La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ha iniciado una actuación de oficio para conocer las circunstancias denunciadas en relación con los retrasos en la emisión de informes radiológicos para la determinación de edad de menores extranjeros no acompañados en un hospital de la provincia de Almería, una situación que, de confirmarse, estaría obligando a estos menores a permanecer durante toda la noche a la espera de la redacción del informe necesario para acreditar su minoría de edad.

La actuación se ha abierto tras la recepción de un correo electrónico anónimo en el que se alerta de que, aunque las pruebas radiológicas se realizan en horario nocturno, el informe imprescindible para derivar a estos menores a los centros de protección no se elabora hasta la mañana siguiente. Según este relato, esa demora provoca que los niños y adolescentes tengan que pasar horas de espera en condiciones inadecuadas hasta que se confirme oficialmente su minoría de edad.

Aunque el escrito fue remitido de forma anónima y no reunía los requisitos formales exigidos para su tramitación ordinaria, la Defensoría ha acordado intervenir de oficio ante la gravedad de los hechos descritos y su posible incidencia en los derechos de personas menores de edad especialmente vulnerables.

La institución considera necesario esclarecer si se están produciendo estas demoras y, en su caso, si la respuesta administrativa y sanitaria ofrecida garantiza una atención digna, ágil y ajustada al interés superior del menor.

La Defensoría recuerda que la protección de la infancia exige que cualquier actuación relacionada con menores no acompañados se desarrolle con la máxima diligencia y coordinación entre administraciones, evitando esperas innecesarias o situaciones que puedan agravar su desamparo. Por ello, se ha dirigido a las instancias competentes para recabar información sobre estos hechos y valorar las medidas que resulten oportunas.

· Participa en el Congreso Internacional “Seguridad Social y Acuerdos de Libre Comercio”, patrocinado por el Instituto Europeo de Relaciones Industriales

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha intervenido hoy en el Congreso Internacional Seguridad Social y Acuerdos de Libre Comercio, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y patrocinado por el Instituto Europeo de Relaciones Industriales (IERI).

Durante su participación en la inauguración, Jesús Maeztu ha advertido de las limitaciones en la protección efectiva de los derechos laborales dentro de estos marcos internacionales. El Defensor ha señalado que estos acuerdos han incorporado el llamado factor humano, ya que no solo afectan al movimiento de bienes y capitales, sino también a trabajadores cualificados, técnicos e ingenieros que desarrollan su actividad en distintos países.

Sin embargo, Maeztu ha subrayado que, aunque estos instrumentos recogen derechos laborales básicos, su vulneración no siempre activa mecanismos reales de corrección o sanción. En este sentido, ha advertido de que ahí reside una de sus principales debilidades: el reconocimiento formal de derechos no siempre se traduce en una protección real y efectiva de las personas trabajadoras.

Por ello, el Defensor ha defendido que el elemento humano no puede ser un mero acompañamiento del comercio, sino un límite efectivo al desarrollo económico, con garantías suficientes para preservar la dignidad laboral y la protección social.

El congreso internacional Seguridad Social y Acuerdos de Libre Comercio, que se celebra hasta mañana en la Facultad de Derecho de Sevilla se articula en una inauguración institucional y varias mesas temáticas sobre la seguridad social en los acuerdos de libre comercio europeos, americanos y del espacio iberoamericano, en el acuerdo UE-Reino Unido, en la cuenca del Pacífico y África, además de sesiones sobre los orígenes históricos de la protección social y sobre los llamados “espacios líquidos y dificultades de fijación”, con coloquios, comunicaciones complementarias y clausura institucional.

En cuanto a la procedencia de los ponentes, el programa reúne un perfil claramente internacional, con participantes vinculados a universidades e instituciones de España, Italia, Alemania, Colombia, Costa Rica, Perú, Reino Unido, Bangladesh, Malasia, Botsuana, Sudáfrica, Angola, Argentina y Chile, lo que refuerza el carácter comparado y transnacional del encuentro.

La mediación se consolida como una herramienta clave para mejorar el funcionamiento del sistema de Justicia, reducir la litigiosidad y ofrecer soluciones más ágiles a la ciudadanía. Así lo han puesto de manifiesto el Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río; y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en la inauguración de la jornada conmemorativa del décimo aniversario del servicio de mediación de la Defensoría, que al mismo tiempo propone el reto de avanzar hacia la mediación intrajudicial.

