuestos en Andalucía para atender la acogida de refugiados sirios.

05-02-2016 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido prestando desde su puesta en marcha una singular atención a los grupos y colectivos sociales especialmente necesitados de las funciones de tutela y protección de sus derechos que tiene encomendadas este Comisionado del Parlamento de Andalucía. En la relación de estos grupos surge, por exigencia propia, el de las personas que se ven obligadas a huir de sus respectivos lugares de origen como víctimas de conflictos y situaciones que provocan crisis humanitarias y masivos desplazamientos para evitar graves riesgos de hambruna, amenazas sanitarias o la muerte. Desde luego aludimos con especial preferencia y atención a los niños y niñas amenazados por estas crisis.

Ciertamente los conflictos se suceden en numerosos lugares del mundo y, en estos momentos, uno de sus focos más terribles se sitúa en la grave crisis que padece Siria, que habría provocado 4,6 millones de personas desplazadas.

Según ACNUR “Ahora que el conflicto en Siria está a punto de entrar en su sexto año, 4,6 millones de personas se han convertido en refugiadas, han abandonado sus casas y han buscado un refugio seguro en países vecinos como Líbano, Jordania, Irak, Turquía y Egipto, donde soportan unas duras condiciones de vida que se siguen deteriorando, y sin que se vislumbre una solución a corto plazo para este conflicto. Sólo el Líbano acoge a más de 1 millón de sirios, lo que está suponiendo una gran presión sobre los recursos e infraestructuras del país. Jordania alberga el que es ya el segundo mayor campo de refugiados del mundo: Za'atari, que acoge a más de 80.000 sirios que han huido de la guerra. Además, 6,5 millones de sirios están desplazados dentro del país, donde la situación también se sigue deteriorando.

Y muy especialmente, la Agencia de Refugiados de la ONU explica que “los niños son los principales afectados por este conflicto: más de 14 millones de niños de la región sufren los efectos del cada vez más intenso conflicto que se desarrolla en Siria y gran parte de Irak. De ellos, 2,2 millones de niños y niñas viven como refugiados en Turquía, Líbano, Jordania, Irak, Egipto y otros países del norte de África”.

Esos flujos de desplazados fijan su mayoritario destino en territorios de los países miembros de la Unión Europea, cuyas autoridades están organizando los sistemas de acceso, asignación de destinos, régimen legal de presencia en los territorios y las medidas que permitan su convivencia en los distintos países que acogerían estos flujos de desplazados. Estas negociaciones se presentan complejas por sus contenidos e igualmente difíciles en cuanto confluyen diferentes valoraciones y posturas de los países miembros.

Las autoridades españolas participan en ese marco de decisión y la ejecución en nuestro territorio nacional de los acuerdos y compromisos, que se alcancen, lo que implicará igualmente al ámbito de responsabilidades y competencias de las Comunidades Autónomas que resulten como destino de estas personas acogidas por España.

Así pues, Andalucía está llamada a participar en el despliegue de medidas de recepción, asistencia emergente y acciones de integración de esta población. Hemos tenido conocimiento de iniciativas de la Junta de Andalucía que anunciaban la puesta en marcha de trabajos preparatorios con las distintas Administraciones implicadas y entidades comprometidas en apoyo de estos colectivos. Se ha mencionado la cifra de 2.000 o 3.000 refugiados, aún a falta de una concreción por parte de las autoridades españolas en el seno de la Conferencia Sectorial preparatoria celebrada en Septiembre de 2015. También se ha mencionado, en contactos al más alto nivel con ACNUR-España, que los dispositivos estaban en marcha para actuar y que se habían previsto reuniones preparatorias con todas las instancias interesadas.

Ciertamente, en el seno de la organización de la Junta de Andalucía, existe la Comisión Interdepartamental de Políticas Migratorias, creada por el Decreto 382/2000, de 5 de septiembre, y modificada por el Decreto 116/2005, de 3 de mayo, es el órgano de asesoramiento de la Junta de Andalucía en materia migratoria. Adscrita a la Consejería de Justicia e Interior, le corresponde la coordinación e impulso de las actuaciones en materia de migración que en el ámbito de sus competencias mantienen las distintas consejerías de la Junta de Andalucía. Específicamente sus funciones son:

-Promover la coordinación e impulso de las actuaciones en materia de migración que en el ámbito de sus competencias mantienen las Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía.

