La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 18/1557 dirigida a Consejería de Salud, Servicio Andaluz de Salud, Dirección-Gerencia.

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Las administraciones colaborarán para la implantación del sistema Diraya en los centros penitenciarios en Andalucía.

30-04-2018APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una amplia y dilatada labor de atención hacia escenarios donde se producen medidas de retención o privación de libertad.

Así, en los sucesivos Informes Anuales al Parlamento, al igual que con motivo de la elaboración de los Informes Especiales, la Institución ha querido contribuir a la necesaria dotación de estos medios materiales para la debida atención de las necesidades que exige la Administración Penitenciaria, de Justicia, Sanitaria, policial, etc. en Andalucía para sus profesionales, así como para las personas que hacen uso de ellas en condiciones de privación de libertad o su derecho a deambular libremente.

Para el ejercicio de esta actuaciones, la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz colabora activamente con el Defensor del Pueblo estatal en el marco del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT). Dentro de estas acciones, se ha realizado el pasado 13 de Marzo de 2018 una visita al Centro Penitenciario de Córdoba, para colaborar en el curso de la actuación del MNPT a cargo del equipo del Defensor estatal y también para mantener entrevistas con los internos ofreciendo la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz para tratar las quejas que se tramitan al día de la fecha relacionadas con el Centro Penitenciario.

En el ámbito penitenciario concurren acciones y políticas en las que interviene la gestión de la Administración General del Estado, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), y la Junta de Andalucía responsable del ejercicio de competencias tan sensibles a la actividad diaria de la vida en las cárceles y de sus internos como son la sanidad, asistencia social, la educación, etc.

Dentro de estas acciones, la sanidad penitenciaria ocupa una prelación sobradamente acreditada por su importancia. Ello ha motivado una actividad preeminente de esta institución del Defensor del Pueblo Andaluz para garantizar el acceso efectivo en igualdad y equidad al derecho a la protección de la salud de los pacientes internos en prisión.

En el curso de nuestras actuaciones sobre esta particular materia, hemos tenido conocimiento de la reciente instalación del sistema DIRAYA para la gestión de los datos sanitarios e historias clínicas de los usuarios del Sistema Sanitaria Público de Andalucía (SSPA) en el propio Centro Penitenciario de Córdoba. Sin duda, estas medidas implican un ejercicio de coordinación y servicio que resultan extraordinariamente útiles para facilitar el acceso de estos pacientes al conjunto de prestaciones y servicios del SSPA. Y ciertamente, a la vista de los resultados obtenidos, la puesta en servicio de este recurso de gestión informática implica un avance muy destacable en la disposición coordinada de la asistencia sanitaria penitenciaria.

En este particular aspecto, el Defensor del Pueblo Andaluz ya tuvo la oportunidad de estudiar las ventajas de estas aplicaciones para su incorporación a los recursos y profesionales ubicados en los centros penitenciarios. Con motivo del Informe Especial sobre Unidades de Custodia Hospitalarias (2015) ya indicamos en las Valoraciones:

27. Pero la situación es distinta en cuanto a la presencia de este paciente en el SSPA. Nuestro complejo sistema sanitario dispone de los soportes tecnológicos necesarios para su funcionamiento. El DIRAYA, (“conocimiento” en árabe) es el soporte informático de la gestión del SSPA y en este sistema se integra toda la información del paciente, se facilita los servicios y prestaciones del sistema (consultas, diagnósticos, tratamientos farmacológicos) y así se logra todo un elenco de información debidamente estructurada. Pero el sistema penitenciario no está integrado en DIRAYA. Sólo nos han relatado algún ensayo de acceso al DIRAYA limitado e insatisfactorio. La superación de esta desconexión informática entre los sistemas penitenciario y sanitario es un importante reto al que nos enfrentamos para homologar la protección de la salud en las prisiones.

28. La idea de que el enfermo sin historia clínica es la perfecta imagen del anonimato en el sistema ha permanecido en todas y cada una de nuestras reuniones. Del mismo modo, el Número Único de Historia de Salud de Andalucía (NUHSA) es la fórmula de identificación del paciente que se vuelve imprescindible para cualquier gestión ofrecida por el SSPA. Tampoco los enfermos internos en prisión acceden de manera regular a estos procesos identificativos. Estas necesidades han sido permanentemente resaltadas en las reuniones con los profesionales con todo un elenco de problemas y dificultades de gestión que exigen un método ordenado y bien planificado para corregirse. Ciertamente es un déficit muy severo que debe ser corregido con absoluta prioridad.

A la vista de la situación detectada en el Centro Penitenciario de Córdoba, y con la motivación expresada, resulta de gran interés conocer con mayor detalle y extensión la puesta a disposición del sistema DIRAYA para el conjunto de Centros Penitenciarios ubicados en Andalucía y las valoraciones obtenidas, en su caso, sobre su manejo y resultados.

Para canalizar esta cuestión, se proponer incoar actuación de oficio conforme señala el artículo 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, solicitando informe a la Dirección Gerencia del Servicios Andaluz de Salud, concretado en conocer:

1.- Fecha en la que se instaló y entró en funcionamiento el sistema del DIRAYA en el Centro Penitenciario de Córdoba.

2.- Balance u opinión de su puesta en marcha para asistencia sanitaria en el CP de Córdoba.

3.- Programación, acuerdos o decisiones acordadas desde la dirección del SSPA para proceder a la puesta en marcha de este sistema en el conjunto de los centros penitenciarios ubicados en Andalucía.

4.- Centros Penitenciarios en Andalucía en donde se disponga de tales sistemas y causas, si tal es el caso, de la ausencia o retraso en su instalación.

05-02-2019 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

La presente queja de oficio 18/1557 fue iniciada por la Institución para conocer los detalles de la instalación del sistema DIRAYA en los Centros Penitenciarios de Andalucía.

Sobre esta particular materia, tuvimos conocimiento de la reciente instalación tal sistema DIRAYA para la gestión de los datos sanitarios e historias clínicas de los usuarios del Sistema Sanitaria Público de Andalucía (SSPA) en el propio Centro Penitenciario de Córdoba. Sin duda, estas medidas implican un ejercicio de coordinación y servicio que resultan extraordinariamente útiles para facilitar el acceso de estos pacientes al conjunto de prestaciones y servicios del SSPA. Y ciertamente, a la vista de los resultados obtenidos, la puesta en servicio de este recurso de gestión informática implica un avance muy destacable en la disposición coordinada de la asistencia sanitaria penitenciaria.