El Defensor del Pueblo andaluz ha hecho balance de los diez años de funcionamiento de este servicio, que desde 2016 ha permitido transformar el modelo tradicional de gestión de quejas, pasando de la reiteración de conflictos a la búsqueda de soluciones compartidas. En este periodo, la institución ha tramitado más de 2.000 expedientes de mediación, con niveles de acuerdo cercanos al 80% y una alta satisfacción de las partes implicadas.

Maeztu ha subrayado que la mediación ha permitido descongestionar el sistema de quejas, activar a la ciudadanía y trasladar el foco hacia los conflictos colectivos, generando espacios de diálogo en condiciones de mayor equilibrio entre administraciones y ciudadanía. “No es un complemento del sistema, sino una evolución necesaria”, ha señalado, destacando además que esta herramienta forma parte del ADN de la institución y de su compromiso con la cultura de paz y la participación democrática.

De cara al futuro, el Defensor ha planteado el reto de avanzar hacia la mediación intrajudicial en el ámbito contencioso-administrativo, como vía complementaria para reducir los largos plazos de resolución —que pueden alcanzar entre cinco y quince años— y los elevados costes asociados. Para ello, ha propuesto la creación de un espacio de prueba o laboratorio en colaboración con los órganos judiciales, que permita evaluar su eficacia en un plazo de uno a dos años.

Por su parte, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha mostrado un respaldo firme a la mediación, a la que ha definido como “otra forma posible de hacer justicia” basada en el diálogo y el consenso, y ha defendido que los acuerdos alcanzados entre las partes ofrecen soluciones más eficaces y duraderas que las resoluciones judiciales, al tiempo que contribuyen a aliviar la sobrecarga de los tribunales.

Asimismo, Del Río ha subrayado la necesidad de crear la estructura que permita derivar conflictos hacia la mediación antes de llegar a juicio y ha animado a avanzar “sin miedo” en su implantación dentro del ámbito público. Por ello, Del Río ha considerado “complementario” el paso anunciado por la Defensoría para recibir casos desde la justicia ordinaria, lo que ha provocado la “confianza” del Defensor en avanzar en esta propuesta.

El representante de los jueces ha destacado el papel del Defensor del Pueblo Andaluz como aliado estratégico por su cercanía a los problemas reales de la ciudadanía y su capacidad para generar espacios de diálogo en ámbitos especialmente sensibles como la educación, la sanidad o los servicios públicos.

Durante su intervención, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha agradecido al Defensor la organización de este encuentro para difundir la mediación en un momento en el que los medios alternativos de solución de conflictos (MASC), a través del diálogo y el consenso, están adquiriendo un papel cada vez más relevante dentro del sistema de Justicia, con su inclusión en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia de 2025.

El consejero ha subrayado que la “larga trayectoria de apuesta por la mediación de la Defensoría nos permite colocarla como autoridad de referencia” en la materia, por lo que su experiencia “ha servido de inspiración” a la Consejería para fomentar esta vía entre la ciudadanía como alternativa al pleito, con servicios públicos como el de Mediación Penal (SEMPA) creado en mayo de 2024 y el de Mediación Civil y Mercantil en el que se está trabajando, además de la colaboración con los Colegios de Graduados Sociales para la mediación en conflictos laborales ya judicializados.

Los juzgados penales andaluces han derivado al SEMPA en casi dos años más de 8.000 asuntos, la mayoría delitos leves de amenazas y lesiones, y los profesionales de este servicio han logrado más de 4.000 acuerdos que se han cerrado en un tiempo medio de un mes frente a los 14 meses que suelen tardar estos procesos en los juzgados, lo que supone un importante ahorro de tiempo y costes y un alivio para que los tribunales puedan dedicarse a causas complejas.

Las tres instituciones han coincidido en que el impulso de la mediación no solo contribuye a mejorar la eficiencia del sistema judicial, sino que fortalece la confianza en lo público y amplía los espacios de acuerdo en una sociedad que demanda soluciones más rápidas, dialogadas y eficaces.