-Informar sobre las repercusiones de la normativa vigente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en las competencias propias de la Junta de Andalucía.

-Proponer las medidas necesarias para el desarrollo y aplicación de la normativa vigente en relación con los procesos migratorios en Andalucía.

-Elaborar propuestas para su elevación a las distintas Administraciones Públicas en relación con la situación y problemática de los extranjeros en Andalucía.

-Aquellas otras funciones que le sean asignadas en materia de asesoramiento de política migratoria.

Es por ello que, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora sobre la posibilidad de iniciar actuación de oficio, se propone solicitar informe a la Consejería de Justicia e Interior, en cuanto departamento al que está adscrita dicha Comisión, en relación con:

1.- Programas o actuaciones que se apliquen desde el ámbito de la Junta de Andalucía en atención a las personas desplazadas del conflicto sirio.

2.- Acciones preparatorias de colaboración con entidades o asociaciones de apoyo a este colectivo.

3.- Preparación y contacto con el resto de las administraciones para disponer los recursos para la acogida de este colectivo.

4.- Previsiones singulares que estén incluidas en el seno de estas actuaciones destinadas a la población menor de edad con sus especiales necesidades sanitarias, educativas, afectivas, y de superación de los traumas vividos durante el conflicto y su desplazamiento. 

04-04-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

Del contenido del extenso y detallado informe recibido desde la Consejería de Justicia e Interior queremos deducir la disposición de la Comunidad Autónoma para contribuir, en el ámbito de sus competencias, al proyecto de acogida de los flujos de personas que, en cuanto refugiadas, accedan al territorio nacional en el marco de las decisiones que se adopten desde la Unión Europea.

En tal sentido, somos conscientes del actual proceso de discusión respecto de la asignación de estos cupos entre los países miembros, por lo que se desconoce, al día de la fecha, el número concreto de personas que serían adscritas al ámbito territorial de Andalucía.

Más allá de esta cifra, hemos trasladado que la intención de esta Institución ha sido conocer y, en su caso, promover las actuaciones previas de carácter organizativo que permitieran ofrecer una eficaz predisposición colaboradora en esta tarea. A tenor de esta información debemos deducir que las labores de planificación se están acometiendo y, por tanto, confiamos que Andalucía sea un referente de implicación y respuesta ante este reto que, como bien afirman, tiene un alcance histórico por la gravedad de la situación creada y el número de personas desplazadas que buscan cobijo y ayuda en Europa.

Así pues, hemos de tomar buena cuenta de las medidas desplegadas hasta el momento desde la Consejería y prestaremos la atención preferente a la ejecución de las intervenciones de acogida que sean gestionadas desde la Administración autonómica.

Procede concluir la queja en vías de solución y evaluar nuevas actuaciones en la medida en que se van produciendo las acciones de acogida de estos cupos de refugiados.

La prevención y la detección de los casos de acoso escolar, claves para erradicar este problema

El Defensor del Menor de Andalucía y Save the Children han llamado la atención sobre la necesidad de incrementar las actuaciones de detección temprana y de prevención de las situaciones de acoso escolar y ciberacoso como elementos claves para erradicar este problema y proteger a las víctimas en su proceso de recuperación.

Ambas instituciones han organizado unas jornadas que bajo el título ¡Tu no juegas! ha abordado esta problemática desde la triple perspectiva de la prevención, la detección y la recuperación de las víctimas.

La Adjunta al Defensor del Pueblo Andaluz, María Juana Pérez; el Delegado de Educación en Granada, Germán González; el Responsable de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca, y el Director de Medialab de la Universidad de Granada han inaugurado este encuentro, este jueves 18 de febrero, en Granada. 