Por ello, tras la tramitación de la queja, el Defensor del Pueblo Andaluz acordó dirigir resolución a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud en la que se concluía:

SUGERENCIA 1, para que se promueva el acceso del sistema DIRAYA con los respectivos servicios médicos de los Centros Penitenciarios en Andalucía, a través de los acuerdos o fórmulas de convenio que se negocien y comprometan entre el Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía.

SUGERENCIA 2, para que, más allá de que se formalicen dichos convenios, se promueva los procesos técnicos de traspaso de los medios personales y materiales de la asistencia sanitaria penitenciaria al sistema sanitario público de Andalucía, conforme establece la Disposición Adicional sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y en los términos fijados en el Informe Especial sobre Las unidades de custodia hospitalaria: la asistencia sanitaria especializada para las personas internas en las prisiones de Andalucía”.

En su respuesta el SAS nos informa que:

Respecto a la Sugerencia nº 1, le comunico que por la Consejería de Salud se van a iniciar contactos con el Ministerio del Interior con el fin de promover un posible acuerdo o la formula administrativa que se valore como mas adecuada, para restablecer las relaciones entre ambas Instituciones que nos permitan poder avanzar en la propuesta de implantar el acceso a la Historia de Salud Digital en los centros penitenciarios de Andalucia.

Cabe recordar que el acuerdo vigente entre la Consejería de salud de la Junta de Andalucía y el Ministerio del interior fue en su día denunciado y cancelado unilateralmente por el Ministerio en el año 2013 y que no se ha podido retomar hasta ahora, a pesar de los reiterados intentos efectuados desde la Junta de Andalucía y desde el propio Parlamento Andaluz.

Todo ello en cumplimiento de lo previsto en el artículo 207.2 del Reglamento penitenciario (Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero).

Respecto a la Sugerencia nº 2, le informo que el Servicio Andaluz de Salud no es el organismo competente para promover ni iniciar los procedimientos tendentes al traspaso de competencias de Sanidad penitenciaria a la Junta de Andalucia”.

Ciertamente la respuesta se muestra condicionada a futuras negociaciones con la Administración General del Estado, de carácter incierto ya sea en cuanto afecta a la elaboración de un renovado convenio de colaboración, o ya sea respecto de la propia iniciativa de procurar el traspaso de los medios personales y materiales de la sanidad penitenciara a la gestión de la Comunidad Autónoma.

Sin poder deducir una plena aceptación por la Consejería de Salud de la resolución dirigida, procede dejar constancia de la colaboración manifestada y la manifestación expresa sobre la voluntad de abordar estas actuaciones. En todo caso, continuaremos atentos a la evolución del caso y a la aplicación de los criterios anunciados en orden a los avances necesarios para integrar los servicios sanitarios penitenciarios en la estructura de la Sanidad Pública de Andalucía conforme a los argumentos normativos expuestos en el presente expediente de queja.

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 18/1443 dirigida a Consejería de Turismo y Deporte, Delegación Territorial de Cultura , Turismo y Deporte en Sevilla, Ayuntamiento de Ecija (Sevilla)

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Ponen en valor el Palacio de Peñaflor en Écija y facilitan las visitas.

30-04-2018 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una amplia y dilatada labor de atención al eficaz sistema normativo de promoción y protección del patrimonio histórico artístico.

Así, en los sucesivos Informes Anuales al Parlamento, al igual que con motivo de la elaboración de los Informes Especiales, la Institución ha querido contribuir al mejor desempeño de las actuaciones de los poderes públicos para la protección y puesta en valor de nuestra riqueza monumental. Todo ello en consonancia con las funciones de protección y tutela de los derechos establecidos en los artículos 44 de la Constitución y 33 y 37.1º.18 del Estatuto de Autonomía en el ámbito de la Cultura.

En el amplio escenario de intervenciones de este tipo que se producen a lo largo del territorio andaluz, ocupa un lugar preeminente las acciones que posibilitan el efectivo disfrute de nuestro patrimonio cultural gracias a promover su conocimiento y protección.

Sin duda, en determinadas comarcas y localidades de Andalucía, esta tarea compleja e ingente adquiere la dificultad de la alta concentración de este patrimonio histórico y monumental. Tal es el caso, sin lugar a dudas, de la provincia de Sevilla.

Por otra parte, es conocida la permanente actuación de esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz en relación con las actuaciones de protección y tutela del conjunto patrimonial de valor histórico y cultural de las ciudades de esta provincia. Han sido muy numerosas las quejas iniciadas de oficio, o a partir de las iniciativas ciudadanas, que han sido tramitadas ante las autoridades locales y esa misma Delegación Territorial o sus servicios centrales de la Consejería de Cultura.

Estas quejas han abordado situaciones de deterioro de los inmuebles, régimen de protección, proyectos o intervenciones de conservación, medidas de ayudas o subvenciones, etc. lo que ha supuesto completar todo un elenco de cuestiones relacionadas con las competencias de la administración cultural.

En esta ocasión debemos centrar nuestra atención en el estado de conservación y puesta en valor del Palacio de Peñaflor, situado en la ciudad de Écija.

Recientes informaciones hacen mención a la situación : “El Palacio de Peñaflor, los emblemáticos balcones largos de Écija, siguen cerrados medio año después de terminar la primera fase de su restauración y desde que se dijera que se abrirían al público. A pesar de anunciar que en septiembre del año pasado el edificio estaría «abierto sin interrupciones», el Consistorio admite que no sabe cuándo podrá abrir el palacio. Los balcones largos permanecen cerrados tras la apertura parcial al público de julio pasado, cuando se reinauguró el edificio de forma puntual y extraordinaria para el concierto final del ciclo Música en los palacios de Écija. Tras esta, el equipo de gobierno estimaba que «para final de septiembre [de 2017], el palacio de Peñaflor será visitable de forma permanente para los ecijanos y gente de fuera que quieran venir a visitarlo”.

Más allá de dichas informaciones, creemos oportuno conocer con mayor detalle el estado del inmueble tras su intervención y la programación que permita incluir la puesta en valor y régimen de visitas de este inmueble que ocupa, sin duda, un lugar preeminente entre la vasta riqueza patrimonial de la ciudad astigitana.

Por ello, hemos considerado oportuno proponer incoar queja de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Sevilla y el Ayuntamiento de Écija, a fin de conocer:

  • régimen de protección que ostente en la actualidad el palacio de Peñaflor en Écija (Sevilla).

  • estado de conservación del inmueble.

  • relación de intervenciones y proyectos que se hubieran proyectado y/o ejecutado en los últimos años.

  • régimen de uso o aprovechamiento y programa de visitas públicas la inmueble.