El Defensor del Pueblo andaluz celebra este miércoles en Sevilla la jornada 10 años de Mediación del dPA: el reto de la mediación intrajudicial, un encuentro con el que la Institución quiere hacer balance de una década de experiencia en mediación administrativa y abrir una reflexión sobre los nuevos desafíos de esta herramienta, entre ellos el impulso de la mediación intrajudicial.

La jornada, que fue aplazada en enero con motivo del accidente ferroviario de Adamuz, se retoma ahora como un espacio de encuentro, análisis y propuesta en torno a una forma de intervención que ha marcado un cambio de paradigma en la gestión de conflictos entre ciudadanía y administraciones.

Desde la puesta en marcha de este servicio en 2016, el Defensor del Pueblo andaluz ha tramitado más de 1.700 expedientes de mediación, una trayectoria que expresa la consolidación de una metodología basada en la voluntariedad, la escucha, el diálogo y la búsqueda compartida de soluciones. El propio balance de estos diez años refleja, además, la intensidad de esta labor: prácticamente un conflicto gestionado por mediación cada 48 horas.

La jornada servirá precisamente para poner en valor ese trabajo acumulado y para reivindicar la mediación como una herramienta eficaz para mejorar la relación entre la ciudadanía y los poderes públicos, reducir los efectos del silencio administrativo, prevenir la escalada del conflicto y favorecer acuerdos desde la participación directa de las partes. El modelo impulsado por el Defensor del Pueblo andaluz ha permitido abrir un espacio distinto al de la respuesta unilateral de la Administración, incorporando un enfoque más transversal, más participativo y más orientado a la cultura de paz.

El programa se desarrollará en la Fundación Cajasol, en Sevilla, y contará en la apertura con la participación de Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía; Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla; y José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía.

El programa incluye la ponencia Mediación: por qué un modelo de intervención propio, a cargo de Marina Otero, asesora del área de Cultura de Paz, Justicia y Mediación del Defensor del Pueblo Andaluz.

A continuación se celebrará la mesa redonda Experiencias de participación en procesos de mediación del dPA, moderada por María José Ruiz, asesora técnica de Cultura de Paz, Justicia y Mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, con la participación de Pilar López, asesora jurídica de colectivo de ciudadanía; Raúl Castilla, alcalde de Sanlúcar la Mayor; Álvaro Burgos, delegado territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía en Huelva; Nuria Sampedro, jefa del Servicio de Asistencia Técnica y Urbanismo en la Delegación de Asistencia a Municipios y Emergencias de la Diputación Provincial de Granada; y José Antonio Cebrián, asesor del área de Cultura de Paz, Justicia y Mediación del Defensor del Pueblo Andaluz.

La segunda mesa redonda se centrará en Retos y desafíos para la mediación administrativa, moderada por Marina Otero, con la intervención de Esteban Rondón, director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía; Luis Miguel Blanco, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León; y Eduardo Candau, consejero asesor del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

El Defensor del Pueblo Andaluz y el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) han firmado hoy un convenio específico en materia de formación dirigido a reforzar la capacitación del personal de la institución y a mejorar la planificación, desarrollo y evaluación de su formación continua.

El convenio ha sido suscrito por el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu; el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el director del Instituto Andaluz de Administración Pública, José Loaiza.

Este acuerdo se enmarca en el convenio marco de colaboración vigente entre ambas instituciones y permitirá la organización conjunta de cinco acciones formativas en modalidad online incluidas en el Plan de Formación Corporativa del IAAP. En concreto, la colaboración incluye contenidos relacionados con el procedimiento administrativo común, el régimen jurídico del sector público, la función pública andaluza y la gestión documental y organización de archivos de oficina.

Según recoge el texto suscrito, el IAAP pondrá a disposición del Defensor del Pueblo Andaluz una plataforma de teleformación con el contenido de estas cinco acciones formativas, además de asumir su mantenimiento técnico. Por su parte, la institución del Defensor asumirá la gestión y el desarrollo de las acciones formativas destinadas a su personal, incluyendo la selección del profesorado, las tutorías, la atención al alumnado y la certificación correspondiente. Este convenio estará vigente hasta septiembre de 2027, en consonancia con la duración del convenio marco del que deriva.