Durante su intervención, la Institución del Defensor del Menor ha planteado los retos actuales para seguir avanzando en la lucha contra esta forma de violencia y maltrato entre niños y niñas y adolescentes. Entre ellos, una mayor implicación y coordinación de los poderes públicos y toda la comunidad educativa; medidas formativas a los profesionales, las familias y los menores para saber identificar el problema y cómo actuar; e incremento de las medidas de prevención y detección del problema.

El Defensor del Menor de Andalucía ha señalado el problema actual para denunciar los casos de acoso, bien porque los mecanismos de denuncian son insuficientes, bien porque no son conocidos. Por ello ha insistido en la urgencia de disponer de datos que permitan conocer la verdadera entidad del problema y de formación para saber detectar a tiempo estos supuestos de acoso.

Por su parte, Save the Children ha presentado los datos del último informe sobre este fenómeno Yo a eso no juego, realizado a partir de una investigación basada en entrevistas a más de 21.000 estudiantes de 12 a 16 años en todo el territorio nacional. Según estos datos, un 9,3% de los estudiantes considera que ha sufrido acoso en los dos últimos meses y más del 6% se considera víctima de ciberacoso. En cuanto a los acosadores, un 5,4% de los niños reconoce haber acosado a alguien y un 3% de haberlo hecho a través de Internet o redes sociales.

En Andalucía, las cifras de este informe señalan un 12,2% ha sido víctima de acoso escolar y un 10,4%, de ciberacoso.

Por ello, el informe aboga por una estrategia de lucha integral que tenga los recursos para prevenir la violencia antes de que se produzca; frenarla cuando ya ha sucedido y ayudar a superarla con medidas educativas y de protección tanto para la víctima como para el agresor.

La jornada de este jueves ha querido visibilizar este fenómeno y propiciar un debate público entre todos los agentes implicados. Para ello, además de la intervención de ambas instituciones, han participado también María Salmerón, pediatra de la Unidad de Medicina de la adolescencia del hospital universitario La Paz, que ha presentado la guía sobre acoso escolar y ciberacoso para profesionales de la salud, y Mª Angels Verdejo, experta interdisciplinar de Estudios de la Mujer, que ha abordado el tema de la violencia de género y las redes sociales en el ámbito educativo.

La jornada ha concluido con dos mesas redondas donde se han dado a conocer algunas buenas prácticas en la lucha contra el acoso en los centros educativos y a través de las redes sociales, y se le ha dado la voz a los protagonistas, los menores, que han participado en programas de prevención de la violencia organizados por Save the Children  o a través del foro e-Menores del Defensor del Menor.

 

9.30 h: Jornada "Tu no juegas". Acoso Escolar y Ciberacoso
Que se actúe ante las causas del incendio de Lújar y se adopten medidas adicionales para aminorar el riesgo de incendio en la zona

El Defensor del Pueblo Andaluz sugiere a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que lleve a cabo una investigación para estudiar posibles medidas adicionales y/o alternativas con el fin de aminorar el riesgo de incendios en la zona de la Sierra de Lújar así como, si se confirma que la causa del incendio puso ser el estado en que se encontraba una línea eléctrica, que se estudien las medidas necesarias para que la titular de esta línea asuma las responsabilidades a que haya lugar, siempre previos los trámites legales oportunos.

Analizamos como identificar los casos de acoso escolar y ciberacoso

El Defensor del Menor de Andalucía y Save the Children abordan el tema del acoso escolar y el cibercaso bajo el lema ¡Tu no juegas! y desde la triple perspectiva de la prevención, la detección y la recuperación de las víctimas.

La interesada solicitaba ser parte interesada y perjudicada en los expedientes sancionadores incoados a raíz del fallecimiento de su madre, residente en un centro para personas mayores de Granada.

Actuamos de oficio ante el conocimiento de un enfermo mental encerrado en su propio domicilio

Hemos tenido conocimiento por las noticias aparecidas en varios medios de prensa escrita, del hallazgo por parte de las fuerzas de seguridad de una persona posiblemente afectada por enfermedad mental, que permanecía encerrada presuntamente por su familiares en su domicilio de Dos Hermanas (Sevilla).