09-08-2018 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

Tras la tramitación de la queja de oficio incoada ante la situación que presenta el Palacio de Peñaflor, en Écija (Sevilla), con fecha 1 de agosto de 2018, recibimos informe de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Sevilla en el que se expresa lo siguiente:

En relación con la queja de su referencia N°Q18/1443, planteada de oficio por esa Institución, sobre el estado de conservación y puesta en valor del Palacio de Peñaflor, situado en la ciudad de Écija, y en contestación a las cuestiones planteadas le informo lo siguiente:

PRIMERO.- Régimen de protección que ostenta en la actualidad:

EI inmueble fue declarado Monumento, por el Decreto 347/1962, de 8 de febrero; declarado Bien de Interés Cultural por la Disposición Adicional Primera de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscrito como tal en el Catalogo General del Patrimonio Histórico Andaluz por la Disposición Adicional Tercera de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía Por tanto le es de aplicación el régimen jurídico establecido en las citadas leyes,

SEGUNDO: Estado de conservación del Inmueble:

Los proyectos que han sido tramitados dan respuesta a la obligación del deber legal de conservación que conforme al articulo 14 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, tienen sus propietarios, en este caso el Ayuntamiento de Écija, conforme a las disponibilidades presupuestarias. Las intervenciones realizadas hasta la fecha y las que van a ser iniciadas según los proyectos informados favorablemente por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, han ido abordando la restauración de espacios y elementos monumentales y en paralelo el diagnóstico del resto del inmueble, que en general presenta un estado de conservación aceptable, aunque con diferentes grados según los ámbitos.

TERCERO.- Relación de intervenciones y proyectos que se hubieran proyectado y/o ejecutado en los últimos años:

- El /09/2015 la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico informo favorablemente el PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ACCESO MONUMENTAL Y ESPACIOS ADYACENTES DEL PALACIO DE PEÑAFLOR de Écija, promovido y elaborado por su Ayuntamiento, con presupuesto general de 1 millón de Euros . En dicho proyecto se contemplaba la restauración y puesta en valor de la zona mas noble y monumental del inmueble, concentrada en la esquina norte formada por las calles Emilio Castelar y Cadenas: portada principal, torreón, escalera imperial y caballerizas. Posteriormente, se tramitó un MODIFICADO DE PROYECTO, que con fecha 24/05/2017 se informó favorablemente por la citada Comisión. El presupuesto general fue modificado alcanzando la cantidad de 990.391,29 Euros. Su redacción obedeció a diversas circunstancias surgidas durante el transcurso de las obras, normales en este tipo de obras de rehabilitación, pero que requerían ser recogidas documentalmente, y que contemplaba alteraciones menores dentro del conjunto de la obra que, sustancialmente, quedaba como inicialmente estaba previsto.

- El pasado 20/06/2018 la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico informó favorablemente el PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RECUPERACIÓN Y PUESTA EN USO DEL PATIO PRINCIPAL DEL PALACIO DE LOS MARQUESES DE PEÑAFLOR, con un presupuesto general de 241.998,97 Euros. Una vez puesta en valor y en uso la zona más monumental del edificio, concentrada en su esquina norte: portada principal, torreón, escalera imperial y caballerizas, con el 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento, ya finalizadas las obras, se pretende acometer ahora las obras para la recuperación y puesta en uso del patio principal del inmueble, anexa a la que hace esquina entre las calles Emilio Castelar y Cadenas punto vertebrador de todos los recorridos internos y complemento perfecto para la creación de un espacio mucho más rico para la visita y disfrute para los usos turístico-culturales que se le pretenden dar para su completa recuperación.

CUARTO.- Régimen de uso o aprovechamiento y programa de visitas públicas al Inmueble.

Una vez finalizadas las obras de restauración de los elementos y espacios monumentales, consta que desde el pasado mes de marzo se realizan visitas publicas guiadas al Palacio de Peñaflor, limitadas a aquellos espacios ya restaurados.

QUINTO.- Cualquier otra circunstancia que se considere oportuna transmitir para esclarecer el asunto que nos ocupa.

Las actuaciones se están llevando a cabo por el Ayuntamiento, administración que ha elaborado los distintos proyectos de intervención con un solvente equipo multidisciplinar, en colaboración con el Ministerio de Fomento y con cargo al 1,5 % cultural.”

Del mismo modo, el propio Ayuntamiento de la ciudad astigitana nos informó de manera cumplida y detallada con fecha 18 de mayo de 2018 que:

Con fecha de registro de entrada 4/5/18 y núm.: 10.096 se ha recibido en el Ayuntamiento de Écija un escrito proveniente del Defensor del Pueblo Andaluz en el que se solicita información sobre la situación en que se encuentra en la actualidad el inmueble catalogado como BIC de titularidad municipal conocido como Palacio de los Marqueses de Peñaflor.

En relación a dicho inmueble, hemos de comunicar que fue concedida subvención a este Ayuntamiento por parte del Ministerio de Fomento para la Actuación denominada RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACCESO MONUMENTAL Y ESPACIOS ADYACENTES PALACIO DE LOS MARQUESES DE PEÑAFLOR de conformidad a la Orden FOM 93272014 de 30 de septiembre.

Que para la ejecución de la misma fue suscrito Convenio de Colaboración, el 27 de abril de 2016 entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y este Excmo. Ayuntamiento de Écija, por el cual se ponía a su entidad EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. TRAGSA como medio propio, así como las consiguientes adendas al convenio, y el 28 de abril de 2016 se suscribió el Instrumento de Desarrollo del citado Convenio de Colaboración.

Que las obras fueron ejecutadas, procediéndose a su recepción según Acta el 14 de julio de 2017.

Que el 22 de diciembre de 2017 fue emitido informe por la Dirección Facultativa de estas obras en el que se incorporaba reportaje fotográfico sobre los daños y patologías de diversa importancia que presenta la obra, Este informe ha sido ampliado por otro posterior de la propia Dirección Facultativa de fecha 5 de marzo de 2018 en el que se detallan y cuantifican los daños aparecidos en el Palacio de Peñaflor y, de conformidad con el mismo, se requiere a la empresa pública TRAGSA que acometa las obras de reparación cuantificadas por los Técnicos Directores en 26.426?35 €, respetando el cumplimiento de la norma de procedimiento pertinente.

Dichas consideraciones son aprobadas en la Junta de Gobierno Local del día 28 de marzo de 2018 quedando a la espera de las consideraciones y acuerdos con la empresa para solventar dichas carencias, Paralelamente, recibimos notificación del Ministerio de Fomento de subvención provisional para ejecutar una segunda fase en el mismo Palacio de Peñaflor con cargo al mismo programa, esta vez centrándonos en la recuperación del patio central. EI proyecto ya ha sido redactado y enviado a la Comisión Provincial de Patrimonio para su aprobación y posterior remisión al Ministerio para cumplir los plazos establecidos con el objetivo de que se nos otorgue dicha subvención y acometer las obras señaladas.