La firma de este acuerdo refuerza la colaboración institucional entre ambas entidades y contribuye a seguir mejorando la cualificación del personal al servicio del Defensor del Pueblo Andaluz, como herramienta al servicio de una atención más eficaz y de mayor calidad a la ciudadanía.

· Jesús Maeztu ofrece un Decálogo para afrontar la crisis habitacional y medidas para que las ayudas y la atención pública lleguen a tiempo

· Llamamiento a reforzar la buena administración y la cultura democrática: planificar, simplificar y cumplir para que los derechos sean efectivo

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha presentado el Informe Anual correspondiente a 2025 poniendo el foco en las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía en su relación cotidiana con las administraciones públicas: el acceso a una vivienda digna; las demoras en sanidad o dependencia; las dificultades para obtener información clara y una respuesta en plazo, y la sensación de desigualdad territorial cuando el derecho depende del lugar en el que se vive o del canal por el que se intenta acceder.

El informe presentado al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, confirma que, cuando la Administración no responde con tiempos razonables y procedimientos comprensibles, el derecho se debilita y se instala una desconfianza que afecta al conjunto del sistema democrático.

Jesús Maeztu ha puesto en valor las más de 37.000 personas que han confiado en la Institución para defender sus derechos en su relación con las administraciones públicas y que ha supuesto un incremento inédito de un 30% en la presentación de quejas nuevas, con un total de más de 13.000 iniciadas. Las materias con mayor incidencia fueron Dependencia, Salud, Educación, Consumo, Vivienda, Personal del sector público y Discapacidad. A estas quejas se sumaron más de 3.000 expedientes procedentes de los últimos meses de los ejercicios anteriores, 53 actuaciones de oficio y 17.494 consultas atendidas, cifra récord que supera incluso la registrada durante la pandemia. En conjunto, la Institución desarrolló más de 34.000 actuaciones: una media de 95 al día, con impacto directo en miles de personas y sus familias.

La vivienda se consolida como el principal termómetro social. El Defensor ha advertido de que la falta de oferta asequible, el parque público insuficiente, la presión del mercado en zonas tensionadas y los retrasos en ayudas al alquiler convierten el acceso a un hogar en una carrera de obstáculos para miles de familias. Para revertir esta situación, el Informe incorpora un Decálogo de medidas que prioriza la ampliación y protección del parque público, la movilización de recursos residenciales, la coordinación efectiva con los servicios sociales para prevenir pérdidas de vivienda y la mejora de la gestión de ayudas para que cumplan su finalidad cuando más se necesitan. También reclama ordenar el impacto de la vivienda turística donde reduce el alquiler residencial y agrava procesos de sustitución social, además de impulsar una respuesta integral al sinhogarismo, con soluciones estables y cooperación con el Tercer Sector.

Junto a la vivienda, el Informe subraya la persistencia de las demoras en servicios esenciales, especialmente en sanidad y dependencia, y ha enfatizado que los retrasos no son solo burocracia, “son desprotección”. La ciudadanía traslada dificultades de acceso, esperas prolongadas, discontinuidad y falta de orientación, con un impacto especialmente duro en personas mayores, familias cuidadoras y quienes tienen menos recursos por su vulnerabilidad o sufren brecha digital. Estas situaciones se trasladan además a otros recursos públicos como rentas de subsistencia, valoración de la discapacidad, ayuda al alquiler, alumnado con necesidades especiales, y otro tipo de subvenciones. El Defensor del Pueblo andaluz ha insistido en que la modernización de la Administración debe medirse por su eficacia real: atención accesible, información comprensible, coordinación entre niveles y respuestas motivadas.

El Informe incorpora además un mensaje de fondo sobre valores democráticos y garantías institucionales: frente al avance de discursos de odio y la polarización, es imprescindible sostener la igualdad y la no discriminación; reforzar los derechos sociales y laborales; garantizar la convivencia democrática y la sostenibilidad ambiental como condición de seguridad; y proteger instituciones de garantías como el Defensor del Pueblo Andaluz.

La conclusión se resume en una llamada a la acción: planificar con recursos y objetivos verificables, simplificar trámites y canales para que nadie quede fuera, y cumplir plazos y compromisos, “porque los derechos no se defienden solo proclamándolos, sino haciéndolos efectivos”, ha señalado Jesús Maeztu.

