INTERVENCION DEL dPA EN LA COMPARECENCIA ANTE LA COMISION DE SALUD DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS EN LA CONTRATACIÓN DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS SOBRE LA VIVIENDA (noviembre 2015)

El Defensor ha reconocido el importante avance que esta Ley puede suponer al ofrecer una mayor garantía para las personas consumidoras durante todo el proceso de preparación y celebración del contrato hipotecario y mejorar sustancialmente la transparencia del proceso, eliminando o dificultando las prácticas indebidas de las empresas prestamistas dirigidas a limitar la capacidad de elección y decisión de las personas consumidoras.

No obstante, ha lamentado que la norma llegue tarde y que su alcance deba limitarse, por razones competenciales, a los actos preparatorios del contrato, sin entrar a regular el contenido del propio contrato, lo que hubiera permitido limitar prácticas indebidas como aquellas que determinan la inclusión de cláusulas abusivas o claramente perjudiciales para las personas contratantes.

En este sentido, ha señalado a la Comisión que el problema principal de la actual legislación hipotecariano no estriba en la falta de información y conocimiento por parte de las personas consumidoras acerca de los posibles riesgos derivados de la firma de un contrato de préstamos hipotecario, sino que está en el hecho de que la legislación posibilite que la firma de un contrato hipotecario pueda convertirse en una operación de riesgo para una persona consumidora.

Por ello, ha valorado muy positivamente la decisión de elaborar un modelo de Contrato de Préstamo Hipotecario de Confianza, en el que considera que no deben tener cabida aquellos elementos accesorios y complementarios que dificultan la decisión de la persona consumidora y se constituyen en puerta de entrada para todo tipo de cláusulas abusivas y prácticas indebidas, como es el caso de las comisiones de demora o las cláusulas de vencimiento anticipado, que deberían estar reguladas por Ley, prohibiendose además la vinculación del contrato con otros productos y servicios, tales como seguros, tarjetas de crédito o planes de pensiones, que deberían ser objeto de negociación aparte.

Hemos abierto queja de oficio interesándonos por la tramitación de sugerencias y reclamaciones en materia sanitaria, la recogida de datos, y las explotación que se haga de los mismos en forma de medidas que tiendan a superar las deficiencias detectadas.

Nos hemos dirigido a la Consejería de Salud, al Servicio Andaluz de Salud, a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultado en Salud, y a los Complejos Hospitalarios de Torrecárdenas de Almería, Hospital Puerta del Mar de Cádiz, Hospital Regional Reina Sofía de Córdoba, Hospital Virgen de las Nieves de Granada, Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, Complejo hospitalario Ciudad de Jaén, Hospital Carlos Haya de Málaga, y Hospital Virgen del Rocío de Sevilla

Por primera vez, cerca de 200 países, en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP21, han ratificado un tratado, de ahí su carácter vinculante, para alcanzar un objetivo que la mayoría de los participantes y amplio sectores de la sociedad civil consideraban irrenunciable: no superar en el año 2100 en 2 C° la temperatura de nuestro planeta respecto de “los niveles preindustriales”.

Ese objetivo se ha asumido por las partes firmantes del tratado, 195 países, e incluso se ha producido una “declaración de intenciones” para que esa temperatura no se supere en un grado y medio.

No obstante, estos compromisos se asumen a distintas velocidades y con diferentes esfuerzos según se trate de países desarrollados, emergentes o en situación de pobreza.

Por otro lado, aunque se han previstos revisiones quinquenales del grado de compromiso asumidos a partir de 2020 es lo cierto que no existen claras vinculaciones jurídicas por objetivos calendarizados para la mayoría de los países.

En este contexto no podemos obviar que según el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el cambio Climático, IPCC, el calentamiento provocado en gran medida por la emisión de gases de efecto invernadero, singularmente dióxido de carbono, provocado por el consumo de energías fósiles va a continuar en los próximos años, siendo así que en 2030 se seguirán produciendo más gigatoneladas de gases de este tipo de las que sería exigible para conseguir al menos su neutralización.