La situación actual de esta zona tiene una conservación bastante mala, en unas zonas más que en otras, ya que el mantenimiento de este edificio ha sido hasta la fecha prácticamente nulo. Sin embargo, una actuación integral en las cubiertas durante los años 60- 70 ha posibilitado que la estructura haya quedado mejor conservada Todo esto no ha impedido que haya zonas sin forjado (retirado durante las obras para hotel), zonas con humedades de agua de lluvia por filtración o partes puntuales de cubiertas con vigas estructurales rotas. Los artesonados, algunos muy interesantes, están sin sus capas de protección, manchados de humedad o, incluso, son elementos desplazados de su lugar original. Hay frescos en el techo de la capilla en muy mal estado. Existe también papel pintado (lo que quedó tras eliminarse el resto durante las obras para hotel) en mal estado. La cocina y la esquina de las cuadras, que dan a la C/ Cadenas, están apuntaladas provisionalmente.

La zona de actuación de este proyecto ha disfrutado solo de pequeñas obras de mantenimiento y de reparación al estado original de revestimientos en planta baja. Sin embargo, no ha sido una obra integral que permitiera poner en uso el patio y, que ahora mas que nunca, con las obras de restauración ya finalizadas en la zona más monumental, en el acceso, se hace muy necesario.

EI resto del edificio tiene diversos estados de conservación y, aunque estructuralmente en su mayoría se puede considerar en un estado aceptable, hay algunos casos aislados donde se requiere actuar, A nivel más concreto, en la zona de actuación se ha efectuado un reconocimiento general de los elementos de cantería, metal, carpintería y pavimentos a fin de establecer un listado de patologías observables que permita emitir un diagnóstico sobre el estado de conservación. En el patio, el pavimento se encuentra en un mal estado, impropio del edificio que ocupa. Es de tenerse en cuenta que se trata de un pavimento de barro cocido, como el resto del palacio y que el paso del tiempo no ha sido en balde; sobre todo en esta planta, sufriendo humedades de lluvia y capilaridad, así como el paso de vehículos durante obras anteriores que lo han deteriorado aún más. En mejor estado se encuentra el de la zona central, aunque su factura es más reciente, de los años BO, con dudoso criterio, al utilizar además del barro, piezas cerámicas de azulejos comerciales en color azul recortadas para su aplicación a modo de olambrillas. El de la galería de planta alta presenta las mismas patologías que el de planta baja. Los revestimientos verticales en planta baja se componen de un zócalo inferior de mármol (falsa ágata), restaurado hace algunos años, bien conservado, por tanto, y el resto, hasta el techo, está realizado a base de mortero de cal terminado con pintura al silicato que no presenta buen estado, al tener distintos desprendimientos de la misma por la humedad de capilaridad. En planta alta, aunque tiene algunos desperfectos, no presenta un mal estado. Ambas galerías están rematadas en sus techos con artesonados de madera que, si bien hace años disfrutaron de operación de mantenimiento, al estar tan expuestos a la intemperie y haber sido obras de pequeña envergadura, no presentan el aspecto que necesita un elemento que además es estructural (que también presenta algunos problemas). Las columnas en ambas plantas presentan un estado aceptable (salvo varios casos concretos), si bien la magnífica fuente central ornamental está en un estado bastante deficientes En cuanto a las carpinterías, algunas han podido ser decapadas hace unos años, aunque no se han restaurado y aplicado el tratamiento definitivo. Solo se aplicó un tratamiento protector completamente reversible para poder ser restauradas y terminadas en todo su esplendor. Las barandillas de la galería superior fueron creadas en los años 80, cuando se eliminaron los añadidos y, a pesar de que su diseño y ejecución no fueron los más adecuados, se plantea su conservación y restauración.

La propuesta de intervención que se desarrollará entre el segundo semestre de 2018 y primero de 2019 será, en resumen, la necesaria para la recuperación y puesta en uso del patio principal del Palacio de los Marqueses de Peñaflor, anexo al proyecto y obras ya finalizados recientemente, como continuación del crecimiento y expansión de la recuperación para la ciudad de un edificio emblemático. Es el elemento articulador más importante del edificio. No en vano, es elemento imprescindible de paso desde la puerta principal al resto del palacio en toda su extensión. Así se considera también en el Plan de Usos previsto, donde forma parte de la zona museística, así que se conseguiría incrementar la oferta al visitante.

En cuanto a su puesta en valor, desde verano de 2015 se venia trabajando con la Fundación de las Ciudades Medias de Andalucía para la integración de diversos recursos turísticos municipales dentro de TU HISTORIA.

En julio de 2017, finalizada la obra de intervención con cargo al 1.5% Cultural, se organiza un concierto en el patio central del Palacio de Peñaflor dentro del Programa Cultural denominado “Música en los Palacios de Écija", que sirve para tener una primera toma de contacto del pueblo de Écija con “su” Palacio; pudiéndose visitar el apeadero, las caballerizas y las escaleras imperiales; dejando acotado otras zonas por seguridad ante el gran volumen de personas que lo visitan, El evento fue un rotundo éxito y cientos de ecijanos los que accedieron al mismo.”

A la vista de sendas informaciones, hemos de entender que ambas administraciones, en el marco de sus respectivas iniciativas, vienen interviniendo sobre el denominado Palacio de Peñaflor en los términos que se recogen en dichos escritos.

Es intención de esta Institución proseguir impulsado las actuaciones necesarias de todas las instancias competentes para salvaguardar la integridad de dicho monumento declarado BIC y merecedor de la protección y tutela que la normativa establece para los inmuebles inscritos en el CGPHA.

Por ello, hemos de reiterar, tanto al Ayuntamiento como a la Delegación de Cultura, la importancia de imprimir continuidad de los proyectos emprendidos y el impulso de las medidas dirigidas al cumplimiento de las obligaciones establecidas, en sus respectivos ámbitos competenciales, en la normativa patrimonial y artística.

Entendiendo que el asunto se encuentra en vías de solución, y sin perjuicio de las actuaciones de seguimiento que resulten necesarias, procedemos a concluir nuestras actuaciones.

 

Queja número 13/6807

La interesada exponía que estaba casada y tenía una niña de 5 años y otra que venía en camino. Vivían en una casa de su propiedad, la cual hipotecaron y pagaban rigurosamente.

La crisis les impidió hacer frente a la hipoteca, por lo que tuvieron que entregar la vivienda al Banco. Desde ese momento (mayo de 2011), se encontraban recogidos en diferentes domicilios de familiares.