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ha entregado en Ubrique (Cádiz) uno de los reconocimientos correspondientes a la XVIII edición del Premio “Así veo mis derechos”, un certamen con el que la institución promueve entre niños, niñas y adolescentes el conocimiento, la reflexión y la defensa activa de sus derechos.

El acto de entrega ha contado con la participación de la adjunta primera al Defensor del Pueblo Andaluz, Juana María Pérez Oller, y de la asesora de Infancia y Adolescencia, María Teresa Salces, quienes han hecho entrega del premio a una alumna del CDP Sagrado Corazón de Jesús de Ubrique, distinguida en la modalidad de dibujo por un trabajo centrado en el derecho a la libertad de expresión.

Este reconocimiento forma parte del fallo del jurado de la XVIII edición, en la que también han sido premiados otro dibujo, sobre el derecho a la integración, realizado por un alumno del International School Estepona (Málaga), y un vídeo del IES Aurantia de Benahadux (Almería) sobre el derecho a la libertad de expresión y a ser escuchado.

La Defensoría ha destacado que este premio persigue un doble objetivo: dar a conocer los derechos de la infancia y la adolescencia y escuchar la mirada de los propios menores sobre aquellos asuntos que les afectan, fomentando además su participación, la colaboración entre iguales y el compromiso de la comunidad educativa en su defensa y protección. La convocatoria, que se celebra anualmente con motivo del Día Universal del Niño, contempla las modalidades de dibujo y vídeo, y cuenta con la colaboración del profesorado, de los centros educativos y de entidades como Save the Children, Unicef y el Consejo de Menores de la propia Defensoría.

Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el Defensor del Pueblo Andaluz se suma al llamamiento internacional de ONU Mujeres: “Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y las niñas”. Es un mensaje esencial porque recuerda que la igualdad no se mide solo por principios proclamados, sino por los derechos que se ejercen y por las vidas que mejoran. Y porque nos obliga a mirar, con rigor, las brechas que persisten: en el acceso a oportunidades, en la corresponsabilidad de los cuidados, en la autonomía económica, en la vivienda y en la participación plena en la vida social, cultural y política.

Hablar de derechos y justicia es hablar de garantías: de leyes que protegen, de instituciones que responden y de administraciones que facilitan, no que complican. La experiencia de esta Defensoría confirma que la desigualdad se agrava cuando la ciudadanía tropieza con barreras administrativas, como plazos que se incumplen, requisitos desproporcionados, atención inaccesible o excesivamente automatizada. Por eso, el enfoque “Derechos. Justicia. Acción” es también una exigencia de buena administración: una igualdad real necesita procedimientos comprensibles, atención humana y resoluciones en plazo, especialmente cuando hay menores, pobreza o situaciones de especial vulnerabilidad.

Esta desigualdad estructural nos obliga a reforzar políticas que pongan en el centro la vida cotidiana: el tiempo de cuidados, el empleo digno, la formación, la vivienda asequible y la protección social efectiva. En este marco, la violencia contra las mujeres no puede ocupar un lugar secundario en la acción pública. Porque la violencia machista es, ante todo, una negación radical de derechos y una quiebra de la justicia. En 2025, 14 mujeres fallecieron por violencia de género en Andalucía, y este 2026 ya han sido asesinadas tres a manos de sus parejas o ex parejas, unas cifras intolerables que exigen perseverancia en prevención, protección y reparación, garantizando atención integral y evitando la revictimización.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo Andaluz reafirma su compromiso con una agenda concreta, orientada a resultados:

• Derechos: remover obstáculos que limitan la igualdad en el empleo, en la vivienda, en los cuidados y en el acceso a prestaciones, con especial atención a niñas y adolescentes y a mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad.

• Justicia: reforzar servicios públicos accesibles y coordinados, con procedimientos claros y plazos razonables, para que la igualdad no dependa de la capacidad de “navegar” por la administración.

• Acción: impulsar medidas efectivas y evaluables —también en prevención de violencias— y asegurar que lleguen a tiempo, donde más se necesitan, con cooperación entre administraciones y con el tejido social.

Este 8 de marzo de 2026 es, por tanto, una llamada a sostener los avances y a acelerar los cambios pendientes: una Andalucía con derechos efectivos, justicia igualitaria y acción pública constante para todas las mujeres y niñas, sin excepciones.