En nuestra condición de Defensor del Menor de Andalucía, hacemos un nuevo llamamiento para que predomine el interés superior del menor en cuantas actuaciones se lleven a cabo para garantizar los derechos humanos de las cientos de miles de personas que están llegando a nuestras fronteras europeas

En septiembre pasado, la Defensora del Pueblo y los nueve Defensores Autonómicos firmamos una Declaración donde alertábamos del drama que supone la guerra, el hambre, la intolerancia y la insolidaridad, que estaba provocando lo que muchos no dudan en identificar ya como la mayor crisis de refugiados vivida por Europa desde la II Guerra Mundial.

Hoy, esta crisis europea de migrantes y refugiados que huyen de la guerra y la intolerancia sigue creciendo y se ha recrudecido ante la alerta internacional dada por el posible aumento de la trata y el tráfico de personas, especialmente de niños y niñas que tras huir de torturas y abusos siguen expuestos a la explotación por parte de las mafias.

Los problemas para controlar el desplazamiento de miles y miles de estos menores ha provocado la voz de alarma de fuerzas internacionales que han denunciado la posibilidad de que sean objeto de organizaciones de tráfico de personas. En concreto, según las últimas noticias, Europol calcula que unos 10.000 niños y niñas refugiados han desaparecido al llegar a Europa. La Oficina Europea de Policía (europol) teme que muchos de esos menores a los que se ha perdido el rastro estén en manos de traficantes de personas.

La explotación de los niños y niñas víctimas de trata atenta frontalmente contra los valores superiores del ordenamiento jurídico, y supone una grave vulneración de los derechos contra la infancia porque atenta contra la dignidad, la libertad y el derecho a la protección. Estas prácticas, además, contravienen cuatro principios generales de la Convención de los derechos del niños, ya que ponen en peligro su supervivencia y desarrollo; refuerzan la discriminación; niegan a la infancia toda participación significativa en asuntos que le afectan; y, por supuesto, atentan contra el principio del interés superior del menor.

La especial situación de vulnerabilidad de estos menores exige un esfuerzo de todas las Administraciones que intervienen en el proceso, acompañados de los recursos que sean necesarios, para otorgarles la protección que les reconocen las normas internacionales, nacionales y autonómica. Urge prestar una especial atención a estos menores por la situación de riesgo y vulnerabilidad a la que están expuestos.

Es por ello que, en nuestra condición de Defensor del Menor de Andalucía, hacemos un nuevo llamamiento a los poderes públicos para que predomine el interés superior del menor en cuantas actuaciones se lleven a cabo para garantizar los derechos humanos de las cientos de miles de personas que están llegando a nuestras fronteras europeas, en la atención de las ingentes y apremiantes necesidades que presentan estos colectivos ciudadanos, sobre todo en los ámbitos habitacional, sanitario y alimentario, y con especial atención a las necesidades de los menores.

El Defensor del Menor y Save the Children organizan un nuevo debate on line sobre acoso escolar y ciberacoso

¿Es posible salir reforzado o reforzada de una vivencia de acoso escolar?

El próximo martes 2 de febrero, a las 19,30 horas, el Defensor del Menor de Andalucía y Save the Children celebrarán una sesión de #debatesMedialabUGR (en colaboración con #debatesGrinUGR y Medialab) con la temática “Acoso escolar y ciberacoso”.

Se trata del segundo debate on line que organizan ambas instituciones para favorecer una reflexión sobre este tipo de violencia entre iguales e invitar a participar a toda la ciudadanía en la prevención, conocimiento y formación para saber cómo actuar en estos casos.

Es por ello que en el hangout previsto para este martes 2 de febrero hablaremos con personas expertas que trabajan en instituciones y entidades que atienden a las víctimas y trabajan para la erradicación de este tipo de maltrato, y contaremos con familias que nos trasladarán cómo han vivido la experiencia del acoso sufrido por sus hijos.