Tras observar algún tiempo que había una vivienda en el municipio, que llevaba mucho tiempo deshabitada, la limpiaron y decidieron ocuparla.

La vivienda era de titularidad de un organismo público, de la que no se acupaba, si bien habían interesado del mismo poder regularizar su situación sin éxito.

Solicitado un primer informe al Ayuntamiento de Brenes, pudimos observar que habían colaborado con la interesada, con el propósito de contribuir a paliar su precaria situación económica, y en particular, se habían realizado las gestiones oportunas con ADIF, a fin de poder regularizar su situación en la vivienda ocupada de forma irregular.

Para el supuesto de que se procediera a la firma de un contrato de arrendamiento de la vivienda, comprendíamos que era obligación del Ayuntamiento proceder a la adjudicación del inmueble, siguiendo el orden establecido en la lista de solicitantes de este tipo de viviendas.

Dado que si ello llegara a ocurrir, la interesada y su familia se verían obligadas a abandonar la vivienda que actualmente ocupaban, solicitamos a dicho organismo conocer si se había previsto alguna solución, para el momento en que esto ocurriera.

Nos informaron desde los servicios sociales que se apuntaba como solución que la interesada regularizase su situación directamente con el organismo en cuestión, en calidad de titular del inmueble ocupado.

No obstante, el mismo, al parecer había ofrecido la posibilidad de suscribir con el Ayuntamiento un contrato de arrendamiento de la vivienda y que fuese el Ayuntamiento quien adjudicase el inmueble.

En vista de lo anterior, solicitamos al Ayuntamiento conocer si se había realizado alguna gestión en tal sentido, y se le había trasladado los inconvenientes que tendría la fórmula propuesta por dicha entidad.

Para el supuesto de que no se hubiera hecho gestión alguna, solicitábamos conocer hasta qué punto el Ayuntamiento podría intervenir en aras a que pudiera regularizarse la situación de la interesada, satisfaciéndose de este modo su necesidad de vivienda, y muy especialmente la de sus hijos menores.

Finalmente nos informaron que la interesada había comunicado al Ayuntamiento que el organismo titular había suscrito un contrato de arrendamiento con la misma. En consecuencia, habiéndose satisfecho la pretensión de la interesada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 17/4915 dirigida a Ayuntamiento de Úbeda (Jaén)

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución ante el Ayuntamiento de Úbeda recomendando dar respuesta, a la mayor brevedad posible, al escrito presentado por la parte promotora de la queja con fecha 17 de agosto de 2017.

ANTECEDENTES

I. Con fecha 13 de septiembre de 2017 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por D (…) y D (...), a través de la cual nos exponía lo siguiente:

Que con fecha 17 de agosto de 2017 había formulado escrito ante el Ayuntamiento de Úbeda solicitando prórroga de concesión de licencia de ocupación de vía pública para explotación de quiosco.

Que a pesar del tiempo transcurrido, aún no habían recibido respuesta a su solicitud.

II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Administración que resolviese expresamente, sin más dilaciones, el escrito presentado por la parte promotora de la queja, informándonos al respecto.

III. A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud y de haber reiterado la misma, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de ese organismo.

De tales circunstancias no cabe más que extraer la existencia de un reconocimiento tácito de la falta de respuesta denunciada por la parte promotora de la queja.

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- De la obligación de resolver a cargo de la Administración Pública.

El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y de notificarla en todos los procedimientos, sin perjuicio de que en el procedimiento intervenga prescripción, renuncia, caducidad o desistimiento, o bien la desaparición sobrevenida de su objeto, pues cuando concurran estas circunstancias habrá de dictarse dicha resolución en tal sentido. Quedan exceptuados de esta obligación exclusivamente los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, o los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

Debe añadirse que el apartado 6 del artículo 21 LPAC establece que «El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo», pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

Segunda.- Del silencio administrativo negativo.

Ante la falta de respuesta administrativa, debemos hacer referencia a la jurisprudencia creada en torno al control constitucional de las resoluciones judiciales que declaran la extemporaneidad de recursos contencioso- administrativos interpuestos contra la desestimación por silencio administrativo de solicitudes o reclamaciones de los interesados.

Puede citarse a tal efecto la Sentencia 72/2008, de 23 de junio de 2008, dictada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional en el Recurso de amparo 6615-2005, Fundamento Jurídico 3:

«Se ha venido reiterando, conforme a esta jurisprudencia constitucional, que el silencio administrativo negativo es simplemente una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda acceder a la vía judicial superando los efectos de inactividad de la Administración; se ha declarado que, frente a las desestimaciones por silencio, el ciudadano no puede estar obligado a recurrir siempre y en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento del acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia que, sin embargo, no le es exigible a la Administración en el cumplimiento de su deber legal de dictar resolución expresa en todos los procedimientos. Bajo estas premisas, este Tribunal ha concluido que deducir de ese comportamiento pasivo del interesado su consentimiento con el contenido de un acto administrativo presunto, en realidad nunca producido, supone una interpretación que no puede calificarse de razonable —y menos aún, con arreglo al principio pro actione, de más favorable a la efectividad del derecho fundamental del art. 24.1 CE—, al primar injustificadamente la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido con su deber de dictar y notificar la correspondiente resolución expresa.»

La institución del silencio administrativo negativo -a diferencia del silencio administrativo positivo, que tiene la consideración de verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento- se configura por ley exclusivamente como una garantía para la defensa judicial de sus derechos por parte de los interesados. Por tanto, la Administración no queda eximida de su obligación de resolver, incluso, de modo que no queda sujeta al sentido del silencio.

Tercera.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa.

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con una serie de principios, entre ellos lo de eficacia y sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente deberán respetar en su actuación los principios de servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; participación, objetividad y transparencia; racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos; buena fe y confianza legítima, entre otros.

Parecidos principios se recogen en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, junto a otros de interés como los de responsabilidad por la gestión pública, buena administración y calidad de los servicios. El principio de buena administración también se recoge y concreta en el artículo 5 de la misma Ley.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, se le formula a ese Ayuntamiento la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.

RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, al escrito de solicitud presentado por la parte afectada con fecha 17 de agosto de 2017.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Queja número 17/6420

La Administración informa que el pago de la beca que le había correspondido a la solicitante ya se realizó.

La persona interesada expone que desde que en octubre de 2015 se le concediera la beca Andalucía segunda oportunidad, no ha recibido el pago correspondiente.

