El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha pedido este martes una mayor protección y garantía de los derechos de las personas mayores, sobre todo, de aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Así se ha manifestado en el diálogo que sobre “El derecho a una longevidad saludable” ha mantenido con María Victoria Zunzunegui, -epidemióloga y experta a nivel internacional de los determinantes sociales que afectan a la salud y que condicionan el envejecimiento-, durante la celebración de la jornada, “Mayores y dependientes: calidad y calidez en sus cuidados”, organizada por la Defensoría, en la Fundación Caja Rural del Sur (Sevilla).
Durante su intervención, el defensor andaluz ha recordado que estamos hablando de un sector de la población que supone el 13,9% de la población andaluza mayor de 65 años; de ellas, 200.000 mayores de 80. Y muchas en situación de vulnerabilidad: personas mayores que viven solas, en riesgo incluso vital, por padecer un deterioro físico y cognitivo que les impide valerse por sí mismas, o por un problema de salud mental, sin tener red familiar de apoyo; otras son personas mayores abusadas o maltratadas en su entorno domiciliario y familiar, etc.
Una realidad que a su juicio justifica no solo la necesidad de esta jornada para hablar de los derechos propios de este colectivo sino, sobre todo, de concienciar a la sociedad en general de cómo miramos y cuidamos a las personas mayores a nivel individual, social e institucional. “No por ser mayor la persona pierde su esencia ni dignidad, ni debe suponer merma en la autoestima, en la consideración social o en la institucional, ni en la exigibilidad de sus derechos”, ha dicho el defensor.
Jesús Maeztu ha destacado algunos de los principales problemas que llegan a la Institución: casos de hijos e hijas que deciden por sus padres, bajo el argumento de hacerlo en su beneficio, y otros más severos, de abuso sobre mayores, físico, psicológico o económico. También sobre la decisión de traslado a una residencia, donde no siempre obedece a una elección real de la persona mayor, a pesar de la apariencia formal; el manejo de su patrimonio por parte de alguno de los hijos; la desatención en sus necesidades físicas; la soledad…
Y nuevamente ha mostrado su preocupación por el funcionamiento del Sistema de la Dependencia, donde el defensor andaluz ha vuelto a recordar, como ya dijo en el Parlamento durante la defensa del Informe Anual 2024 que “más del 90% de las numerosísimas quejas que se presentan ante el Defensor del Pueblo Andaluz en materia de dependencia se refieren no sólo a personas mayores, sino a personas muy mayores (de más de 80 años) y todas ellas están afectadas por demoras. “Tenemos un Sistema que necesita una financiación pública más adecuada a esta realidad, con mejoras en la planificación, gestión y coordinación. El derecho a la dependencia debe determinar el presupuesto que se necesita y no a la inversa”, ha lamentado el defensor.
En cuanto a la gestión de las residencias de mayores, la problemática que llega a la Institución tiene que ver con la atención sanitaria en las residencias; las dificultades para las visitas médicas a demanda presenciales; las condiciones en el traslado a los servicios de urgencias hospitalarios y los cuidados sanitarios o socionsanitarios que se aplican en los propios centros por el personal de las residencias, entre otras.
El defensor ha demandado mayor agilidad y coordinación sociosanitaria entre las distintas administraciones, dada la vulnerable situación de las personas afectadas y también para la atención a las personas mayores ingresadas en centros hospitalarios en los que el alta clínica plantea el dilema de dónde pasar su convalecencia antes de retornar a su domicilio, o directamente el de cómo superar los trámites para obtener una plaza residencial. “En todos estos casos es crucial la intervención del trabajo social, comunitario y sanitario, con la misión de activar la respuesta coordinada de uno o varios instrumentos del sistema de protección social”, ha dicho el defensor.
Por su parte, María Victoria Zunzunegui ha compartido las principales conclusiones de su investigación sobre qué es envejecer bien, resumiendo como conclusión final de los propios protagonistas que es “mantener su autonomía y capacidad cognitiva, y ausencia de dolor crónico”. En este sentido, ha destacado que los determinantes sociales y económicos que nos permiten este envejecimiento de calidad se centran en dos imprescindibles: tener una pensión suficiente -que la cifra entorno al Salario Mínimo Interprofesional- y disponer de un hogar. Además de otras dos referidas a mantener unas pautas saludables y no tener violencia en el hogar.
Aunque reconoce que las residencias son necesarias, sobre todo, para personas mayores que padecen un gran deterioro, ha defendido la permanencia en el hogar, con ayuda sociosanitaria hasta el máximo tiempo posible y reclamado mejoras en el modelo residencial actual: ”las residencias distan mucho de ser viviendas dignas”, ha dicho.
En este sentido, ha presentado una batería de propuestas, entre ellas, la equidad entre territorios en la prestación del servicio; más recursos materiales y humanos para garantizar esta atención sociosanitaria durante todo el proceso; formación y apoyo a los distintos profesionales y las familias, con especial atención a la persona que ejerce de cuidador o cuidadora; apuesta por la hospitalización domiciliaria y favorecer la garantía de otros derechos como la educación, siempre que sea posible y, ampliación del horario de atención a estos menores, las 24 horas al día, los 7 días de la semana.