Cuestiones como si es posible salir reforzado o reforzada de una vivencia de acoso escolar o la experiencia de cómo ha vivido una familia una situación de acoso escolar y qué organismos le prestaron ayuda, son algunos de los temas que se tratarán en el próximo debate.

El encuentro se realizará a través de Google Hangout y se podrá seguir por Youtube. Sus conclusiones, así como las del anterior debate celebrado el pasado 16 de diciembre, tendrán su continuación en una Jornada que se celebrará el próximo 18 de febrero de 2016 en Granada (http://www.defensordelmenordeandalucia.es/jornada-acoso-escolar-y-ciberacoso) con la colaboración de Medialab UGR y GrinUGR.

Este tipo de violencia entre iguales tiene efectos negativos en la salud física, el bienestar emocional y el rendimiento académico de los niños, especialmente si dicha violencia se repite en el tiempo o es severa, además de influir en el clima escolar del centro educativo.

Pero también las personas que rodean a la víctima sufren los efectos de este comportamiento, en especial la familia. Se ha comprobado que los padres se sienten deprimidos cuando sus hijos están acosados, sobre todo en aquellos casos en que las consecuencias son especialmente severas, es decir, cuando el niño ha alterado su comportamiento de manera significativa tales como consumo de sustancias, alteraciones emocionales, problemas de alimentación, embarazos no deseados, o responsabilidad penal, entre otros. Padres y madres se sienten inseguros y desesperados por que saben que algo malo le está pasando a su hijo.

Incluso el propio agresor sufre los efectos negativos de este tipo de violencia. Como avalan los estudios realizados sobre esta realidad, no resulta infrecuente que todos aquellos que intervienen en estas situaciones tienen una mayor probabilidad que el resto de sufrir rasgos depresivos y problemas de comportamiento.

Es una responsabilidad conjunta de la comunidad educativa, los padres y los compañeros evitar que el acoso escolar siga existiendo, pero son también necesarias medidas legislativas que lo impidan. Por eso os invitamos a participar. 

POBREZA HÍDRICA: Hay que garantizar que el derecho al agua no esté condicionado a la situación económica de las personas usuarias

Las situaciones de pobreza hídrica constituyen una realidad social inasumible que demanda de una respuesta coordinada por parte de las Administraciones públicas y de los operadores de los servicios de agua.

Es preciso garantizar que el derecho de acceso al agua no resulte limitado o condicionado por las circunstancias económicas de las persona usuarias y para ello es necesario reconocer normativamente este derecho y establecer procedimientos y protocolos de actuación que eviten cortes en el suministro por razones económicas.

El derecho de las personas a recibir un suministro mínimo vital de agua constituye el eje de un debate público de plena actualidad y en el que se discute sobre su obligatoriedad, su universalidad, su alcance, su financiación y los procedimientos para hacerlo efectivo.

Sobre esta realidad versó la ponencia del Defensor del Pueblo Andaluz en la jornada “Medidas de Acción Social en el sector del agua” celebradas el pasado jueves 28 de enero en Sevilla.

La intervención de la Defensoría Andaluza tuvo como título “Responsabilidad social y servicios de interés general. La pobreza hídrica y el mínimo vital como paradigmas de una nueva cultura social del agua”.

Los servicios de interés general reciben este nombre por estar destinados a la producción de bienes o a la prestación de servicios que resultan esenciales para el desenvolvimiento de la vida cotidiana de las personas, por ello están sometidos por el ordenamiento jurídico a una especial regulación, supervisión y control.

Los operadores de estos servicios de interés general asumen una especial responsabilidad en la gestión de los mismos y en relación con las persona usuarias, que trasciende el concepto de responsabilidad social corporativa que con carácter general puede atribuirse a una entidad gestora.

En relación con el suministro de agua, las responsabilidades de los operadores no pueden limitarse a garantizar unos estándares de calidad en la prestación del servicio, sino que deben incluir criterios de responsabilidad social basados en la consideración del derecho al agua como un derecho humano básico.

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