Queja número 18/0820

Tras la recepción de la información solicitada, por el Ayuntamiento de Antequera se nos indica lo siguiente:

Con fecha 20 de Febrero de 2018 se ha recibido por su parte una comunicación en referencia al estado de las instalaciones del Centro de Atletismo 6o Centenario de Antequera Ref: MM/JLV/ct N° Q18/820.

Antes de informarle sobre dicho requerimiento me gustaría ponerle en antecedentes de la situación de esta instalación, ya que creo necesario que usted lo conozca puesto que tiene bastante relación con los hechos que usted describe en su comunicación y por los cuales nos solicita determinadas explicaciones.

El Centro de Atletismo 6o Centenario es una instalación promovida por la Consejería de Turismo Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento de Antequera a través de un convenio firmado entre ambas administraciones el 26 de Noviembre 2007. En dicho convenio se especifica claramente que el alto rendimiento deportivo es competencia propia de la Comunidad Autónoma y que dicha institución a través de la consejería competente tiene interés en la construcción de esta instalación para posibilitar una práctica especializada de alto nivel y alto rendimiento del atletismo en Andalucía.

Sin entrar en los detalles económicos del convenio, la Consejería de Turismo Comercio y Deporte a través de la Empresa Pública de Deporte Andaluz S.A. se compromete a ejecutar la obra de construcción de la citada instalación y el Ayuntamiento de Antequera a poner a disposición de la misma los terrenos necesarios y a recepcionar la obra una vez terminada ejerciendo como titular de la misma.

En dicho convenio se especifica claramente que ambas administraciones se obligan a establecer el régimen de uso a través de un convenio específico que garantice el desarrollo de esta instalación, circunstancia que hasta la fecha no se ha producido.

Atendiendo a lo estipulado en la Ley 5/2016 de 19 de Julio del Deporte de Andalucía y mas concretamente en sus principios rectores artículo 5 apartado I) estipula que las actuaciones que afecten a las entidades locales, se desarrollan en el marco de lo establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

Estos artículos determinan aspectos relacionados con la coordinación administrativa y establece en su apartado primero que: La Comunidad Autónoma, para asegurar la coherencia de actuación de las distintas administraciones públicas, podrá ejercer sus facultades de coordinación sobre la actividad de las entidades locales, y especialmente de las entidades locales de cooperación, en los siguientes supuestos:

a) Si la actividad o el servicio trascienden el ámbito de los intereses propios de las entidades locales.

b) Si la actividad o el servicio local inciden o condicionan de forma relevante los intereses de la Comunidad Autónoma.

Todo esto se realizará conforme a los planes sectoriales establecidos en el artículo 59 de esta ley, planes sectoriales que hasta la fecha no hay ninguno entre el Ayuntamiento de Antequera y la administración Autonómica en relación al uso del Centro de Atletismo de Antequera.

Hablando igualmente de competencias y aclarando cuales son las de la administración autonómica y la de las entidades locales se puede comprobar claramente como la Ley 5/2016 de 19 de Julio del Deporte de Andalucía, establece claramente en su artículo 11 apartado g) que una de las competencias de la Administración Autonómica es la promoción y tutela del deporte de rendimiento en Andalucía.

Las entidades locales según el artículo 12 de esta misma ley tienen las competencias propias establecidas en el apartado 18 del artículo 9 de la Ley 5/2010 de 11 de Junio de Autonomía Local de Andalucía y ninguna hace referencia al deporte de alto rendimiento, pero si establece como competencia propia el mantenimiento y la gestión de las instalaciones de titularidad municipal.

Viendo este análisis inicial, sería propio y preciso determinar claramente donde empieza y donde termina la competencia del Ayuntamiento de Antequera en la gestión de una instalación, que como se ha explicado anteriormente esta construida para el fomento del deporte de alto nivel y alto rendimiento, cuando esto no es competencia de las entidades locales, ni tampoco existe convenio específico de uso o sectorial al respecto con la administración autonómica.

La no existencia de estos convenios no es por omisión del interés que el Ayuntamiento de Antequera tiene sobre la gestión de esta instalación, ya que yo personalmente y mi equipo tuvimos una reunión en la sede de la Consejería de Turismo Comercio y Deporte con el anterior consejero Luciano Alonso en el año 2013 para plantear un régimen de uso adecuado, pero el interés de la administración autonómica fue nulo.

Por este motivo y a fin de no cerrar la instalación y de no perjudicar a los atletas de alto nivel y alto rendimiento de Andalucía, se decidió llegar a acuerdos puntuales con la Federación Andaluza de Atletismo y la Real Federación Española de Atletismo para la celebración de competiciones de alto rendimiento en esta instalación, insisto con nula participación de la administración autonómica, poniendo de manifiesto una dejadez en su funciones y competencias.

Una vez realizada esta introducción, que pone de manifiesto el abandono y dejadez por parte de la administración autonómica de esta instalación y que he creído conveniente explicar y justificar, paso a relatarle los problemas con la cubierta de esta instalación que viene a ratificar una vez más, el abandono y la nula colaboración de la Junta de Andalucía en una instalación en la que invirtió 9.000.000 € de todos los andaluces.

El Centro de Atletismo 6o Centenario de Antequera se inauguró el 4 de marzo de 2011, ese mismo verano la tela que cubría toda la superficie de la cubierta se desprendió en una de las zonas por la acción del viento. Ante este problema de calculo en la cubierta la empresa constructora Sacyr decide fijar la lona de la cubierta con tornillos y pletinas realizando más de 20.000 perforaciones, acciones no contempladas en el proyecto inicial. El 24 de octubre de 2011 con las primeras lluvias, los técnicos del Patronato Deportivo Municipal y la Dirección Técnica de la empresa constructora pudieron comprobar que existían en la instalación más de 80 goteras en pista, pasillos y gradas con lo cual la solución planteada no parecía la mas idónea.

Durante los siguientes meses del año 2011 y los 5 primeros meses del año 2012 la empresa Sacyr estuvo buscando soluciones a los problemas de las goteras que seguían repitiéndose cada vez que llovía. El 17 de mayo de 2012 Sacyr nos plantea realizar una imprimación con caucho acrílico y poliuretano líquido en toda la zona donde hay tornillos perforando y sujetando la lámina de pvc de la cubierta. El 30 de Mayo de 2012 terminan esto trabajos.

A partir de esta fecha las goteras se reducen y la práctica en la instalación se normaliza. En septiembre de 2013 las goteras vuelven a aparecer en la instalación por el deterioro del material antes descrito y por la acción del viento que levanta parte de los tornillos de la cubierta. Desde septiembre de 2013 a mayo de 2014 la empresa Sacyr realiza reparaciones esporádicas pero los problemas de goteras siguen persistiendo.