Por otro lado, no podemos obviar tampoco que no se observan en el texto del acuerdo compromisos claros sobre la necesaria descarbonización de la economía, muy probablemente para facilitar la firma del acuerdo de importantes países productores de petroleo.

Se tiene previsto realizar una importante aportación económica por parte de los países desarrollados para compensar los esfuerzos y las consecuencias que la exigencia de la lucha contra el cambio climático pueda tener en otros países, pero no tenemos certeza sobre el grado de compromiso que real y efectivamente van a asumir los dos países emergentes que en la actualidad se encuentran entre las cuatro potencias que mayor emisión de gases de la naturaleza comentada están provocando.

En fin, también se echa en falta, aunque se dé por supuesto, que la lucha contra el cambio climático implica un claro cambio en el modelo productivo en los ámbitos de consumo y en la incorporación decidida de las energías renovables para garantizar la sostenibilidad de nuestro desarrollo económico.

En conclusión sin lugar a dudas el ya denominado “Acuerdo de París” es un paso trascendente pues la evidencia científica de la incidencia del factor humano en el aumento de la temperatura del planeta y la necesidad de luchar contra las consecuencias que ello está teniendo, y sin lugar a dudas va a tener en nuestro planeta y, de manera especial, en los sectores sociales más desfavorecidos, era un paso imprescindible para que los gobiernos del mundo incorporarán, de manera vinculante, a sus agendas este reto.

Ahora bien, este primer e importante paso no debe hacernos olvidar que solo ha comenzado a recorrerse un largo camino hacía la meta del 2100, a la que no se podrá llegar si no se van cumpliendo de manera fehaciente las etapas intermedias. Esta condición previa, hoy por hoy, no está garantizada por lo que las instituciones y la sociedad civil deben mantenerse alertas y exigentes para que nada nos pueda detener en su recorrido.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una actuación de oficio para conocer las medidas adoptadas por la Consejería de Educación, respecto a la creación de plazas en la RPT de la categoría de Intérpretes de Lengua de Signos y, en su caso, determinar las causas que motivan la demora en su aprobación.

1.- ¿A qué nos referimos cuando hablamos de acoso escolar y ciberacoso?

2.- ¿Cómo entienden las instituciones que representáis estos dos fenómenos?

3.- ¿Cómo se abordan estos fenómenos desde el ámbito educativo, psicológico y familiar?

4.- ¿Existen  dificultades para su identificación? ¿Hay herramientas eficaces para hacerlo?

5.- ¿Qué falta o qué faltaría por hacer desde los distintos niveles (institucional, educativo, familiar y de la sociedad civil)

El próximo miércoles 16 de diciembre, a las 21:30 horas, el Defensor del Menor de Andalucía y Save de Children celebramos una sesión de #debatesMedialabUGR (en colaboración con #debatesGrinUGR) con la temática “Acoso escolar y ciberacoso: introducción al fenónemo y dificultades para su detección”.

El fin de este encuentro es promover en las redes un debate  sobre el acoso escolar y el cibercaso, entendidos ambos fenómenos como una forma de violencia contra la infancia, y que por sus características, debe ser tratada de manera específica. En definitiva, un debate on-line que posteiormente analizaremos en la jornada que vamos a celebrar el próximo 18 de febrero de 2016 en Granada con la colaboración de Medialab UGR y GrinUGR.

El encuentro se realizará a través de Google Hangout y se podrá seguir por Youtube. Hablaremos de los principales rasgos de este fenómeno, de la detección precoz y atención, junto con la prevención, la sensibilización y el conocimiento de esta realidad como claves principales para combatir esta forma de violencia contra niños y niñas.

Para seguir el debate en directo puedes hacer lo siguiente:

• apuntarte al evento en Google Plus; o/y
• dejar tu correo electrónico en este formulario y a la hora del comienzo del evento te enviaremos el enlace desde el que podrás seguir el debate en directo.