En febrero de 2014 se envía informe técnico de la situación, que ya vuelve a ser preocupante, al Director General de Actividades y Promoción del Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, sin obtener respuesta al mismo.

El 21 de Febrero de 2014 se comunica esta situación a los redactores del proyecto y al a dirección de obra, sin obtener respuesta a los problemas.

En febrero de 2015 se vuelve a enviar el informe técnico, se adjunta, al Secretario General para el deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, sin obtener respuesta al mismo.

Desde febrero de 2015 hasta septiembre de 2017 se han ido manteniendo varios contactos y reuniones desde el Patronato Deportivo Municipal de Antequera y la empresa Sacyr para intentar buscar una solución definitiva a la cubierta que pasa por la instalación de una superficie completamente nueva.

En octubre de 2017 la empresa Sacyr nos comunica que va a realizar una importante inversión económica para intentar dar solución al problema, nos presenta el proyecto y establecemos un calendario de actuación que tiene sus riesgos ante la posibilidad de que llueva mientras se están realizando los trabajos. Había dos posibilidades comenzar los trabajos en enero de 2018 cuando estuviera todo el material disponible o esperar a mayo de 2018 cuando hubiera menos probabilidad de lluvias. Finalmente se decidió empezar en enero de 2018 ya que la situación de la cubierta era insostenible, aproximadamente el 25% de la misma tenía todos los tornillos fuera de su anclaje y entraba bastante agua en la pista que hacía imposible su uso cuando llovía de manera continuada. Si los trabajos no fueran comenzado en esa fecha la instalación estaría cerrada con el consiguiente perjuicio que ello acarrearía.

Los problemas acontecidos durante el Campeonato de Andalucía Absoluto los días 3 y 4 de febrero, fueron como consecuencia de las acciones realizadas durante la primera fase de ejecución de los trabajos en los que se estaba colocando la nueva cubierta sobre la existente desde la parte baja de la misma a la parte alta. Debido a que con lluvias nos se puede trabajar en la cubierta, hubo retrasos en la colocación de la nueva superficie en uno de los laterales y no se pudo llegar a la clave de la cubierta, por lo tanto una parte quedo desprotegida y fue por esa zona donde entró el agua a la pista.

Tal y como se explica en el informe técnico, que se adjunta, de la empresa constructora Sacyr durante la ejecución de la primera fase no está garantizada la estanqueidad de la zona de la pista en caso de lluvia, pero este es un riego que se tuvo que asumir si no queríamos cerrar la instalación toda la temporada de invierno. En este informe se especifican las actuaciones a realizar y el calendario de las mismas.

Respecto a la temperatura de la instalación, en todos los campeonatos se ha puesto en funcionamiento el sistema de climatización de la instalación para garantizar una temperatura óptima dentro de la misma. El único día que no se pudo poner la climatización fue el fin de semana del 3 y 4 de febrero debido a una avería del mismo. Igualmente dudo que la temperatura dentro de la instalación sea de 2 Grados ya que la temperatura exterior era más alta.

Tal y como usted nos indica conforme al artículo 23 de la Ley 5/2016 de 19 de Julio del Deporte en Andalucía en su apartado d) sobre el cumplimiento de los requisitos legales para la apertura y funcionamiento de las instalaciones deportivas y entendiendo que la actual Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía fue junto a la Empresa Pública del Deporte Andaluz S.A la entidad lidiadora y responsable de la obra de construcción del Centro de Atletismo 6o Centenario de Antequera, no han prestado el mínimo interés por dicha instalación, ni mucho menos solucionar los problemas de ejecución de la cubierta de la misma.

Que ha sido el Ayuntamiento de Antequera junto con la empresa constructora Sacyr los que han ido valorando, estudiando y ejecutando las diferentes reformas necesarias para garantizar un correcto funcionamiento de la misma.

Que ninguno de los escritos e informes enviados a la administración autonómica relatando los problemas de esta instalación han recibido respuesta y que ningún técnico de esta administración, ha valorado dichos problemas, ha visitado la instalación después de su inauguración, ni ha hecho un seguimiento del cumplimiento del proyectos de ejecución.

Que el Ayuntamiento de Antequera, en un ejercicio de responsabilidad pública, ha hecho todo lo posible dentro de sus posibilidades, aunque no le correspondiera, para que una instalación deportiva referente en toda Andalucía y que supuso una importante inversión pública no se vea abocada al abandono y al cierre, perjudicando a todos los atletas de Andalucía.

Que actualmente la Junta de Andalucía en el desarrollo de las competencias que le vienen atribuidas en la vigente la Ley 5/2016 de 19 de Julio del Deporte en Andalucía, en la Ley 5/2010 de 11 de Junio de Autonomía Local de Andalucía y en el convenio firmado el 26 de Noviembre 2007 con el Ayuntamiento de Antequera, no ha promocionado y tutelado el deporte de rendimiento que se realiza en el Centro de Atletismo 6o Centenario cuando es de su competencia, no ha coordinado, ni cooperado con el Ayuntamiento de Antequera para el desarrollo de las actividades y uso de esta instalación cuando las mismas trascienden el ámbito de los intereses propios de las entidades locales y por supuesto no ha establecido un régimen de uso a través de un convenio específico que garantice el desarrollo de esta instalación dentro del alto rendimiento deportivo de los atletas andaluces.”

Asimismo, la Federación Andaluza de Atletismo nos traslada la siguiente información:

El pasado 4 de febrero de 2018 en horario de tarde cuando el personal acude a la instalación para el montaje del Campeonato de Andalucía Absoluto de pista cubierta y se encuentra con que en la contrarecta y zona de caída del peso, está cayendo agua de forma importante. Conocedores de que el Ayuntamiento de Antequera tiene contratado un servicio de reparación de la cubierta y que están haciendo labores de restauración o reparación de la cubierta existente mediante la colocación de placas accesorias que sellarán la anterior cubierta, procedemos a informarles de cómo está la situación y preguntarles a qué es debido. Según nos informan, la empresa que está reparando está realizando las actuaciones necesarias para la mejora de la cubierta y que el agua que está entrando se debe al proceso de reparación, donde se tienen que quitar algunos tornillos, para poder reponerlos posteriormente, lo que supone la colocación de una nueva tapa y un sellado del agujero del tornillo reemplazado. El problema está en que algunos de los agujeros de los tornillos no se han tapado y por ese motivo entra agua.

Tras esta explicación y viendo las complicaciones de calendario que existen para poder posponer la celebración del campeonato se decide que inicialmente se comience la competición con los concursos y las pruebas que no sufrían ninguna complicación por el estado de la pista (altura, peso, longitud, y pértiga), demorando el comienzo del resto de pruebas en al menos 1 hora hasta ver como evolucionaba el agua que caía. Se trajo una máquina aspiradora de agua para ir quitando el agua que había entrado en alguna de las zonas de competición.

Cuando pasó esta hora de demora, el agua dejó de caer, y junto con la ayuda del personal del Ayuntamiento de Antequera y del personal de la Federación, se consiguió quitar el agua existente en la zona de competición. Viendo que las condiciones para poder competir no entrañaban ningún riesgo para nadie, se tomó la decisión de continuar con el resto de pruebas, es decir, las carreras. En ningún momento se puso en peligro a nadie y se tomaron las medidas oportunas para que así fuese.

Después de ese fin de de semana se han realizado más competiciones y no hemos vuelto a tener ningún problema, de hecho se continúa con la reparación de la cubierta.

Así mismo en lo referente a las temperaturas, indicar que Antequera no es una zona de costa y que en invierno suelo hacer frío, aun así tanto la Federación Andaluza de Atletismo como el Ayuntamiento de Antequera, encendemos el sistema de calefacción de la instalación para las distintas competiciones, además de realizar una serie de mejoras en la instalación para conseguir que no se escape el aire caliente con la apertura de puertas por parte de público y asistentes.”

Tras un detenido estudio de dicha información, y sin perjuicio del análisis que podamos realizar respecto a las cuestiones que por el Ayuntamiento de Antequera se nos traslada en su informe, se deduce que el asunto por el que procedimos a la incoación del presente expediente de oficio se encuentra en vías de solución, por lo que con esta fecha procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones.

Queja número 18/0454

La parte promotora de la queja, en su calidad de presidente y actuando en nombre y representación del Sindicato Andaluz de Funcionarios, expone:

PRIMERO.- Con fecha 26 de abril de 2017 formuló solicitud de información pública a la Agencia Pública Andaluza de Educación; en particular se solicitaba: 1º Copia del reglamento de Régimen Interior. 2º Copia del convenio colectivo. 3º Convocatorias para la provisión de 34 puestos de la Agencia. 4º Contratos de trabajo de esos 34 puestos directivos de la Agencia.

SEGUNDO.- El 25 de mayo de 2017, la Dirección General de la Agencia Pública de Educación dictó resolución resolviendo dicha solicitud; contra la cual este Sindicato formuló reclamación por considerar que la misma limitaba injustificadamente el derecho del solicitante a acceder a la información pública.

TERCERO.- Mediante escrito de 7 de julio de 2017, el Consejo de Transparencia acusó recibo de la reclamación, indicando que la misma había tenido entrada en dicho órgano el día 14 de junio de 2017; añadiendo, entre otros aspectos, que “...transcurrido dicho plazo sin haber obtenido contestación puede entender desestimada su reclamación”. Pese a haber transcurrido sobradamente el plazo de tres meses legalmente establecido para dictar y notificar la correspondiente resolución, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía sigue al día de la fecha sin dictar resolución.”

Recibido informe del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en el mismo se nos indicaba que en la actualidad, dada la afectación a datos personales de terceros de la solicitud de información planteada, se ha concedido trámite de audiencia a las personas interesadas, y una vez que concluya este período se resolverá Io que en derecho proceda.

Así pues, dado que de dicha información se deduce que el asunto objeto de la queja se encuentra en vías de ser solucionado, se procede al cierre del expediente.

Nos interesamos por la situación de Helena Maleno y nos comprometemos a intervenir

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha recibido hoy en la sede de la institución a Helena Maleno, miembro de la organización de defensa de migrantes Caminando Fronteras que está siendo juzgada en Marruecos por ayudar a inmigrantes que tratan de alcanzar las costas andaluzas.

El Defensor del Pueblo andaluz se ha interesado por la situación procesal de Maleno y se ha comprometido a intervenir ante los organismos competentes para agilizar una ayuda. Maleno está acusada de tráfico de inmigrantes por alertar de la situación de pateras en el Estrecho.

El Defensor del Pueblo andaluz coordinará una respuesta con el Ararteko, Manuel Lezertua, quien recientemente se puso en contacto con su homólogo marroquí Abdelaziz Benzakour, Mediateur du Royaume, para trasladar el interés y la admiración de los colectivos vascos hacia la labor que realiza Helena Maleno en la frontera sur.

Helena Maleno ha sido la persona de contacto a la cual recurren los inmigrantes cuando tienen cualquier problema en Marruecos, en la frontera o incluso a alta mar a bordo de las pateras. Investigadora especialista en migraciones y trata de seres humanos, ha trabajado también como consultora independiente para Women's Link Worldwide, Save the Children y CEAR. Destaca su trabajo como asesora en el informe 2012 La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles del Defensor del Pueblo.

El Defensor del Menor de Andalucía presenta el Informe Anual 2017

El número total de actuaciones de la Defensoría en asuntos de menores y adolescentes realizadas a lo largo del año 2017 se ha elevado a 4.444, de las cuales 2.236 se refieren a quejas, y 2.208 a consultas. De las 2.236 quejas tramitadas, 1.467 fueron nuevas. De éstas, el número de quejas a instancia de parte fue de 1.412, mientras que las actuaciones iniciadas de oficio durante el pasado año fueron 55.

Las reclamaciones más numerosas presentadas en 2017 afectan a la educación con un total de 574 expedientes. Se ha continuado con la tendencia ascendente en las quejas sobre educación especial, de un 12% este año, debido a la escasez o ausencia de recursos para este tipo de alumnado. Le siguen otros temas relacionados con Menores (459), entre las que se encuentran asuntos relativos a cuestiones de familia como conflictos por la guarda y custodia de los hijos, principalmente; intervenciones relativas al sistema de Protección, donde se engloban las situaciones de guarda, desamparo, tutela y medidas de protección; o posibles situaciones de riesgo de algún menor. A continuación, Vivienda (148) y Servicios Sociales (74) son las áreas temáticas con mayor número de quejas.

El Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que "corresponde poner término al retroceso e incrementar la financiación en las políticas de protección social, que tan negativamente han incidido en los indicadores de pobreza infantil. Es necesario incrementar el gasto social en la infancia, tanto en prestaciones como en servicios, con el objetivo de reducir las tasas de pobreza infantil e incrementar el bienestar de los menores y sus familias".

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El PSOE propone que la eutanasia sea un derecho y una prestación sanitaria

La norma socialista reconoce el derecho a solicitar ayuda para morir en caso de enfermedad grave e incurable o discapacidad grave crónica

Medio: 
El País
Fecha: 
Vie, 04/05/2018
Provincia: 
ANDALUCÍA
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