La escuela debería ser siempre un espacio en el que sentirse seguro. Sin embargo, para muchos niños, la escuela se ha convertido en la fuente de un tipo de violencia del que son víctimas y que ejercen sus propios compañeros. Es el acoso escolar, que muchas veces se traslada a las Redes Sociales, en un uso irresponsable de las mismas, realizándose el denominado cíber-acoso

Este tipo de violencia entre iguales tiene efectos negativos en la salud física, el bienestar emocional y el rendimiento académico de los niños, especialmente si dicha violencia se repite en el tiempo o es severa, además de influir en el clima escolar del centro educativo.

Es una responsabilidad conjunta de la comunidad educativa, los padres y los compañeros evitar que el acoso escolar siga existiendo, pero son también necesarias medidas legislativas que lo impidan. Por eso os invitamos a participar

PARTICIPAN en el debate sobre “Acoso escolar y ciberacoso: introducción al fenómeno y dificultades para su detección” #DebatesMedialabUGR

María Angustias Salmerón Ruiz

Autora del blog http:www.mimamayanoespediatra.es

Pediatra de la Unidad de Medicina de la Adolescencia del Hospital Universitario La Paz y del Hospital Ruber Internacional.

Coordinadora del grupo de trabajo TIC de la SEMA (Sociedad Española de Medicina del Adolescente).

Autora de múltiples artículos sobre la repercusiones de las TIC en la salud y de la ´"Guía clínica sobre el ciberacosos para profesionales de la salud.

Incluiríamos también tu perfil de Twitter, incluido la foto que aparece en el perfil.

Mª Teresa León Gutiérrez.

Psicóloga Experta en Intervenciones Sistémicas y Terapia Familiar.

Actualmente psicóloga de Centro Matices, en atención infanto-juvenil y familiar. Con amplia experiencia en la colaboración con organizaciones no gubernamentales principalmente en atención a  población en riesgo de exclusión social.

@centromatices 

Mayte Salces Rodrigo

Asesora Responsable de Área Menores y Educación del Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor en Andalucía, Profesora asociada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Ha trabajado como asesora en la Institución del Defensor del Pueblo Estatal. Más de 10 años trabajando en el ámbito de los derechos de los niños y niñas.

@DefensorAndaluz

Carmela del Moral Blasco

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabajó como abogada en un despacho especializado en familia (ABA abogadas) y en una cooperativa de abogados donde ofrecía asistencia y acompañamiento legal a menores desde su detención. Residió varios meses en Phnom Penh, Camboya, donde colaboró con la ONG Cambodia Against Child Trafficking, asesorando a varios departamentos y participando en inspecciones sobre el terreno. Desde Junio de este año trabaja en el Departamento de Advocacy de Save the Children como analista jurídico de derechos de infancia.

@SaveChildrenEs

Moderan:

Esteban Romero Frías (@polisea; www.estebanromero.com): Profesor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad y coordinador de GrinUGR – Colaboratorio sobre culturas digitales en ciencias sociales y humanidades vinculado a la Universidad de Granada. Es experto en el impacto social de la tecnología y en cultura digital, temas a los a que se dedica en su investigación y de forma profesional. Firme defensor de una cultura abierta realiza una intensa labor divulgadora a través de su web www.estebanromero.com y de diversas redes sociales, particularmente en Twitter (@polisea).

Isabel Arrebola Martín (@isagranada; twitter de su organización @SaveChildrenEs)
Responsable de Acción Social en Andalucía de Save the Children. Licenciada en Pedagodía. Desde 2003 trabajo en Save the Children asumiendo diversas áreas de trabajo. Gestión de Proyectos, Formación, Comunicación, Gestión de Personas, Voluntariado y Marketing. En definitiva trabajando cada día para que ser menor de edad, no signifique ser menor en derechos.

Hoy,10 de diciembre de 2015, se cumple el plazo de dos años para la entrada en vigor de las Leyes de Transparencia andaluza y estatal en lo que afecta a las Entidades Locales, de conformidad a lo previsto por la Disposición Final Novena de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno y a la Disposición Final Quinta de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Con frecuencia se nos plantea por los sujetos pasivos tributarios la generación de incidencias en el funcionamiento de los Tribunales Económico Administrativos municipales, en relación con la tramitación de reclamaciones económico-administrativas sobre cuestiones atinentes a gestión y recaudación de tributos y otros recursos de naturaleza pública. Como principal motivo de queja aparecen los considerables retrasos en la tramitación de aquellos procedimientos.

Todo ello determina que tales retrasos puedan resultar contrarios al principio de buena administración, previsto en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que comprende, entre otros, el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable de tiempo.

A la vista de cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el artículo 1 en relación con el articulo 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se propone la iniciación de queja de oficio respecto de los Ayuntamientos que cuente con el régimen de organización de Grandes Municipios, previsto en la normativa básica de Régimen Local y en la Ley 2/2008, autonómica citada.

El Defensor del Pueblo Andaluz, ante la gravedad de los hechos denunciados el pasado 4 de marzo de 2015 por una persona que, tras presentar queja en la Institución, manifiesta su sospecha de que se han filtrado sus datos a terceras personas, quiere informar de lo siguiente:

1. Que, desde el primer indicio de sospecha de una posible vulneración del derecho a la intimidad, el Defensor del Pueblo Andaluz ha actuado de inmediato con todos los mecanismos legales a su alcance para preservar y garantizar el derecho a la protección de datos de carácter personal objeto de su tratamiento. En este sentido, el 6 de marzo de 2015 el Defensor ordenó la apertura de un expediente de investigación reservada cuyo resultado puso en conocimiento de la Fiscalía para que, si así lo consideraba, prosiguiera con la investigación, dada las limitaciones legales que afectan a la Institución para avanzar en la misma sin que pudieran resultar afectados los derechos de las personas al servicio del Defensor del Pueblo Andaluz.
2. Que, posteriormente, la Fiscalía pone en conocimiento de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz que ante los indicios de que los hechos investigados pudieran ser constitutivos de la comisión de un delito, se da traslado al Juzgado para que instruya las diligencias pertinentes
3. Que, como garante de derechos, la Institución respeta la presunción de inocencia en tanto no haya concluido la instrucción judicial. En este sentido, confiamos en la actuación judicial para el esclarecimiento de los hechos y en su pronta resolución dada la índole de los derechos concernidos.
4. Que de estos hechos ha sido informado la Presidencia del Parlamento de Andalucía y estamos a disposición de la Cámara Andaluza para cualquier requerimiento que sobre este asunto demande del Defensor.
5. Que queremos manifestar nuestro compromiso con la persona afectada, que presentó queja ante el Defensor, y con su deseo expreso para que, en la medida de lo posible, se evite una nueva exposición pública del caso por los daños que tal situación añadida le provocaría.
6. Y, finalmente, queremos trasladar a todos los ciudadanos y ciudadanas nuestra preocupación e interés por aclarar estos hechos, en nuestro compromiso por garantizar y proteger sus derechos, y como beneficiarios de una relación de confianza que. desde hace más de 30 años, han depositado en el trabajo de la Institución.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que contempla una visión transversal de las políticas públicas y de los diferentes objetivos que se pretende con ella. Entre estos, garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

Hoy, 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz se suma a esta convocatoria e informa que muy recientemente ha mantenido una reunión con las ocho federaciones provinciales de personas con discapacidad de Andalucía.

En este encuentro se llegaron a una serie de conclusiones que van a facilitar que esta Institución inicie actuaciones de oficio destinadas a garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

El art. 9.1 de nuestra Carta Magna establece que la Constitución vincula no sólo a los poderes públicos, sino también a la sociedad. Justamente por ello, El Defensor del Pueblo Andaluz desea hacer un llamamiento a administraciones públicas y a la sociedad civil recordando que es un reto inaplazable suprimir los obstáculos que impiden el libre disfrute de los derechos y libertades en pie de igualdad y ello es una tarea de todas las personas.

El dibujo que acompaña a este mensaje es de Juan Carlos Contreras, dibujante de Jaén que se ha inspirado en el escrito de conclusiones de esta Institución sobre la reunión que mantuvimos con las ocho federaciones provinciales de personas con discapacidad de Andalucía y nos llegado gracias a la Presidenta de FEJIDIF).